Los cancilleres conmemorarán en Chile los 10 años de la Carta Democrática Interamericana

Los cancilleres de los países de la OEA conmemorarán en Chile los próximos 3 y 4 de septiembre el décimo aniversario de la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, que se cumple el 11 de septiembre, anunciaron hoy fuentes oficiales chilenas.

Al cumplirse 10 años, Chile ha querido celebrar este hecho como un aporte efectivo a la promoción de la democracia en el continente, a través del fortalecimiento y vigencia de este importante instrumento interamericano', precisó un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La 'Conmemoración Hemisférica del Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana y Renovación del Compromiso de las Américas con la Democracia' se desarrollará en Valparaíso, acto al que han sido invitados los países firmantes de esta Carta.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en una sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Lima, Perú, el mismo día de los atentados terroristas en EE.UU.
La idea de la Carta partió de una iniciativa que Perú presentó ante la Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001, y que se basa en la experiencia de este país durante el autogolpe del presidente Alberto Fujimori, en 1992.

El instrumento proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye 'un obstáculo insuperable' para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.

La Carta declara de manera sencilla y directa: 'Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla'.
En sus 28 artículos, este documento histórico detalla de qué se trata la democracia y especifica cómo debe ser defendida de las amenazas.

Asimismo, la Carta Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio una nueva brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros.

La CorteIDH verá en Colombia polémicos casos contra Chile y Argentina

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará a partir de la próxima semana en Colombia un periodo de sesiones en el que conocerá dos polémicos casos contra Chile y Argentina.

La misión de la corte incluye a jueces de Costa Rica, Chile, Jamaica, Perú, la República Dominicana y Uruguay, informó hoy a los medios de prensa una portavoz de la institución.

El martes, los jueces recibirán en una audiencia pública a los testigos y peritos del caso Karen Atala e hijas contra Chile, que se refiere al supuesto trato discriminatorio e interferencia en la vida privada que habría sufrido, debido a su orientación sexual, Karen Atala, detalló la CorteIDH en un comunicado.

Las autoridades chilenas le retiraron a Atala la custodia de sus hijas debido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su orientación sexual.

Este caso, además, según los argumentos de la víctima, fue una violación al interés superior de las menores.
Esta será la primera ocasión en la que la CorteIDH, con sede en Costa Rica, se pronuncie sobre si este tipo de discriminación es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

A partir del miércoles, la Corte IDH celebrará otra audiencia por el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, en la que las dos presuntas víctimas rendirán testimonio ante los jueces.

Corte Interamericana por enjuiciar a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico 

Este caso se relaciona con la presunta violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, quienes, como director y editor de la revista Noticias, respectivamente, hicieron una publicación sobre la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente argentino Carlos Ménem, cuya madre era una diputada nacional.

La publicación dio cuenta sobre la relación del exmandatario con la diputada Marta Meza y con su hijo.
Ménem demandó por la vía civil a los periodistas por violación a su derecho a la vida privada y la Corte Suprema de Argentina admitió la demanda y se les impuso una condena civil, por lo que ambos recurrieron al sistema interamericano.

Las sesiones de la Corte Interamericana en Bogotá se extenderán hasta el 2 de septiembre e incluirán audiencias sobre medidas cautelares en casos de Brasil, además de un seminario sobre fortalecimiento de la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial.

Los magistrados que participarán en la misión son Diego García-Sayán (Perú), Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).

PricewaterhouseCoopers informó de los problemas para detectar en auditoría el fraude al interior de La Polar

Los socios de PricewaterhouseCoopers (PWC) se presentaron este miércoles en la Comisión Investigadora del Caso La Polar en donde aclararon que la empresa les exigió una cláusula de confidencialidad para no revelar antecedentes del caso. Sin embargo, aclararon que la auditoría financiera se basó principalmente en los antecedentes que la propia compañía entregó.

Renzo Corona, uno de los socios de PWC explicó en la sesión que “no tuvimos la autorización de la empresa La Polar para referirnos al caso específico, nuestro contrato establece cláusulas de confidencialidad, con lo cual toda nuestra presentación se basó en un modelo teórico y no nos referimos al caso específico”.

Detalló que una auditoría del estado financiero -como la realizada a La Polar- “tiene ciertas limitaciones, una auditoría no tiene como propósito principal el detectar fraudes”.

