Unos 400 chilenos rechazan posible indulto a represores de la dictadura

Unas 400 personas se manifestaron hoy en Santiago para rechazar la posible inclusión de represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en una iniciativa de indulto propuesto para el Bicentenario de la Independencia de Chile, en 2010

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) convocó a esta "Marcha por la Justicia", que partió a las 12.00 hora local (16.00 GMT) de la céntrica Plaza Italia y transcurrió sin desórdenes hasta la plaza de la Ciudadanía, donde se celebra un acto cultural.

"Nosotros no vamos a permitir la impunidad para los genocidas, nosotros vamos a hacer todo para detener cualquier intento de impunidad, todo", declaró durante la marcha la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

La Conferencia Episcopal anunció en julio una iniciativa que presentaría al Ejecutivo y al Congreso para indultar en 2010 a mayores de 70 años, enfermos terminales, madres con hijos pequeños y reclusos condenados por delitos menores.

La Alianza de derecha propuso entonces extender ese beneficio a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad, una medida a la que la presidenta, Michelle Bachelet, se abrió en un principio a analizar caso por caso.

Las palabras de Bachelet, hija de un general asesinado en la dictadura, causaron revuelo y llevaron a la portavoz del Gobierno, Carolina Tohá, a precisar que el Ejecutivo no era partidario de indultar a estos últimos.

En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

Por otra parte, las asociaciones de víctimas de la dictadura participarán este domingo en una ofrenda floral en el memorial del Cementerio General de Santiago con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos.

Según cifras oficiales, durante la dictadura hubo en Chile más de 3.200 víctimas, de las que 1.192 están calificadas como detenidos desaparecidos, y más de 28.000 personas fueron encarceladas o torturadas.

Bolivia-Brasil El viraje de Lula

Los medios de difusión cariocas reflejaban en mayo del 2006 el estado de indignación existente en el Brasil a raíz de la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos en Bolivia, que consistió en conminar a las empresas petroleras a firmar nuevos contratos o dejar la plaza boliviana.

Los titulares de prensa de ese momento lo decían todo: “Molesta a Brasil estatización en Bolivia”, “Se agrava disputa Brasil-Bolivia”, “El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil no descartó el retiro del embajador de su país en Bolivia”, “El 1,4 por ciento de brasileños desea declararle guerra a Bolivia”.



En un momento crucial de conformación de la agenda de cambio boliviana, Brasil no le tendió la mano a Evo, dejó la cancha libre a Caracas y puso de manifiesto su falta de liderazgo regional y su impericia para construir una visión que sea capaz de situar a Sudamérica en el concierto mundial como una potencia regional. Eran momentos en los que Brasil sólo tenía ojos para su ombligo y hacía ostentación de una falta de políticas hacia su entorno sudamericano, que sólo mostraba, una vez más, la preferencia de los países del subcontinente de quejarse de sus vecinos antes que cooperar con ellos. ¡Qué Latinoamérica más falta de miras!

El pasado 22 de agosto de 2009, la historia cambia abruptamente, de modo tal que no parece que se tratara de los mismos actores que en el clímax de la crisis del gas no escatimaron comentarios rudos y torpes entre ellos. Ahora, de pronto, Lula ingresa con paso de parada a la historia boliviana, mostrando una actitud y una voluntad de liderazgo que sorprende. Nuevamente los titulares de los medios de difusión nos dan una idea de este momento: “Bolivia y Brasil consolidaron relaciones bilaterales”, “Lula anuncia medidas de ayuda”, “Lula da espaldarazo a Morales”, “Brasil abre mercado a textiles bolivianos”, “Cuatro mega acuerdos sellan la integración de Bolivia y Brasil”, “Valora Lula 'lucha de toda la vida' de Bolivia por su liberación”. Lula y Evo suscriben cuatro acuerdos muy significativos, sobre investigación para la exploración del Salar de Uyuni; el entendimiento en defensa civil y asistencia humanitaria; apoyo en la formación profesional y un financiamiento de 332 millones de dólares para la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari. A dichos acuerdos se suma la decisión del presidente Lula de abrir el mercado brasilero a los textiles bolivianos, con la finalidad de reemplazar el perdido mercado norteamericano e introducir una suerte de “APTDEA sin condiciones”, como bautizó el Presidente Morales a la disposición brasilera.

