viernes, 15 de mayo de 2009

Chile :- Comisión de Libertad de Expresión despacha proyecto sobre Estatuto del Periodista

El texto legal ya había sido aprobado hace unas semanas en la misma instancia parlamentaria y analizado en Sala, pero retornó a la Comisión para que se resolviera un problema de inconstitucionalidad que había sido detectado en el Hemiciclo.



El proyecto de ley busca proteger el derecho de autor; establece un seguro de salud y de vida obligatorio para los periodistas; determina una falta penal por obstrucción al ejercicio del periodismo y profundiza en la protección de la libertad de expresión.

De este modo, la iniciativa tiene entre sus objetivos robustecer la función pública de la prensa, asegurar la calidad, eficacia, continuidad y perdurabilidad de la función informativa, protege el derecho a la libertad de expresión como un bien social y defiende la integridad del periodista en la realización de sus labores.

El texto legal, que ya había sido aprobado en la Comisión que preside el diputado PRI Jaime Mulet, y que posteriormente había sido discutido en la Sala de la Cámara, retornó para su reevaluación a la comisión debido a que “no nos habíamos dado cuenta que podíamos haber incurrido en un vicio de inconstitucionalidad relacionada con las facultades de la Presidenta de la Republica”, señaló el diputado independiente, Álvaro Escobar.

El parlamentario, quien además informará el proyecto en la Sala, aclaró que este vicio de inconstitucionalidad tenía que ver con que “se estaba limitando el derecho que tiene una contraparte, eventualmente una compañía de seguros, para poner excepciones”, lo que se encuentra relacionado con los casos en que se impongan los seguros de salud.

Finalmente, el diputado agregó que “eso fue enmendado y podemos decir que hoy día sí está en regla este proyecto, que será despachado a la Sala y estamos todos muy contentos con lo que se ha hecho”.

jueves, 14 de mayo de 2009

Chile : Existe un desequilibrio en favor de la sanción más que de la rehabilitación de los jóvenes

Así lo establece el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de determinar las responsabilidades administrativa y política que les corresponden a las máximas autoridades del Servio Nacional de Menores, SENAME, y al Ministro de Justicia, en el fallecimiento de diez jóvenes con ocasión de un incendio provocado al interior de un centro de detención provisoria ubicado en la ciudad de Puerto Montt en 2007. El documento fue aprobado este jueves en la Sala con 59 votos a favor y una abstención.



Entre sus conclusiones plantea aumentar el uso de las salidas alternativas, reducir el tiempo mínimo de duración de la suspensión condicional del procedimiento de 1 año a 6 meses, incentivar los acuerdos reparatorios, favoreciendo la mediación penal entre el adolescente y la víctima, y restringir y controlar el uso y duración de la privación de libertad.

En cuanto a las detenciones, propone establecer la obligatoriedad de dar aviso a un defensor y a la familia del detenido, como lo ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y regular expresamente en la ley que la detención de un adolescente puede ser declarada ilegal si se presentan violaciones de sus derechos durante la misma.

El texto revela que "un número significativo de los jóvenes que han sido sometidos a internación provisoria no son finalmente condenados a una pena privativa de libertad, vulnerándose así la proporcionalidad de la medida cautelar con la sanción probable que establece la propia ley".

Asimismo, demanda "evaluar si ciertos aspectos de la 'ley de agenda corta' son convenientes para los adolescentes", considerando que sus normas han sido previstas y pensadas para adultos.

Finalmente, pide "restringir el uso" de la reclusión "sólo a los delitos gravísimos y no a los delitos graves reiterados, toda vez, que para los fines de reinserción social y trabajo socioeducativo parecen ser más que suficientes -aún en casos extremos-, las penas de hasta 5 años".

Diagnóstico

La comisión, presidida por la diputada Marisol Turres, se constituyó en marzo de 2008 y celebró 17 sesiones. Su informe fue aprobado por mayoría de sus trece miembros, con el voto en contra del diputado Alejandro Sule.


El documento describe una insuficiente política de responsabilidad penal, la que ha sido reemplazada por una ley de sanciones, creando un “desequilibrio a favor de la sanción más que de la rehabilitación, dejando de lado la finalidad proclamada por la ley N°20.084, en cuanto a que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social”.

Añade que hay insuficiencia de redes sociales, lo que genera privación de libertad por no acceso a servicios sociales. Respecto de medidas no privativas de libertad, como la libertad asistida, la libertad asistida especial, servicios a la comunidad y reparación del daño, “cada una de ellas debe expresarse en un programa específico que se desarrolle y funcione en una comunidad concreta”.

Prejuicios: jóvenes drogadictos y peligrosos

Enfatiza el documento que existe una “fuerte presión social frente a las medidas no privativas de libertad versus la inserción comunitaria" y una “creencia que los jóvenes se van a “rehabilitar” mejor en los centros privativos de libertad”. Añade que hay “presiones de las comunidades cercanas a los centros y programas de sanciones” y una “sensación de inseguridad social”.

El documento señala que hay una “lenta implementación de las políticas públicas” y una “falta de compromiso de otros actores públicos en la materia”. Al respecto, señala que “es evidente que el sistema público de educación y su institucionalidad, así como el sistema de salud y del trabajo, ven al sistema de responsabilidad penal adolescente como algo ajeno, que no les pertenece y, por ende, tampoco les preocupa”.

“Eso dificulta enormemente que los jóvenes sancionados por el sistema, pero que deben desarrollar las actividades de su plan intervención en el medio libre, realmente puedan hacerlo. Para ellos no hay matrículas en los colegios, y si se encuentran, están permanentemente observados y juzgados más duramente en los conflictos propios de su etapa de desarrollo, por lo que con frecuencia sus matrículas son canceladas. Lo mismo pasa en el ámbito de las oportunidades laborales”, indica el documento.

19 propuestas

La Comisión, luego de efectuado el diagnóstico, plantea 19 proposiciones. Algunas de ellas son las siguientes:

1.-Fortalecer la atención temprana en la vulneración de derechos, que tienden a constituirse en factores de riesgo frente al desarrollo de conductas transgresoras.

2.-Fiscalizar periódicamente los programas diseñados por el SENAME, sean éstos ejecutados directamente o por medio de instituciones colaboradoras.

3.-Establecer un sistema de coordinación interinstitucional para el seguimiento y evaluación de la implementación de la ley N° 20.084.

4.-Mejorar el sistema de segregación establecido en la ley de responsabilidad penal adolescente, considerando dentro de la edad, los distintos grupos etarios, como asimismo, el sexo y la condición procesal de los internos, con el propósito de focalizar adecuadamente la oferta programática disponible, todo ello, en el interés superior del adolescente, tal como lo consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile.

Gendarmes al interior de los centros de SENAME

5.-El nuevo rol que podría tener Gendarmería en el trato directo con los jóvenes debe venir necesariamente acompañado con un aumento de personal especializado en jóvenes y capacitados en la materia, a modo de ser un aporte real al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Cabe hacer presente que las distintas asociaciones de funcionarios del SENAME manifestaron ante la Comisión “la urgencia en modificar la ley en lo que respecta a la actuación de Gendarmería de Chile, asegurando su ingreso y eventual permanencia en carácter de guardia interna”.