Agregó además que pese a no poder referirse al caso específico de La Polar, “claramente -como se lo señalamos a los diputados- no nos dimos cuenta de los problemas, si nos hubiésemos dado cuenta nuestro accionar hubiese sido distinto ya que nosotros somos una firma que vive de su prestigio”.

Corona explicó también que la auditoría de estado financiero se basa en gran medida en la información que la propia empresa entrega, pero “aclaramos que cuando esa información es maliciosamente falsa es muy difícil para una auditoría de estado financiero poder detectarla”. 

Asimismo, los socios de PWC plantearon algunas sugerencias para cambios legislativos respecto a la situación de Directores y Ejecutivos. “Hoy por ejemplo en Chile no es obligatorio para todas las compañías registradas el contar con un Comité de Directores y a nosotros nos parece que esa puede ser una medida muy útil”.

A la sesión también asistieron representantes del estudio Gutiérrez & Silva, Abogados Limitada, quienes explicaron sobre el informe que elaboraron y con el que estalló el caso. “Les mostramos cómo se podía cruzar información pública que está en la Superintendencia de Bancos y cómo ellos podrían arribar a las mismas conclusiones a las que nosotros llegamos”.

Sobre lo expresado en su informe, el abogado Andrés Sepúlveda detalló que “para el año 2007 los ingresos de la empresa los marcaba un ítem que eran 'otros servicios', que no eran ingresos de retail, eran ingresos financieros pero que tampoco correspondían a avances en efectivo, por consiguiente, nosotros desprendimos que se trataban de repactaciones y que era lo que abultaba enormemente el ingreso de la cartera”.

Frente a los antecedentes entregados, el diputado Gonzalo Arenas (UDI), presidente de la Comisión señaló que “desde mi punto de vista estoy en la convicción de que con una fiscalización diligente y con la información disponible, perfectamente se podría haber detectado -quizás no con la dimensión de lo que ocurrió en La Polar- al menos irregularidades importantes que ameritaban investigar más profundamente”.

El parlamentario indicó además que en base a lo señalado, las auditoras no tienen la facultad para pedirles a terceros información y poder contrastarla con la que entrega la empresa “y yo creo que esa puede ser una propuesta muy importante que puede hacer la comisión, que en el fondo tengan la obligación de verificar la autenticidad de la información”.

El diputado Marcelo Díaz (PPD) sostuvo que los invitados pudieron “confirmar una apreciación que yo tengo desde el comienzo y es que aquí tenemos un sistema de fiscalización regulatorio de mentira, no sirve para nada, hoy día lo que estamos presenciando es que las auditoras tienen la función de fiscalizar lo que las empresas le entregan”.

“Con eso, el mercado se queda con la tranquilidad y la confianza de que está todo bien pero eso tiene consecuencias importantes, esos son elementos esenciales para que las propias Administradoras de Fondos de Pensiones que administran los recursos de todos los chilenos inviertan en las empresas”, agregó.

Por esto el diputado explicó que la instancia, más allá de sólo establecer las responsabilidades políticas “va a tener que pensar en una reforma profunda al sistema de fiscalización para que los que están detrás de fraudes como el de La Polar paguen con cárcel”.
 

Chile Soldados Contra Estudiantes..

El alcalde de Santiago hizo la propuesta, pero, ante las críticas, aclaró que sólo solicitaría el apoyo de las Fuerzas Armadas si hay excesos durante los actos del 11 de septiembre.

El alcalde oficialista, Pablo Zalaquett, declaró que, eventualmente, "no tendría problemas en sacar las Fuerzas Armadas a las calles". Sin embargo, las críticas de los propios estudiantes movilizados por la educación pública y los dichos de la oposición hicieron que aclarara sus dichos.


"En un escenario absolutamente radicalizado, para el futuro 11 de septiembre, que siempre ha sido complejo, si es que las fuerzas de orden público se viesen superadas en un escenario parecido al del terremoto, yo estaría dispuesto o no abrirme a la opción de que las Fuerzas Armadas salieran a la calle", advirtió. Es que las movilizaciones en esas fechas suelen ser conflictivas. El aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 siempre está acompañado de incidentes.


