Los obispos chilenos acusan a Piñera de basar su política energética en “intereses económicos”

En Chile se respira estos días un clima de crispación política provocado por el megaproyecto eléctrico Hidroaysén, bandera del programa energético del presidente Sebastián Piñera, que planea la construcción de cinco presas hidráulicas en la región de Aysén. Si un 74% de la población se muestra contraria, según los estudios, ahora es la Conferencia Episcopal chilena la que propina a Piñera un duro varapalo al mostrar públicamente su desacuerdo con el proyecto. A través de un comunicado, los obispos señalan que Hidroaysén es “inaceptable” y que "una decisión basada sólo en intereses económicos es éticamente inaceptable y deplorable, porque constituye una mezquina burla de la sociedad".

Presidente Sebastián Piñera El anuncio es duro golpe para Piñera, de tendencia conservadora, que hasta el momento había contado con el apoyo de la jerarquía eclesiástica chilena. La retirada de ese apoyo llega en un momento delicado para el chileno, que recientemente ha sufrido la renuncia de una ministra por sospechas de corrupción y cuya popularidad ha caído por el enorme rechazo que genera Hidroaysén entre los ciudadanos. Los obispos señalan que buscan "un diálogo serio, abierto e informado, evitando posturas confrontacionales, procurando un sano discernimiento para la acción y el compromiso ciudadano en un ámbito que nos interpela a todos" y que "el dilema que presenta un proyecto energético es cómo compatibilizar el respeto por el medio ambiente -como un hogar humanamente habitable para todos- con la creciente demanda por la energía". La especial sensibilidad de los chilenos hacia la Patagonia explica la férrea oposición que demuestran a un proyecto cuyo impacto sobre los ecosistemas de Aysén no parece del todo claro. En ese sentido, Matías Asún, director de Greenpeace Chile, en declaraciones a AmericaEconomica.com, señala que “el Estado no ha valorado lo suficiente el impacto en fauna y flora que tendrá en la Patagonia”, una de las reivindicaciones clave en las protestas que se han desatado en varias ciudades chilenas. Asún es tajante: “Hay un completo consenso entre los ecologistas; desde el impacto ambiental no se ha valorado correctamente”. El ecologista señala que “la manera en que se ponen en marcha los proyectos energéticos en Chile es la propia del mercado, la de la búsqueda de inversores extranjeros”, lo que termina repercutiendo sobre su calidad ambiental. Además, la tramitación del proyecto ha sido irregular, ya que “en Chile se evalúan las partes de un mismo proyecto por separado, como si fueran dos proyectos distintos, por lo que las presas, que es una cosa, y el tendido posterior, que es otra, no han sido estudiados en conjunto, por lo que el impacto final de Hidroaysén es incierto”. Lo cierto es que la ciudadanía chilena se ha movilizado para oponerse al proyecto. Según un estudio, un 74% de la población se opone a la construcción de las cinco presas y del tendido eléctrico necesario para trasladar la energía producida en la región de Aysén hasta Santiago de Chile, ya que consideran que el impacto ecológico es muy acusado. Las manifestaciones se han sucedido en las últimas semanas en diversas ciudades chilenas, e incluso el grupo Anonymous ha lanzado ataques informáticos contra las páginas Web del Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía.

Chile destaca entre los mejores países para hacer negocios en América Latina

Según el Indice de Clima Económico en América 

Latina, el principal problema para Chile y para Perú 

es la falta de mano de obra calificada.

Santiago de Chile 

El Indice de Clima Económico (ICE) de América Latina subió en abril a 5, 2 puntos, su mejor nivel desde los 5, 8 puntos de julio de 2011, según un estudio divulgado hoy por el centro privado de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV).

El indicador del clima para los negocios en América Latina viene en recuperación desde octubre de 2011 cuando registró su peor nivel en dos años (4, 4 puntos), como consecuencia de la crisis económica internacional, según la evaluación trimestral realizada en conjunto por la FGV y la Universidad de Múnich (Alemania).

Pese a que el índice de abril subió con respecto a los 5, 0 puntos registrados en enero de este año, aún no ha recuperado los 5, 6 puntos medidos en el cuarto mes de 2011.

El ICE está compuesto por el Índice de Situación Actual (ISA), que es una evaluación coyuntural, y por el Índice de Expectativas (IE), la proyección para los próximos seis meses.

Según el estudio, que consultó a 149 especialistas de 18 países, mientras que el ISA cayó desde 5, 8 puntos en enero hasta 5, 6 en abril, el IE subió de 4, 2 a 4, 8 puntos en el mismo período.