Jueces especializados en jóvenes

6.-Fortalecer legalmente la exigencia de especialización de jueces, fiscales y defensores.

Consecuente con ello, la Academia Judicial, o en su defecto, las instituciones autorizadas, en el marco de las actividades de capacitación a que alude el artículo 29 de la ley N° 20.084, deben preocuparse de que los jueces reciban la formación y capacitación técnica necesaria para cumplir adecuadamente las tareas que la ley les encomienda.

7.-Aumentar el uso de las salidas alternativas.

8.-Reducir el tiempo mínimo de duración de la suspensión condicional del procedimiento de 1 año a 6 meses.

9.-Incentivar los acuerdos reparatorios, favoreciendo la mediación penal entre el adolescente y la víctima.

10.-Restringir y controlar el uso y duración de la privación de libertad:


En cuanto a las detenciones:

- Establecer la obligatoriedad de dar aviso a un defensor y a la familia del detenido, como lo ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Regular expresamente en la ley que la detención de un adolescente puede ser declarada ilegal si se presentan violaciones de sus derechos durante la misma. Introducir reglas especiales para la internación provisoria:

- Esclarecer legalmente que debe descontarse el tiempo en internación provisoria del tiempo de duración de todas las sanciones, tanto privativas como no privativas de libertad. (Ejemplo, condena bajo régimen de libertad asistida especial).

11.- Internación en régimen cerrado:

- Restringir el uso de la regla de determinación de la naturaleza de la pena, contenida en el Nº 1 del artículo 2335 de la ley de responsabilidad penal adolescente, sólo a los delitos gravísimos y no a los delitos graves reiterados, toda vez, que para los fines de reinserción social y trabajo socioeducativo parecen ser más que suficientes -aún en casos extremos-, las penas de hasta 5 años del artículo 23 Nº 2.

12.- Regular en la ley ciertos derechos de los jóvenes, de manera que se deban asignar los recursos necesarios para garantizar la satisfacción de los mismos (por ejemplo, periodicidad de las visitas de los abogados a los adolescentes en internación provisoria).

13.- Establecer la obligación de notificar al centro de internación dependiente del SENAME, de la resolución que absuelve al menor".

miércoles, 13 de mayo de 2009

La autocrítica como aprendizaje del cambio ético y moral

“Los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarias para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creó. (Otra vez se plantea el tema de la relación entre forma y contenido.) La desorientación es grande y los problemas de la construcción material nos absorben.”

Ernesto “Che” Guevara: El Socialismo y el Hombre en Cuba



NO SIEMPRE SE ESCRIBE LO QUE SE HACE, NI SE HACE LO QUE SE ESCRIBE

En los últimos meses, la izquierda y los revolucionarios, hemos tratado de dilucidar para nuestra comprensión y para la comprensión de quienes nos recepcionan con interés, el carácter y las consecuencias de la crisis actual del capitalismo. Pensamos y creemos que el análisis de este extraordinario fenómeno económico, político y social, nos posibilitará hacer un diagnóstico más exacto y de paso conquistar respuestas que a lo menos nos sitúen en el buen camino de la reconstrucción y de la necesaria y urgente suma de fuerzas. Como buen resultado de este ejercicio intelectual, los boletines, páginas Web, periódicos y otros medios de comunicación de la izquierda; se han convertido en plataformas de interesantes análisis con respecto al tema, y que además también, nos enfrenta al hecho positivo de que se va recomponiendo en el campo de los dominados la capacidad de teorizar y con ello recuperar en la izquierda lo que nunca debió perderse: el pensamiento crítico.

Cuan certeros, coherentes y lógicos sean estos análisis, depende de que método sea usado como herramienta de estudio y también de cuan conectados estemos con la realidad. Lo que si es cierto, es que comparando estas reflexiones, asoman gratamente muchas coincidencias y muchas tienen que ver con el ámbito de las respuestas populares a los embates del capitalismo. De resumir estas coincidencias lo podemos hacer con tres importantes conceptos: organización, unidad y movilización de los dominados y oprimidos. Todos sabemos lo importante que es coincidir en estos tres aspectos. Sin embargo, no es suficiente a la hora de establecer con rigor las características que posee la dominación y el cómo esta nos desafía en el terreno de las formas porque ya en los contenidos hemos ganado bastante conocimiento acerca de sus concepciones y teorías fracasadas. Cuando justamente debemos abordar las formas en que los explotados responderemos a las estructuras de la dominación, se deslizan las diferencias y las divergencias tácticas que prolongan en el tiempo las condiciones de atomización orgánica, fragmentación social y dispersión ideológica, no sólo de los partidos o colectivos políticos, sino también de los trabajadores y los sectores populares. Diríamos que es aquí donde se concentran los nudos teóricos de resolución de los procesos de acumulación, hasta ahora, complicados y discontinuos como para la configuración del llamado sujeto de la revolución.

HACERNOS CAPACES DE AUTOANALIZARNOS

No diremos que la tarea de conocer al enemigo sea fácil, es sin duda un trabajo que requiere mucha disciplina y rigor científico, tal y como debe realizarse toda tarea revolucionaria. Así y todo, la necesidad de conocer el estado y la condición propia, en las amplias esferas que comprende nuestra real capacidad para constituirnos en una fuerza histórica independiente y alternativa al poder de la burguesía; el zanjar teóricamente lo que somos y bajo condiciones objetivas determinadas, y lo que podemos ser en una perspectiva de largo alcance, para prometer futuro a la lucha revolucionaria y al objetivo de conquistar el poder, esto es sin duda difícil. Es difícil y desafía a la vez la voluntad a dotarnos de todas las herramientas que nos posibiliten leer, juzgar y actuar con tino y prudencia política, y al mismo tiempo, a conducirnos con audacia para imprimir un espíritu de compromiso y certeza al camino de la revolución. El ánimo nuestro y el de los sectores sociales, la intencionalidad política, la claridad en las ideas; todo lo que llamamos el factor subjetivo; aquello que le imprime movimiento a la historia y a las grandes causas sociales; debe ser un ámbito al cual poner una atención preferencial, porque es el ámbito que nos define y nos marca ante la materialidad, o sea, ante la realidad objetiva.

Es en este terreno, sumamente delicado en su concreción, donde podemos establecer distinciones categóricas y exactas respecto de nuestro propio perfil político-ideológico, desde este lugar, en el que se relacionan dialécticamente la voluntad y el pensamiento, los revolucionarios optamos por hacer el camino de las transformaciones radicales. En este terreno en definitiva, se juega el proyecto revolucionario y se tensionan las decisiones para no capitular ante la adversidad y los reveses históricos. Los grandes lideres revolucionarios, Lenin, Rosa Luxemburgo, el Che, Miguel Enríquez, pisaron este entablado y tuvieron la entereza de debatir con argumentaciones demoledoras las posturas vacilantes y reformistas, y en estas polémicas, llamaron la atención al hecho de que en todo programa revolucionario esta subyacente una concepción filosófica que da lugar a principios revolucionarios y a una moral revolucionaria, y que señala la responsabilidad histórica de sostener inquebrantablemente el compromiso de clase y el compromiso con el cambio revolucionario.

