miércoles, 24 de agosto de 2011

El Gobierno de Chile resta importancia a la huelga de 48 horas llevada adelante por el movimiento obrero

Los sindicatos tachan de éxito la protesta, durante la que 35 personas han sido arrestadas

 Dos policías arrestan a uno de los manifestantes durante la huelga convocada por la CUT en Santiago de Chile. MARTIN BERNETTI | AFP

Dos policías arrestan a uno de los manifestantes durante la huelga convocada por la CUT en Santiago de Chile.

"El Gobierno quiere convencernos de que la situación es normal, pero eso es falso", ha asegurado este miércoles el líder de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Arturo Martínez, al evaluar positivamente la huelga de 48 horas que realiza el movimiento obrero contra el presidente Sebastián Piñera. Se trata de la primera protesta de este alcance desde que el país recuperó la democracia, en 1990. Piñera, por su parte, ha dicho que el acatamiento a la medida de fuerza ha sido muy bajo y que solo se propuso para "causarle daño a Chile. "Afortunadamente hasta ahora el país está funcionando con bastante normalidad", ha agregado.

La protesta de la CUT fue convocada en demanda de mejoras sociales y en el marco de la creciente ola de movilización que tiene a la cabeza a los estudiantes que exigen una educación pública y de excelencia.
Durante las primeras horas de este miércoles han tenido lugar en el centro de Santiago algunos enfrentamientos entre manifestantes y carabineros (policía militarizada). Han sonado las bombas lacrimógenas y, otra vez, los cañones de agua han tratado de dispersar a los que han salido a las calles. Unas 35 personas han sido detenidas. El sindicalista Martínez ha exhortado a los manifestantes a no causar violencia: "No compartimos las barricadas".

La situación en Santiago

El dirigente sindical ha considerado exitoso el llamamiento al cese de la actividad. “Se va instalando la huelga, la gente ha salido a las calles y esquinas a manifestarse pacíficamente. El Transantiago [transporte público capitalino] está funcionado a medias, el centro de la ciudad se ve casi vacío, hay paros en empresas. El aeropuerto se paró una hora y hubo manifestaciones", ha explicado. A diferencia de otros países de la región, el movimiento obrero chileno está muy atomizado. La patronal sostiene que la actividad de las empresas no se ha visto alterada por la medida de fuerza.
Piñera, por su parte, ha criticado a los que gobernaron Chile durante 20 años, no atendieron demandas postergadas y ahora se suman a la protesta. "Los partidos que apoyaron a los gobiernos anteriores, y que, en cierta forma, son los que han generado estos problemas, que ahora nos ayuden no a agravar los problemas, sino que a solucionarlos", ha pedido. "Una cosa es una marcha, y otra cosa es intentar paralizar el país", ha advertido. Piñera ha dicho, no obstante, que su Gobierno "tiene las puertas abiertas" para dialogar.

Malas relaciones entre el oficialismo y sus adversarios

La huelga ha agravado las malas relaciones entre el oficialismo y sus adversarios, que reclaman reformas profundas y la convocatoria de una consulta popular. Algunos dirigentes de la derecha (en el poder) han comenzado a utilizar un lenguaje que recuerda al de la última dictadura de Augusto Pinochet. Las palabras "subversivos", "ultras" y "comunistas" han vuelto a escucharse con tono acusatorio.
"Lo que piden es cambiar todo en el país. Eso se hace por la vía democrática. Quienes crean que hay cambiarlo todo, que se presenten a las elecciones respectivas y consigan los votos para cambiar todo como estimen conveniente”, ha respondido el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne.

viernes, 19 de agosto de 2011

Chile reconoce 9.800 víctimas más del régimen de Pinochet

Una comisión gubernamental eleva la cifra total de detenidos y torturados por motivos políticos a 40.000 durante la dictadura


Un informe encargado por el Gobierno de Chile a una comisión de investigación señala que las víctimas de prisión y torturas durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) fueron muchas más de las que creía hasta ahora. El documento reconoce 9.800 casos más, lo que eleva la cifra total a más de 40.000. El texto, elaborado por la Comisión Valech, ya ha sido entregado al presidente, Sebastián Piñera.
 
