Neymar entre Messi y Cristiano en la lucha por el Balón de Oro 2015

Como era de esperarse, este lunes se reveló el nombre del 'tercero en discordia' en el camino al Balón de Oro 2015 y resultó ser el brasileño, por su gran temporada con los blaugrana.

El argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar, ambos del Barcelona, y el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo optarán al Balón de Oro 2015, después de que la nómina de candidatos haya quedado reducida este lunes a tres, según ha anunciado la FIFA.

De los finalistas, el único que no ha obtenido aún el Balón de Oro es Neymar, que fuequinto en 2013. Messi ganó el galardón que distingue al mejor futbolista del mundo en un año natural en cuatro ocasiones (2009, 2010, 2011 y 2012), mientras que Cristiano Ronaldo, el vigente poseedor, en tres (2008, 2013 y 2014).

Neymar y sus palabras a la prensa

El delantero brasileño afirmó que el tridente ofensivo del Barcelona, que integra junto al argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, merece ocupar los tres primeros puestos del premio del Balón de Oro.

“Creo que sí merezco estar (entre los finalistas) por lo que estoy haciendo. Estaría feliz si el tridente estuviera entre los tres. Por toda la historia que estamos haciendo, por lo que estamos conquistando, los tres deberían de estar ahí”, dijo Neymar en una entrevista a la prensa de Brasil.

No obstante, consideró que ese tipo de reconocimientos no le importan, pues para él lo fundamental es “disputar competiciones y ganarlas“.



“Nunca jugué para ser el mejor del mundo o por el Balón de Oro. Siempre jugué para ser mejor que yo mismo, para superar siempre mis metas, siempre siendo mejor. Jugando mejor, entrenando mejor. Ser el mejor del mundo es consecuencia de ese trabajo. Si hablan de eso hoy es porque mi trabajo va bien”, comentó.

Los beneficios de Codelco Chile caen un 47 por ciento

Los beneficios de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) de Chile sumaron 1.218 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, un 47,0 % menos que los 2.300 millones alcanzados en igual período de 2014, informó hoy la compañía, principal productora mundial de cobre.

Presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro.

La caída, explicó Codelco, responde principalmente a una baja del 13,0 % en los ingresos por ventas, causada por una merma interanual del 17,9 % del precio internacional del cobre, lo que fue compensado parcialmente por una disminución de los costos de ventas.

Cada centavo de dólar en el precio del cobre, que actualmente ronda los 2,10 dólares por libra, representa 36 millones de dólares en los ingresos por ventas de Codelco.

Por ley, Codelco debe entregar todos sus excedentes al Fisco chileno y un 10,0 % de sus ventas a las Fuerzas Armadas para la adquisición de equipos militares.

El presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, afirmó al entregar los datos que sin el plan de reducción de costos que emprendió la estatal, "los excedentes habrían llegado sólo a 29 millones de dólares".

"El plan de reducción de costos tenía una meta de 1.000 millones (de dólares) para 2015 y a la fecha alcanza a 1.189 millones, es decir, un 119 % de cumplimiento", destacó.

A las menores ingresos por ventas se agrega un resultado también inferior de participaciones en filiales y coligadas, atenuado en parte por las ganancias obtenidas por la subida del tipo de cambio y la variación positiva experimentada por el efecto neto de otros ingresos registrado en este período.

En los primeros nueve meses de 2015, la producción de Coddlco alcanzó a 1.259.000 toneladas de cobre fino, que suponen un aumento del 2,3 % en comparación con igual período de 2014.

A nivel de yacimientos, aumentaron su producción Ministro Hales (58,2 %), Gabriela Mistral (7,5 %) y El Teniente (4,6 %), mientras disminuyeron su producción las minas Salvador (-22,4 %), Chuquicamata (18,0 %) y Andina (1,5 %).

En cuanto a los costos, según se puede ver en sus estados financieros, el costo directo de producción llegó a 1,382 por libra, que suponen una disminución del 10,1 % respecto del período enero- septiembre de 2014.