Los revolucionarios tenemos siempre que hacernos cargo de lo que hacemos, decimos y prometemos. Aún estamos divorciados de las mayorías y con obligada honradez, debemos asumir que la influencia ganada, posee la fragilidad propia de procesos unilaterales, dentro de los cuales no se ha logrado constituir y darle organicidad a los sectores sociales “ganados” con las convocatorias, por lo mismo, no podemos hacer la afirmación de que estemos sumando efectivamente una fuerza social al proyecto revolucionario. En razón de lo dado, cabe acentuar la observación respecto de lo alcanzado con las experiencias de acercamiento y coordinación que hemos asumido, muchas veces presionados por una u otra coyuntura que nos desafía a intervenir políticamente y de manera pública. Ha ocurrido en los últimos años, que nos hemos auto-convencido, que la voluntad de coordinarnos expresa en la práctica la única y suficiente decisión de unidad revolucionaria. Ahora, este ejercicio -lo hemos comprobado- ha posibilitado como resultado, multiplicar la convocatoria político-social y de paso generar grados significativos de movilización popular; razón que ha permitido regocijarnos y auto-convencernos más aún, de que hemos jugado el papel de “conducción” o de “vanguardia” que es lo que se busca con la intervención en el escenario nacional de la lucha de clases.

No tenemos ninguna duda, de que con estas iniciativas, la clase dominante se ha ganado sus buenos dolores de cabeza y por esta razón permanentemente recurren al método de criminalizar y satanizar la protesta de los sectores obreros y populares. Sin embargo, no sería serio ni aleccionador, quedarnos en la superficie de los hechos y por lo mismo, debemos ahondar en el verdadero carácter de estas movilizaciones para ver o no, la posible relación dialéctica que tienen con las finalidades estratégicas de los revolucionarios. Al respecto, nos parece bueno, sistematizar algunos elementos que puedan dar cuenta de esta fase histórica y el como ya en casi o más de dos décadas, los revolucionarios hemos vivido la permanente ilusión de estar unidos y golpeando juntos al enemigo de clase. Entonces veamos:

1. Desde los años 80 hasta ahora, las coordinaciones, real y concretamente han expresado un espacio de encuentro político-social, donde han concurrido indistintamente organizaciones dispares, desiguales, algunas respecto de otras con diferencias profundas en sus propósitos y finalidades: Verticalistas y horizontalistas, centralistas y autonomistas, clasistas y gremialistas- “apoliticistas”, marxistas, anarquistas, humanistas e “independientes”. Algunas son o fueron colectivos políticos o sociales, otras, partidos pequeños y otros no tan pequeños. Por lo tanto, independientemente del discurso que pudiese predominar en el espacio; se han constituido como un referente heterogéneo y por lo mismo, consensúan una declaración de principios democrático-reivindicativa amplia. Esto ha significado que por muchos años, la contradicción que se ha manifestado con la clase dominante ha sido de ribetes anti-sistémicos pero sólo de carácter contestatario. Es decir, la lucha a la que se ha convocado, ha contado con un marco justificatorio que, sólo cuestiona la desigualdad del capitalismo y busca corregir esta injusticia social dentro de sus propias fronteras.

2. Las coordinadoras han eludido frecuentemente los llamados temas estratégicos o de fondo. Tales decisiones, más que obedecer a posibles defensismos de algunos sectores, expresa más bien la naturaleza ideológica de estas convergencias, es decir, no todos los sectores que han participado o participan de estos referentes, reconocen la lucha de clases como el factor que mueve y estimula a la unidad. Del mismo modo, no todos los sectores participantes tienen la claridad de moverse dentro de un modo de producción o sistema político-social determinado, como por ejemplo: identificar y reconocer al capitalismo como realidad histórica concreta.

En definitiva, en estas coordinaciones han coexistido y coexisten sectores políticos y sociales de avanzada junto a sectores con un tremendo atraso en sus niveles de conciencia, al punto que estos últimos condicionan o niegan a los sectores políticos, el derecho a discutir, a leer y a interpretar la realidad mediante sus particulares categorías de análisis. Cuando a pesar de estos impedimentos los sectores políticos logran instalar su visión, se les acusa de “sobre-ideologizar el discurso”, aún cuando debe reconocerse que esta sobre-ideologización efectivamente se ha dado y puede seguir dándose. Sin embargo, creemos que estas situaciones puntuales u ocasionales, no deben ni pueden servir de pretexto a quienes han querido, ya desde hace años, vaciar de contenido revolucionario y de clase los debates en el seno del pueblo.

3. Las garantías explícitas de respetar y preservar la autonomía e independencia orgánica de los sectores convergentes, determina que la unidad se realice en la práctica, sólo como una suma de acciones que se identifican y obedecen a una consigna central, general, amplia, ambigua, vaga: “protesta del rechazo” por ejemplo, que transversaliza el ánimo coyunturalista de los sectores sociales afectados y descontentos con las políticas económicas y sociales del gobierno de turno. Conducción cortoplacista que atiende el resolver, el impacto o inquietud que producen los hechos coyunturales y por los cuales los sectores más avanzados en conciencia, se sienten desafiados a responder con urgencia, política y moralmente (caso Coordinadora Anti-APEC).

Instancias que además, no desenmascaran al sistema, sino que denuncian los efectos económicos, políticos y sociales que se derivan de su naturaleza de clase. Lo que ocurre, como resultado de estos pactos pluralistas en cuanto a lo orgánico y en cuanto al carácter social de las organizaciones que convergen, es que no existe ni puede existir centralidad táctica para estas protestas o movilizaciones populares. No puede haber centralismo táctico, lisa y llanamente porque no hay una estrategia que se le relacione dialécticamente, y esta estrategia no puede diseñarse pues entra inmediatamente en contradicción con el principio de resguardo de la autonomía e independencia orgánica que cada organización quiere preservar a brazo partido.

4. En este tipo de voluntad organizativa, que no es ni frente político ni frente social, porque quién podría darle tal o cual carácter; se tiende con simpleza a homologar al Comité Coordinador del plan de movilización o protesta, con una Dirección o Mando Central. El primero se inserta en los límites de una coyuntura, cuyos hechos son demarcados por los movimientos, giros o tendencias que se derivan de los intereses de clases afectados o favorecidos según las características del antagonismo social, en una situación específica y determinada de la lucha de clases (situaciones de alzas, aprobaciones de leyes que lesionan los intereses de una u otra clase, situaciones de crisis, huelgas en sectores estratégicos de la economía, fechas emblemáticas, etc.), responde al mandato y a los acuerdos de una asamblea que posee el carácter de permanente, la que operativisa e implementa sus políticas mediante comisiones, considerando entre estas una comisión ejecutiva (Comité Coordinador) y que se debe estrictamente a la asamblea.

