A 10 años de la sentencia del caso Palamara: el Estado de Chile mantiene deudas en materia de justicia militar

El 22 noviembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado chileno tras una denuncia interpuesta por el ciudadano Humberto Palamara Iribarne, quien en 1993 -cuando se desempeñaba como funcionario de la Armada- intentó publicar un libro sobre inteligencia militar y parámetros éticos, lo que fue impedido por la institución castrense argumentando que este atentaba contra la seguridad nacional.

Caso Palamara: Corte Interamericana de DDHH condena al Estado chileno

Así, la Armada destruyó las copias físicas y digitales de la publicación y procesó legalmente al afectado, condenándolo a través de la justicia militar. Lo anterior fue considerado por la defensa de Palamara como atentatorio a la libertad de pensamiento, expresión y a la propiedad privada, por lo que decidió llevar al caso a la Corte IDH, la que finalmente falló contra el Estado chileno.

A una década de conocido la sentencia siguen vigentes las normas que de manera amplia otorgan competencia a los tribunales militares chilenos y que son contrarias a los estándares internacionales.

Esto constituye una deuda del Estado de Chile respecto de la sentencia dictada por la Corte, la cual dictaminó que se debía adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta se limite sólo al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Adjuntamente la Corte IDH ordenó al Estado chileno garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares.

Lo anterior ha suscitado la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la cual ha sido expresada en sus informes anuales de derechos humanos y en otros informes en derecho.

Dentro de los puntos de preocupación abordados por el Instituto se encuentra que el Código de Justicia Militar no juzga sólo a militares sino también a funcionarios/as de Carabineros (policía) y personal civil de planta de las instituciones militares. Además, tiene competencia para conocer de casos en que las víctimas son civiles.

Inquieta también al INDH que la estructura orgánica de los tribunales militares no ha sido modificada, sin acatarse hasta la fecha lo ordenado por la Corte IDH, que ordenó modificar su estructura a fin de que garantice su imparcialidad e independencia. Del mismo modo, el proceso ante la justicia militar continúa siendo el mismo, lo cual podría constituir una violación a las garantías de debido proceso tanto para las víctimas como para los propios inculpados.

La devolución de los mil ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” a su autor, ocupó poco espacio en la prensa. Sólo breves notas. Es curioso que una nada pequeña victoria

Desde el establecimiento del INDH la estructura procesal y funcionamiento de la justicia castrense ha sido objeto de análisis y preocupación, especialmente por las vulneraciones al derecho a un debido proceso. El INDH ha relevado la necesidad de modificar la justicia militar, y ha recomendado al Poder Ejecutivo y Legislativo desarrollar una reforma de manera de circunscribir la competencia de los juzgados militares al conocimiento de delitos cometidos por personal militar, en recintos militares, en cumplimiento de funciones militares y por delitos militares.

Si bien el INDH valora la reforma realizada en el año 2010, que excluyó del ámbito de competencia de los tribunales militares el juzgamiento de civiles y menores de edad cuando tienen la calidad de imputados, ésta es insuficiente a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

Chile:El expresidente del fútbol chileno mantenía dinero en las Islas Vírgenes

Sergio Jadue, que renunció a la presidencia del fútbol chileno, mantenía dinero de sobornos en una sociedad afincada en las Islas Vírgenes.

Sergio Jadue, expresidente del fútbol chileno y que se entregó a la justicia de EE.UU. por su implicación en la arista sudamericana de lacorrupción en la FIFA, mantenía dinero procedente de sobornos en una sociedad afincada en las Islas Vírgenes, según publica hoy la prensa.

Según la publicación, Jadue creó en ese paraíso fiscal una sociedad que tenía por objeto mover volúmenes significativos de dinero.

Jadue renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) mientras la selección de Chile jugaba en Montevideo contra Uruguay (3-0) el pasado jueves, dejando una carta en la que consideraba una "misión cumplida" su gestión al frente del organismo, iniciada en 2011.

El exdirigente, que siempre negó cualquier implicación en los sobornos del fútbol internacional, se entregó finalmente a la justicia estadounidense el pasado miércoles con el objeto de colaborar en la investigación y disminuir la pena que recibirá, que podría fluctuar entre tres y cinco años de libertad vigilada.

Aparentemente, el chileno de 36 años fue delatado por otros implicados en la trama que ya han sido imputados o extraditados a EE.UU., como el empresario argentino Alejandro Burzaco, dueño de la compañía Datisa, acusada de pagar sobornos, o el uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y expresidente de la Conmebol.