En tanto, los costos totales se redujeron un 15,1 % interanual y el costo neto a cátodo un 12,4 %, lo que según Pizarro deja en evidencia la efectividad del plan de reducción de costos, en el que también contribuyó la evolución de la paridad cambiaria y menores precios de la energía y combustible.

Nelson Pizarro anunció que en las próximas semanas se dará a conocer un nuevo plan destinado a mejorar la competitividad de la empresa, a través de la optimización de procesos, innovación y mejores prácticas.

Brasil: detienen al principal senador del gobernante PT en el creciente escándalo Petrobras

El líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado brasileño, Delcídio Amaral, fue detenido este miércoles acusado de intentar obstruir las investigaciones del cada vez mayor escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Se trata de la primera vez que un senador brasileño va preso mientras ejerce el cargo, para lo cual la Constitución exige expresamente que sea descubierto en flagrante.

El arresto de Amaral en Brasilia fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF), ante una denuncia de la Fiscalía de que ofreció un pago mensual a un exdirector de Petrobras para que guardara silencio, informó el ministro de esa corte, Teori Zavascki.

El propio Senado brasileño tendrá que pronunciarse ahora sobre el mantenimiento de la prisión de Amaral, de acuerdo a las normas constitucionales del país.



La policía brasileña también detuvo este miércoles al banquero André Esteves, en el marco de la causa de sobornos en Petrobras que ya salpicó a varios políticos y empresarios poderosos del país y desplomó el apoyo que tenía la presidenta Dilma Rousseff.



Esteves, que logró convertir a BTG Pactual en uno de los mayores bancos independientes de inversión en Latinoamérica, es considerado uno de los hombres más ricos de Brasil.

BTG Pactual señaló en un comunicado que va a colaborar con las investigaciones, mientras la defensa del senador Amaral indicó a medios locales que se informaría de los motivos de su prisión antes de manifestarse.

A 10 años de la sentencia del caso Palamara: el Estado de Chile mantiene deudas en materia de justicia militar

El 22 noviembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado chileno tras una denuncia interpuesta por el ciudadano Humberto Palamara Iribarne, quien en 1993 -cuando se desempeñaba como funcionario de la Armada- intentó publicar un libro sobre inteligencia militar y parámetros éticos, lo que fue impedido por la institución castrense argumentando que este atentaba contra la seguridad nacional.

Caso Palamara: Corte Interamericana de DDHH condena al Estado chileno

Así, la Armada destruyó las copias físicas y digitales de la publicación y procesó legalmente al afectado, condenándolo a través de la justicia militar. Lo anterior fue considerado por la defensa de Palamara como atentatorio a la libertad de pensamiento, expresión y a la propiedad privada, por lo que decidió llevar al caso a la Corte IDH, la que finalmente falló contra el Estado chileno.

A una década de conocido la sentencia siguen vigentes las normas que de manera amplia otorgan competencia a los tribunales militares chilenos y que son contrarias a los estándares internacionales.

Esto constituye una deuda del Estado de Chile respecto de la sentencia dictada por la Corte, la cual dictaminó que se debía adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta se limite sólo al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Adjuntamente la Corte IDH ordenó al Estado chileno garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares.

Lo anterior ha suscitado la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la cual ha sido expresada en sus informes anuales de derechos humanos y en otros informes en derecho.

Dentro de los puntos de preocupación abordados por el Instituto se encuentra que el Código de Justicia Militar no juzga sólo a militares sino también a funcionarios/as de Carabineros (policía) y personal civil de planta de las instituciones militares. Además, tiene competencia para conocer de casos en que las víctimas son civiles.

Inquieta también al INDH que la estructura orgánica de los tribunales militares no ha sido modificada, sin acatarse hasta la fecha lo ordenado por la Corte IDH, que ordenó modificar su estructura a fin de que garantice su imparcialidad e independencia. Del mismo modo, el proceso ante la justicia militar continúa siendo el mismo, lo cual podría constituir una violación a las garantías de debido proceso tanto para las víctimas como para los propios inculpados.