La segunda se corresponde con un proyecto de más largo aliento y por lo tanto su composición tiene un carácter estable, sus miembros son elementos probados para asumir una responsabilidad cuya naturaleza la da el poder y la verticalidad de mando, como lo dice su propio y clásico nombre, es el comité central del partido: un electo órgano de dirección centralizada, cuya responsabilidad esta en ponerse a la cabeza del proceso de lucha de la organización revolucionaria; lo cual, también quiere significar, que es un colectivo mandatado a dirigir, conducir y orientar cada tramo táctico de un proceso de acumulación, constitución y movilización de fuerzas, que tiene como finalidad derrotar al enemigo de clase y tomar el poder político de la sociedad. Por lo tanto, una coordinadora o instrumento político federativo o como se le quiera llamar o hacer aparecer, en las condiciones actuales de la lucha de clases y más aún, estando los sectores dominados, sometidos todavía a situaciones de precariedad organizativa, social y política; no podrá instalarse como referente catalizador del conjunto de las aspiraciones de los sectores sociales, por el sólo y mero hecho de desplegar propagandísticamente, una plataforma común de reivindicaciones obreras y populares (Pliego del Pueblo), al lado de formas operativas genéricas y que no dan cuenta de los miles de elementos y categorías que se concatenan dialécticamente en un proceso de lucha de clases, y menos aún, de un proceso revolucionario de lucha por el poder.

5. La búsqueda de la unidad mediante la construcción de un instrumento federativo, es una propuesta engañosa y apunta a una falsa postura de unidad, y que además puede estar lejos de resolver el vació de conducción revolucionaria y por lo tanto garantizar para la clase obrera y el pueblo las orientaciones estratégicas que le señalen y le posibiliten constituirse efectivamente como poder obrero y popular (el Sandinismo). No es posible el logro de estos objetivos bajo esta perspectiva de coordinación, en tanto, lo que se entiende por una verdadera y real transformación revolucionaria de la sociedad, precisa de mayorías que quieran marchar, luchar y combatir disciplinadamente por instalarse en una sociedad libre.

Pero cuando las mayorías quieren diferentes cosas y persiguen diferentes objetivos, formándose detrás de la clase dominante para obtener sus alienantes y particulares logros, no es posible ni siquiera ganar un gobierno reformista burgués. Con qué argumentos serios entonces, se puede aspirar a una sociedad sin clases (¿se puede suponer que es el comunismo?). Esto es poner la carreta ante los bueyes. Si los revolucionarios no vislumbramos que la unidad de objetivos, la unidad de intereses, la unidad de clases; significa y comporta la clara decisión y la férrea voluntad de construir una síntesis orgánico-política, premunida a su vez, también de una síntesis teórica que a fin de cuentas configura el programa revolucionario; entonces, no será posible pavimentar para la clase obrera y el pueblo un horizonte socialista.

ESTAR JUNTOS NO ES LO MISMO QUE ESTAR UNIDOS

Talvez uno de los méritos (negativos) del “socialismo renovado” es que legitimó de tal manera la involución teórica y el retroceso político de la izquierda, que progresivamente fueron permeando con sus “nuevas concepciones” como una probable verdad, las categorías de análisis de la izquierda chilena, que ya entraba sin notarlo, incluso antes de la caída del “socialismo real” en una de sus más profundas y prolongadas crisis. Esto ocurre en el periodo dictatorial, en que las condiciones para el debate no eran las más favorables y el asentamiento de estas posiciones se logra –obviamente- descalificando e insultando a todos quienes nos mantuvimos apegados a los “dogmatismos” y “petrificaciones teóricas” del marxismo-leninismo.

Los flamantes socialista del “nuevo tipo”, vencidos y neutralizados en el terreno ideológico por la dictadura de los monopolios, buscaron la forma de mantenerse vigentes, aún a costa de convertirse en cadáveres políticos, cuestión ineluctable para quienes traicionan las tradiciones combativas y los principios de clase que han acompañado los procesos emancipadores de los trabajadores y el pueblo. Desde entonces, la crisis y descomposición de la izquierda, incluyendo en este proceso a sectores revolucionarios, comienza a expresarse como un ejercicio político-ideológico en el que los desafíos tácticos son tristemente opciones por el finis minimum.

Luego de las divisiones y subdivisiones, de las fugas y escisiones en la izquierda, se inicia un periodo de acusaciones y recriminaciones mutuas, entre las distintas fracciones en que quedaron convertidas las orgánicas políticas. A partir de allí, no fue posible establecer espacios comunes para realizar un balance de aquel periodo de la lucha de clases. Sin dudas, intentar una tarea de ese tipo, necesaria y hasta obligatoria, particularmente para los revolucionarios, significaba convocar una voluntad de crítica y autocrítica profunda y apelar a los valores y principios más elevados de nuestro patrimonio clasista.

No hubo capacidad para aquello y por lo mismo, debimos atenernos a un itinerario sin memoria de nuestras responsabilidades históricas, tanto de los desempeños individuales como de las tareas colectivas, de allí que el precedente instalado, acusa gravemente el vacío de análisis y profundización crítica de las causas que generaron nuestra derrota. Con este contexto se abrió la condición precisa para que se colara en nuestros espacios, casi sin ninguna dificultad, el pragmatismo y el relativismo de los sectores pequeños burgueses, que más apostaban en sus jugadas, por la extensión y profundización de la atomización, por multiplicar las divisiones de los sectores obreros y populares y justificar finalmente este fenómeno; con el consabido contrabando de la diversidad.

O sea, la situación de derrota del proyecto de clase, su desarme, sus divisiones y fragmentación, devienen “positivamente” -según ellos- en una diversidad de expresiones políticas y sociales, vale decir que, paradójicamente, la atomización, la dispersión ideológica; como producto negativo del reflujo que nos imprimió la derrota, no es percibido por el oportunismo de estos sectores como un lamentable retroceso histórico y de connotación estratégica, sino como una ganancia para el campo obrero y popular.

No deberíamos entrañarnos que ante cero capacidad crítica y autocrítica, influidos o mimetizados con estas visiones tan complacientes con el desmantelamiento de la conciencia de clase; mil veces nos tropecemos con la misma piedra y sigamos incurriendo en la idealización de un estado de lo político y de lo social, que franquea la posibilidad de adecuar históricamente la subjetividad militante, a las tareas de unir en lo político, reconstruir en lo social y rearmar en lo ideológico; pero desde una perspectiva de cambio revolucionario y entender que al hablar de estas tareas; que tienen un sello histórico importante, estamos hablando de la constitución de los explotados y oprimidos como sujetos de cambio, y el constituirse con estas características requiere de homogeneidad, y esto supone una lectura y una mirada de las condiciones objetivas, dialécticamente histórica.

Es decir, no se está observando una realidad material que en cuanto fenómeno y en cuanto esencia se manifieste distinta según quien la mira, porque no son nuestros sentidos los que construyen las condiciones materiales objetivas, estas se encuentran dadas independientemente de nuestra conciencia, por lo tanto, los oprimidos y explotados no podríamos construir tantas miles de realidades arbitrariamente, según el número de observadores que seamos. Insertos en la misma realidad histórica, cruzados y desafiados por los mismos problemas, enfrentados a las mismas carencias y adversidades e interpelados por las mismas necesidades y posibilidades, no es honesto continuar creando espejismos, que mañosamente justifiquen nuestras pequeñas y mezquinas parcelas políticas y sociales haciendo gala política dentro de los ámbitos de nuestra clase de un autonomismo y una independencia mal concebidos.