De acuerdo con la FGV, pese a que los analistas esperan una recuperación de la economía de la región en los próximos meses, América Latina aún está en fase de "declinación del ciclo económico".

Por países, sólo tres de los once analizados registraron un empeoramiento del clima para los negocios entre enero y abril: el ICE bajó de 4, 7 puntos a 3, 4 en Argentina; de 4, 2 a 3, 0 puntos en Paraguay y de 4, 5 a 3, 4 puntos en Venezuela.

Los países en los que más subió el ICE en el periodo fueron Perú, cuyo indicador subió de 6, 4 a 7, 2 puntos,Chile (de 4, 9 a 6, 2), Ecuador (de 6, 0 a 6, 7), Bolivia (de 4, 3 a 5, 0) y México (de 4, 1 a 4, 8).

El indicador permaneció estable en Brasil (6, 2 puntos) y en Colombia (6, 7), y subió ligeramente en Uruguay, de 6, 3 a 6, 4 puntos.

Perú (7, 2 puntos) desplazó a Colombia (6, 7 puntos) como el país con mejor clima para los negocios en América Latina, en tanto que Paraguay (3, 0) sustituyó a México (4, 8) como el peor.

Según los especialistas consultados por el estudio, los problemas que causaron la caída del indicador en Argentina son "inflación, falta de confianza en las políticas del Gobierno y falta de competitividad".

En Paraguay, la situación empeoró por "falta de confianza en las políticas del Gobierno, falta de competitividad, falta de mano de obra calificada, desempleo y escasez de capital".

El principal problema para Chile y para Perú es la falta de mano de obra calificada; para Colombia, la falta de competitividad, y para Bolivia, la falta de confianza en las políticas del Gobierno.

Ecuador sufre falta de confianza en las políticas públicas y de competitividad, a Brasil le falta mano de obra calificada y competitividad y Uruguay padece por barreras a las exportaciones, inflación, falta de competitividad y falta de mano de obra calificada.

En Venezuela se conjugan inflación, falta de confianza en las políticas públicas, falta de competitividad, de mano de obra calificada, además de barreras a las exportaciones y déficit público .

Torturador narra crímenes contra militantes de izquierda en la dictadura brasileña

Ex delegado Cláudio Guerra

En la obra él cuenta cómo ocurrieron las torturas, las 


muertes y la desaparición de militantes de izquierda 


durante el período. Los autores de la obra son los 


periodistas Marcelo Netto y Rogério Medeiros.

Un ex agente de la represión de la dictadura civil militar es el protagonista del libro “memorias de una guerra sucia”. Él es el ex comisario de policía del Departamento de Orden Público y Social (Dops) del estado de Espírito Santo, región sudeste brasileña, Cláudio Guerra. En la obra él cuenta cómo ocurrieron las torturas, las muertes y la desaparición de militantes de izquierda durante el período. Los autores de la obra son los periodistas Marcelo Netto y Rogério Medeiros.

En uno de los relatos Guerra plantea haber participado de la incineración  de cuerpos de diez presos políticos, entre ellos, Ana Rosa Kucinski, Wilson Silva, David Capistrano y João Massena Mello. Tras una violenta tortura que les dejó con marcas de abuso sexual y laceración en partes del cuerpo –, los cadáveres fueron quemados en la usina de azúcar Cambahyba. La propiedad era del ex vicegobernador de Río de Janeiro, Heli Ribeiro.

Otros episodios narrados son el atentado al Riocentro, el accidente de Zuzú Angel, los ataques con bombas en las redacciones periodísticas y la muerte de Sérgio Paranhos Fleury, excomisario del Dops de San Pablo, que tendría relación con los coroneles Juarez de Deus Gomes da Silva y Carlos Alberto Brilhante Ustra.

De San Pablo, Brasil, Fuente NP,

La senadora Allende dice que la convivencia requiere que víctima y victimario recuperen una base ética común

La senadora de chilena Isabel Allende ha afirmado que la convivencia requiere que víctima y victimario recuperen una base ética común, en la medida en que ambos compartan ciertos valores.

Isabel Allende, senadora socialista

Allende ha participado este lunes en el Congreso Memoria y Convivencia, que se celebra esta semana en Bilbao, organizado por el Gobierno vasco, donde ha defendido que 'más que el tema del perdón, es el encuentro sobre la base de ciertos valores compartidos. Unos y otros tienen que aprender'.