Ante este cambio vertiginoso de posturas, uno se pregunta intrigado, qué pasó, qué razones o argumentos justifican ese mensaje tan contundente por parte del coloso brasilero de abrirse a Bolivia, de tenderle vías que le faciliten el tránsito al desarrollo a nuestro empobrecido país, ¿a qué se debió ese cambio?

Da la impresión que Lula y su entorno gubernamental han comprendido muchas cosas en los últimos años, en particular, la necesidad regional de contar con un liderazgo que le abra a la región mejores oportunidades en el contexto internacional. Latinoamérica en general y en particular Sudamérica, tienen todos los “insumos” para convertirse en un importante actor en el tablado internacional, para coadyuvar en la construcción de un mundo más responsable, capaz de resolver sus problemas y hacer frente a sus desafíos con mejores posibilidades de éxito. Latinoamérica, como el gran crisol de la humanidad, el lugar donde convergen y conviven todas las culturas, etnias y razas, como no sucede de modo semejante en el mundo entero, tiene inmensas riquezas y extraordinarios recursos naturales, que representan la mayor proporción de especies y climas del orbe. Como si todo ello fuera poco, los descubrimientos y revalorizaciones de ingentes recursos siguen día a día, como son los casos del litio en el Salar de Uyuni o el agua dulce en el gigantesco acuífero Guaraní. Los fabulosos recursos hidrocarburíferos del Orinoco, recientemente descubiertos en Venezuela, y aquellos otros en la costa de los estados brasileros de Santa Catarina y Espíritu Santo, sitúan a Brasil y Venezuela como los países con las mayores reservas hidrocarburíferas del planeta, por delante de los países árabes con sus reservas ya legendarias. Dichas reservas constituyen sin duda un gran compromiso y responsabilidad internacional, pero también pueden entrañar grandes peligros.

El periodista uruguayo Raúl Zibechi, uno de los analistas latinoamericanos más destacados, ha dado a conocer recientemente su punto de vista en torno a las razones que explicarían el afán norteamericano por usar siete bases militares en Colombia. Según su punto de vista, el tiro no está dirigido a fortalecer al gobierno colombiano en su lucha contra las FARC, sino que “el mensaje principal es para Brasil y no para Venezuela”, en coincidencia con la opinión del profesor Juan Gabriel Tokatlián, aunque con dos precisiones del mismo Zibechi: 1) Decir Brasil es decir Amazonía, es decir, recursos naturales, y 2) preocupa la creciente alianza entre China y Brasil, “cuyo comercio debe realizarse a través de la cordillera andina”.

En este contexto, Zibechi señala algunas de las razones que sustentan su punto de vista, entre las que destaca la fuerte competencia por recursos naturales con la creciente participación de potencias extracontinentales, las alianzas de los principales países latinoamericanos con países asiáticos y potencias emergentes, el creciente uso en la región de otras monedas distintas al dólar para sus transacciones comerciales. También el ritmo de crecimiento de dichos vínculos y los montos alcanzados, son mencionados como otras posibles fuentes de preocupación norteamericana. El comercio entre China y América Latina pasó de 8000 a más de 100000 millones de dólares en los últimos 20 años. De igual modo, la presencia china en fondos de inversión (incluido el BID) ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Como una consecuencia derivada de estos y otros aspectos, se estaría dando la llamada "Geopolítica del Cerco" en la jerga brasilera, según la cual militares estadounidenses estarían construyendo un cinturón militar que rodea a Brasil en base a pistas y destacamentos, lo cual disminuiría la capacidad brasileña de “proyectar poder en el ámbito regional”. Hasta aquí los planteamientos de Zibechi.