El Modo de Producción Capitalista, la explotación capitalista, la acumulación y la concentración de capitales y riquezas dentro del capitalismo, la fase monopólico-financiera del capitalismo, como actual fase imperialista; toda esta absoluta centralidad política, económica, social, ideológica y militar del sistema burgués; sólo nos conmina, nos provoca, nos exhorta a una sola decisión: Constituirnos en la clase para sí, socialmente unidos, ideológicamente homogéneos, políticamente compactos, ser una sola fuerza, firme, disciplinada, granítica. Y sabemos, que en la base de esta realización, como eje central de esta dinámica histórica, debe estar la vanguardia revolucionaria: el Partido de la Revolución.

Por lo tanto, esta es la primera, ineludible y obligatoria tarea de cualquier revolucionario. Desde esta perspectiva de construcción, razonablemente histórica, dialécticamente científica, entendemos que la unidad revolucionaria no es convivencia ni coexistencia política. La unidad revolucionaria es resolver en una instancia superior, la conciencia y la voluntad de la conducción y de la dirección política de la clase. Estar juntos no es lo mismo que estar unidos.

Debemos insistir, porque es parte del compromiso de los revolucionarios con el pasado heroico de nuestra clase y también con el devenir victorioso de los pobres del mundo, que hacer política para derribar las estructuras injustas y para edificar una sociedad mejor, no va de la mano con cálculos oportunistas y mediocres. No es aceptable, convocar a la unidad revolucionaria para después servir políticas mezquinas y de corto plazo, y que no tienen que ver en lo absoluto, con el objetivo necesario y sentido de salir del empantanamiento en el cual hemos estado casi por dos décadas la izquierda y los revolucionarios. Cuántos creyeron que la convocatoria del 4 y 5 de abril, abría la posibilidad de que la izquierda revolucionaria se encontrara y luego coincidiera en el propósito común de levantar efectivamente una alternativa socialista para los sectores obreros y populares. Que todas esas exhortaciones a confluir para luchar por el poder popular y por una sociedad sin clases se acercara a algo más que una simple intención. Que de manera honesta, las organizaciones convocantes dieran lugar a un despliegue participativo y verdaderamente democrático de los contenidos de clase y a las aspiraciones socialistas y revolucionarias.

Sin embargo, una vez más las expectativas sinceras y crédulas de muchas organizaciones, fueron decepcionadas y se tuvo que una vez más también, asistir al nacimiento -entre gallos y medianoche- de otra coordinadora que no tuvo nada nuevo que ofrecer en su clausura, a una ya raleada concurrencia. Nuestra conclusión, es que sectores reformistas solapados, haciendo uso de un lenguaje “revolucionario” intentan arrastrar a la franja revolucionaria tras políticas de disputa electoral condenadas de antemano al fracaso, y no por ser electorales, sino porque constituyen objetivos puntuales, aislados, unilaterales y absolutamente desarraigados de la contingencia social que experimentan los trabajadores y el pueblo.

NO EXISTE PEOR TRAMITE QUE EL QUE NO SE HACE

“Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario. Jamás se insistirá bastante sobre esta idea en unos momentos en que la prédica de moda del oportunismo se une la afición a las formas más estrechas de la actividad práctica.” ( 1 ) Sí, decimos a Lenin, porque compartimos que a pesar de los pesares, se nos impone siempre el reto de seguir luchando, de juntar y amarrar los empeños, para desde la condición de minoría convertir el proyecto revolucionario en una opción de las mayorías pobres y explotadas. Tal desafió, sin duda, aparte de perseverancia y espíritu de sacrificio, requiere de una postura seria, responsable, por lo tanto científica en su concepción y desarrollo, exacta coherencia entre proyecto revolucionario y realidad histórica y material. Reivindicar el pensamiento y la obra de nuestros maestros, significa crecer en nuestra capacidad de análisis y desarrollar al máximo nuestros esfuerzos prácticos para multiplicarnos en el seno de la clase.

Quienes hoy día, descalifican la tarea de edificar la vanguardia motejando peyorativamente de “iluminados” a quienes postulamos la formación y educación de los trabajadores y el pueblo con las herramientas del socialismo científico, no hacen otra cosa, que declarar su impotencia y falta de voluntad política, para de verdad construir ese poder popular del cual hacen tanta gárgara. Nunca será realidad el sujeto del cambio revolucionario, si condenamos a las mayorías a la ignorancia política y al analfabetismo cultural que representa la actual condición de alienación a la que están sometidas las masas en el Chile de hoy. Desde esta perspectiva, pensamos que no es bueno, estructurar fetiches, que finalmente distorsionan la tarea de construcción revolucionaria y socialista.

No corresponde que los revolucionarios demos por sentadas situaciones que no existen o no se han dado y que muchas veces, ni siquiera representan una expresión larvaria de lo que se necesita como instrumento de realización y de cambio. Las evaluaciones para instalar certezas acerca de nuestra condición en lo cuantitativo y en lo cualitativo no es un ejercicio inútil a la hora de proponerse la construcción del Poder Popular. Creemos que no estamos cerca, precisamente, de dar un salto cualitativo en cuanto a grados de desarrollo, por mucho rato aún, deberemos sostener el esfuerzo de reconstruir al Movimiento Obrero y Popular. Esta necesaria organización de unidad de los sectores sociales, y que denota un estadio superior de organización y conciencia, todavía esta en ciernes y no encuentra momentos de aceleración, por cuanto, tampoco esta dado el instrumento catapultador y que es la Dirección Revolucionaria.

Por esta razón, no se puede declarar que hemos arribado a un nuevo periodo de la lucha de clases, que la reactivación de las luchas sociales nos ha puesto a las puertas de la dualidad de poderes, momento propio de una situación pre-revolucionaria o que debemos colocar nuestra voluntad en función de una sociedad sin clases, cuando aún estamos lejos de resolver las básicas contradicciones del antagonismo social. Convertir en un manifiesto tareas que se derivan dialécticamente de los cimientos de la lucha social y política, de los primeros escalones de la organización de las masas, es metodológicamente un craso error político. Camaradas de la izquierda, sin quitar el norte socialista de nuestra lucha, sin desdibujar el carácter revolucionario de nuestro proceso de acumulación y construcción de fuerza, sin olvidar que caminamos desde ahora hacia la toma del poder; lo primero que debemos hacer y como condición Sine Qua non de este horizonte estratégico, es disputarle las mayorías a nuestros enemigos, debemos conquistar para la causa revolucionaria el corazón y la mente de los trabajadores y el pueblo. Nuestra clase, ganada para cambiar la historia, se convertirá en la materia prima para echar a andar el mundo.

POR LA UNIDAD REVOLUCIONARIA

¡¡NADIE NOS TRANCARÁ EL PASO!!

martes, 12 de mayo de 2009

Chile : Pendiente proyecto que regula la producción y comercialización del aceite de oliva

La iniciativa, que regula la elaboración y manejo de aceites de oliva y de orujo de oliva, con el propósito que éstos tengan estándares de calidad que aseguren e incrementen su presencia en los mercados nacionales e internacionales, comenzó a ser debatida este martes en el Hemiciclo.



Sin embargo, por haberse terminado el tiempo del Orden del Día, y quedar aun diputados inscritos para intervenir, el proyecto (boletín 5934) quedó pendiente para una próxima sesión.

