El pueblo de Santiago de Chile marcha por represión estatal sin nombre contra los Mapuche

La movilización es el viernes 27 de julio, a las 19:00 horas en Alameda con Ahumada. Nunca la solidaridad activa con el pueblo mapuche vilmente reprimido por el Estado fue más urgente. Aquí están las razones detalladas. Aquí están las demandas, el corazón ardiente, la lucha necesaria.

Condenando la intervención de los criminales de las fuerzas especiales de carabineros, que no pasan de ser unos sicarios a sueldo de los empresarios.

A repudiar la política criminal del gobierno de Piñera contra los mapuche, exigiendo la devolución de todas las tierras usurpadas.

Todos los ladrones y criminales deben ser expulsados del territorio mapuche, libertad a todos los presos políticos de nuestra nación Mapuche.
Declaración pública: autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indígenas autoconvocados

Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, manifiestan que la relación del Estado de Chile con los Pueblos Indígenas, mantiene una línea política asimilacionista, integradora y aniquiladora de la continuidad histórica de los Pueblos Indígenas. Somos afectados por la imposición unilateral de leyes y medidas administrativas, los procesos de diálogo con las autoridades del Estado son forzados y poco sinceros, experimentamos una abierta vulneración de nuestros Derechos. Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido letra muerta y reafirma el carácter de una decisión obligada burocráticamente para responder a las presiones de los organismos internacionales de un Chile Globalizado. Es más, se suscriben Convenios Internacionales para el sustento de una falsa democracia y sin voluntad real de establecer una nueva relación del Estado de Chile con los Pueblos Indígenas y sus Autoridades Ancestrales.

1.- Impugnamos todas las Leyes y Medidas Administrativas cancelatorias de los Derechos de los Pueblos Indígenas,

La dictación de nuevas leyes y decretos cancelatorios de derechos de los Pueblos Indígenas sin la debida Consulta de acuerdo estándares internacionales, coloca al actual Gobierno en abierta violación de la Constitución del Estado de Chile. Se vulnera la Ley cada vez que se toman medidas administrativas y legislativas sin consulta. Se siguen autorizando exploraciones mineras de empresas privadas nacionales e internacionales; se generan nuevos decretos inconsultos como el DS50, que fija procedimientos arbitrarios y unilaterales, para otorgamiento de concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas; el proceso de dictación de Reglamento SEIA; desarrollo de proyectos gubernamentales como los propuestos para la explotación del Litio, que contraviene el Convenio; la Ley de pesca, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y que afecta directamente a los pueblos que habitan en las costas y en especial a los Lafkenche, Huilliche y Rapa Nui, entre otros.

2. Denunciamos las presiones de los empresarios,

Es un clamor generalizado la indefensión de los territorios indígenas ante la acción de empresarios ávidos de riqueza personal y ambición de poder. Las inversiones continúan amparados por un Estado expectante y una autoridad permisiva, que es consciente y promotor de un modelo económico expoliador de nuestras riquezas naturales. Este es el fondo del problema, un modelo económico cuya base son los Recursos Naturales. Son cientos los inversionistas que presionan y utilizan todo su poder de negociación para determinar procedimientos que cancelan los Derechos de los Pueblos Indígenas, bajo la falsa consigna de más inversión en los territorios más empleo y menos pobreza. El modelo económico glorificado por una minoría es parte del problema. Se constituye en una sacrosanta veneración de un sistema que genera más miseria y discriminación para los olvidados de siempre, miles y miles de de indígenas, que anhelan un futuro en libertad y en dignidad.

3. Exigimos la anulación del DS 124, paralizar su utilización, demostrar la buena fe e iniciar la consulta en base a la autoejecutabilidad del artículo 6 y 7 del convenio 169,

El Gobierno de Chile, legitima procesos de consulta sectoriales, amparado en el Decreto Supremo 124 y consagra pseudoconsultas, a partir de maniobras y mecanismos que incumplen la Ley. Es vital que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cumplan con los tratados a los cuales están obligados por Ley. Es fundamental, que el Estado de Chile, asimile de una vez por todas que los Pueblos Indígenas existen y exigen respeto a sus derechos en el marco de una propuesta política. Los Pueblos Indígenas validan la existencia de leyes y tratados internacionales, pero paradojalmente el Estado por medio de sus autoridades se niega a cumplir la ley.

Recomendamos a los Pueblos Indígenas a no dejarse engañar participando en consultas emanadas por el ejecutivo que no cumplan con los estándares internacionales, a no dejarse cooptar con ofertas de diversas empresas tanto privadas como públicas, puesto que los derechos territoriales están consagrados en su plenitud en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La defensa del territorio constituye la defensa de la cultura y la vida de nuestros Pueblos.

