establecer que una empresa forestal
chilena facilitó y proporcionó medios
para que 14 de sus trabajadores, Además
de otras cinco personas, fueran
asesinados por carabineros en el sur del
país días después del golpe militar de
1973 en el sur del país.
La dictadura chilena contó con la cmplicidad de gruipos empresariales
El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile) ha dado a conocer hoy detalles del caso, conocido como "los 19 fusilados de Laja", por el que un juez ha procesado el año pasado a 14 carabineros que supuestamente participaron en la matanza.
Catorce de las víctimas eran trabajadores de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CPMC), detenidos tras el golpe militar liderado por Augusto Pinochet en las localidades de Laja y San Rosendo, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
La firma es controlada por el grupo Matte y tiene además presencia en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú y México, y durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) sufrió varios intentos de expropiación de sus fábricas.
Entre sus filiales cuenta con Mininco, dueña de una finca que ha sido damnificada hace varios días por un incendio presuntamente provocado, que causó la muerte de siete trabajadores, en la región de La Araucanía.
En declaraciones a radio Bío Bío, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), condenó hoy que aún haya encubrimientos de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.
En tanto, los abogados de Derechos Humanos Héctor Salazar y Roberto Celedón recordaron en la misma radio que se trata de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir ni ser amnistiados.
Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 1973, cuando carabineros de Laja ejecutaron por la espalda a 19 personas detenidas y torturadas en los días previos, incluidos 14 trabajadores de la Papelera, dos profesores y tres estudiantes.
Al mando de los carabineros se encontraba el teniente Alberto Fernández Michell, cuyos hombres condujeron a los detenidos hasta un bosque, donde los fusilaron y sepultaron sus cadáveres en una zanja cavada por ellos mismos.
En agosto de 2011, el juez especial Carlos Aldana ordenó la detención de 14 de los presuntos autores (otros tres habían fallecido) y por primera vez obtuvo detalles de las ejecuciones.
Entre ellos, que dos ejecutivos de la CMPC, Carlos Ferrer y Humberto Garrido, prepararon una "lista negra" con los nombres de trabajadores que consideraban "activistas", entregándola a las autoridades para su detención.
La empresa también proporcionó a la policía autobuses para trasladar a los detenidos y, en las horas previas a la matanza, abundante licor.
"Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron y nos ordenaron beber pisco en abundancia. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros", declaró en el juicio el excabo Samuel Vidal Riquelme.
"Después el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos. Les amarramos las manos a la espalda con cáñamo y alambre, los subimos al bus de la CMPC", dice el testimonio.
"Yo tuve que custodiar el interior del bus (...). Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona", prosiguió.
Wilkens, único civil presente en la matanza, fue asesinado en 1985, junto a su mayordomo, por un joven de 19 años que se introdujo en su casa, en una aparente venganza por la matanza.
El joven sepultó ambos cadáveres muy cerca de donde habían sido enterrados los fusilados 12 años antes.
Actualmente todos los procesados están en libertad provisional tras pagar fianzas de entre 100 mil y los 300 mil pesos (200 y 600 dólares).