El texto dispone que los productores de olivas y sus respectivos predios oleícolas situados en el territorio nacional, así como también todos los productores, elaboradores, envasadores y distribuidores de productos oleícolas que desarrollen su actividad en Chile, deberán inscribirse en el Registro Oleícola Nacional.

Se entenderá por aceites de oliva únicamente a aquellos procedentes del fruto del olivo (Olea europaea), con excepción de los provenientes del orujo de dichas olivas.

El reglamento establecerá las distintas categorías de aceites. Sólo podrán utilizar la denominación correspondiente a cada categoría, cuando el producto posea los factores de calidad y las características físicas, químicas u otras que establezca dicho reglamento.

Entre las categorías que deberán contemplarse están las de aceite de oliva virgen; aceite de oliva lampante; aceite de oliva reprocesado industrialmente; aceite de oliva residual y aceite de olivas en salmuera.

No podrá denominarse “aceite de oliva” a los aceites de orujo de oliva. Estos aceites no podrán identificarse como tales ni emplear en su rotulación elementos que puedan inducir a error a los consumidores en cuanto a la naturaleza y calidad del producto, como así tampoco envases u otros elementos que puedan producir dicho error.

Asimismo, se prohíbe el uso de las expresiones aceites de oliva y aceites de orujo de oliva, en todo o en parte, como marca comercial.

Envasado y etiquetado

El proyecto establece que en los rótulos de los envases deberá indicarse, en forma destacada y con caracteres fácilmente legibles, la categoría de los aceites de oliva o de orujo de oliva contendidos en dichos envases, ya sea que éstos se destinen al mercado interno o a la exportación.

En los envases o etiquetas de los productos deberá indicarse en un mismo campo visual, a lo menos, la marca comercial, nombre del producto y categoría del aceite.

Los productos oleícolas destinados al consumo directo, deberán comercializarse en envases sellados y etiquetados, salvo que el Servicio, tratándose de productos destinados a la exportación, por razones fundadas, autorice su envasado y etiquetado en otra forma.

Los productos destinados a la exportación, podrán contener, además, las menciones que se exijan en el país de destino. En todo caso deberán expresar la categoría del aceite de que se trate.

En los productos oleícolas destinados al consumo interno o a la exportación, sólo podrán usar las menciones “Producto chileno”, “Hecho en Chile” u otra similar, cualquiera sea el idioma o la forma en que se exprese, para identificar productos oleícolas que hayan sido elaborados con olivas producidas en el territorio nacional o, en el caso de mezclas, que los aceites empleados en su composición, hayan sido elaborados íntegramente con olivas de producción nacional.

El proyecto crea un Consejo asesor del Ministro de Agricultura denominado “Consejo Consultivo Oleícola Nacional”, cuya finalidad consistirá en prestar asesoría, colaboración y apoyo técnico en el desarrollo del sector oleícola.

Este Consejo asesor estará constituido por seis integrantes representativos de los sectores público y privado, además del Ministro de Agricultura, quien lo presidirá.

Registro Oleícola Nacional

Con el fin de facilitar la fiscalización del cumplimiento de las normas legales que regulan al sector y de mantener actualizada la información, se crea un Registro Oleícola Nacional, que consistirá en un listado con la individualización de todos los productores de olivas y sus respectivos predios oleícolas situados en el territorio nacional, así como también de todos los productores, elaboradores, envasadores y distribuidores de tales productos.

Todo productor, elaborador, envasador o distribuidor de productos oleícolas tendrá la obligación de realizar durante el mes de septiembre cada año, una declaración de cultivo, de producción y/o de importación, según el caso, en la que entregará información fidedigna acerca de las condiciones agrícolas y productivas más relevantes de su giro.

sábado, 9 de mayo de 2009

Chile:-Desigualdad, desempleo y corrupción


La ley de transparencia pública puede llegar a enceguecernos, como una ventana a un mundo irreal, absurdo y muy cruel. Aquella rendija que se ha abierto hacia el poder nos ha asomado al centro del modelo, a la fórmula desde la que se estandariza y se legitiman todas las falencias. El mapa político que aparece, numérico, esquematizado y cifrado, representa y consolida la más cruda de nuestras verdades cotidianas: las diferencias sociales, la estrechez política, la anomalía económica que observamos día a día en las calles y poblaciones están cartografiadas y selladas.

Ha quedado certificado que Chile es un país de desigualdades. Y parece que hasta nos solazamos con ello.

La Concertación, que ha venido hablando desde hace años de equidad y redes de protección social, ha exhibido impúdicamente esos contrastes, que son evidentes contradicciones políticas. Funcionarios de gobierno, los que se llaman y hacen llamar “servidores públicos”, reciben sueldos que bordean los diez millones de pesos. Y hay incluso salvedades: Daniel Fernández, director de Televisión Nacional, recibe casi 14 millones de pesos y José Pablo Arellano, presidente ejecutivo de Codelco, 13 millones. No se trata de ingresos anuales, sino mensuales. El primero pertenece al PPD, en tanto Arellano a la Democracia Cristiana. Pero hay una gran excepción: el presidente del Banco Central, José de Gregorio (DC), recibe un sueldo por sobre los 15 millones mensuales.

Al revisar los sueldos y salarios de los altos ejecutivos del sector privado, los anteriores parecen discretos. Un estudio de PriceWaterhouseCoopers, citado por El Mercurio, concluyó que las rentas brutas de las gerencias generales del área telecomunicaciones llegan, en promedio, a 17 millones mensuales. Un poco más abajo están los gerentes de las compañías de seguros, con 16 millones, y los de las de isapres y AFP -sí, de aquellas firmas que se han dedicado a despilfarrar los ahorros de los trabajadores-, que ganan sobre los 15 millones de pesos mensuales. A esto hay que sumar los ingresos adicionales por concepto de bonos y asignaciones entregados como premios a las ganancias corporativas, incentivos obtenidos muchas veces tras programas de despidos masivos o de recortes salariales. No de los suyos, sino del de los trabajadores peor pagados.

Estos sueldos no son una anécdota, sino una expresión de la estructura social y económica de Chile. Es la cúspide de una gran pirámide de base extendida. Para ello, sólo basta recordar las estadísticas de Mideplan, que están disponibles para cualquier persona: el 20 por ciento más rico de la población -unos tres millones de personas- obtiene el 62 por ciento de los ingresos y representa más de 18 veces el ingreso promedio del 20 por ciento más pobre. Una estructura económica, y también social, que nos ha puesto entre los diez países del mundo con peor distribución de los ingresos. El vicioso fenómeno no sólo ha sido señalado con insistencia por la Iglesia Católica, que ha definido en forma periódica la desigualdad económica como un “escándalo nacional”, sino también por organismos como el Banco Mundial y la OCDE, que ha rechazado durante los últimos años el ingreso de Chile a esa organización. Los problemas sociales y económicos de México, el único miembro latinoamericano, ya le parecen suficientes al exclusivo organismo que conforman las naciones desarrolladas.