La devolución de los mil ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” a su autor, ocupó poco espacio en la prensa. Sólo breves notas. Es curioso que una nada pequeña victoria

Desde el establecimiento del INDH la estructura procesal y funcionamiento de la justicia castrense ha sido objeto de análisis y preocupación, especialmente por las vulneraciones al derecho a un debido proceso. El INDH ha relevado la necesidad de modificar la justicia militar, y ha recomendado al Poder Ejecutivo y Legislativo desarrollar una reforma de manera de circunscribir la competencia de los juzgados militares al conocimiento de delitos cometidos por personal militar, en recintos militares, en cumplimiento de funciones militares y por delitos militares.

Si bien el INDH valora la reforma realizada en el año 2010, que excluyó del ámbito de competencia de los tribunales militares el juzgamiento de civiles y menores de edad cuando tienen la calidad de imputados, ésta es insuficiente a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

Chile:El expresidente del fútbol chileno mantenía dinero en las Islas Vírgenes

Sergio Jadue, que renunció a la presidencia del fútbol chileno, mantenía dinero de sobornos en una sociedad afincada en las Islas Vírgenes.

Sergio Jadue, expresidente del fútbol chileno y que se entregó a la justicia de EE.UU. por su implicación en la arista sudamericana de lacorrupción en la FIFA, mantenía dinero procedente de sobornos en una sociedad afincada en las Islas Vírgenes, según publica hoy la prensa.

Según la publicación, Jadue creó en ese paraíso fiscal una sociedad que tenía por objeto mover volúmenes significativos de dinero.

Jadue renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) mientras la selección de Chile jugaba en Montevideo contra Uruguay (3-0) el pasado jueves, dejando una carta en la que consideraba una "misión cumplida" su gestión al frente del organismo, iniciada en 2011.

El exdirigente, que siempre negó cualquier implicación en los sobornos del fútbol internacional, se entregó finalmente a la justicia estadounidense el pasado miércoles con el objeto de colaborar en la investigación y disminuir la pena que recibirá, que podría fluctuar entre tres y cinco años de libertad vigilada.

Aparentemente, el chileno de 36 años fue delatado por otros implicados en la trama que ya han sido imputados o extraditados a EE.UU., como el empresario argentino Alejandro Burzaco, dueño de la compañía Datisa, acusada de pagar sobornos, o el uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y expresidente de la Conmebol.

De acuerdo con la prensa, los movimientos de dinero fueron detectados hace varios meses por las pesquisas de Loretta Lynch, la fiscal estadounidense que investiga la corrupción en la FIFA y los sobornos de la empresa Datisa a dirigentes de la Conmebol a fin de hacerse con los derechos de televisión de varias ediciones de la Copa América.

En las Islas Vírgenes, Jadue operaba a través de Amicorp, una empresa dedicada a las asesorías de inversiones, en la que el dirigente simuló que el dinero correspondía a los pagos por sus funciones como vicepresidente de la Conmebol.

Esa plata, según la revista, nunca pasó por Chile, lo que explicaría porque las auditorías realizadas en el país a las finanzas de la ANFP y de Jadue tuvieron resultados negativos.El dinero, aparentemente, corresponde a los 1,5 millones de dólares que habrían sido pagados por Datisa, entre junio y septiembre de 2013, a dirigentes de las federaciones afiliadas a la Conmebol.

Datisa fue creada para unir los intereses comerciales de las empresas Traffic, Torneos y Competencias y Full Play en 2013, con el fin de asegurarse los contratos de comercialización y los derechos de televisión de las Copas América de 2015, 2016 (Centenario), 2019 y 2023.

La fachada de honorabilidad levantada por Jadue comenzó a desmoronarse el pasado 12 de noviembre, cuando fue abordado por los periodistas en el aeropuerto de Santiago después de un viaje a Brasil del que no informó ni a sus colaboradores más cercanos. Unas horas más tarde el entonces mandamás se ausentó del partido de Chile ante Colombia (1-1) en el Estadio Nacional y la ANFP explicó que había tomado una licencia médica de 30 días que lo alejaría temporalmente del organismo.