4. Exigimos el legítimo derecho a la libredeterminación,

Queremos reafirmar nuestro legítimo derecho a la autodeterminación en el marco de los derechos consagrados en los cuerpos jurídicos ratificados por el Estado de Chile. Continuar con la aplicación y cumplimiento del 169 a cabalidad, generando propuestas de participación y representatividad en debates y resoluciones democráticos que nos den dignidad y soberanía como pueblos dentro de este Estado. La única forma de seguir adelante con un diálogo directo eficiente y duradero es eliminando las condicionalidades impuestas en el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas. No aceptaremos ninguna imposición que se traduzcan en ceder derechos colectivos. No formaremos parte de ninguna Comisión Amplia que se ha desvirtuado con la inclusión de Consejeros Presidenciales, cuestión que constituye una injerencia directa del Gobierno. Rechazamos el nuevo proceso de consulta desarrollado por los Consejeros de CONADI, puesto que es una institucionalidad estatal distinta a los Pueblos Indígenas. Respetamos a todos aquellos hermanos que fortalecen una posición de pueblos en este Consejo, pero deben asumir que es una institucionalidad de Estado. Y este nuevo plan, se aleja de los estándares internacionales de la Consulta. Nuestra posición es trabajar los mecanismos de consulta en un modelo definido por los propios pueblos.

5. Proponemos,

Ante este panorama de vulneración de derechos, la conformación de un Consejo de las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas de carácter autónomo; La creación de las Asambleas o Consejos Autónomos por Pueblos, que permita desarrollar procesos de representación para la Consulta, fortalecer el diálogo y apoyar los mecanismos de deliberación de los Pueblos; La creación de una Comisión Técnica Asesora, que procese información experta respecto de los Derechos de los Pueblos Indígenas y una Secretaría Ejecutiva, que aporte los apoyos administrativos y logísticos necesario para cumplir con éxito nuestros propósitos.

Esta propuesta reivindica el ejercicio pleno de derechos de los Pueblos Indígenas. Esta nueva generación de derechos colectivos e individuales, fundamenta procesos autónomos e independientes del Estado, que se suman a las conquistas de los Pueblos y mejoran la Ley Indígena 19.253. Se orientan a superar una institucionalidad anquilosada y extemporánea. En esta perspectiva, estimamos que es contraproducente desarrollar mecanismos consultivos en los cuales la CONADI se hace presente a través de sus Consejeros y nos realicen invitaciones a participar a los Pueblos Indígenas. De acuerdo al carácter vinculante del Convenio 169, la consulta recae directamente en los Pueblos y sus Instituciones Representativas. Estos nuevos derechos dan legitimidad a los pueblos directamente y a sus instituciones representativas, cuestión que en la actualidad no se encuentra claramente definida, porque se deben iniciar procesos de consulta previa, libre e informada que conduzcan a la práctica real de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Comunicamos a las Autoridades de Gobierno, al Poder Legislativo y otros órganos del Estado de Chile, la conformación de las siguientes instancias de trabajo:

- Creación de un Consejo de Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados.

- Asamblea o Consejos Autónomos por Pueblos

- Consejo Técnico Asesor y una Comisión Ejecutiva.

- Mesa de Coordinación Nacional Indígena, en la cual estén presentes las instituciones de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas. Instancia, respetuosa de las identidades y autonomía de los actores participantes. Esta Mesa de Coordinación Nacional Indígena, será la encargada de consensuar el proceso de consulta e implementación del Convenio 169.

6. Hacemos un llamado al Congreso Nacional de Chile, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados a honrar sus decisiones y compromisos.

Durante el mes de Diciembre de 2011, la Comisión de DD HH del Senado acordó conformar una Comisión Bicameral para desarrollar sus propios procesos consultivos de acuerdo a estándares internacionales. Esta decisión fue ratificada y gestionada por la actual mesa del Senado presidida por el Senador Camilo Escalona. Asimismo, el actual Presidente de la Cámara, Diputado Nicolás Monckeberg, comunico a los Coordinadores de las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, su compromiso en la constitución de la Comisión Bicameral. Es vital que el Congreso Nacional respete las leyes y tratados de Derechos de los Pueblos Indígenas y que respete su propia normativa interna en orden a garantizar el ejercicio de esos derechos.