La Concertación da el ejemplo en la cúspide del poder. Traza el paradigma de la desigualdad. Hoy se discute sobre la crisis, la recesión, los efectos sobre el empleo. Pero Chile ha estado en esta crisis neoliberal por décadas. Porque la pobreza no tiene sólo una relación con el desempleo sino con los ingresos insuficientes, que son efecto de un modelo económico incapaz de cubrir mínimas necesidades. El énfasis que pone la derecha, y también la Concertación, en proteger el empleo -generalmente un argumento para bajar los salarios- sólo es útil como mecanismo para mantener el statu quo, pero en ningún caso como fórmula de desarrollo. De manera endémica, Chile ha mantenido una alta tasa de pobreza con bajas tasas de desempleo. La causa del problema, bien se sabe, surge de un modelo económico-político que favorece, apoyado en la legislación, a las grandes corporaciones.

Las cifras sobre salarios que hace un tiempo reveló la encuesta Casen de Mideplan tienen una directa relación con las de pobreza publicadas por este mismo Ministerio. Una relación nada nueva, y menos sorprendente: porque la pobreza tiene en Chile como causa principal los insuficientes ingresos. Pese a establecerse esta conexión que resulta evidente, hay una serie de áreas opacas, que apuntarían a empeorar las cosas. Lo que el gobierno logra sondear y traducir en números y estadísticas, refleja una realidad social y económica mucho más cruda y compleja. Si Mideplan publicó en 2007 que sólo el 13,7 por ciento de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza, cifra porcentual que correspondería a unos dos millones 200 mil personas, con otra encuesta confirma que hay un millón de trabajadores con ingresos iguales o menores que el mínimo. Si tenemos en cuenta que la población activa la conforman unos 6,5 millones de personas, aproximadamente un 15,3 por ciento de este grupo está en o bajo el salario mínimo. Hay, sin duda, y en una primera transparencia, una relación entre el grupo de bajos salarios y el grupo de pobres que detecta la metodología de Mideplan.

El asunto es qué mide esta metodología. Porque, ¿quién cree que en Chile sólo el 13,7 por ciento es pobre si en Estados Unidos las estadísticas dicen que más o menos un trece por ciento de la población está en esa condición? Y lo mismo en la Unión Europea, con un porcentaje similar y aun mayor de los ciudadanos bajo la línea de pobreza. Obviamente, la explicación oficial chilena no resiste mucha argumentación.

Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic, propuso elevar el salario mínimo, la elite política y empresarial se rasgó las vestiduras y creó una artificial e hipócrita discusión que se diluyó en retórica mediática. Hoy, en medio de la recesión y del aumento del desempleo, levantan una propuesta contraria y oportunista: flexibilizar y bajar el salario mínimo para evitar despidos. Un clásico recurso neoliberal que sólo ha contribuido al engorde corporativo y a la extensión y masificación de las carencias. El recetario neoliberal ha sido la gran maquinaria de las desigualdades. Pero cuando en el mundo el neoliberalismo se ha caído a pedazos, Chile se mantiene como el reducto mundial de la más recalcitrante ortodoxia.

El gobierno habla de su red de protección social. Sin embargo, también se jacta de su reducción de la pobreza. Porque quien sale de la línea estadística de la pobreza ya no puede optar a los subsidios estatales. Por increíble que parezca, en Chile un trabajador que percibe el ingreso mínimo de 159 mil pesos -88 veces menor al que recibe Daniel Fernández y 81 veces más bajo que el de José Pablo Arellano- está muy lejos de poder optar a esa red de protección social y ha de entrar a competir en las intrincadas y difíciles redes del mercado. Aproximadamente un 30 por ciento de los trabajadores chilenos perciben el salario mínimo, en tanto más del 50 por ciento está bajo la cota de los 250 mil pesos. Con estas cifras, el ingreso promedio de los trabajadores en Chile está en un rango de 300 mil pesos. Fernández y Arellano ganan 43 veces más que el promedio de los chilenos.

El primer quintil más pobre no llega al cuatro por ciento de los ingresos totales, en tanto el quinto quintil, el más rico, obtiene casi el 60 por ciento, lo que determina la capacidad de consumo en una sociedad que cada vez más ha puesto todas sus actividades y servicios en el mercado y el consumo.

Esta abismal brecha en los ingresos ha llevado a crear una cúpula económica y política que forma aquel quinto quintil, como es el caso de los empresarios y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Un primer mundo que se alimenta del tercero: como un gran campo de golf en medio de un descampado.

Un estudio más o menos reciente estableció que los gerentes de empresas chilenas tienen el más alto nivel de compra comparado con sus pares latinoamericanos, con un ingreso promedio cercano a los cuatro millones de pesos. Sin embargo, estos cargos pueden llegar a un promedio superior a los siete millones mensuales en las empresas grandes y a cifras cercanas a los quince millones, como hemos citado, para los ejecutivos más altos de las grandes compañías. Y si este es el salario de los gerentes y administradores, en los dueños del capital, los directores de empresas, los números se suman a destajo para superar la imaginación de cualquier trabajador chileno. Con estos números, con estos beneficios, la defensa a rajatabla por esta elite del modelo neoliberal queda explicada.

Ante esta abismal brecha entre la opulencia y la miseria, que es una “vergüenza nacional” amparada por todos los gobiernos de la Concertación, hay voces que surgen desde la ética. Monseñor Alfonso Baeza Donoso, presidente de Fasic, vice presidente de Caritas-Chile y ex Vicario de la Pastoral Social y de la Pastoral Obrera, ha propuesto que así como existe un salario mínimo, haya un salario máximo, el que debiera comenzar por nuestros representantes políticos.

La idea, planteada hace un tiempo por Baeza Donoso, no ha sido recogida por la clase dirigente. Sin embargo, ideas similares se han desarrollado en Estados Unidos tras la debacle financiera y la corrupción empresarial. El gobierno de Barack Obama ha propuesto regular los sueldos de los CEO de las grandes empresas. Y tiene razón, no sólo en un sentido ético, sino también económico. El gran colapso y sus efectos se han relacionado con prácticas empresariales que buscan el beneficio a toda costa. Y tras de esta meta, dejan un escenario de quiebras y miseria.

Desempleo, la otra transparencia

Hacia finales de abril, la Universidad de Chile publicó su estudio sobre empleo con cifras inquietantes. La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a 12,8 por ciento en marzo, lo que equivale a 363 mil 900 personas desocupadas. De esta forma, la tasa de desocupación supera los dos dígitos y corresponde a la mayor que se registra desde septiembre de 2003. En un sondeo anterior, de diciembre, la cesantía en el Gran Santiago llegó a 9,7 por ciento, lo que se traducía en 274.600 personas. Como afirman los economistas Orlando Caputo y Graciela Galarce, la tasa de desempleo en Santiago aumentó en 55 por ciento en pocos meses, pero el desempleo real en el Gran Santiago y en Chile es aún mayor. Este dato se relaciona directamente con las estadísticas oficiales del INE. En el trimestre diciembre-febrero la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,5 por ciento, con un crecimiento de 1,2 puntos respecto al mismo período del año anterior. Pero son otros guarismos los que sin duda han de preocupar. El número de desocupados, estimado en 619.750 personas, aumentó en 17,8 por ciento (93.580 personas) respecto a igual trimestre del año anterior. Y hay otros datos aún más inquietantes. El desempleo nacional entre los jóvenes alcanza niveles dramáticos. Dice el INE que entre los 15 y 24 años hay un desempleo del 20,3 por ciento: uno de cada cinco jóvenes está desempleado.