Si tomamos como base este enfoque, podríamos concluir que Brasil habría comprendido que su bien entendido interés nacional pasa necesariamente por un proyecto sólido de integración regional, y que en Bolivia estaría dando sus primeros pasos, que luego podría extender a otros países. A ello se agregaría su interés por relegar a Caracas de su protagonismo regional que aún no arroja los frutos esperados.

En el caso concreto de Bolivia, el apoyo brasilero a la carretera bioceánica por territorio boliviano implica haber superado enfoques descartados por el propio Brasil en los años 90, debido a que los elevados costos de transporte por tramontar Los Andes por los puntos de paso que brinda Bolivia y los bajos volúmenes de carga esperada de ida y vuelta, hacían prácticamente inviable esa opción. El financiamiento por parte de Brasil de la carretera de penetración hacia la amazonía beniana, hasta San Ignacio de Moxos, es otra muestra de la voluntad de vincular fuertemente la amazonía al movimiento general de la economía boliviana y regional. Empieza a romperse ese cerco que ha impedido durante décadas todo tipo de aprovechamiento de los recursos de la Amazonía y ha convertido toda esa inmensa región, particularmente el área que corresponde a la amazonía boliviana, en una especie de tierra de reserva o de protección permanente, ya que se ha limitado consecuentemente el desarrollo de todos aquellos recursos complementarios necesarios para su aprovechamiento integral y sostenible. Una muestra de la forma cerrada en que se mantiene ese cerco radica en la imposibilidad actual de conectar el centro y el norte del departamento de La Paz, lo que significaría vincular las zonas andinas con las amazónicas. También las continuas dificultades para avanzar de modo efectivo en la exploración de petróleo en el norte paceño, nos muestra otras estacas del mismo cerco. El argumento ambiental es imprescindible tenerlo en cuenta y salvarlo adecuadamente, pero ello no debe llegar al extremo de dejarnos como meros espectadores de la riqueza y potencialidades amazónicas.

Más allá de ello, la relación Bolivia – Brasil es, sin duda, punto neurálgico de la agenda estratégica boliviana para el Siglo XXI. Basta pensar en el tamaño de nuestro vecino, en el hecho que nuestra mayor frontera de lejos es con el Brasil, en la diversidad de temas que nos vinculan, como ser la cuestión de los migrantes ilegales en ambos países, en las hidroeléctricas, el tema del narcotráfico, el Mutún, el Pantanal, el intercambio comercial y la navegación fluvial, como algunos de los puntos cruciales de dicha agenda. También la construcción de “confianza mutua” con Chile posiblemente podría ser más equilibrada, sin las altanerías silalescas que aún perduran y trasminan toda la relación, si logramos establecer un vínculo más claro y más estrecho con el Brasil.

Es de destacar que Zibechi centra su enfoque en los bienes comunes, que podríamos definir como el conjunto de recursos, servicios y espacios comunes que debe ser gestionado sosteniblemente en beneficio de la colectividad, como ser agua, servicios ambientales, paisajes, suelos, biodiversidad, etc. Sin duda, la disputa internacional crece en torno a las condiciones que presidirán su aprovechamiento en la medida que el deterioro ambiental y la injusticia social avanzan sin cesar.

A modo de conclusión, podemos apreciar que la intervención norteamericana en Colombia está empezando a desatar procesos de integración indispensables para todos los países de la región, a modificar comportamientos anquilosados y a rever nuestra región desde la perspectiva de un futuro común y compartido, como forma de defensa de nuestros recursos y de nuestra formas de encarar el futuro, lo cual en buen romance significa no otra cosa que defender nuestros sueños y proyectos, pues esa es la fuerza motriz de todo desarrollo humano.