De acuerdo con la prensa, los movimientos de dinero fueron detectados hace varios meses por las pesquisas de Loretta Lynch, la fiscal estadounidense que investiga la corrupción en la FIFA y los sobornos de la empresa Datisa a dirigentes de la Conmebol a fin de hacerse con los derechos de televisión de varias ediciones de la Copa América.

En las Islas Vírgenes, Jadue operaba a través de Amicorp, una empresa dedicada a las asesorías de inversiones, en la que el dirigente simuló que el dinero correspondía a los pagos por sus funciones como vicepresidente de la Conmebol.

Esa plata, según la revista, nunca pasó por Chile, lo que explicaría porque las auditorías realizadas en el país a las finanzas de la ANFP y de Jadue tuvieron resultados negativos.El dinero, aparentemente, corresponde a los 1,5 millones de dólares que habrían sido pagados por Datisa, entre junio y septiembre de 2013, a dirigentes de las federaciones afiliadas a la Conmebol.

Datisa fue creada para unir los intereses comerciales de las empresas Traffic, Torneos y Competencias y Full Play en 2013, con el fin de asegurarse los contratos de comercialización y los derechos de televisión de las Copas América de 2015, 2016 (Centenario), 2019 y 2023.

La fachada de honorabilidad levantada por Jadue comenzó a desmoronarse el pasado 12 de noviembre, cuando fue abordado por los periodistas en el aeropuerto de Santiago después de un viaje a Brasil del que no informó ni a sus colaboradores más cercanos. Unas horas más tarde el entonces mandamás se ausentó del partido de Chile ante Colombia (1-1) en el Estadio Nacional y la ANFP explicó que había tomado una licencia médica de 30 días que lo alejaría temporalmente del organismo.

Este miércoles, con Jadue instalado en EE.UU., la ANFP oficializó su renuncia y la fundamentó en las explicaciones poco convincentes que entregó al directorio del organismo sobre los rumores de su implicación en los casos de corrupción.

La ANFP debe convocar ahora a elecciones para elegir a un nuevo presidente, mientras los compañeros de ruta de Sergio Jadue aseguran que nada sabían de las maniobras de su líder.

Demandan por 500 millones dólares a firmas involucradas en colusión en Chile

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó ante la Justicia chilena la primera demanda colectiva por más de 500 millones de dólares contra dos empresas fabricantes de papel acusadas de colusión en el llamado “cartel del papel”.

En este recurso, se pide a las compañías CMPC y SCA (exPISA), que indemnicen a los consumidores afectados, los cuales fueron perjudicados entre 2000 y 2011, con alrededor de 510 millones de dólares, según fuentes judiciales.

“El fundamento de la demanda se basa en el hecho que se ha engañado a los consumidores en el precio de los productos, los que han debido pagar un mayor precio”, dijo el abogado que representa a la corporación, Andrés Parra.

Conadecus adjuntó en su querella dos estudios económicos, hechos por execonomistas de la Fiscalía Nacional Económica, que proyectaron los daños provocados a la ciudadanía por la asociación entre las empresas.

El primero de ellos cifró en 510 millones de dólares el daño ocasionado a los consumidores, mientras que el segundo, establece un monto de 465 millones de dólares de perjuicio.

En cuanto a la forma que pagarán las papeleras a los consumidores, otro de los abogados querellantes, Mario Bravo, señaló a los periodistas que esto se realizará “a través del mecanismo que el tribunal determine”.

De acuerdo a lo que explica el jurista, “no hay que esperar un fallo ejecutoriado para pedir indemnizaciones, porque CMPC y SCA ya confesaron haberse coludido”.

Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) señaló que continuará con la mediación colectiva con CMPC y no descarta tomar acciones judiciales en contra de la papelera.

Según una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las firmas CMPC Tissue y SCA Chile se coludieron entre los años 2000 y 2011 para fijar cuotas de mercado y precios al papel higiénico, toallas, servilletas y otros productos tissue.


Hace algunos días, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en primera instancia un proyecto de ley que establece penas de cárcel por cartel de precios y eleva las multas económicas a los infractores.

La iniciativa, que ahora deberá ser votada en el Senado, busca castigar mediante condenas de cinco hasta diez años de prisión a quienes celebren, implementen, ejecuten u organicen estos ilícitos.

Chile: Cárcel efectiva para la colusión es discutida por la Sala

Los parlamentarios manifestaron su interés de refundir tres mociones que han sido trabajadas por las comisiones de Constitución y Economía, con un mensaje que viene de la Cámara Baja, que pretende fortalecer la defensa de la libre competencia.