Este miércoles, con Jadue instalado en EE.UU., la ANFP oficializó su renuncia y la fundamentó en las explicaciones poco convincentes que entregó al directorio del organismo sobre los rumores de su implicación en los casos de corrupción.

La ANFP debe convocar ahora a elecciones para elegir a un nuevo presidente, mientras los compañeros de ruta de Sergio Jadue aseguran que nada sabían de las maniobras de su líder.

Demandan por 500 millones dólares a firmas involucradas en colusión en Chile

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó ante la Justicia chilena la primera demanda colectiva por más de 500 millones de dólares contra dos empresas fabricantes de papel acusadas de colusión en el llamado “cartel del papel”.

En este recurso, se pide a las compañías CMPC y SCA (exPISA), que indemnicen a los consumidores afectados, los cuales fueron perjudicados entre 2000 y 2011, con alrededor de 510 millones de dólares, según fuentes judiciales.

“El fundamento de la demanda se basa en el hecho que se ha engañado a los consumidores en el precio de los productos, los que han debido pagar un mayor precio”, dijo el abogado que representa a la corporación, Andrés Parra.

Conadecus adjuntó en su querella dos estudios económicos, hechos por execonomistas de la Fiscalía Nacional Económica, que proyectaron los daños provocados a la ciudadanía por la asociación entre las empresas.

El primero de ellos cifró en 510 millones de dólares el daño ocasionado a los consumidores, mientras que el segundo, establece un monto de 465 millones de dólares de perjuicio.

En cuanto a la forma que pagarán las papeleras a los consumidores, otro de los abogados querellantes, Mario Bravo, señaló a los periodistas que esto se realizará “a través del mecanismo que el tribunal determine”.

De acuerdo a lo que explica el jurista, “no hay que esperar un fallo ejecutoriado para pedir indemnizaciones, porque CMPC y SCA ya confesaron haberse coludido”.

Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) señaló que continuará con la mediación colectiva con CMPC y no descarta tomar acciones judiciales en contra de la papelera.

Según una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las firmas CMPC Tissue y SCA Chile se coludieron entre los años 2000 y 2011 para fijar cuotas de mercado y precios al papel higiénico, toallas, servilletas y otros productos tissue.


Hace algunos días, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en primera instancia un proyecto de ley que establece penas de cárcel por cartel de precios y eleva las multas económicas a los infractores.

La iniciativa, que ahora deberá ser votada en el Senado, busca castigar mediante condenas de cinco hasta diez años de prisión a quienes celebren, implementen, ejecuten u organicen estos ilícitos.

Chile: Cárcel efectiva para la colusión es discutida por la Sala

Los parlamentarios manifestaron su interés de refundir tres mociones que han sido trabajadas por las comisiones de Constitución y Economía, con un mensaje que viene de la Cámara Baja, que pretende fortalecer la defensa de la libre competencia.

Mediante tres proyectos en tabla, los congresistas presentes en la Sesión Ordinaria debatieron acerca de necesidad de sancionar con cárcel efectiva a aquellas personas que se coluden, considerando que las multas afectan a personas jurídicas y no naturales.



En primer lugar, por unanimidad –35 votos-, la Sala aprobó el articulado del proyecto que sanciona penalmente la colusión , texto que fue estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En este caso, la Cámara Baja deberá estudiar la propuesta dando lugar a su segundo trámite.

Luego, se despachó con 18 votos a favor la norma que impone penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión. 

La propuesta fue revisada por los integrantes de la Comisión de Economía.



Finalmente, se abrió la discusión del texto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía en lo relativo al delito de colusión.

También esta iniciativa fue visada en general por la Comisión de Economía.



Los legisladores manifestaron su interés de refundir estas mociones con el mensaje que viene de la Cámara Baja . Esta norma que fija normas que fortalecen la defensa de la libre competencia será analizada en los próximos días, por las comisiones de Constitución, Economía y Hacienda, en su caso.

