Los socios de PricewaterhouseCoopers (PWC) se presentaron este miércoles en la Comisión Investigadora del Caso La Polar en donde aclararon que la empresa les exigió una cláusula de confidencialidad para no revelar antecedentes del caso. Sin embargo, aclararon que la auditoría financiera se basó principalmente en los antecedentes que la propia compañía entregó.
Renzo Corona, uno de los socios de PWC explicó en la sesión que “no tuvimos la autorización de la empresa La Polar para referirnos al caso específico, nuestro contrato establece cláusulas de confidencialidad, con lo cual toda nuestra presentación se basó en un modelo teórico y no nos referimos al caso específico”.
Detalló que una auditoría del estado financiero -como la realizada a La Polar- “tiene ciertas limitaciones, una auditoría no tiene como propósito principal el detectar fraudes”.
Agregó además que pese a no poder referirse al caso específico de La Polar, “claramente -como se lo señalamos a los diputados- no nos dimos cuenta de los problemas, si nos hubiésemos dado cuenta nuestro accionar hubiese sido distinto ya que nosotros somos una firma que vive de su prestigio”.
Corona explicó también que la auditoría de estado financiero se basa en gran medida en la información que la propia empresa entrega, pero “aclaramos que cuando esa información es maliciosamente falsa es muy difícil para una auditoría de estado financiero poder detectarla”.
Asimismo, los socios de PWC plantearon algunas sugerencias para cambios legislativos respecto a la situación de Directores y Ejecutivos. “Hoy por ejemplo en Chile no es obligatorio para todas las compañías registradas el contar con un Comité de Directores y a nosotros nos parece que esa puede ser una medida muy útil”.
A la sesión también asistieron representantes del estudio Gutiérrez & Silva, Abogados Limitada, quienes explicaron sobre el informe que elaboraron y con el que estalló el caso. “Les mostramos cómo se podía cruzar información pública que está en la Superintendencia de Bancos y cómo ellos podrían arribar a las mismas conclusiones a las que nosotros llegamos”.
Sobre lo expresado en su informe, el abogado Andrés Sepúlveda detalló que “para el año 2007 los ingresos de la empresa los marcaba un ítem que eran 'otros servicios', que no eran ingresos de retail, eran ingresos financieros pero que tampoco correspondían a avances en efectivo, por consiguiente, nosotros desprendimos que se trataban de repactaciones y que era lo que abultaba enormemente el ingreso de la cartera”.
Frente a los antecedentes entregados, el diputado Gonzalo Arenas (UDI), presidente de la Comisión señaló que “desde mi punto de vista estoy en la convicción de que con una fiscalización diligente y con la información disponible, perfectamente se podría haber detectado -quizás no con la dimensión de lo que ocurrió en La Polar- al menos irregularidades importantes que ameritaban investigar más profundamente”.
El parlamentario indicó además que en base a lo señalado, las auditoras no tienen la facultad para pedirles a terceros información y poder contrastarla con la que entrega la empresa “y yo creo que esa puede ser una propuesta muy importante que puede hacer la comisión, que en el fondo tengan la obligación de verificar la autenticidad de la información”.
El diputado Marcelo Díaz (PPD) sostuvo que los invitados pudieron “confirmar una apreciación que yo tengo desde el comienzo y es que aquí tenemos un sistema de fiscalización regulatorio de mentira, no sirve para nada, hoy día lo que estamos presenciando es que las auditoras tienen la función de fiscalizar lo que las empresas le entregan”.
“Con eso, el mercado se queda con la tranquilidad y la confianza de que está todo bien pero eso tiene consecuencias importantes, esos son elementos esenciales para que las propias Administradoras de Fondos de Pensiones que administran los recursos de todos los chilenos inviertan en las empresas”, agregó.
Por esto el diputado explicó que la instancia, más allá de sólo establecer las responsabilidades políticas “va a tener que pensar en una reforma profunda al sistema de fiscalización para que los que están detrás de fraudes como el de La Polar paguen con cárcel”.
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