"… quiero garantizarte compañero Evo, que pienso que tú empezaste una nueva era, Bolivia nunca más será la misma, porque este pueblo descubrió que ahora es posible avanzar y que ahora que conquistaron libertad, están aprendiendo el valor de la libertad, Bolivia nunca más retrocederá, yo tengo certeza que tú comenzaste la construcción de una gran nación en el continente Sudamericano" (Presidente Lula, durante actos de suscripción de acuerdos entre Brasil y Bolivia en Villa Tunari, el 22/08/2009).

Suspendida la dispersión de presos políticos mapuche

Fue suspendido el traslado de presos políticos mapuche desde la Región del BioBio a diversas zonas del país, según informó el secretario regional ministerial de justicia de la Octava Región, Georgy Schubert, sin que se conozcan hasta ahora mayores antecedentes.

Abogados de derechos humanos que defienden a presos políticos mapuche denuncian que el traslado de los procesados a lugares alejados de sus familias y de los tribunales donde se les procesa, constituiría el regreso de prácticas de tiempos de dictadura cuyo más famoso representante fue el llamado Fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva. La orden del Director Nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez Mardones, en acuerdo con la Fiscalía Nacional y con el visto bueno del juzgado de garantía de Cañete, afectará a Héctor Llaitul, y Ramón Llanquileo, domiciliados en Tirúa quienes serían trasladados a Puerto Montt (cerca de 500 km al sur) y Rancagua (617 km al norte), respectivamente; a José Huenuche, de Cañete, trasladado a Valdivia, y a Luis Menares, de Cholchol, trasladado a Arauco. Asimismo César Parra y Segundo Ñehuei, de Tirúa, serían enviados a Coronel y los comuneros Juan Carlos Millanao y Marco Mauricio Millanao, de Tirúa, a Los Angeles. Los procesados son miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, organización que el gobierno considera como ilícita pese a que una resolución de la Corte Suprema dictaminó lo contrario años atrás.

Violación del debido proceso

Al conocer el negativo resultado de la apelación presentada en Cañete por los abogados defensores Adolfo Montiel y Pelayo Vial, el abogado Alberto Espinoza, que representa a Llaitul y otros comuneros ante la Corte Marcial, consideró que el traslado “constituiría la expresión de un trato inhumano, cruel y degradante; es una medida represiva ajena al debido proceso y a los derechos de los imputados. El aislamiento agrava arbitrariamente la prisión preventiva y es un acto de violencia sicológica e institucional que sólo se podría calificar como terrorismo de estado”.

Los imputados tendrían que cumplir en esas condiciones la medida de nueve meses de “cárcel preventiva” en su doble condición de acusados por la justicia penal (ley antiterrorista) y por la justicia militar. El gobierno chileno negó recientemente ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU la aplicación de la legislación pinochetista, aduciendo que lo hacía sólo ante delitos comunes. Ahora deberá responder nuevamente cargos ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, que había demandado al gobierno chileno la no aplicación de la justicia militar a civiles. Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 16 de octubre de 2008 durante un violento allanamiento al sector Puerto Choque presidido por el Fiscal Mario Elgueta, en el cual miembros de la comunidad se defendieron. El diario El Mercurio calificó entonces el episodio como una emboscada, hecho desmentido entonces por el gobierno y carabineros. Pero ahora la fiscalía adoptó el discurso mercurial a fin de encarcelar a quienes luchan por la recuperación de tierras ancestrales.

Familiares de los mapuche presos en la cárcel El Manzano de Concepción permanecieron junto a estudiantes y amigos venidos desde Cañete, apoyando a los presos y temiendo ser desalojados en cualquier momento del lugar. Pernoctaron bajo la lluvia el viernes 22, en una carpa en las afueras de la cárcel. Juana Raiman y Millaray Garrido, familiares de José Huenuche, Emilia Pilquiman, madre de Ramón Llanquileo y Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul informaron que presentaron un recurso de protección por los hijos de los imputados, entre los cuales está una pequeñita recién nacida –Llancacurra- hija de José Huenuche y Millaray Garrido.