Mediante tres proyectos en tabla, los congresistas presentes en la Sesión Ordinaria debatieron acerca de necesidad de sancionar con cárcel efectiva a aquellas personas que se coluden, considerando que las multas afectan a personas jurídicas y no naturales.



En primer lugar, por unanimidad –35 votos-, la Sala aprobó el articulado del proyecto que sanciona penalmente la colusión , texto que fue estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En este caso, la Cámara Baja deberá estudiar la propuesta dando lugar a su segundo trámite.

Luego, se despachó con 18 votos a favor la norma que impone penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión. 

La propuesta fue revisada por los integrantes de la Comisión de Economía.



Finalmente, se abrió la discusión del texto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía en lo relativo al delito de colusión.

También esta iniciativa fue visada en general por la Comisión de Economía.



Los legisladores manifestaron su interés de refundir estas mociones con el mensaje que viene de la Cámara Baja . Esta norma que fija normas que fortalecen la defensa de la libre competencia será analizada en los próximos días, por las comisiones de Constitución, Economía y Hacienda, en su caso.

PROYECTO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN


El proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Alberto Espina, José García y Antonio Horvath y de los ex senadores Carlos Cantero y Andrés Chadwick, tiene por objeto reponer una sanción penal respecto de quienes se coludan para infringir las normas que resguardan la libre competencia, que fuera eliminada con motivo de la dictación de la ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Contenido del proyecto:

- Sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (de 5 a 10 años) al que celebre, ejecute u ordene celebrar acuerdos con uno o más de sus competidores, con la finalidad de fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, y órganos públicos.



- Dispone que el tribunal determinará la sanción aplicable en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, sin que la sanción definitiva pueda ser inferior o superior a la señalada por la ley al delito.



- Establece que de proceder la aplicación de una pena sustitutiva, ésta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad con la que fuere sancionado.

- Beneficia con la rebaja en un grado de la pena que corresponda, al acusado que haya cooperado sustancialmente con la investigación. El que aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de las conductas de colusión señaladas y a la determinación de sus responsables, quedará exento de responsabilidad penal por estos hechos.



- Dispone que las investigaciones de los hechos constitutivos de colusión, sólo podrán ser iniciadas por el Ministerio Público previa denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica, lo que no inhibirá al Tribunal de Defensa la Libre Competencia para conocer o continuar conociendo y fallar las situaciones que sean de su competencia.



- Sustituye la fórmula de determinación de la multa que se podrá aplicar en la sentencia definitiva, pasando de una suma fija expresada en UTA (hasta 30.000), a una cantidad equivalente de hasta dos veces el beneficio económico obtenido por el infractor, cuando aquel puede ser determinado por el Tribunal. En caso contrario, ella corresponderá al 30% de las ventas del infractor en el período durante el cual haya perdurado su conducta ilícita.



- Impone otras penas accesorias a quienes incurran en estas conductas de colusión, como las de inhabilidades para ejercer cargos gerenciales, o la prohibición de contratar a cualquier título con órganos públicos o empresas públicas.



- Regula la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar, con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada.

EL DEBATE

Durante la discusión hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, José García Ruminot, Alberto Espina, Eugenio Tuma, Rabindranath Quinteros, Iván Moreira, Carolina Goic, Pedro Araya, Hernán Larraín, Felipe Harboe, Jacqueline Van Rysselberghe, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Lily Pérez San Martín y Ricardo Lagos Weber. Al término de la votación intervino el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.



DE URRESTI

“En la Comisión de Constitución hemos hecho un exhaustivo estudio del proyecto realizando diversas sesiones. Los coludidos son personas educadas que se burlan de la legislación, por lo que queremos llevar a efecto una dura persecución penal. Los cambios que realizamos son varios, por ejemplo, respecto a las multas y el cumplimiento de cárcel efectiva”.



GARCÍA RUMINOT

“Este proyecto lo que se hace es subir la penalización a los actos que impiden la libre competencia, lo que generan graves daños a los consumidores, sobre todo cuando se trata de productos de primera necesidad. Este proyecto no solo establece la pena de cárcel, sino también la inhabilidad de ser administrador de una sociedad mercantil”.