La vicepresidente de la comisión, Maria Luisa Sepúlveda, ha señalado que se han examinado 32.000 nuevas denuncias de abusos de los derechos humanos comunicadas durante los últimos 18 meses. De estas, 9.800 cumplieron los requisitos de la comisión, según detalla la cadena británica BBC. Sepúlveda no ha dado detalles de los casos ni los nombres de las víctimas.

La comisión estipula que para ser reconocido oficialmente como víctima se debe haber sido detenido y/o torturado por razones políticas por agentes del Estado o gente a su servicio; o se debe haber sido víctima de desapariciones forzadas o haber sido ejecutado por razones políticas por agentes del Estado o gente a su servicio; o haber sido secuestrado o víctima de intentos de asesinato por razones políticas. Y todos los casos deben haber ocurrido bajo el régimen de Pinochet, es decir entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Los supervivientes de tales casos tendrán derecho a una pensión mensual de 180 euros.
Así, el total de víctimas oficiales asciende a 40.018 personas, aunque se estima que podrían llegar a ser muchas más, según ha informado el diario chileno La Tercera, citado por Europa Press. Con la entrega de este informe se considera cerrado el proceso que se inició en 1990 con el Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que estableció un total de 2.279 desaparecidos y ejecutados políticos.

La vicepresidenta de la Comisión Valech ha indicado que Piñera ha "agradecido el informe y ha asegurado que éste es un nuevo aporte a cómo la sociedad chilena ha ido abordando el tema de las violaciones de Derechos Humanos, que va a darse el tiempo prudente para poder leerlo y después comunicarlo al país", en una ceremonia de entrega del informe en el Palacio presidencial. Sepúlveda ha agregado que no le cabe duda de que "éste es un paso en el abordaje en las políticas públicas que ha tenido el Estado de Chile en relación con las violaciones de Derechos Humanos en el tiempo de la dictadura".

jueves, 18 de agosto de 2011

Camila Vallejo se convierte en el símbolo del nuevo vanguardismo político en Chile

La dirigente estudiantil que comienza a concitar expectación universal por la coherencia y la simplicidad del discurso, ha planteado como nadie lo había hecho en Chile...
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Camila Vallejo se convierte en el símbolo del nuevo vanguardismo político en Chile
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) Camila Vallejo se convierte en el símbolo del nuevo vanguardismo político en Chile y por qué no en la región. La movilización estudiantil que lleva más de tres meses prosigue y el Gobierno continúa contrayendo el debate y las negociaciones. Como en los mejores tiempos de la dictadura amenaza con más represión enviando mensajes de colocar soldados en la calle si las movilizaciones continúan. 
La dirigente estudiantil que comienza a concitar expectación universal por la coherencia y la simplicidad del discurso, ha planteado como nadie lo había hecho en Chile, desde una plataforma pública de dirigente, las reformas profundas pendientes después de 20 años de democracia post dictadura. Estas reformas son centrales en el discurso de una líder que emerge a paso seguro, a pesar del acoso para desinstalarla de la visibilidad pública y deconstruirla como líder por una poderosa liga de medios. Camila Vallejo Dowling envía señales para una forma de vanguardia política que no existía desde los tiempos de dictadura. Es así no más y como la dirigente es comunista, el nicho del anticomunismo chileno que ha sido rentable revive y se revuelca como en los mejores tiempos de los años 70 y 80.
 
Con su discurso levantando temas que tienen un respaldo en la población, ha puesto el dedo en la llaga y ha instalado definitivamente en la agenda política las reformas al modelo neoliberal, que en el fondo es llamado así como una argucia conservadora mal usando el término liberal, para mantener los elementos más oscuros del capitalismo: sin justicia social y una democracia administrada por el gran capital.