La discriminación judicial

Entre quienes se acercaron a apoyar a los familiares de presos políticos, estaba la hija de Ramón del Carmen Pichún Pichún, un anciano que falleció en junio pasado, luego de ser atropellado por Rodrigo Martínez Walker, abogado asistente de la Fiscalía de Cañete. Martínez, que conducía aparentemente en estado de ebriedad, fue suspendido de sus funciones pero lo defiende el jefe de la Defensoría Pública de Cañete. En conversación con esta periodista, la reflexión de los familiares apuntaba a comparar que en la formalización del abogado por un hecho que cobró la vida de un anciano mapuche, sólo se le aplicó como medida cautelar la suspensión de la licencia. En cambio, los presos políticos mapuche, imputados por un hecho que no cobró vida alguna no sólo deberán cumplir nueve meses de “prisión preventiva” sino lo harán lejos de sus seres queridos y de los abogados defensores. Para los familiares, si ello ocurre constituye una muestra clara de racismo judicial.

Sin embargo, no es la primera oportunidad en que se aplican en democracia estas medidas con luchadores sociales mapuche. Miguel Tapia Huenulaf, domiciliado en Santiago, Andrés Gutiérrez Coña, cuya familia también es de la capital y Waikilaf Cadin Calfunao, de Temuco, todos ellos procesados bajo ley antiterrorista, fueron trasladados al módulo de alta seguridad de la cárcel concesionada de Llancahue, Valdivia, más de 800 km al sur de Santiago. En el caso de Andrés Gutiérrez, estudiante de tercer año de agronomía de la Universidad Católica de Temuco, la prisión preventiva se extiende por once meses.

En huelga de hambre

Por su parte los presos trasladados desde El Manzano anunciaron en comunicado público que continuarán la huelga de hambre iniciada el 18 de agosto, en cada uno de los penales a donde sean llevados. El pasado viernes, los imputados fueron sacados a la fuerza de la cárcel de El Manzano ya que se resistieron a presentarse ante el tribunal. Según denuncia de sus familiares, fueron golpeados y arrastrados por el cemento y eran visibles los hematomas en sus rostros que también mostraban los efectos del gas lacrimógeno.

La jueza de familia de Cañete, Carmen Seguel, subrogante en el juzgado de garantía por vacaciones de su titular, fue quien presidió el tribunal que refrendó el traslado, un fallo calificado como “discriminatorio y racista” por los familiares, que expresaron también que la magistrada a cargo de velar por la infancia, se negó a proteger los derechos de niños y niñas mapuche.

35 casos con ley antiterrorista

Al anuncio del traslado de presos se suman los constantes allanamientos en la zona en conflicto, elevándose a 87 el número de presos políticos y/o procesados del pueblo mapuche con las últimas detenciones en la comunidad Pascual Coña y en Puerto Choque, enclavadas en un área de interés forestal y minero para los grandes conglomerados económicos.

En 38 casos cumplen prisión efectiva en distintas cárceles del sur los comuneros procesados o sentenciados. En los últimos dos años, en 23 oportunidades se ha comprobado la falsedad de las acusaciones iniciales, que han formado parte de montajes político- judiciales y los comuneros han sido absueltos o bien se ha debido dejar de lado los cargos más graves. En 35 procesos se ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Trasladada a Santiago desde la cárcel de Angol, Mireya Figueroa, una de las mujeres mapuche presas políticas, sufre de un cáncer que la tiene al borde de la muerte. Aun no ha sido llevada a juicio.

Ningun carabinero ha resultado muerto al repelir las recuperaciones de tierras, cuando los mapuche utilizan piedras y boleadoras. Sin embargo a la fecha tres jóvenes comuneros, Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza, han sido ultimados por miembros de esa fuerza policial.