ESPINA

“Hemos hecho un trabajo profesional de fondo con el apoyo de la fiscalía y las universidades. El acto de colusión es uno donde se defrauda la fe pública, es gravísimo. Se establece una sanción con pena de 3 años y un día, a 10 años, pero la gracia es que acá el juez deberá moverse solo en el rango de la pena, y en el caso de existir medidas alternativas, el coludido debe cumplir a lo menos un año de prisión”.



TUMA

“Cuando se priva a una persona de elegir considerando el precio de un producto, estamos frente a un acto de crueldad. Es un atentado contra los consumidores más vulnerables. Existe la sensación que en estos delitos de cuello y corbata, nadie va a la cárcel. Vamos a seguir trabajando en las otras iniciativas que estamos discutiendo, y esperamos sirvan de insumo al proyecto del Gobierno que es más integral”.



QUINTEROS

“Es grave lo que ha ocurrido en el mercado de las farmacias, los pollos y el papel. Los más pobres son los más afectados. Los fondos de pensiones han caído a raíz de esto, mientras que los ejecutivos coludidos han mantenido sus ganancias bursátiles. No quiero más impunidad en mi país, apoyo la agenda corta que la combate. El proyecto del Gobierno es el que otorga una respuesta más completa”.



MOREIRA

“La libre competencia es el pilar esencial del sistema de libre mercado, de allí que la colusión sea el acto más dañino. Es necesario establecer mecanismos de disuasión para evitar que el mercado se destruya de esta manera. Se incorpora acá la posibilidad de criminalizar este delito. Este proyecto fue trabajado con la mesura necesaria porque no nació al calor de la contingencia”.



GOIC

“Quiero recordar que hace años presentamos el primer proyecto que sancionaba esta práctica. Se trataba del primer cartel que se desbarató y que afectó a los precios de los medicamentos. Tenemos tres cadenas que controlan este mercado. Queremos tener penas acordes a la falta y que nos permitan devolver la confianza que han perdido los consumidores”.



ARAYA

“Esto de conductas mucho más frecuentes de lo que creemos. Para las empresas existe una falta de incentivos para actuar correctamente. Hay facilidad para concentrarse y generar carteles. Hace años se eliminó la pena de cárcel, que hoy buscamos reponer. Se creía que las meras multas eran suficientes, pero la realidad nos ha demostrado que no”.



LARRAÍN

“No existen los mercados perfectos y estos están expuestos a errores y manipulaciones. La libre competencia garantiza que los mercados operen y acá queremos resguardar este principio. Cuando éste es dañado, es el consumidor el que paga los costos. La primera ley fue la del presidente Alessandri. De ahí en adelante han surgido otras propuestas que responden a distintas maneras de atacar este delito”.



HARBOE

“La correcta intervención del Estado en la libre competencia, es necesaria y justa. Hay casos, como el de la colusión, donde es necesario el combate a las malas prácticas. El Estado debe dar una respuesta estable y concreta que partió con la creación del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica”.



VAN RYSSELBERGHE

“Siempre debe haber transparencia y un mercado regulado. Se está castigando con cárcel y aumentando las multas para quienes buscar terminar con la competencia. Creo en un sistema de libertades donde los pequeños tengan derecho a crecer. Ver por televisión que las grandes empresas que se coluden y participan en la delación compensada, no tienen ningún tipo de sanción, los que no somos abogados, no lo entendemos”.



GIRARDI

“Las farmacias debieron reconocer que eran responsables de colusión. Hay 15 ejecutivos formalizados por esto. Tal vez lo peor que se puede hacer en esta materia es jugar con los precios de productos tan básicos como los medicamentos. Hoy las multas las pagan las empresas, pero debe haber un desincentivo para quien se colude, y eso se hace estableciendo una sanción penal”.



NAVARRO

“La FNE no tiene capacidad jurídica porque tienen pocos abogados. El propio fiscal nacional reconoce que es una institución pequeña y es casi imposible perseguir carteles con efectividad. La autoridad reconoció que en Estados Unidos, los ejecutivos medios son los que caen en la cárcel. Espero que acá esto sea distinto y se encarcele al dueño de la empresa implicada”.



PÉREZ SAN MARTÍN

“La colusión es un insulto para quienes creemos en la libertad económica. Reconozco que el proyecto del Ejecutivo resume bastante bien lo que hemos trabajado, pensando en la sanciones. A mí me llama la atención el tema de las marcas axiomáticas. ¿Por qué no sancionar a los coludidos con la pérdida de la marca? Creo que debemos estudiar medidas que desalienten los monopolios”.



