entrenamiento para operaciones de paz de Naciones
Unidas,desvirtuando temores sobre supuesta base
norteamericana para instrucción de contrainsurgencia
Un pormenorizado informe sobre las labores de adiestramiento a fuerzas militares de diversos países que participan en operaciones internacionales de paz de Naciones Unidas, y que se desarrollan en un fuerte naval en la comuna de Concón, entregó el Ministro de Defensa a los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
El ministro Andrés Allamand fue convocado a la instancia parlamentaria ante la inquietud planteada por diversos sectores del ámbito de los derechos humanos sobre programas de entrenamiento desarrollados por las Fuerzas Armadas al interior del Fuerte Aguayo, de la Armada de Chile, que presuntamente involucraba adiestramiento policial a efectivos extranjeros con fines represivos o de contrainsurgencia.
Sobre el particular el titular de la cartera de Defensa precisó a los diputados que en el Fuerte Aguayo se sitúan instalaciones del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), que cuenta con reconocimiento de Naciones Unidas y que brinda adiestramiento a militares chilenos y extranjeros que luego participan en misiones de imposición o mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU.
Hizo hincapié que en los ejercicio tácticos participan uniformados de 18 países (entre ellos Argentina, Perú y Bolivia) y que Estados Unidos sólo aportó financiamiento para construir y operar las instalaciones pero no con personal ni asesores militares. También descartó tajantemente la presencia de miembros de Carabineros de Chile o de la PDI como instructores.
“Tenemos que prestar nuestro concurso y participación en estas operaciones de paz y de ayuda humanitaria y en consecuencia lo único que hay aquí es una instalación que ha sido financiada con fondos norteamericanos cuyo único objetivo es tener precisamente instalaciones adecuadas para proteger a nuestra propia gente y la de países amigos que eventualmente tengan que desplegarse en escenarios futuros, como es el caso de las dotaciones chilenas que operan en Haití, que se cambian dos veces al año”, sostuvo el ministro.
Uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputadoGabriel Ascencio (DC), valoró positivamente las aclaraciones del Secretario de Estado.
“El ministro nos asegura, y yo creo que es una muy buena intervención, que allí se está realizando entrenamiento de fuerzas para trabajar por la paz en los momentos en que Naciones Unidas los convoque, ya sea de imposición o mantenimiento de la paz. Eso, que tiene una claridad extraordinaria cuando lo dice el ministro, de repente choca con estas cosas de que sean los norteamericanos los que financian y hasta de repente se dijo que podían haber traído instructores, pero eso fue desmentido por el Gobierno”, sostuvo el parlamentario.
Proyecto de ley para víctimas de minas antipersonales
Por otra parte, el Ministro de Defensa informó también a los diputados sobre el pronto ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre asistencia y reparación a las víctimas de minas antipersonales, antitanques o munición de guerra sin estallar, de acuerdo a los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención de Ottawa, que proscribe dichos artefactos y recomienda reparar a las personas afectadas por la explosión de los mismos.
En la oportunidad, el secretario ejecutivo de la Comisión de Desminado, coronel Juan Domingo Mendoza, detalló que la iniciativa legal pronta a despacharse incluye el pago de un bono compensatorio (que iría de un millón y medio a tres millones de pesos dependiendo del porcentaje de discapacidad ocasionado), una pensión vitalicia (en un rango de valores de 73 mil a 167 mil pesos, aproximadamente), atención médica y sicológica de por vida, beneficios educacionales y la incorporación de las víctimas en planes de inclusión laboral y social.
El diputado Joel Rosales (UDI) acogió positivamente el anuncio de las autoridades en esta materia, señalando que “se va a reconocer definitivamente a las personas afectadas que están en estado de invalidez o que hallan fallecido con una compensación de parte del Estado, lo que yo creo es lo más importante que se ha tratado hoy día en esta Comisión”.
El ministro Andrés Allamand fue convocado a la instancia parlamentaria ante la inquietud planteada por diversos sectores del ámbito de los derechos humanos sobre programas de entrenamiento desarrollados por las Fuerzas Armadas al interior del Fuerte Aguayo, de la Armada de Chile, que presuntamente involucraba adiestramiento policial a efectivos extranjeros con fines represivos o de contrainsurgencia.
Sobre el particular el titular de la cartera de Defensa precisó a los diputados que en el Fuerte Aguayo se sitúan instalaciones del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), que cuenta con reconocimiento de Naciones Unidas y que brinda adiestramiento a militares chilenos y extranjeros que luego participan en misiones de imposición o mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU.
Hizo hincapié que en los ejercicio tácticos participan uniformados de 18 países (entre ellos Argentina, Perú y Bolivia) y que Estados Unidos sólo aportó financiamiento para construir y operar las instalaciones pero no con personal ni asesores militares. También descartó tajantemente la presencia de miembros de Carabineros de Chile o de la PDI como instructores.
“Tenemos que prestar nuestro concurso y participación en estas operaciones de paz y de ayuda humanitaria y en consecuencia lo único que hay aquí es una instalación que ha sido financiada con fondos norteamericanos cuyo único objetivo es tener precisamente instalaciones adecuadas para proteger a nuestra propia gente y la de países amigos que eventualmente tengan que desplegarse en escenarios futuros, como es el caso de las dotaciones chilenas que operan en Haití, que se cambian dos veces al año”, sostuvo el ministro.
Uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputadoGabriel Ascencio (DC), valoró positivamente las aclaraciones del Secretario de Estado.
“El ministro nos asegura, y yo creo que es una muy buena intervención, que allí se está realizando entrenamiento de fuerzas para trabajar por la paz en los momentos en que Naciones Unidas los convoque, ya sea de imposición o mantenimiento de la paz. Eso, que tiene una claridad extraordinaria cuando lo dice el ministro, de repente choca con estas cosas de que sean los norteamericanos los que financian y hasta de repente se dijo que podían haber traído instructores, pero eso fue desmentido por el Gobierno”, sostuvo el parlamentario.
Proyecto de ley para víctimas de minas antipersonales
Por otra parte, el Ministro de Defensa informó también a los diputados sobre el pronto ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre asistencia y reparación a las víctimas de minas antipersonales, antitanques o munición de guerra sin estallar, de acuerdo a los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención de Ottawa, que proscribe dichos artefactos y recomienda reparar a las personas afectadas por la explosión de los mismos.
En la oportunidad, el secretario ejecutivo de la Comisión de Desminado, coronel Juan Domingo Mendoza, detalló que la iniciativa legal pronta a despacharse incluye el pago de un bono compensatorio (que iría de un millón y medio a tres millones de pesos dependiendo del porcentaje de discapacidad ocasionado), una pensión vitalicia (en un rango de valores de 73 mil a 167 mil pesos, aproximadamente), atención médica y sicológica de por vida, beneficios educacionales y la incorporación de las víctimas en planes de inclusión laboral y social.
El diputado Joel Rosales (UDI) acogió positivamente el anuncio de las autoridades en esta materia, señalando que “se va a reconocer definitivamente a las personas afectadas que están en estado de invalidez o que hallan fallecido con una compensación de parte del Estado, lo que yo creo es lo más importante que se ha tratado hoy día en esta Comisión”.
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