7. Finalmente, llamamos al Gobierno a cambiar el rumbo de su política criminalizadora de las demandas de los pueblos indígenas y establecer un dialogo político al más alto nivel con los Pueblos Indígenas.

En lugar de convocar encuentros de seguridad que judicializa las demandas de los Pueblos Indígenas, inicie un proceso de dialogo transparente. Un dialogo real con las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados. Medidas como invocación a leyes de seguridad interior del Estado u otras cancelatorias del estado de derecho, refleja su incapacidad para dar solución real a demandas históricas del pueblo mapuche. Lo emplazamos a un debate abierto y franco, y no avalar y considerar estrategias oscuras que pretenden manipular a la Autoridad Política en la toma de decisiones de carácter discriminatorias y dictatoriales. Lo convocamos a utilizar mecanismos políticos en un marco de derechos de los Pueblos Indígenas como medio de resolución de los conflictos políticos. Urge una nueva política indígena, que garantice nuestros derechos, de supervivencia y desarrollo, se implemente políticas públicas participativas para terminar con la situación de pobreza que se concentra en nuestros pueblos, cese la represión como política para ahogar y amedrentar las legitimas reivindicaciones territoriales. Que instruya a sus funcionarios públicos a actuar con pertinencia indígena, que respeten las formas de organización social, política de cada pueblo y velando por la participación en cada una de las etapas de formación de la política pública, elaboración, implementación y evaluación de políticas, planes y programas públicos en el marco de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Que se liberen a los Presos Políticos y se restituyan los territorios usurpados. Es ahora y no mañana el ejercicio de nuestros Derechos.

Organizaciones y comunidades indígenas autoconvocadas:


Asociación Mapuche Wuñelfe
Asociación Mapuche Wilkunche
Makenu Re`o Rapa Nui-Grupo de Mujeres
Asociación Indígena Katriwuala
Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen
Asociación Mapuche Inaleufuche
Asociación Mapuche Quitral Mapu
Asociación Mapuche Adkim Tulem
Asociación Mapuche Calaucan
Asociación Mapuche Petu Mongueleiñ
Asociación Indígena Tren Tren Winkului
Asociación Mapuche Antumapu
Asociación Mapuche We Rayen Lof
Asociación Mapuche Maypun
Asociación Comunitaria de Salud Integral de Desarrollo
Consejo Autónomo Aymara
Organización Aymara Jicha Piniwa
Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas
Agrupación Social Indígena
Organización Mapuche Wepeuntun
Organización Mapuche Trawun mapu
Organización Mapuche Kila Lof
Organización Mapuche Werken Mapu
Organización Mapuche Relmu Antu
Organización Mapuche Newen peñi
Organización Mapuche Meli Newen Mapu
Organización Mapuche Trepei Pu Lamngen
Organización Mapuche Petu Mongozein
Asociación Indígena Likan -Mapu
Organización Lulul Mawidha
Asociación Consejo Mapuche Pudahuel
Comunidad Indígena Quechua Miñi-miñi
Comunidad Indígena Francisco Trecan
Comunidad Indígena Venancio Ñeguey
Comunidad Indígena Salto Lorcura
Comunidad Indígena Aymara de Parca
Comunidad Aymara Chiapa
Comunidad Atacameña de Toconao
Comunidad Indígena Butalelbun
Organización Indígena Ad Zulen
Comunidad Indígena Callaki
Asociación Weichafe Domo
Asociación Mapuche Meli Rewe
Consejo Regional Diaguita Atacama
Asociación Indígena Diaguita Rio Huasco de Vallenar
Asociación Indígena Mapuche Renca Wichanlof
Asociación de Mujeres Indígenas Taihuel, Quinta Región
Pastoral Mapuche de Santiago
Comunidad Indígena Puwapi
Corporacion Lehue-Coihe – Tirua
Comunidad Indígena Trapa Trapa
Amuleaimi Programa Radial Mapuche
Asociación Regional Quitral Mapu
Ilustre Municipalidad de Lumaco
Comunidad Newen Puyi – Tirúa.
Grupo de Comunicación y Estudio “Lulul Mawida”.
Consejo ADIS – Eco zona de Cariquima – Matilla comuna Colchane
Consejo autónomo mujer indígena “INALENFUCHE”.
Unión Comunidades de Lumaco.
Comunidad Mateo Huenchuman
Coordinadora AMAPEI NACIONAL-WICHAN LOF
Territorio de la Futawillimapu.
Dirigentes de Comunidades del sector rural. Comuna Padre Las Casas.
Comunidad Indígena Diaguita ” Paytepen ” de Chanchoquín Grande.
Comunidad Calviu Millan de Aillinko.
WALLMAPU FUTA TRAWUN
Comunidad We Folil
Comunidad Rayen Pehuen
Comunidad Folil Zomo
Asociación Wetxipantu
Comunidad Newen Mapu
Comunidad We Rayen Mapu
Comunidad Epu Newen
Comunidad Juan Paillalef
Gvbam longko Pikunwijimapu
Comunidad Indígena Yámana
Comunidad Indígena Kawésqar – Puerto Edén
Comunidad San Bartolomé de Livilcar
Comunidad Autónoma Antinao Los Ángeles
Comunidad Alanawue Collileufu
Comunidad Pehuenche Akoncagua
Comunidad Huillimapu akunkawua
Asociación Mari Mapuche San Felipe
Kinel Wueichan Mapu Chol Chol
Comunidad AT Manqueo
ONG Rapa Nui Nehe- Nehe
Asociación Indígena Rapa Nui Pakarati
Lafken Mapuche Hualaihue
Comunidad Pehuenche
Comunidad Ñuke Mapu Newen
Asociación de Emprendedoras Indígenas Leftraru – IV Región
Comunidad Huilliche Pailahueque
Lof Mapu y Organizaciones de Chol chol
Organización Colla Rio Jonquera y sus Afluentes
Movimiento Salud de los Pueblos Indigenas
Asociación Rayen Mapu
Asamblea Nacional Mapuche Izquierda (ANMI)
Mapuches Iglesia Evangélica
Rayen Quitral. Pastoral Mapuche
Comunidad Juan Dionisio Millapan – Panguipulli
Ruka Mapu
Consejo de Río Negro
Comunidad Purranque
Consejo San Pablo
Red por los Derecho educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Asociación Indígena Longko Katrinrayen
Asocación Antumapu Quilpue
Centro Cultural Mapuche Ayekan
Comunidad Kiñe Weixan Mapu
Pura Weichan Mapu
Comunidad Territorial Rayenko
HuilliLagkenche Melipulli Cayenel Mapu
Organización Amotuyin
Asociación indígena Talkawuano
Comunidad Indigena San Pedro de Atacama
Asociación Antu-Mapu Quilpue
Pastoral Indígena San Antonio
Asociacion indigena Calaucan, San Antonio
Comunidad Juan de la Cruz Pinchumilla
Asociación Indígena kom pu che ñi Lof
Asociacion indigena Witrapuran
Territorio Mapuche Lof kollim
Asociación de mujeres indígenas “Taihuel”
Comunidad Indigena Purrailla. Lago de Todos los Santos
Asoc. Indigena Rayen Foye
Asociación Mapuche kayenel
Asociación Indigena kurra Wenu
CONSEJO PUEBLO LICKANANTAY-ATACAMEÑO
COMUNIDAD INDÍGENA COLLA WAYRA MANTA TUJ’SI TRECAN
Asociación Indígena Amotuyin Melipilla
Organización Mapuche Travun Mapu
Asociación Rapa Nui Pakarati
Asociacion Regional Leufu-Lafquen
Cacicado kuinco Lof Chol Chol
Comunidad Pedro Lincoñir
comunidad juan huehuentro
comunidad avelino torres
asociación ayelen domo
territorio mapuche quepe
comunidad juan huenchual
comunidad antonio lepian
asociación de comunidades de lumaco
asociación de comunidades de loncoche
comunidad Chaura
asociación de comunidades de lautaro
asociación urbana newen mapu
asociación urbana trepel pu lamgien
comunidad mahuidanche
comunidad mapuche lonko Maikillahue
comunidad nación Newenche
Agrupación Indígena kalfulican
comunidad manuel Kintunahuel
comunidad camilo Cñuecar
comunidad manuel marillanca palguin bajo
lof pullinque asociación de comunidades de victoria
Agrupación de comunidades de Lonquimay
Agrupación de Comunidades Tricauco
Agrupación de comunidades de Temucuicui Huañaco Millao
Agrupación de Comunidades de Cunco
Agrupación de Comunidades de los Sauces
Agrupación de Comunidades de Teodoro Schmidt
Agrupación Antumapu,
Esperanza de Vida Comunidad “WE FOLILCHE AMULEAIÑ”
Area de Desarrollo Indigena Jiwasa Oraje
Consejero ADI ecozona Tarapaca Alto. Asociacion Jicha Piniwa
Asociacion Jicha Piniwa – Iquique
Comunidad de Lirima, Region del Tamarugal
Presidente Consejo Autonomo Aymara Arica
Fûta Repû, Calle Larga
ASOCIACION REGIONAL LEUFU-LAFQUEN
Asociación Indígena Amotuyin Melipilla
Territorio Mapuche Los Álamos
Asoc. Indígena Urbano Prov. Arauco
KOLAWEN Comunidad Francisca Calfin
Centro Ceremonial Relmu Rayen Chof Lafken
Programa de Derechos Indígenas – Fundación Chile XXI
Asociación Indígena ”Antu-mapu”,Quilpue
Comunidad San Bartolomé de Livilcar
Asociación Mapuche Pewma Pu Domo
TERRITORIO CAYUPIL MAPU
NEHUENCHE MAPU
Asociación Indígena Talcahueñu ñi Folil de Talcahuano
Asociación de Comunidades de Galvarimo
Asociación de Comunidades de Freire
Asociación de Comunidades de Puren
Asociación de Comunidades de Villarica
Asociación de Comunidades de Temuco
Asociación de Comunidades de Panguipulli
Asociación de Comunidades de Lonquimay
Asociación de Comunidades de Mafil
Asociación de Comunidades de Chol chol
Asociación de Comunidades de Collipulli
Asociación de Comunidades de Puerto Saavedra
Asociación de Comunidades de Imperial
Asociación de Comunidades de Tolten
Asociación de Comunidades de Tirua
Asociación de Comunidades de Osorno
Asociación de Comunidades de Arauco
Asociación de Comunidades de Puerto Montt
Asociación de Comunidades de Hualpen
Asociación de Comunidades de Pucon
Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje
Comunidad Indígena Aymara de Limaxiña
CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA
Asociación Indígena Mapuche Huilliche de Trab. Indepen. Huilli Relmu
Asociación Indígena de Productores Agrícolas Waywen de Punta Arenas
Comunidad Mapuche WE FOLIL
Consejo de Educación Mapuche AZELUWAM
Comunidad Rudecindo Ancalef
CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA KAYENEL
Asociación Antumapu Quilpué
COMUNIDAD INDIGENA COLLA SERRANIA POBLETE
Comunidad Indígena Diaguita Serrania
Longko Mayor del consejo de Comunidades de Quellon
Longko Mayor del cacicado de Cohinco de Osorno
Coordinadora de Mapuche Urbanos de la Provincia de Cautín
WARRIACHE Asociación indígena Rayen Mapu
Agrupación Indígena Ñuke Mapu
ASOCIACION INDIGENA ADEPO
Organización mapuche trepey lamngen Comunidad Choin
CONSEJO DE LONCOS Comunidad Indígena. MARIA TRANSITA CANIO
TRAGUN NEHUEN PULLI MUNICIPALIDAD TIRUA
Comunidad Indígena CARRIPAN HUERAMAN
Comunidad Indígena KELLGKO
Comunidad Indígena LORENZO PILQUIMAN DE MIQUIHUE
Comunidad Indígena LORCURA FOLIL MAPU
Alianza Territorial Mapuche
Hogar Mapuche Pelontuwe FEMAE Colectivo de Estudiantes Mapuche Universitarios (Codemu)
IDENTIDAD TERRITORIAL LAFKENCHE