LAGOS WEBER

“En la economía de mercado se busca incrementar el capital. Para que eso funcione bien, se requiere espacio para que las personas se desarrollen, pero no significa que el Estado no cumpla el rol que le corresponde que es regular. Este es el proyecto más completo, incluso mejor que una de las mociones que presenté y está en tabla hoy”.


PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA



ABREN PLAZO DE INDICACIONES


Asimismo, la Sala aprobó en general la moción, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto definitivo, refundido y sistematizado del decreto ley N° 211, para imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión.



Para el texto legal se fijó plazo de indicaciones hasta el día lunes 30 de noviembre a las 12:00 horas y cabe recordar que fue presentado por los senadores Eugenio Tuma, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Jaime Quintana.



El proyecto contempla:



- Sanciona con pena de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días a 5 años) y una multa a beneficio fiscal de hasta 30.000 UTA ($ 1.611.936.000) a quienes ejecuten o hubieren ordenado la ejecución de actos de colusión que afecte la libre competencia respecto de bienes o servicios de primera necesidad.



- La colusión sancionada deberá consistir en acuerdos expresos o tácitos celebrados entre agentes económicos, o prácticas concertadas entre ellos, mediante los cuales se fijen precios de venta o de compra de bienes o servicios de primera necesidad, se limite su producción o se asignen zonas o cuotas de mercado.



- Si la colusión fuere realizada por empresas, a través de sus gerentes, mandatarios, trabajadores o asesores, sin perjuicio de castigar a los autores, cómplices o encubridores, tal empresa será sancionada con su disolución por el sólo ministerio de la ley, tan pronto se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria.



- Se entenderán cometidas en Chile las conductas de colusión realizadas mediante un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional, aun cuando se hubieren iniciado en el extranjero.



El senador Tuma explicó que la norma comprarte el espíritu del primer proyecto aprobado y "esperamos reponer las penas de prisión para quienes se coluden y quienes actúan en contra, no solo de los consumidores, sino que de los competidores (…). Cuando hay dictamen de colusión queremos que automáticamente se den las condiciones de presentarse una demanda colectiva para reparación del daño a los consumidores".



En otro orden si bien valoró la iniciativa y anunció su voto a favor, el senador Chahuán solicitó que los miembros de la Comisión de Economía revisen los proyectos y los fusionen si coinciden. "Hay proyectos presentados con mucha antelación y son solo algunos los que tienen trámite; se debe aplicar generosidad. Quiero preguntar qué pasó con el proyecto, de iguales características, que yo presenté 6 meses antes, pero no tuvo suerte de ser discutido".



En tanto, el senador Larraín compartió los lineamientos generales de la norma, "pero, sin embargo, leyéndolo es fácil advertir que se debe tener una mirada más detenida, para ver el tipo penal, para dar mayores precisiones y tener en cuenta el problema de la multa fijas, porque en algunos casos pueden ser insuficientes y podría ser un buen negocio en algunos casos para las empresas; además es importante ver la relación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público".



VOTACIÓN PENDIENTE



Por último, la Cámara Alta se abocó a analizar en general la moción de los senadores Ossandón y Tuma, que -igualmente- tiene por objeto introducir diversas modificaciones al ilícito de la colusión, incorporando penas privativas de libertad y aumentando las multas.



No obstante, la votación de la iniciativa legal quedó pendiente, pero se aclaró que busca, entre otros, consagrar penas privativas de libertad para los involucrados en el ilícito de la colusión, con cumplimiento efectivo de la condena. De esta forma, a los directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo, en cualquier grado de participación, se les aplicarán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).



Además se establece una agravante especial cuando los efectos de la colusión recaigan sobre determinado tipo de bienes de primera necesidad o servicios básicos, aumentando la pena en un grado, si la colusión recae sobre alimentos, prestaciones de salud, medicamentos, servicios educacionales y unidades habitacionales.

Durante el debate el senador Tuma aclaró que la norma plantea que "los atenuantes no sean considerados por el juez, abriendo una gran posibilidad para que la sociedad vea que en estos delitos tan graves habrá verdaderas sanciones".



Por último, el senador Moreira recordó que en variadas oportunidades ha manifestado públicamente su apoyo a estas iniciativas "y votaré a favor, independiente que se puedan fusionar o presentar indicaciones; sin embargo, quiero expresar algunas aprensiones, como que este proyecto se generó a días de denunciado el escándalo". A juicio del parlamentario, sería conveniente refundir los proyectos para mejorar su tramitación.