Son sin duda los meses de invierno los más críticos para el desempleo. Durante el invierno pasado la cesantía nacional se elevó a 8,4 por ciento. Este año, la tasa debiera llegar a por lo menos 9,6 por ciento. Sin embargo, la tendencia no es horizontal, sino claramente ascendente, por tanto es probable que la cesantía nacional se ubique este invierno por sobre el diez por ciento. Si durante la crisis asiática de finales de la década pasada el desempleo nacional llegó a 10,1 por ciento, los pronósticos para esta crisis, que se ha presentado más intensa y profunda, no serán mejores.

Este es el Chile transparentado


viernes, 8 de mayo de 2009

Ministro de Minería coincide en que pérdidas de ENAP se deben a la crisis energética del 2007 y 2008

El secretario de Gobierno y Presidente de la ENAP, Santiago González, asistió a la Comisión que investiga las perdidas de la empresa estatal y sostuvo que éstas se debieron a las variaciones en el precio del petróleo y la sequía.


El Ministro González coincidió con lo expresado por el Gerente de la empresa la semana pasada en la instancia que investiga las pérdidas por mil millones de dólares ocurridas el año pasado por parte de ENAP y agregó que "aquí hubo un aumento muy importante en el precio del petróleo durante el 2007 y 2008, lo que obligó a la empresa a requerir un soporte financiero muy importante, nunca pensado para una empresa como ENAP".

El Ministro y Presidente de ENAP sostuvo además que esto se suma a "la importante sequía que se generó en esos mismos años y que impidió la generación hidroeléctrica en nuestro país y obligó a la ENAP no solamente a producir a máxima capacidad, sino que a generar una exportación de diesel adicional para soportar energéticamente al país, esto sumado a la crisis financiera internacional que era algo que nadie podía preveer".

Junto con ello, González destacó que "le hemos dicho a la Comisión que la empresa cumplió con su objetivo porque no cabe la menor duda de que si la empresa no hubiera tenido disponible el combustible que se requería durante el año 2008, sin lugar a dudas que habríamos tenido una crisis energética importante en nuestro país".

Tras la exposición del Ministro, el diputado PS Marcelo Schilling, dijo que "es un hecho indesmentible que ENAP actúa como respaldo de la red energética nacional, independiente de que esta función haya sido asignada por ley y tuvo que tomar las probidades del caso para un año que se avecinaba hidrológicamente malo; eso significó aumentar el stock de la empresa con precios que estaban muy altos".

Asimismo, el parlamentario dijo que con los testimonios recibidos se disipan gran parte de las dudas, ya que "ENAP obró con los mismos criterios con los que obraron todas las empresas del sector, comprar con el precio que estaba en el mercado y luego se encontraron con la caída abrupta de los precios", señaló.

Por el contrario, el diputado UDI Alejandro García-Huidobro, manifestó que en el caso de una crisis energética ENAP debería haber tomado las precauciones del caso y "que cuando se pierden mil millones de dólares, hay problemas de gestión y por algo salió el Gerente General y varios ejecutivos de la empresa", añadió el legislador.

Ex Gerente de ENAP

El grupo parlamentario en un segundo momento, recibió al Ex Gerente de ENAP, Enrique Dávila, quien se sumó a lo expresado por los demás directivos de la empresa y sostuvo que "las pérdidas se dieron como consecuencia de nuestras gestiones para evitar el corte de gas, de luz y de energía para el país".

Sin embargo, el ex Gerente de la empresa energética dijo a modo de crítica que "se podría haber hecho mucho mejor el manejo comunicacional de esto, para que la gente hubiese tenido mas conciencia de que estábamos ante una situación de crisis de gas y energética".

Finalmente, el diputado DC y presidente de la Comisión, José Miguel Ortiz, dijo estar satisfecho con las exposiciones recibidas, mediante las cuales que quedó claro que el país estaba atravesando una situación difícil y complicada desde el punto de vista energético.

"Si ENAP no hubiese tomado las precauciones que tomó, en mayo del 2008 hubiese habido una crisis energética y eso es lo que hemos recabado hasta el día de hoy", concluyó el parlamentario. Además de ello, adelantó que la próxima semana la instancia parlamentaria recibirá a la Federación de Trabajadores de ENAP.

Chile : Agrupación de menores torturados pide reconocimiento en Ley de Reparación

En una intensa sesión de la Comisión de Derechos Humanos, representantes de la Agrupación de Menores de Valparaíso víctimas de torturas durante el Régimen Militar, solicitaron ser incluidos en las indemnizaciones que contempla la ley.


Viviana Fernández, Presidenta de la Agrupación, señaló ante los parlamentarios el desconocimiento que existe en el país sobre este tema y que se materializó en el Informe Valech, ya que en dicho documento sólo se incluyen a 188 menores, cifra que según ella es bastante menor a la real.

En este sentido, Fernández expresó que "hay una cantidad enorme de menores que quedó fuera del Informe porque no tenían la documentación que se pedía, porque nadie, en ningún recinto de las Fuerzas Armadas que estuviera detenido, le iban a dar un certificado que dijera que había pasado por ese lugar".

La petición fue acogida por los diputados miembros de la instancia y se acordó canalizar esta solicitud a través del Ministerio del Interior. El diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la Comisión, dijo además que "sin duda que vamos a apoyar esto porque es una situación que se conoce poco en el país pero que ocurrió con absoluta crudeza".

Nueva Ley de Reparación

Posteriormente, la instancia parlamentaria recibió al Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, quienes informaron sobre las conversaciones que han tenido con el Gobierno, específicamente con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Carolina Tohá, sobre la posibilidad de establecer una nueva Ley de Reparación.

Al respecto, Nelson Aramburú, Vocero del Comando, solicitó ante la Comisión que el Ejecutivo cumpla con su promesa al respecto y agregó que la actual legislación es "austera y simbólica y ha demostrado a través del tiempo que ha sido una ley pobre desde el punto de vista reparatorio, mientras que el informe de la Comisión Valech tampoco ha reparado el grave daño causado por la dictadura militar".

Sobre esta materia, el diputado Ojeda sostuvo que la instancia invitó a María Luisa Sepúlveda, encargada del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la Ministra Tohá con el fin de plantearles estas inquietudes.

Proyecto de Reforma Procesal Civil

Por último, la Comisión recibió a Nelly Cárcamo, Presidenta de la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile, quien entregó a los diputados una propuesta de Reforma Procesal Civil en base a una resolución de Naciones Unidas que obliga a establecer una justicia adecuada para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La invitada expresó al respecto que "este proyecto busca que las victimas puedan acceder a la justicia y obtener su indemnización que está establecida legalmente tanto en la Constitución chilena como en los tratados internacionales a través de la Convención Contra la Tortura, y que dice que todas las victimas de delitos de lesa humanidad deben ser reparadas de forma justa y adecuada".

Sobre este punto, la Comisión acordó solicitar un informe al Consejo de Defensa del Estado y se le realizarán algunas consultas al organismo sobre la factibilidad de dicho proyecto.