Bases norteamericanas Fuerza imperial, antiimperialistas y gobernantes tributarios

Según la aceptación del gobierno colombiano, Estados Unidos realizará operaciones en siete bases, Malambo, Apiay, Palanquero, Bahía Málaga, Cartagena, Larandia y Tolemaida y sus aviones podrán aterrizar en cualquier lugar del país que consideren conveniente. Obama informó que se enviarán tropas adicionales y el Jefe del Comando Sur de USA que no se ha determinado el tipo de material que se llevará a las bases. Como objetivos de la fuerza militar extranjera se mencionan el narcotráfico, el terrorismo y Obama se refirió a "una preocupación legítima con la actividad de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC en la frontera ", es decir la intervención en el conflicto político interno y la presencia en zonas vecinas a Ecuador y Venezuela.

"No he autorizado una base militar estadounidense en Colombia, no me lo han pedido", desmintió e l presidente norteamericano. Explicó que sólo se ha actualizado un acuerdo de seguridad de muchos años.

Según sus palabras los gobiernos latinoamericanos y los medios de comunicación no han entendido el acuerdo al hablar de bases militares.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, hizo una gira por siete países sudamericanos para explicar el plan militar con EE.UU. Parte de su argumentación la había dado el ministro de defensa: "no son bases norteamericanas, son colombianas". En Lima, Uribe subrayó que el acuerdo militar con Estados Unidos no contempla la presencia de tropas norteamericanas en Colombia a pesar que la Casa Blanca había decidido lo contrario.

La respuesta de algunos gobiernos fue un rechazo absoluto a las bases.

El presidente Hugo Chávez de Venezuela afirmó que las bases norteamericanas podrían escalar “una guerra en Sudamérica”, especificó entre su país y Colombia, instigada por el imperio. Contestó a la afirmación de Obama: "Cómo que no son bases, quién se va a comer ese cuento de que... los militares colombianos son los que van a comandar eso. ¡Mentira!". Dijo que se trata de una amenaza militar norteamericana por el petróleo y la política antiimperialista venezolanos. Junto con armarse y cerrar relaciones comerciales con Colombia su gobierno abre vías pacíficas para encontrar una solución.

Fidel Castro escribió al respecto: "no se arma Venezuela contra el pueblo hermano de Colombia, se arma contra el imperio, que intentó derrocarlo ya y hoy pretende instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus armas sofisticadas".

El presidente Evo Morales le expresó a Álvaro Uribe el rechazo de su gobierno a la presencia militar estadounidense en Colombia. Adelantó que su país planteará en la próxima Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) una resolución “para que no se acepte ninguna base militar, ningún extranjero armado, uniformado, en Sudamérica y Latinoamérica”.

El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que con la instalación de las bases la estabilidad en la región estará en juego.

El gobierno uruguayo expresó también su desaprobación a las bases militares extranjeras. Luego de la visita de Uribe el presidente Vázquez manifestó que "la posición histórica del Uruguay (es) contraria a la existencia o establecimiento de bases militares extranjeras no sólo en el país, sino también en cualquier territorio de América Latina".

Otros gobiernos de la Región, en cambio, apoyaron a Estados Unidos dando su aprobación a la instalación en Colombia de las siete bases norteamericanas.

El mandatario peruano, Alan García, definió a Uribe como "gran amigo" y agregó que en Perú “ siempre estaremos respaldando el trabajo fundamental que ha hecho usted”.

En Chile al término de la reunión de la presidenta Bachelet con Uribe el canciller declaró "La presidenta… ha reiterado (...) que Chile respeta… las decisiones políticas de cada país en este continente, y en este caso particularmente de Colombia". "¿Cómo nos vamos nosotros a involucrar en parecernos bien o mal que haya acuerdos militares de un país con otro? Nosotros respetamos", precisó. Contrariando ese respeto a las “decisiones políticas de cada país” la Cámara de Diputados chilena condenó el "abuso de poder" en Venezuela por el cierre de unas radios.