Cumbre de las Regiones: la descentralización une a Chile

La actividad contó con la participación de representantes de todas las regiones del país del ámbito político, social, académico, científico, entre otras fuerzas sociales. Al concluir la actividad en el ex Congreso, los asistentes se desplazaron hacia la Moneda para entregar el “Manifiesto por la Descentralización”.

Durante toda la mañana, se realizó en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, “La Cumbre de las Regiones: la descentralización une a Chile”, actividad que se enmarca en las diferentes actividades llevadas adelante para lograr una efectiva descentralización del país y, que en esta oportunidad se contó con la firma del Manifiesto por la Descentralización, documento que fue entregado al Vicepresidente de Chile, en un acto simbólico en La Moneda.

Cabe destacar, que se contó con las intervenciones y la presencia de diversos actores gubernamentales, senadores, diputados, intendentes, consejeros regionales, representantes de la CUT, del comercio, la academia y la ciencia, entre otras fuerzas sociales representantes de las regiones desde Arica hasta Magallanes.

Antes de comenzar la actividad, la cantante nacional, Gloria Simonetti interpretó el Himno Nacional, para luego dar paso a un minuto de silencio como muestra de solidaridad con Francia, ante los recientes atentados ocurridos.

"TODOS COMPARTIMOS EL FIN"



El Presidente del Senado, Patricio Walker enfatizó que el siguiente paso es “pasar desde el discurso a la acción y la gran pregunta es cuándo vamos a aprobar los proyectos de ley que están en el Congreso”.

El parlamentario recordó que el seminario desarrollado en Coyhaique se lograron acuerdos y puntos de unión al respecto, sumado al reciente encuentro sostenido con la Presidenta de la República (…). A todos nos preocupaba que se crearía una figura de gobernador regional, que junto con intendente íbamos a tener un monstruo de dos cabezas y eso sería inaceptable”. 

“Creo que podemos llegar a un acuerdo y poder transferir poder a los cores e intendentes elegidos democráticamente, con atribuciones y competencias, no puede ser que un funcionario de Santiago defina lo que se pueda hacer o no (…). Si Chile no logra ser un país descentralizado, jamás será un país desarrollado”, enfatizó. 

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, señaló que “queremos enfrentar la desigualdad, pero siempre hay un elemento ligado a nuestros problemas de desarrollo y tiene a ver con la descentralización. Queremos que el 2017 se elijan a los intendentes regionales por mayoría simple, con traspaso de competencia”.

“Aquí la mayoría representamos a regiones y este es el momento definitivo para la descentralización”, añadió.

Durante la cumbre se manifestó que “este Estado centralizado debe hacer visible que las regiones que ya no soportan más el yugo del centralismo. Los que estamos aquí lo hacemos porque nos une un profundo amor por Chile”.

Además de los presidentes de la Cámara Alta y de la Baja, estuvieron presentes los senadores Alejandro Guillier, Baldo Prokurica, Alberto Espina, Antonio Horvath y Carolina Goic; el subsecretario de Desarrrollo Regional, Ricardo Cifuentes; el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich Von Baer, diputados, entre otros y la senadora Isabel Allende envió sus saludos.

La actividad estuvo organizada por una treintena de estamentos, encabezados por el senador Alejandro Guillier, presidente de la Bancada Regionalista del Senado y Rodrigo González, su homólogo en la Cámara de Diputados.

PALABRAS PRESIDENCIALES

A través de un discurso proyectado a la concurrencia, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, lamentó que no pudo estar presente, pero apoyó las acciones de “Todo Chile es Chile, quiero que sepan que desde la distancia los acompaño y espero que esta sea una cumbre exitosa y que le de mayor dinamismo a las regiones”.

La Mandataria indicó la importancia de las regiones tengan la capacidad para decidir y recordó los proyectos de ley enviados y que están en tramitación en el Congreso Nacional. No obstante, aclaró, “sabemos que tenemos que avanzar en otros ámbitos, como la transferencia de atribuciones del central a las regiones y los temas presupuestarios y finanzas públicas”.

El subsecretario Cifuentes, en tanto, indicó que “estamos en un momento histórico, como nunca hemos tenido. Estamos frente a varios proyectos en el parlamento para descentralización y otros que están por ingresar. La pregunta es si es que hemos hecho todo y la respuesta categórica es no ha sido suficiente”.

“Llegó la hora de votar, esperamos que la elección del intendente, que está siendo estudiada por la Comisión de Gobierno, se haga el 2017, lo que abre una puerta hacia la descentralización”.