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Su emergencia de líder con lenguaje propio, aunque representando un interés colectivo, demostrando una notoria independencia política inclusive de su propio partido, (el comunista), incomoda a aquel sector de la elite política asociada a la defensa del modelo chileno de economía.
Desde su plataforma de dirigente estudiantil del actual movimiento por la reforma a la educación, ha planteado una serie de propuestas que inciden en el modelo de desarrollo del país, y que los políticos han sido incapaces de debatir con amplitud y menos implementar después de 20 años de recuperación de la democracia.
 
Ha levantado temas en medio de la crisis política que vive el país, y que la elite política más dominante se ha mostrado reacia a colocar en la agenda de las urgencias. Por más de 20 años se ha negociado para mantener el status quo y no desbalancear todo aquello que protege un sistema que ha sido muy rentable para las empresas transnacionales y un grupo de 20 grupos empresariales en Chile. En una entrevista para el diario El Tiempo de Bogotá, publicada el 14 de agosto, Camila Vallejo hace una suerte de emplazamiento tanto al gobierno como a la oposición, por no haber sido capaces de elevar el debate sobre las reformas esenciales del período post dictadura.
 
“Dentro de este movimiento, hay una fuerte aspiración democratizadora: en Chile la gente cree que es necesario reformular y profundizar nuestra democracia, porque hay muchas barreras institucionales que no nos permiten avanzar en reivindicaciones importantes para el pueblo chileno, que la salud no vaya por la vía de la privatización, cambiar el sistema electoral, dignificar al trabajador… El punto central es la recuperación del derecho a la educación pública y de calidad. Y eso se traduce, en primera instancia, en un cambio constitucional, en el cual el Estado, además de garante de la educación, sea responsable y proveedor de la misma, porque la Constitución que nos heredó la dictadura de Pinochet puso esa responsabilidad en las familias chilenas, y nosotros consideramos que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe garantizar.”  (Camila Vallejo).
 
Los defensores del ajuste estructural permanente, es decir, más mercantilización con más privatizaciones y menos estado con regulación y más participación en el bienestar, han sido por primera vez removidos de sus delicadas poltronas, y han tenido que reconocer la falla más profunda del modelo: la falta de un sistema político que lo legitime. Solo fue posible que una nueva generación de dirigentes estudiantiles y de gremios les dijeran que se estaban quedando sin representación que no sean sus bancos, sus instalaciones y sus medios.
 
Esta elite política, cada vez más desconcertada y angustiada por el fracaso del modelo, no acepta la posibilidad de plebiscitar una reforma que permita revertir un sistema en el despeñadero. Todavía más, la postura que lidera Camila Vallejo de plebiscitar un proceso de reformas que incluya la cuestión tributaria, un nuevo sistema electoral, nuevas leyes laborales y un rol de mantención de los equilibrios para el estado, (todas asociadas a la mejoría de la educación), ha colocado a un sector de la política (liderado por el senador de la democracia cristiana Andrés Zaldivar), en consonancia con algunos dirigentes estudiantiles opuestos a iniciar definitivamente las reformas pendientes.
 
Camila Vallejo ha debido enfrentar resabios de machismo en algunos casos y en otros casos elementos de la contra corriente de la elite política, que a toda costa impide la instalación de una vanguardia. No podía ser de otra forma. Frente a la sequedad y opacidad del camastro de líderes políticos en la sociedad chilena, el nuevo aire para iniciar reformas pendientes desde hace más de tres décadas que proviene de la presidenta de la FECH, había que consumirlo como sea y su figura aplastarla a toda costa.
 
