La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó ante la Justicia chilena la primera demanda colectiva por más de 500 millones de dólares contra dos empresas fabricantes de papel acusadas de colusión en el llamado “cartel del papel”.
En este recurso, se pide a las compañías CMPC y SCA (exPISA), que indemnicen a los consumidores afectados, los cuales fueron perjudicados entre 2000 y 2011, con alrededor de 510 millones de dólares, según fuentes judiciales.
“El fundamento de la demanda se basa en el hecho que se ha engañado a los consumidores en el precio de los productos, los que han debido pagar un mayor precio”, dijo el abogado que representa a la corporación, Andrés Parra.
Conadecus adjuntó en su querella dos estudios económicos, hechos por execonomistas de la Fiscalía Nacional Económica, que proyectaron los daños provocados a la ciudadanía por la asociación entre las empresas.
El primero de ellos cifró en 510 millones de dólares el daño ocasionado a los consumidores, mientras que el segundo, establece un monto de 465 millones de dólares de perjuicio.
En cuanto a la forma que pagarán las papeleras a los consumidores, otro de los abogados querellantes, Mario Bravo, señaló a los periodistas que esto se realizará “a través del mecanismo que el tribunal determine”.
De acuerdo a lo que explica el jurista, “no hay que esperar un fallo ejecutoriado para pedir indemnizaciones, porque CMPC y SCA ya confesaron haberse coludido”.
Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) señaló que continuará con la mediación colectiva con CMPC y no descarta tomar acciones judiciales en contra de la papelera.
Según una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las firmas CMPC Tissue y SCA Chile se coludieron entre los años 2000 y 2011 para fijar cuotas de mercado y precios al papel higiénico, toallas, servilletas y otros productos tissue.
Hace algunos días, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en primera instancia un proyecto de ley que establece penas de cárcel por cartel de precios y eleva las multas económicas a los infractores.
La iniciativa, que ahora deberá ser votada en el Senado, busca castigar mediante condenas de cinco hasta diez años de prisión a quienes celebren, implementen, ejecuten u organicen estos ilícitos.
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