LABOR PARLAMENTARIA

En este sentido, el presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, senador Alberto Espina, fijó su posición con claridad, “he aprendido en terreno la enorme desigualdad e inequidad que produce el no avanzar abierta y resueltamente en el proceso de descentralización y regionalización”.

“Quizás una de las causas más fuertes de la pobreza y desamparo en la que se encuentran muchos chilenos, dice relación con que las decisiones importantes y las principales políticas públicas se toman a mucha distancia de la gente y sin conocer las necesidades de las localidades, y finalmente no aciertan por no abordar a fondo con quienes saben”, explicó.

A juicio del legislador, “la descentralización y regionalización es algo que no tiene marcha atrás, hay que terminar con las dudas de quienes piensan que avanzar con esto es debilitar al Estado de Chile, eso no es verdad. Como Comisión de Gobierno hemos tomado la decisión de poner el acelerador a fondo para sacar adelante estos proyectos a la mayor brevedad”.

MANIFIESTO

El senador Alejandro Guillier precisó que han trabajado desde bastante tiempo con las diversas organizaciones territoriales de todo el país, “lo mismo en los gobiernos municipales, las universidades, el empresariado local, las bases sociales y se han hecho varias cumbres, pero la gracia ahora es que llegamos con propuestas que están acordadas y que representan los intereses de los distintos sectores”.

Entre las propuestas del manifiesto están, “que el intendente sea la gran autoridad regional y hemos logrado bajar un poquito este rol de un gobernador, que entró de pronto a hacer contrapeso; pero el intendente es el responsable con un Core que tenemos que empoderar; tenemos que hacer el traspaso de los funcionarios públicos, mejorando su situación y su trato; empoderar más a los municipios y como es un gobierno ciudadanos, queremos que las organizaciones sean escuchadas”.

Asimismo, el parlamentario enfatizó en las “facultades administrativas políticas y financieras, en donde prevaleció la tesis de que una parte creciente del presupuesto que se entrega las regiones serán decididas autónomamente por ellas”.

Por último, el senador precisó que hoy se entregará en la Moneda el documento que, posteriormente será perfeccionado y que el 3 de diciembre se le presentará a la Presidenta de la República.

Derecho al olvido: aprueban idea de legislar prohibición de uso de datos comerciales caducos

Por unanimidad se respaldó en general la moción que prohíbe usar, tratar o comunicar datos comerciales de una persona, luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

La llamada ley derecho al olvido, en primer trámite constitucional, fue aprobada en general por la Sala del Senado y se estableció como fecha para presentar indicaciones el día lunes 7 de diciembre.



Durante el respaldo por mayoría intervinieron los senadores Felipe Harboe, Isabel Allende,Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma, Lily Pérez San Martín, Alfonso De Urresti, Alejandro Navarro y Alejandro Guillier.




La moción propone modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos, en cuanto a circunscribirlo a aquellos antecedentes vigentes y, además, ampliar el ámbito de aplicación de la ley 19.628, sobre protección de la vida privada, estableciendo que no sólo está prohibida la “comunicación” de datos caducos, sino que además sancionado el uso, tratamiento y transferencia de dicha información.

CONTENIDOS DEL PROYECTO




- Prohíbe usar, tratar o comunicar los datos comerciales de una persona, luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.



- Tampoco se podrán usar, tratar o comunicar los datos después de haber sido pagada o extinguida la obligación.



- Igualmente, el comercio establecido no podrá usar dichos datos para efectos de evaluación de riesgo comercial o proceso de crédito.



- En caso de incumplimiento de las normas de este proyecto de ley, el titular del dato tendrá acción para reclamar la correspondiente indemnización por el daño patrimonial y moral que se le hubieren provocado.



- Los bancos e instituciones financieras y los funcionarios que hubieren contravenido las normas de este proyecto de ley, serán solidariamente responsables por el daño patrimonial y moral causado al titular del dato.

 - El comercio establecido, las cajas de compensación y las cooperativas de ahorro y créditos tampoco podrán usar, tratar, comunicar o transferir los datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, una vez que la obligación haya sido pagada o extinguida.

- Otorga a las instituciones bancarias y crediticias mencionadas un plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación de este proyecto como ley, para eliminar los registros históricos que contengan datos comerciales caducos, quedando expresamente prohibido su utilización para evaluación de riesgo comercial, sancionando su incumplimiento con multa de 1.000 a 10.000 UTM ($43.760.000 a $437.600.000)

PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES




HARBOE: 

"Este proyecto es una moción que es parte de la denominada agenda contra los abusos. Se ha generado un desbalance en la protección de la vida de las personas y resulta, por ejemplo, común ver venta de datos por internet (…). A Chile la OCDE le ha advertid que no es seguro, lo que ha obligado a legislar al respecto".