'En nuestro caso (golpe militar en Chile), significa que nunca más puede haber terrorismo de Estado, que es distinto que el terrorismo de una banda. Nunca más terrorismo de Estado para hacer una política del Estado para hacer desaparecer a la oposición y se legitime cualquier acción, como hemos visto en las dictaduras de América Latina, en las que todavía casi 40 años después tenemos familiares buscando a detenidos desaparecidos', ha indicado.

Para la hija del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende, la capacidad del reencuentro es sobre la base de una ética común que signifique: 'nunca más, por grave que sea una crisis política, al uso de la fuerza que rompa la democracia. Nunca más quienes están en la política puedan sentir que la solución sea la ruptura democrática'.

Según ha indicado, de lo que se trata en una transición es que te permite llegar a una sociedad democrática, a una convivencia en un parlamento donde conviven sectores sociales plurales y diversos, entender la democracia con el límite de la acción política.

'Nunca más debe haber una justificación de una banda armada o intentar justificar sus acciones por objetivos políticos, causando la muerte, etc. Eso es inaceptable. Se tienen que respetar los valores democráticos', ha destacado.

En cuando al relato de la verdad de lo ocurrido en un conflicto, Allende ha reconocido que 'cuesta mucho al inicio llegar a la verdad, que se conozca lo que pasó, y luego que haya justicia'.

En el caso de Chile, ha recordado que se obstruyó a la justicia. 'Estábamos iniciando una transición, con un gobierno democrático con bastante fragilidad, y hubo que hacer concesiones y no pocas, que son necesarias para poder devolverle a la sociedad lo que necesitaba, tribunales de justicia, parlamento, tener verdad, justicia y generar el espacio para poder ir creando comisiones de la verdad, lo que había ocurrido en los campos de detención, identificaciones (de desaparecidos), etc'.

En este sentido, ha aseverado que 'convivencia democrática sí, convivencia en valores de justicia sí, libertad sí, convivencia con la impunidad no, absolutamente no', para dudar de que las heridas estén cerradas en su país, 'mientras haya familiares buscando a sus desaparecidos'.

Tras señalar que hay que acercarse lo más posible a la justicia total, ha manifestado que las tentación del camino extremo, 'de tomar la justicia por mi mano, es lo más ajeno a hacer justicia'. Por ello, ha instado a 'cultivar' a las nuevas generaciones, ya que 'la mejor herencia es el compromiso total de decir 'nunca más un golpe de Estado como el que ocurrió, con mas de cien mil torturados, 3.000 muertos, etc'.

Chile un país de apariencias

En Chile la apabullante mixtificación de la realidad ejercida por los medios de comunicación y los sucesivos gobiernos ha convencido a la mayoría de los chilenos que pertenecen a una fantasmagórica clase media. Si ud. le pregunta a un(a) feriante, a un trabajador(a) público, a un chofer de la locomoción colectiva a un obrero(a) de Codelco a una trabajador(a) de las salmoneras, a una nana de Chicureo, a un micro empresario y un gran empresario todos responderán después de un pequeño titubeo que pertenecen a “la sacrificada clase media chilena”. Esta maniobra retórica inserta en sus cerebros borra del horizonte de las personas su lisa y llana condición de explotados.

En esta realidad alienada, el gobierno, con los “vivos” de turno que trabajan, dicen, sin descanso por hacer más cómoda y menos sacrificada la vida de esta sociológicamente indistinguible “clase media”. En la “corte de los milagros” que es el gobierno y, naturalmente en beneficio de la clase media, se han lanzado una serie de medidas de orden tributario con el propósito de responder “a la neoliberal” a las demandas estudiantiles y sociales que se siguen cerniendo amenazantes sobre la cabeza de Piñera.

La nueva redistribución tributaria aparente no cumplirá a cabalidad ninguna de los presupuestos que se le dice a la población que está destinada:


a) No incrementará los fondos necesarios para una real transformación de la educación.

b) Consolidará fortalecerá la redistribución en el sistema educacional de acuerdo al ingreso de los padres. Al devolver parte de lo que se paga en educación a través de rebaja en impuestos, se perpetúa el lucro en la educación y el financiamiento compartido. En resumen se aísla a los que no pueden pagar y se beneficia con rebaja del impuesto a la renta por la colegiatura aportará nuevas regalías al 19 % de los ingresos más altos.

c) Las rebajas tributarias seguirán favoreciendo a los de más altos ingresos. Quienes están en lo más alto de la pirámide de distribución de ingresos estarán mejor que antes de las modificaciones tributarias. Es decir el 1 % de la población se quedará por parte baja con 300 millones de dólares de lo que va a dejar de percibir el fisco por la disminución del impuesto a las personas y que asciende a unos US$ 540 millones. Los otros 240 millones se los repartirá el resto de los 99 % de los chilenos.