CHILE : Violencia en tierra mapuche no respeta ni a los niños

"Hemos sido ‘pasados a llevar’ (atropellados) por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza policial nos reprime a todo el pueblo mapuche… ellos son los que nos disparan a sangre fría".

Niños a la puerta de una ruca, vivienda tradicional mapuche en Temocuicui, epicentro de la violencia.

Así narró un indígena de 16 años la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de la Araucanía, 680 kilómetros al sur de Santiago, tras el desalojo de un predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.

"Ese es el sentimiento de los niños que son parte de las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en medio de la violencia", explicó a IPS la coordinadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.

"El adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo tanto, es lo que expresa", añadió.

Esta denuncia sobre la represión publicada por el diario digital mapuche Werken (http://www.werken.cl/), que circula por las redes sociales de Internet y por medios de comunicación electrónicos es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la violencia, que en las últimas 72 horas dejó decenas de personas detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.

En medio de la preocupación y la denuncia, este miércoles 25 se registraron nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue allanada por la policía.

El conflicto se agudizó el lunes 23, cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas Forestales Mininco y Arauco.

Según portavoces indígenas, se trató de una movilización pacífica, que pretendía "llamar la atención" sobre el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista Sebastián Piñera en el marco de la lucha por la recuperación de tierras mapuches.

Estos predios, aseguran, son parte del territorio que les fue despojado a sus ancestros durante la "Pacificación de la Araucanía", un proceso de invasión militar de dominación del Estado chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX.