Este clima se observa en la escritura política del escritor y embajador chileno en Francia Jorge Edwards con su elegancia inocua y fatigada. Su interpretación del actual movimiento estudiantil como que fuera “demasiado serio”, en comparación con los movimientos del Paris 68 de “soñadores y lúdicos”, (La Segunda, diario vespertino chileno) es una mofa desfachatada frente a la necesidad nacional por una reforma, y expresión de un conservadurismo excesivo. La ausencia de un marco claro, para entregar una interpretación del movimiento en una mayoría de los 25 entrevistados en el mismo medio, es expresión de conservadurismo en el análisis.

Y atención, frente al nerviosismo de la elite por le emergencia de esta nueva líder, el tema siempre es otro. Las sucesiones de gobernantes sufren cada vez más del embate de la globalización que no acepta estadistas sino que administradores de consorcios territoriales a lo que han llegado una buena cantidad de naciones. Es el viejo proyecto de Jacques Maisonrouge el célebre líder de la IBM de los años 70, en cuanto a crear una fábrica planetaria sin ataduras burocráticas y políticas, con una república planetaria única y global concebida para ser dirigida por administradores. La decadencia en el nivel de estadistas es un rasgo de la globalización. La pregunta es gobernar qué. ¿La mantención del sistema tal como está, o su transformación? Camila tiene su respuesta con direccionalidad y simplicidad.
 

Los cancilleres conmemorarán en Chile los 10 años de la Carta Democrática Interamericana

Los cancilleres de los países de la OEA conmemorarán en Chile los próximos 3 y 4 de septiembre el décimo aniversario de la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, que se cumple el 11 de septiembre, anunciaron hoy fuentes oficiales chilenas.


Al cumplirse 10 años, Chile ha querido celebrar este hecho como un aporte efectivo a la promoción de la democracia en el continente, a través del fortalecimiento y vigencia de este importante instrumento interamericano', precisó un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La 'Conmemoración Hemisférica del Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana y Renovación del Compromiso de las Américas con la Democracia' se desarrollará en Valparaíso, acto al que han sido invitados los países firmantes de esta Carta.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en una sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Lima, Perú, el mismo día de los atentados terroristas en EE.UU.
La idea de la Carta partió de una iniciativa que Perú presentó ante la Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001, y que se basa en la experiencia de este país durante el autogolpe del presidente Alberto Fujimori, en 1992.

El instrumento proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye 'un obstáculo insuperable' para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.

La Carta declara de manera sencilla y directa: 'Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla'.
En sus 28 artículos, este documento histórico detalla de qué se trata la democracia y especifica cómo debe ser defendida de las amenazas.

Asimismo, la Carta Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio una nueva brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros.

La CorteIDH verá en Colombia polémicos casos contra Chile y Argentina

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará a partir de la próxima semana en Colombia un periodo de sesiones en el que conocerá dos polémicos casos contra Chile y Argentina.

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La misión de la corte incluye a jueces de Costa Rica, Chile, Jamaica, Perú, la República Dominicana y Uruguay, informó hoy a los medios de prensa una portavoz de la institución.

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El martes, los jueces recibirán en una audiencia pública a los testigos y peritos del caso Karen Atala e hijas contra Chile, que se refiere al supuesto trato discriminatorio e interferencia en la vida privada que habría sufrido, debido a su orientación sexual, Karen Atala, detalló la CorteIDH en un comunicado.

Las autoridades chilenas le retiraron a Atala la custodia de sus hijas debido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su orientación sexual.

Este caso, además, según los argumentos de la víctima, fue una violación al interés superior de las menores.
Esta será la primera ocasión en la que la CorteIDH, con sede en Costa Rica, se pronuncie sobre si este tipo de discriminación es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

A partir del miércoles, la Corte IDH celebrará otra audiencia por el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, en la que las dos presuntas víctimas rendirán testimonio ante los jueces.

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Corte Interamericana por enjuiciar a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico 

Este caso se relaciona con la presunta violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, quienes, como director y editor de la revista Noticias, respectivamente, hicieron una publicación sobre la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente argentino Carlos Ménem, cuya madre era una diputada nacional.