PROYECTO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN


El proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Alberto Espina, José García y Antonio Horvath y de los ex senadores Carlos Cantero y Andrés Chadwick, tiene por objeto reponer una sanción penal respecto de quienes se coludan para infringir las normas que resguardan la libre competencia, que fuera eliminada con motivo de la dictación de la ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Contenido del proyecto:

- Sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (de 5 a 10 años) al que celebre, ejecute u ordene celebrar acuerdos con uno o más de sus competidores, con la finalidad de fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, y órganos públicos.



- Dispone que el tribunal determinará la sanción aplicable en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, sin que la sanción definitiva pueda ser inferior o superior a la señalada por la ley al delito.



- Establece que de proceder la aplicación de una pena sustitutiva, ésta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad con la que fuere sancionado.

- Beneficia con la rebaja en un grado de la pena que corresponda, al acusado que haya cooperado sustancialmente con la investigación. El que aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de las conductas de colusión señaladas y a la determinación de sus responsables, quedará exento de responsabilidad penal por estos hechos.



- Dispone que las investigaciones de los hechos constitutivos de colusión, sólo podrán ser iniciadas por el Ministerio Público previa denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica, lo que no inhibirá al Tribunal de Defensa la Libre Competencia para conocer o continuar conociendo y fallar las situaciones que sean de su competencia.



- Sustituye la fórmula de determinación de la multa que se podrá aplicar en la sentencia definitiva, pasando de una suma fija expresada en UTA (hasta 30.000), a una cantidad equivalente de hasta dos veces el beneficio económico obtenido por el infractor, cuando aquel puede ser determinado por el Tribunal. En caso contrario, ella corresponderá al 30% de las ventas del infractor en el período durante el cual haya perdurado su conducta ilícita.



- Impone otras penas accesorias a quienes incurran en estas conductas de colusión, como las de inhabilidades para ejercer cargos gerenciales, o la prohibición de contratar a cualquier título con órganos públicos o empresas públicas.



- Regula la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar, con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada.

EL DEBATE

Durante la discusión hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, José García Ruminot, Alberto Espina, Eugenio Tuma, Rabindranath Quinteros, Iván Moreira, Carolina Goic, Pedro Araya, Hernán Larraín, Felipe Harboe, Jacqueline Van Rysselberghe, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Lily Pérez San Martín y Ricardo Lagos Weber. Al término de la votación intervino el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.



DE URRESTI

“En la Comisión de Constitución hemos hecho un exhaustivo estudio del proyecto realizando diversas sesiones. Los coludidos son personas educadas que se burlan de la legislación, por lo que queremos llevar a efecto una dura persecución penal. Los cambios que realizamos son varios, por ejemplo, respecto a las multas y el cumplimiento de cárcel efectiva”.



GARCÍA RUMINOT

“Este proyecto lo que se hace es subir la penalización a los actos que impiden la libre competencia, lo que generan graves daños a los consumidores, sobre todo cuando se trata de productos de primera necesidad. Este proyecto no solo establece la pena de cárcel, sino también la inhabilidad de ser administrador de una sociedad mercantil”.



ESPINA

“Hemos hecho un trabajo profesional de fondo con el apoyo de la fiscalía y las universidades. El acto de colusión es uno donde se defrauda la fe pública, es gravísimo. Se establece una sanción con pena de 3 años y un día, a 10 años, pero la gracia es que acá el juez deberá moverse solo en el rango de la pena, y en el caso de existir medidas alternativas, el coludido debe cumplir a lo menos un año de prisión”.



TUMA

“Cuando se priva a una persona de elegir considerando el precio de un producto, estamos frente a un acto de crueldad. Es un atentado contra los consumidores más vulnerables. Existe la sensación que en estos delitos de cuello y corbata, nadie va a la cárcel. Vamos a seguir trabajando en las otras iniciativas que estamos discutiendo, y esperamos sirvan de insumo al proyecto del Gobierno que es más integral”.