La ocupación del lunes fue realizada por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.

En ese operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad, quienes denunciaron haber sido víctimas de "todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros".

La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones.

Entre las víctimas de este episodio figuran una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un adolescente de 16, que recibió balines en la cabeza.

El ataque motivó que el presidente Piñera anunciara una "investigación" para determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su gobierno apoya "en un 100 por ciento el actuar (sic) policial".

Según la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines, asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre otros tratos vejatorios por parte de la policía.

Incluso se registró el homicidio de un joven de 17 años en el año 2002.

"Muchas veces hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos aislados", sostuvo Cortés.

La activista añadió que es preocupante el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que tienen las comunidades.

Precisó que las medidas planteadas por el gobierno, que el martes 24 anunció un reforzamiento de personal policial en la zona, son de "seguridad interna" y no apuntan a resolver el conflicto de fondo.

"No veo ningún gesto de acercamiento con las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas heridas, muchos de ellos menores de edad", advirtió.

Piñera encabezó el martes una cumbre de seguridad en La Moneda, la sede de gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el reforzamiento policial, decisión que para algunos evidencia el afán oficial de una militarización de la zona.

"Cuando el gobierno empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el tema político que subyace en el conflicto, es porque perdió el norte respecto de cuál era la política del Estado en relación a los pueblos indígenas", comentó a IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.

Chile suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas, recordó.

Para Loncón, "a la hora de elaborar sus políticas públicas, el gobierno se basa más en la represión que en implementar esos convenios".

El aumento de la violencia "tiene que ver con la postura histórica de la derecha política chilena respecto de los movimientos sociales e indígenas", añadió.

"El gobierno de Piñera ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus políticas neoliberales", enfatizó.

El jurista coincidió en que, históricamente, existe "una actitud racista del gobierno y del Estado como institución, que se funda en la negación de la existencia de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo", dijo.

La directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, viajó este miércoles 25 a la zona en una misión de observación y espera divulgar un informe en los próximos días.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su "enérgico rechazo y condena" a los actos de violencia que afectaron a niños y niñas.

Por su parte, dirigentes del opositor Partido Por la Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.

Movimientos protestan contra genocidio en la periferia de Brasil

Con velas y crucifijos en las manos, cerca de 200 personas asociadas a movimientos sociales protestaron el último miércoles, día 11, contra el genocidio de la población negra en la esplanada del Museo de Arte de San Pablo (MASP), ubicado en la Avenida Paulista, en San Pablo, Brasil.(1’51” / 503 Kb) - Con velas y crucifijos en las manos, cerca de 200 personas asociadas a movimientos sociales protestaron el último miércoles, día 11, contra el genocidio de la población negra en la esplanada del Museo de Arte de San Pablo (MASP), ubicado en la Avenida Paulista, en San Pablo, Brasil.

Ato em São Paulo pede fim de genocídio contra população negra

El objetivo del acto fue denunciar las matanzas que se intensificaron en el mes de junio en la ciudad. Según los datos del Sistema de Informaciones Criminales (Infocrim) de la Secretaría de Seguridad Pública, 127 personas fueron asesinadas en sólo 11 días.

La mayoría de estas muertes ocurrió en los suburbios de San Pablo. Generalmente, la autoría es atribuida a grupos de exterminio no identificados, pero sí apuntados por los movimientos como asociados a la policía militar. Las víctimas más frecuentes son jóvenes negros.

Según el coordinador de nacional de relaciones internacionales del Movimiento Negro Unificado, Milton Barbosa, en Brasil hay un proyecto de genocidio de la población negra, ejecutado a través de acciones de represión o por la falta de políticas públicas.

“En este país existe un proyecto de genocidio de la población negra que se manifiesta en la matanza de la juventud negra: violencia policial, grupos de exterminio, narcotráfico… Y en los hospitales, enfermedades que estaban bajo control vuelven a matar – tuberculosis, cirrosis, desnutrición. Eso para nosotros forma parte de un plan de genocidio.”

Según el Mapa de la Violencia 2012, entre 2001 y 2010 el número de víctimas blancas, de 15 a 24 años, cayó un 27,5% (de 18.852 para 13.668), mientras que el número de víctimas negras aumentó un 23,4% (de 26.952 para 33.264). Anualmente, fallecen unos 139% más de negros que blancos con edad entre los 15 y 24 años.

De San Pablo, Brasil, informaciones de la Radioagencia NP.