Ante las críticas de algunos políticos sobre sus dichos, Zalaquett señaló que "lo dicen con mala intención y con mala leche, siempre le sacan la puntita al lápiz. Algunos no tienen experiencia en alcaldías, los alcaldes no pontificamos, hablamos desde la voz del sin voz y no de la tribuna que tiene el político para hablar sin conocer", difundió Emol.

La presidente de la Federación de Estudiantes de Universidad de las Ciencias de la Educación (Feumce), Camila Donato, comparó la aplicación de esta medida con las prácticas de la dictadura militar. "Estos dichos del alcalde demuestran que esta es la misma derecha que escribió la Constitución, que fue parte de la dictadura militar, que torturó y que mató y que usa las mismas prácticas del régimen militar", señaló la dirigente estudiantil a DPA.

"Si el alcalde de Santiago llama o hace una amenaza ante una manifestación estudiantil que es pacífica, que es creativa y que es masiva, demuestra lo lejos que están ellos del diálogo", afirmó.


Otra iniciativa oficial, que busca prohibir que los manifestantes actúen con sus rostros ocultos, generó críticas por parte de la oposición. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el sábado 13 de agosto un proyecto de modificación legal tendiente a prohibir que quienes participen en marchas y manifestaciones públicas lo hagan con el rostro cubierto y, además, aumentar a tres años de cárcel la pena para los detenidos por desórdenes públicos.


Desde la opositora Concertación subrayaron que las reformas legales sólo van encaminadas a mantener el orden y no la esencia del problema. El diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre cree que el Ejecutivo tiene errado el foco principal, reseñó Prensa Latina.


En las últimas jornadas de protestas protagonizadas por el sector estudiantil en demanda de una educación pública de calidad e inclusiva, encapuchados generaron desórdenes, quemas de autos y ataques a negocios, pero los jóvenes adjudicaron esas acciones a infiltrados que buscan desvirtuar el reclamo.

Estudiantes chilenos rechazan dialogar con el Congreso

La presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, ha confirmado este domingo que los estudiantes se han negado a dialogar con el Congreso debido a que el Gobierno no responde a sus demandas..

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Reacios por ver sus peticiones ignoradas, los manifestantes del país andino seguirán las movilizaciones hasta finales de agosto y las extenderían hasta el segundo semestre del año, en caso que la administración del presidente Sebastián Piñera, descuide sus peticiones referentes a reformas educativas, sobre todo la que se opone a la privatización de la enseñanza pública, según destaca Europa Press. 


Además, en una reunión de ocho horas con los representantes del Ejecutivo, Vallejo ha detallado que la posible prolongación de las manifestaciones "se ha ratificado por parte de muchas instancias, no solamente las universitarias, sino también por las secundarias". 


Una vez rechazada la propuesta de realizar un diálogo con el Congreso chileno, el presidente de esta entidad parlamentaria, Patricio Melero, ha reconocido que la decisión del sector estudiantil no era la prevista, pero que era respetada, aunque haya cuestionado la negativa de los dirigentes universitarios.

No obstante, "quiero manifestar que las sillas del Congreso siempre estarán disponibles para el diálogo y los acuerdos", ha recalcado Melero. 


El jueves, 18 del mes en curso habrá un paro nacional y "y se ratifica la convocatoria que ha realizado la CUT" (Central Unitaria de Trabajadores) estipulada para los días 24 y 25 de agosto. 


La educación pública en Chile está controlada por los municipios desde la dictadura del militar chileno Augusto Pinochet que ejerció un régimen de facto entre los años 1973 y 1990. 

La investigación de torturas durante la dictadura de Pinochet agrega 32 mil nuevos casos de chilenos torturados en dictadura

La chilena Comisión Valech sobre Prisión Política y Tortura, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), afirmó hoy que incorporará al menos 32 mil nuevos casos cometidos durante ese período.

Comisión Valech suma 32 mil casos de tortura en dictadura

El grupo de trabajo, que en su primer informe difundido en 2004 determinó que 27.255 chilenos sufrieron la tortura y la prisión por causas políticas durante el régimen militar, entregará este segundo dossier al presidente Sebastián Piñera, el próximo 17 de agosto.