QUINTEROS

“Es grave lo que ha ocurrido en el mercado de las farmacias, los pollos y el papel. Los más pobres son los más afectados. Los fondos de pensiones han caído a raíz de esto, mientras que los ejecutivos coludidos han mantenido sus ganancias bursátiles. No quiero más impunidad en mi país, apoyo la agenda corta que la combate. El proyecto del Gobierno es el que otorga una respuesta más completa”.



MOREIRA

“La libre competencia es el pilar esencial del sistema de libre mercado, de allí que la colusión sea el acto más dañino. Es necesario establecer mecanismos de disuasión para evitar que el mercado se destruya de esta manera. Se incorpora acá la posibilidad de criminalizar este delito. Este proyecto fue trabajado con la mesura necesaria porque no nació al calor de la contingencia”.



GOIC

“Quiero recordar que hace años presentamos el primer proyecto que sancionaba esta práctica. Se trataba del primer cartel que se desbarató y que afectó a los precios de los medicamentos. Tenemos tres cadenas que controlan este mercado. Queremos tener penas acordes a la falta y que nos permitan devolver la confianza que han perdido los consumidores”.



ARAYA

“Esto de conductas mucho más frecuentes de lo que creemos. Para las empresas existe una falta de incentivos para actuar correctamente. Hay facilidad para concentrarse y generar carteles. Hace años se eliminó la pena de cárcel, que hoy buscamos reponer. Se creía que las meras multas eran suficientes, pero la realidad nos ha demostrado que no”.



LARRAÍN

“No existen los mercados perfectos y estos están expuestos a errores y manipulaciones. La libre competencia garantiza que los mercados operen y acá queremos resguardar este principio. Cuando éste es dañado, es el consumidor el que paga los costos. La primera ley fue la del presidente Alessandri. De ahí en adelante han surgido otras propuestas que responden a distintas maneras de atacar este delito”.



HARBOE

“La correcta intervención del Estado en la libre competencia, es necesaria y justa. Hay casos, como el de la colusión, donde es necesario el combate a las malas prácticas. El Estado debe dar una respuesta estable y concreta que partió con la creación del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica”.



VAN RYSSELBERGHE

“Siempre debe haber transparencia y un mercado regulado. Se está castigando con cárcel y aumentando las multas para quienes buscar terminar con la competencia. Creo en un sistema de libertades donde los pequeños tengan derecho a crecer. Ver por televisión que las grandes empresas que se coluden y participan en la delación compensada, no tienen ningún tipo de sanción, los que no somos abogados, no lo entendemos”.



GIRARDI

“Las farmacias debieron reconocer que eran responsables de colusión. Hay 15 ejecutivos formalizados por esto. Tal vez lo peor que se puede hacer en esta materia es jugar con los precios de productos tan básicos como los medicamentos. Hoy las multas las pagan las empresas, pero debe haber un desincentivo para quien se colude, y eso se hace estableciendo una sanción penal”.



NAVARRO

“La FNE no tiene capacidad jurídica porque tienen pocos abogados. El propio fiscal nacional reconoce que es una institución pequeña y es casi imposible perseguir carteles con efectividad. La autoridad reconoció que en Estados Unidos, los ejecutivos medios son los que caen en la cárcel. Espero que acá esto sea distinto y se encarcele al dueño de la empresa implicada”.



PÉREZ SAN MARTÍN

“La colusión es un insulto para quienes creemos en la libertad económica. Reconozco que el proyecto del Ejecutivo resume bastante bien lo que hemos trabajado, pensando en la sanciones. A mí me llama la atención el tema de las marcas axiomáticas. ¿Por qué no sancionar a los coludidos con la pérdida de la marca? Creo que debemos estudiar medidas que desalienten los monopolios”.



LAGOS WEBER

“En la economía de mercado se busca incrementar el capital. Para que eso funcione bien, se requiere espacio para que las personas se desarrollen, pero no significa que el Estado no cumpla el rol que le corresponde que es regular. Este es el proyecto más completo, incluso mejor que una de las mociones que presenté y está en tabla hoy”.


PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA



ABREN PLAZO DE INDICACIONES


Asimismo, la Sala aprobó en general la moción, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto definitivo, refundido y sistematizado del decreto ley N° 211, para imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión.