La publicación dio cuenta sobre la relación del exmandatario con la diputada Marta Meza y con su hijo.
Ménem demandó por la vía civil a los periodistas por violación a su derecho a la vida privada y la Corte Suprema de Argentina admitió la demanda y se les impuso una condena civil, por lo que ambos recurrieron al sistema interamericano.

Las sesiones de la Corte Interamericana en Bogotá se extenderán hasta el 2 de septiembre e incluirán audiencias sobre medidas cautelares en casos de Brasil, además de un seminario sobre fortalecimiento de la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial.

Los magistrados que participarán en la misión son Diego García-Sayán (Perú), Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).

PricewaterhouseCoopers informó de los problemas para detectar en auditoría el fraude al interior de La Polar

Los socios de PricewaterhouseCoopers (PWC) se presentaron este miércoles en la Comisión Investigadora del Caso La Polar en donde aclararon que la empresa les exigió una cláusula de confidencialidad para no revelar antecedentes del caso. Sin embargo, aclararon que la auditoría financiera se basó principalmente en los antecedentes que la propia compañía entregó.

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Renzo Corona, uno de los socios de PWC explicó en la sesión que “no tuvimos la autorización de la empresa La Polar para referirnos al caso específico, nuestro contrato establece cláusulas de confidencialidad, con lo cual toda nuestra presentación se basó en un modelo teórico y no nos referimos al caso específico”.

Detalló que una auditoría del estado financiero -como la realizada a La Polar- “tiene ciertas limitaciones, una auditoría no tiene como propósito principal el detectar fraudes”.

Agregó además que pese a no poder referirse al caso específico de La Polar, “claramente -como se lo señalamos a los diputados- no nos dimos cuenta de los problemas, si nos hubiésemos dado cuenta nuestro accionar hubiese sido distinto ya que nosotros somos una firma que vive de su prestigio”.

Corona explicó también que la auditoría de estado financiero se basa en gran medida en la información que la propia empresa entrega, pero “aclaramos que cuando esa información es maliciosamente falsa es muy difícil para una auditoría de estado financiero poder detectarla”. 


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Asimismo, los socios de PWC plantearon algunas sugerencias para cambios legislativos respecto a la situación de Directores y Ejecutivos. “Hoy por ejemplo en Chile no es obligatorio para todas las compañías registradas el contar con un Comité de Directores y a nosotros nos parece que esa puede ser una medida muy útil”.

A la sesión también asistieron representantes del estudio Gutiérrez & Silva, Abogados Limitada, quienes explicaron sobre el informe que elaboraron y con el que estalló el caso. “Les mostramos cómo se podía cruzar información pública que está en la Superintendencia de Bancos y cómo ellos podrían arribar a las mismas conclusiones a las que nosotros llegamos”.

Sobre lo expresado en su informe, el abogado Andrés Sepúlveda detalló que “para el año 2007 los ingresos de la empresa los marcaba un ítem que eran 'otros servicios', que no eran ingresos de retail, eran ingresos financieros pero que tampoco correspondían a avances en efectivo, por consiguiente, nosotros desprendimos que se trataban de repactaciones y que era lo que abultaba enormemente el ingreso de la cartera”.

Frente a los antecedentes entregados, el diputado Gonzalo Arenas (UDI), presidente de la Comisión señaló que “desde mi punto de vista estoy en la convicción de que con una fiscalización diligente y con la información disponible, perfectamente se podría haber detectado -quizás no con la dimensión de lo que ocurrió en La Polar- al menos irregularidades importantes que ameritaban investigar más profundamente”.

El parlamentario indicó además que en base a lo señalado, las auditoras no tienen la facultad para pedirles a terceros información y poder contrastarla con la que entrega la empresa “y yo creo que esa puede ser una propuesta muy importante que puede hacer la comisión, que en el fondo tengan la obligación de verificar la autenticidad de la información”.