BRASIL: Violaciones de los derechos humanos en las obras de Jiraú serán investigadas

Las denuncias sobre las pésimas condiciones de trabajo en que se encuentran los trabajadores de las obras de la Hidroeléctrica de Jiraú, en el río Madera, estado de Rondônia, región norte brasileña, no cesan. Esta vez, un grupo de diputados de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) y de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Tráfico de Personas analizará las denuncias de maltratos, condiciones insalubres de trabajo y confinamiento de los trabajadores.

Violaciónes de derechos humanos en las obras de Jirau será investigado

Los trabajadores dicen que no poseen ningún poder de voz contra los empleadores. Entre los meses de marzo y abril de este año, los trabajadores empezaron una huelga debido a las deplorables condiciones de trabajo. En la ocasión, un incendio destruyó a más de la mitad de los alojamientos.

Durante el período de movilizaciones, uno de los trabajadores describió el clima de tensión y las escenas de agresión, en una entrevista concedida al periódico A Nova Democracia.

“Dentro de una obra así, hay millares de padres de familia buscando su sustento. Nadie es bandido, ladrón, ni homicida para sentirse cohibido por la policía. Ellos no están allí para defender los trabajadores, sino para defender los intereses de la empresa. Todos se sienten amenazados porque cualquier acto o movimiento podría generar una represión. Muchos trabajadores fueron azotados en la portería de la empresa por policías y demás empleados.”

En marzo de 2011 también tuvo lugar un paro con más de 80 mil trabajadores. En la época, el Ministerio de Trabajo, solamente en las dos usinas del río Madera – Jiraú y Santo Antonio, realizó 2 mil notificaciones debido a las violaciones a legislación laboral.

Un informe divulgado por la Plataforma Dhesca, el en último año, también reveló que las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica fueron trasladadas para áreas donde no pueden plantar o pescar. Además de eso, una centena de niños de la región quedaron sin escuelas.

De San Pablo, Brasil, Fuente : informaciones de la Radioagencia NP.

Investigan una cuenta corriente de hija de Pinochet hallada en EEUU

La Justicia chilena investigará el origen de los fondos de una cuenta corriente no reclamada a nombre de Lucía Pinochet Hiriart, la hija mayor del fallecido dictador Augusto Pinochet, que fue descubierta en un banco en Estados Unidos.

Chile investiga nueva cuenta de hija dePinochet en EEUU.

El juez Manuel Valderrama, que investiga el origen de la fortuna del dictador, señaló al diario La Tercera que hasta ahora se han indagado cuentas en entidades bancarias del extranjero de Pinochet y su viuda, Lucía Hiriart, pero se desconocía la existencia de cuentas a nombre de la hija mayor del matrimonio. "Cuando lleguen los antecedentes al tribunal, se realizarán diligencias para establecer la veracidad de los hechos, como tomar declaraciones a las personas vinculadas a estas cuentas con fondos en el extranjero", dijo el magistrado.

El Ministerio Público informó este viernes a través de Twitter del hallazgo de una nueva cuenta en Estados Unidos, información que entregó el Departamento de Justicia estadounidense a la Fiscalía Nacional chilena.

Por el momento se desconoce el nombre del banco y la cantidad de fondos de la cuenta de Lucía Pinochet, que es concejal de la comuna (barrio) de Vitacura, en la capital chilena.

A mediados de 2004 cuando se descubrió que Augusto Pinochet mantenía numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior. La investigación de la fortuna del dictador (1973-1990), fallecido en 2006, ha establecido que el valor de su patrimonio ascienda a 26 millones de dólares, gran parte de los cuales no tienen justificación.

En la arista civil del caso, el testamento original de Pinochet fue abierto a inicios de este mes en el Tercer Juzgado Civil de Santiago. El documento no especificó los bienes del exgeneral, aunque estableció que su viuda, Lucía Hiriart, debe recibir el 62,5 % del total de la herencia, mientras que a sus cinco hijos les corresponde en conjunto un 25 % y a sus nietos y biznietos, otro 12,5 %.

El mayor sindicato de Chile acusa a Piñera de querer controlar Internet con el "monitoreo"

El Gobierno de Sebastián Piñera se enfrenta a un nuevo posible conflicto con la ciudadanía, que se uniría a los que ya tiene abiertos con mineros, ecologistas y estudiantes. En este caso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato mayoritario en Chile, encabeza un frente de diversas organizaciones que protestan contra las intenciones de Piñera de monitorear las redes sociales como Facebook o Twitter en busca de opiniones sobre su Gabinete, algo que ha desatado las iras de los usuarios de Internet, que ven en ello una medida orwelliana de control social. María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos del sindicato, ha declarado a este diario que el proyecto "supone un ataque frontal a la privacidad de las personas".