Para el texto legal se fijó plazo de indicaciones hasta el día lunes 30 de noviembre a las 12:00 horas y cabe recordar que fue presentado por los senadores Eugenio Tuma, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Jaime Quintana.



El proyecto contempla:



- Sanciona con pena de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días a 5 años) y una multa a beneficio fiscal de hasta 30.000 UTA ($ 1.611.936.000) a quienes ejecuten o hubieren ordenado la ejecución de actos de colusión que afecte la libre competencia respecto de bienes o servicios de primera necesidad.



- La colusión sancionada deberá consistir en acuerdos expresos o tácitos celebrados entre agentes económicos, o prácticas concertadas entre ellos, mediante los cuales se fijen precios de venta o de compra de bienes o servicios de primera necesidad, se limite su producción o se asignen zonas o cuotas de mercado.



- Si la colusión fuere realizada por empresas, a través de sus gerentes, mandatarios, trabajadores o asesores, sin perjuicio de castigar a los autores, cómplices o encubridores, tal empresa será sancionada con su disolución por el sólo ministerio de la ley, tan pronto se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria.



- Se entenderán cometidas en Chile las conductas de colusión realizadas mediante un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional, aun cuando se hubieren iniciado en el extranjero.



El senador Tuma explicó que la norma comprarte el espíritu del primer proyecto aprobado y "esperamos reponer las penas de prisión para quienes se coluden y quienes actúan en contra, no solo de los consumidores, sino que de los competidores (…). Cuando hay dictamen de colusión queremos que automáticamente se den las condiciones de presentarse una demanda colectiva para reparación del daño a los consumidores".



En otro orden si bien valoró la iniciativa y anunció su voto a favor, el senador Chahuán solicitó que los miembros de la Comisión de Economía revisen los proyectos y los fusionen si coinciden. "Hay proyectos presentados con mucha antelación y son solo algunos los que tienen trámite; se debe aplicar generosidad. Quiero preguntar qué pasó con el proyecto, de iguales características, que yo presenté 6 meses antes, pero no tuvo suerte de ser discutido".



En tanto, el senador Larraín compartió los lineamientos generales de la norma, "pero, sin embargo, leyéndolo es fácil advertir que se debe tener una mirada más detenida, para ver el tipo penal, para dar mayores precisiones y tener en cuenta el problema de la multa fijas, porque en algunos casos pueden ser insuficientes y podría ser un buen negocio en algunos casos para las empresas; además es importante ver la relación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público".



VOTACIÓN PENDIENTE



Por último, la Cámara Alta se abocó a analizar en general la moción de los senadores Ossandón y Tuma, que -igualmente- tiene por objeto introducir diversas modificaciones al ilícito de la colusión, incorporando penas privativas de libertad y aumentando las multas.



No obstante, la votación de la iniciativa legal quedó pendiente, pero se aclaró que busca, entre otros, consagrar penas privativas de libertad para los involucrados en el ilícito de la colusión, con cumplimiento efectivo de la condena. De esta forma, a los directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo, en cualquier grado de participación, se les aplicarán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).



Además se establece una agravante especial cuando los efectos de la colusión recaigan sobre determinado tipo de bienes de primera necesidad o servicios básicos, aumentando la pena en un grado, si la colusión recae sobre alimentos, prestaciones de salud, medicamentos, servicios educacionales y unidades habitacionales.

Durante el debate el senador Tuma aclaró que la norma plantea que "los atenuantes no sean considerados por el juez, abriendo una gran posibilidad para que la sociedad vea que en estos delitos tan graves habrá verdaderas sanciones".



Por último, el senador Moreira recordó que en variadas oportunidades ha manifestado públicamente su apoyo a estas iniciativas "y votaré a favor, independiente que se puedan fusionar o presentar indicaciones; sin embargo, quiero expresar algunas aprensiones, como que este proyecto se generó a días de denunciado el escándalo". A juicio del parlamentario, sería conveniente refundir los proyectos para mejorar su tramitación.