ALLENDE:

"Es de las mociones que valen la pena que sean consideradas y que prontamente sean ley. Hoy la tecnología es infinita y está atentando contra derechos básicos de las personas".

QUINTEROS:

"Esta es otra prueba de los abusos a los ciudadanos, es curioso que tengamos que legislar sobre normas que ya existen, pero con esta norma se evita volver a los viejos tiempo en los que se requerían muchas condiciones para adquirir créditos".

TUMA:

"Internet es una poderosa herramienta y muchos individuos sienten una invasión personal. En este contexto la moción viene a establecer los datos personales y a ponerle caducidad a los que ya no corresponden y ya no se podrá utilizar esa información para la evolución de créditos".

EQUILIBRIO PARA LOS CONSUMIDORES




PÉREZ SAN MARTÍN:

"Aquí se busca el equilibrio para los consumidores, porque hoy la sartén por el mango la tienen las casas comerciales. Buscamos que aquellas deudas que ya están caducas con el paso del tiempo, no sigan apareciendo en el historial del crédito".

DE URRESTI:

"Más allá de la teoría financiera de los datos, hará sentido a millones de deudores que en sus primeros años de vida laboral se vieron enfrentados a procesos de deudas y que esa situación, producto de la incertidumbre, inmadurez, u otra, termina persiguiéndolos hasta el resto de la vida"

NAVARRO:




"Nos permite abrir un debate que no terminara acá. Es un proyecto que vamos a aprobar, pero que puede ser perfeccionado, porque queremos que el derecho al olvido se cumpla y evitar que la ley sea burlada".




GUILLIER:




"Vamos a respaldar un proyecto que hace justicia y va modernizando la materia. Nuestro país está atrasado en la protección de datos y con este avance se propiciará que los datos caducos no estén vigentes y así evitar el afectar a las personas en el mercado del crédito, por ejemplo".

Bachelet:"Quien traicione el espíritu de la democracia, no podrá ser actor en ella"

La Mandataria promulgó la Ley que establece la pérdida del escaño en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

“Vulnerar las normas que rigen el funcionamiento de nuestra democracia, merece sanciones ejemplares, quienes pierdan el cargo por no financiar su campaña conforme a la Ley, no podrán optar a ninguna función o empleo público durante tres años”, agregó la máxima autoridad del país.

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de la Secretaría General de la Presidencial, Nicolás Eyzaguirre; y de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, promulgó esta mañana la Ley que establece la pérdida del escaño en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz

“La señal que como país estamos dando es una sola, quien traicione el espíritu de la democracia, no podrá ser actor en ella. O dicho de otro modo, el que hace trampa, pierde. Con ello, queremos erradicar conductas intolerables. Porque no puede ser representante del interés común, quien traiciona la confianza expresada en las leyes para llegar a su cargo de representación”, subrayó la Mandataria.

Durante su intervención, explicó que quienes hayan sido electos como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, perderán su cargo de manera automática en caso que infrinjan las reglas de financiamiento de las campañas.

Además, la Jefa de Estado detalló que quienes pierdan el cargo por no financiar su campaña conforme a la Ley, no podrán optar a ninguna función o empleo público durante tres años. Tampoco podrán ser candidatos a cargos de elección popular en las dos elecciones inmediatamente siguientes.

Ministro Secretario General de la Presidencia. Nicolas-Eyzaguirre

“Estas sanciones son, sin lugar a dudas, de las más graves en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, tendrán que ser fundadas y calificadas apropiadamente. Esto lo va a determinar el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, en caso de infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral”, subrayó.

Y agregó: “Estamos dotando a Chile de un entramado legislativo fuerte, que se haga cargo de los temas del presente, pero sobre todo, prevenga riesgos del futuro. Queremos que las demandas ciudadanas por mayor transparencia y control tengan una respuesta adecuada y que, mediante acciones y no palabras, podamos recuperar la confianza de nuestros compatriotas en sus instituciones”.

Finalmente, la máxima autoridad del país agradeció a los parlamentarios por la rápida tramitación de este Proyecto de Ley y reiteró el llamado “a que sigamos trabajando para sacar adelante la Agenda de Probidad y Transparencia, que nos va a permitir también, restaurar la fe pública”.