El diputado Marcelo Díaz (PPD) sostuvo que los invitados pudieron “confirmar una apreciación que yo tengo desde el comienzo y es que aquí tenemos un sistema de fiscalización regulatorio de mentira, no sirve para nada, hoy día lo que estamos presenciando es que las auditoras tienen la función de fiscalizar lo que las empresas le entregan”.

“Con eso, el mercado se queda con la tranquilidad y la confianza de que está todo bien pero eso tiene consecuencias importantes, esos son elementos esenciales para que las propias Administradoras de Fondos de Pensiones que administran los recursos de todos los chilenos inviertan en las empresas”, agregó.

Por esto el diputado explicó que la instancia, más allá de sólo establecer las responsabilidades políticas “va a tener que pensar en una reforma profunda al sistema de fiscalización para que los que están detrás de fraudes como el de La Polar paguen con cárcel”.
 

martes, 16 de agosto de 2011

Chile Soldados Contra Estudiantes..

El alcalde de Santiago hizo la propuesta, pero, ante las críticas, aclaró que sólo solicitaría el apoyo de las Fuerzas Armadas si hay excesos durante los actos del 11 de septiembre.

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El alcalde oficialista, Pablo Zalaquett, declaró que, eventualmente, "no tendría problemas en sacar las Fuerzas Armadas a las calles". Sin embargo, las críticas de los propios estudiantes movilizados por la educación pública y los dichos de la oposición hicieron que aclarara sus dichos.


"En un escenario absolutamente radicalizado, para el futuro 11 de septiembre, que siempre ha sido complejo, si es que las fuerzas de orden público se viesen superadas en un escenario parecido al del terremoto, yo estaría dispuesto o no abrirme a la opción de que las Fuerzas Armadas salieran a la calle", advirtió. Es que las movilizaciones en esas fechas suelen ser conflictivas. El aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 siempre está acompañado de incidentes.


Ante las críticas de algunos políticos sobre sus dichos, Zalaquett señaló que "lo dicen con mala intención y con mala leche, siempre le sacan la puntita al lápiz. Algunos no tienen experiencia en alcaldías, los alcaldes no pontificamos, hablamos desde la voz del sin voz y no de la tribuna que tiene el político para hablar sin conocer", difundió Emol.

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La presidente de la Federación de Estudiantes de Universidad de las Ciencias de la Educación (Feumce), Camila Donato, comparó la aplicación de esta medida con las prácticas de la dictadura militar. "Estos dichos del alcalde demuestran que esta es la misma derecha que escribió la Constitución, que fue parte de la dictadura militar, que torturó y que mató y que usa las mismas prácticas del régimen militar", señaló la dirigente estudiantil a DPA.

"Si el alcalde de Santiago llama o hace una amenaza ante una manifestación estudiantil que es pacífica, que es creativa y que es masiva, demuestra lo lejos que están ellos del diálogo", afirmó.


Otra iniciativa oficial, que busca prohibir que los manifestantes actúen con sus rostros ocultos, generó críticas por parte de la oposición. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el sábado 13 de agosto un proyecto de modificación legal tendiente a prohibir que quienes participen en marchas y manifestaciones públicas lo hagan con el rostro cubierto y, además, aumentar a tres años de cárcel la pena para los detenidos por desórdenes públicos.


Desde la opositora Concertación subrayaron que las reformas legales sólo van encaminadas a mantener el orden y no la esencia del problema. El diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre cree que el Ejecutivo tiene errado el foco principal, reseñó Prensa Latina.


En las últimas jornadas de protestas protagonizadas por el sector estudiantil en demanda de una educación pública de calidad e inclusiva, encapuchados generaron desórdenes, quemas de autos y ataques a negocios, pero los jóvenes adjudicaron esas acciones a infiltrados que buscan desvirtuar el reclamo.