Para dar credibilidad a estas argucias tributarias se publicita que estas trasformaciones serán de beneficio de la “clase media”. Y qué duda cabe si los grandes empresarios de este país se definen ante si mismos y los demás como abnegados y sacrificados trabajadores de la clase media.


El Señor Socialista Camilo Escalona, senador, y ahora Presidente del Senado, se prestará para servir de puente para este engendro tributario según él, pues ahora, para mayor gloria de Chile y de los chilenos, ha adquirido, ahora si, una visión de Estado en sus negocios políticos.

El senador socialista Camilo Escalona

El señor “visión de estado” olvida el tenebroso endeudamiento a que se llevó a miles de estudiantes en Chile cuya deuda es impagable, que hay 27 mil familias viviendo en campamentos y que un tercio de sus niños debe compartir su cama con algún otro habitante de la vivienda y que 44 % de ellos ha repetido algún curso; que 200 mil chilenos vive de allegado y otros 200 mil habitan que no tienen ninguna cercanía a lo pudiera llamarse una vivienda digna.


El colaboracionista Escalona no recuerda que en el gobierno en que estaban encaramados como seudo socialistas, el de Bachelet (2009), la pobreza en Chile volvió a pegarse otro estirón en las cifras oficiales que mostraron esta cifra en 15,1 % desde el 13,7 % del 2006. Ahora el gobierno de Piñera elabora todo tipo de maniobras circunstanciales para que esta cifra no vuelva a subir en la Casen 2011 que se mostrará en julio.


El modelo sigue mostrando sus virtudes y la Organización para la alimentación y la agricultura (FAO) entrega datos en febrero de 2012 que muestran que los precios de los alimentos subieron en Chile en un 9,8 % en los últimos doce meses, contra un 8,6 % que fue el promedio en América Latina. Esta carestía de los alimentos muestra que una verdadera reforma tributaria hubiera debido contener un IVA diferenciado alternativo al regresivo Iva actual que recolecta el 47 % de toda la recaudación impositiva


El Iva diferenciado permitiría que quienes utilizan la mayor parte de sus ingresos en cubrir sus necesidades básicas paguen menos y quienes consumen productos de lujo paguen más.
Tampoco las reformas tributarias ofrecidas eliminan el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) creado por Buchi el año 1984 el cual a la fecha tiene acumulado más de 200 millones de dólares que no tributan. Las empresas deberían pagar por las utilidades devengadas (generadas) y no por las retiradas. El FUT se ha prestado para una larga cadena de elusiones tributarias pergeñadas por los equipos tributarios pagadas por las grandes empresas y el 5 % más rico.


Sin duda que en este escenario de tránsfugas y aprovechados la posición de principios y de definiciones ideológicas levantadas por los estudiantes y las organizaciones sociales siguen teniendo una enorme trascendencia y es de esperar que los chileno(a)s se sobrepongan a la falacia de clase media y recuperen su condición de clase y explotados de trabajadores y junto a los estudiantes pongan término a esta política de cambalache de los autodenominados “servidores públicos".

DIPUTADO ACCORSI: “QUEREMOS QUE LA GENTE SALGA DE LA EXTREMA POBREZA Y NO VUELVA A CAER”

El diputado PPD y presidente de la Comisión de 


Superación 


de la Pobreza valoró la aprobación unánime en el día de 


ayer del proyecto que crea el llamado Ingreso Ético 


familiar, que quedó finalmente bautizado, por una 


exigencia de la oposición, como “Bonos y transferencias 


monetarias para familias en extrema pobreza y que crea 


el 


subsidio al empleo de la mujer”.

Diputado EnriqueAccorsi Opazo

“Gracias a las observaciones de la Concertación, este proyecto quedó bastante mejor que el proyecto original que ingresó el Gobierno. De esta manera, se considera como un derecho para las familias de extrema pobreza el ingresar al sistema, tal como ocurre hoy con el Auge. Eso se traduce en garantías y el establecimiento de plazos perentorios”, explicó el diputado Enrique Accorsi.

El parlamentario agregó que “se mejoró y perfeccionó el subsidio al trabajo de la mujer, ya que el beneficio que antes consideraba algunos cupos, ahora será ilimitado y otorgado a todas las mujeres trabajadoras que sean parte del 30% de familias más vulnerables, tendrán derecho al subsidio del 20% de sus sueldos”.