El secretario general de la Comisión Valech, Claudio Herrera, dijo hoy a los periodistas que la idea de esta segunda edición es entregar reparación a aquellos chilenos que no alcanzaron a ser ingresados durante el período anterior, y reconsiderar los casos que no fueron acogidos.

El documento que consigna las denuncias a partir de mediados de febrero del año pasado, es considerado el cierre del proceso que se inició en 1990 con el Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

La Comisión presidida por el jurista Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 (fecha del golpe militar) hasta el 11 de marzo de 1990, cuando asumió Patricio Aylwin.

De hecho, durante su mandato (1990-1994), el presidente Aylwin recibió el Informe Rettig que estableció que durante el periodo analizado, 2.279 personas perdieron la vida, de los cuales 164 los clasificó como víctimas de la violencia política y 2.115 de violaciones a los derechos humanos, cifra que posteriormente cambió radicalmente.

Marco Enríquez denuncia intereses patrimoniales en la política exterior Chile

El excandidato presidencial chileno Marco Enriquez Ominami denunció hoy que el gobierno de Sebastián Piñera maneja la política exterior con intereses patrimoniales, y puso como ejemplo el diferente trato que a su juicio se da en las relaciones con Perú y Bolivia.

 

 Marco Enríquez-Ominami

 

"Hay una asimetría en las relaciones con Perú y con Bolivia. ¿Cuál será la asimetría? ¿Serán los 10.000 millones de dólares que hay en Perú y la falta de inversiones que tiene Chile en Bolivia?", planteó en un encuentro con corresponsales extranjeros.

A juicio de Enríquez Ominami -que en las elecciones de 2009 consiguió un 30 % de votos- "da la impresión de que una vez más la mirada del presidente es una mirada de intereses de patrimonio".

"¿Porque tenemos mucha plata en Perú es que estamos dispuestos a comernos La Haya peruana y no estamos dispuestos a comernos La Haya boliviana?", comentó en alusión a la demanda que presentó en 2007 el gobierno de Alan García ante la Corte Internacional de Justicia y el anuncio de Evo Morales de hacer lo propio con la reivindicación boliviana de tener una salida al mar.

"La política exterior de Chile en los últimos 18 meses se ha basado en hacer creer que hay una gran voluntad integradora", opinó el excandidato presidencial, quien actualmente impulsa una fundación y un partido de orientación progresista.

"Al lado del sorprendente voto de Piñera por Néstor Kirchner (como secretario general de la Unasur) hay un nivel de contradicción muy importante, que revela una agenda más económica que política", aseguró.
A juicio de Marco Enríquez, las difíciles relaciones entre Chile y Bolivia (que no mantienen vínculos diplomáticos) "se van a convertir en un tema mucho más relevante".

"La idea de suponer que Chile es impermeable a todo se va a empezar a caer a pedazos", consideró el excandidato, quien sostuvo que "está en juego también la economía del norte de Chile, que tiene vínculos relevantes con Bolivia".

El conflicto entre Chile y Bolivia se reactivó cuando en marzo pasado el presidente Evo Morales anunció que demandaría a Chile en los tribunales internacionales para hacer valer el derecho que en su opinión le corresponde a su país de contar con una saluda soberana al mar, como tenía antes de la guerra del Pacífico (1879).

Respecto a la situación política, marcada por un abrupto descenso en la popularidad del presidente Piñera y multitudinarias movilizaciones sociales, afirmó que "Chile es un país pobre en materia de derechos, que sigue estando en el club de los países desiguales y paupérrimos".

"Lo que estamos viendo hoy día no es el malestar de un grupo de consumidores o de usuarios del Transantiago (el sistema de transporte de la capital chilena), es bastante más que eso", aseveró.
En su opinión, la ruptura de los chilenos con el sistema político se explica, en gran medida, con problemas que han arraigado en la opinión pública de este país.

Entre éstos aludió al duopolio de los grandes bloques políticos, la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia, la reclamación de los derechos civiles, las reformas políticas y la exigencia de una educación pública.

"Nosotros hemos acompañado al movimiento social, estamos en la vanguardia", recalcó Enríquez Ominami, quien destacó que el Partido Progresista posee una visión innovadora, a caballo "entre una socialdemocracia mal aplicada (la Concertación) y una derecha que está en el reduccionismo más brutal del Estado".