“Lo único que estamos haciendo, y es lógico que un Gobierno lo haga, es saber lo que opina la gente” aseguró Ena Von Baer, la ya ex ministra Secretaria General de Gobierno, en junio, cuando se hizo pública la medida. La CUT ha presentado un recurso de protección contra ese posible monitoreo de las opiniones vertidas por los ciudadanos en Internet. Según el sindicato, la Secretaría General de Gobierno contrató a la empresa Brandmetric para que vigilara lo que los internautas piensan sobre Piñera y su gestión, lo que incluiría además un sistema de geolocalización que podría indicar dónde se encuentra la persona en cuestión que esté opinando.

Puelma ha declarado a AméricaEconómica.com que "desde la Secretaría General se contrató a una empresa privada para que monitoreara, interceptara y registrara las opiniones y nombres que se dan sobre el Gobierno y de los grupos que participan en el debate" en la Red. Según la sindicalista, el proyecto "supone un ataque frontal a la privacidad de las personas, y más en un país como Chile, que ha atravesado recientemente una dictadura, en el que es intolerable que se registren las opiniones".

El recurso se ha presentado en contra del nuevo ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, quien ha sustituido a Von Baer en la reciente reforma ministerial llevada a cabo por Piñera para intentar recuperar popularidad. Si el procedimiento sale adelante, Chadwick tendría que remitir un informe en cinco días a través del cual dar explicaciones sobre la acciones del Gobierno. "Hemos exigido explicaciones para que Chadwick explique en qué ley se basó el Gobierno para poner en marcha ese proyecto de monitoreo", ha afirmado Puelma, quien también ha insistido en que "para interceptar un ordenador y teléfono es necesaria una orden judicial", algo que no contempla la Secretaría General que ha puesto en marcha el plan.

Los internautas chilenos han protestado ampliamente por los planes de Piñera, e incluso la etiqueta #monitoreo se ha popularizado en Twitter. Junto a la CUT hay también organizaciones cívicas y ciudadanas que denuncian lo que consideran una invasión de la privacidad. Una polémica que podría pasarle factura a un Sebastián Piñera muy debilitado y cuya popularidad se ha desmoronado dramáticamente en las últimas semanas.

Juez ordena procesar a dos ex coroneles por la muerte del padre de Bachelet

El juez Mario Carroza ha ordenado procesar a dos ex coroneles de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por la muerte del general Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta Michelle Bahchelet, ocurrida tras el golpe de Estado de 1973.

Juez Mario Carroza procesó a dos ex oficiales de la FACh por torturas

Los ex coroneles procesados son Ramón Cáceres Jorquera y Édgar Cevallos Jones, que entonces dirigían la Academia de Guerra Aérea (AGA), donde el general fue torturado hasta la muerte por estar acusado de "traición a la patria".

Ramón Cáceres y Edgar Cevallosquedaron en prisión preventiva 

Carroza ha dado la orden tras conocer el informe del Servicio Médico Legal, según el cual, el padre de la ex presidenta murió en marzo de 1974 a causa de un fallo cardiorrespiratorio provocado por las torturas que sufrió durante meses en la AGA.

En concreto, apunta que "existe una relación directa entre su muerte y su último interrogatorio, toda vez que ello es lo que produce una descompensación de su patología cardíaca, con un estado de estrés físico y mental previos".

Nada más conocer la noticia, la viuda del general, Ángela Jeria, ha acudido al Palacio de los Tribunales de Justicia en compañía del abogado y ex ministro Isidro Solís para interponer una querella criminal en su nombre y en el de su hija contra los dos ex coroneles.

Gobierno se hace parte en investigación por muerte del general Bachelet

"He recibido la noticia con mucha tranquilidad, porque pienso que ahora, en este país, se puede esperar que la justicia cumpla su papel", ha dicho Jeria, en declaraciones recogidas por el diario 'El Mercurio'.

Interrogado sobre la posibilidad de que Carroza ordene procesar a más personas por la muerte del general, Solís ha dicho que está seguro de que se producirá "en los próximos días o semanas", ya que "existen pruebas de que hubo otras personas implicadas".

En la misma línea se ha pronunciado la viuda de Bachelet. "Él tuvo un accidente vascular muy grave, incluso estuvo un tiempo con permiso, por tanto, yo creo que sí, que debían saberlo", ha dicho en alusión a otros ex militares.