Indicó que “como parlamentarios vamos a seguir haciendo esfuerzos para que la gente salga de la extrema pobreza y no vuelva a caer, principalmente en lo que se refiere a programas para mejorar el empleo de las mujeres, que muchas veces son jefas de hogar”.

“Actualmente en la Comisión estamos trabajando directamente con el Ejecutivo para incentivar la inclusión de discapacitados al mundo laboral para que puedan estar en igualdad de condiciones que el resto de las personas a la hora de optar a un trabajo”, concluyó el diputado PPD. 

MINISTRO DE DEFENSA INFORMA A DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE DD.HH. SOBRE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN CONCÓN

Secretario de Estado aclaró que se trata de un centro de 

entrenamiento para operaciones de paz de Naciones 

Unidas,desvirtuando temores sobre supuesta base 

norteamericana para instrucción de contrainsurgencia

Un pormenorizado informe sobre las labores de adiestramiento a fuerzas militares de diversos países que participan en operaciones internacionales de paz de Naciones Unidas, y que se desarrollan en un fuerte naval en la comuna de Concón, entregó el Ministro de Defensa a los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

El ministro Andrés Allamand fue convocado a la instancia parlamentaria ante la inquietud planteada por diversos sectores del ámbito de los derechos humanos sobre programas de entrenamiento desarrollados por las Fuerzas Armadas al interior del Fuerte Aguayo, de la Armada de Chile, que presuntamente involucraba adiestramiento policial a efectivos extranjeros con fines represivos o de contrainsurgencia. 

Sobre el particular el titular de la cartera de Defensa precisó a los diputados que en el Fuerte Aguayo se sitúan instalaciones del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), que cuenta con reconocimiento de Naciones Unidas y que brinda adiestramiento a militares chilenos y extranjeros que luego participan en misiones de imposición o mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU.

Hizo hincapié que en los ejercicio tácticos participan uniformados de 18 países (entre ellos Argentina, Perú y Bolivia) y que Estados Unidos sólo aportó financiamiento para construir y operar las instalaciones pero no con personal ni asesores militares. También descartó tajantemente la presencia de miembros de Carabineros de Chile o de la PDI como instructores. 

“Tenemos que prestar nuestro concurso y participación en estas operaciones de paz y de ayuda humanitaria y en consecuencia lo único que hay aquí es una instalación que ha sido financiada con fondos norteamericanos cuyo único objetivo es tener precisamente instalaciones adecuadas para proteger a nuestra propia gente y la de países amigos que eventualmente tengan que desplegarse en escenarios futuros, como es el caso de las dotaciones chilenas que operan en Haití, que se cambian dos veces al año”, sostuvo el ministro.

Uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputadoGabriel Ascencio (DC), valoró positivamente las aclaraciones del Secretario de Estado.

“El ministro nos asegura, y yo creo que es una muy buena intervención, que allí se está realizando entrenamiento de fuerzas para trabajar por la paz en los momentos en que Naciones Unidas los convoque, ya sea de imposición o mantenimiento de la paz. Eso, que tiene una claridad extraordinaria cuando lo dice el ministro, de repente choca con estas cosas de que sean los norteamericanos los que financian y hasta de repente se dijo que podían haber traído instructores, pero eso fue desmentido por el Gobierno”, sostuvo el parlamentario.

Proyecto de ley para víctimas de minas antipersonales 
Por otra parte, el Ministro de Defensa informó también a los diputados sobre el pronto ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre asistencia y reparación a las víctimas de minas antipersonales, antitanques o munición de guerra sin estallar, de acuerdo a los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención de Ottawa, que proscribe dichos artefactos y recomienda reparar a las personas afectadas por la explosión de los mismos.

En la oportunidad, el secretario ejecutivo de la Comisión de Desminado, coronel Juan Domingo Mendoza, detalló que la iniciativa legal pronta a despacharse incluye el pago de un bono compensatorio (que iría de un millón y medio a tres millones de pesos dependiendo del porcentaje de discapacidad ocasionado), una pensión vitalicia (en un rango de valores de 73 mil a 167 mil pesos, aproximadamente), atención médica y sicológica de por vida, beneficios educacionales y la incorporación de las víctimas en planes de inclusión laboral y social. 

El diputado Joel Rosales (UDI) acogió positivamente el anuncio de las autoridades en esta materia, señalando que “se va a reconocer definitivamente a las personas afectadas que están en estado de invalidez o que hallan fallecido con una compensación de parte del Estado, lo que yo creo es lo más importante que se ha tratado hoy día en esta Comisión”.