Brasil por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores apoyó el interés de Estados Unidos al decir que la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, es una materia exclusiva "de la soberanía colombiana, siempre y cuando se limite" a su territorio. La condición de limitarse los militares extranjeros a operar en Colombia es simplemente formal. El gobierno de Lula da Silva sabe que el imperio nunca limita sus injerencias en otros países y él mismo ha denunciado la reactivación de la IV Flota y el interés norteamericano por su petróleo atlántico y la Amazonia. Conoce que en el año 2010, el gobierno de Estados Unidos empleará 2 200 millones de dólares a través del Departamento de Estado y la USAID para promover sus políticas en otros estados.

Para conocer la verdadera independencia de los gobiernos autodefinidos como respetuosos de la soberanía de otros habría que ver qué harían si en Latinoamérica de establecieran, por ejemplo, bases militares rusas, chinas o iraníes por invitación de algún país latinoamericano.

Una posibilidad es interpretar la política internacional de los países tributarios como ejecución de las directrices de Estados Unidos.

Chile.- Representantes del Ejército entregan antecedentes relacionados la compra de los tanques Leopard

Tras la visita, los diputados de la Comisión Investigadora del caso Mirage, que amplió su cometido para dilucidar lo sucedido en la compra de los tanques Leopard en 1998, dijeron quedar conformes con los datos entregados por los militares, pese a que puntualizaron que este es sólo el comienzo de un largo proceso de investigación.

A la sesión de la instancia parlamentaria asistieron el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Juan Miguel Fuente-Alba y el Director de Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), General de Brigada Antonio Cordero, quienes se presentaron en la Comisión en representación del Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta.

Respecto de los antecedentes entregados por ambas autoridades del Ejército y relacionados con la investigación que lleva a cabo la Justicia por el supuesto pago de comisiones ligadas a la compra de 202 tanques Leopard I, el presidente de la Comisión, diputado PPD Jorge Tarud señaló que “se nos dio la explicación institucional del procedimiento, cómo se compraron estos tanques y quedamos conformes con las explicaciones dadas pero evidentemente ahora vamos a ir al fondo del asunto”.

El parlamentario añadió que mediante la intervención de las autoridades del Ejército “se ha podido identificar que tanto en el caso Mirage como en la compra de los tanques Leopard existía la presencia de empresas externas", refiriéndose a la empresa holandesa RDM, que vendió los vehículos al Ejército de Chile, “por lo que son siempre los mismos los que vienen a ofrecer las coimas y le preguntamos a los generales cómo podemos evitar que eso vuelva a suceder”, añadió.

Sobre el mismo punto, aclaró que se conversó sobre mecanismos que puedan aplicar el Estado o las Fuerzas Armadas para detectar cuando hay un eventual ofrecimiento de coimas a personeros militares o civiles y “eso es algo que hoy día no tenemos establecido y por lo tanto, es necesario determinarlo como país”, agregó.

En tanto el diputado RN, Cristián Monckeberg señaló que “de manera inicial, por lo que planteó el Ejercito, están concentrados en la labor que llevó adelante FAMAE y la influencia que tuvieron en la compra las personas que hoy día están procesadas, pero queda todavía mucho por investigar”.

De la misma forma, el legislador sostuvo que la investigación iniciada por la Comisión va por buen camino y “ahora lo que queda es seguir investigando dónde está la responsabilidad, quienes tomaron las decisiones y hasta dónde influyeron en esta compra y quienes más están involucrados desde el punto de vista político”.

Brasil.- “El petróleo tiene que ser nuestro” presenta contrapropuesta para la nueva Ley del Petróleo

Centrales sindicales, movimientos sociales y estudiantiles que han construido la campaña “El petróleo tiene que ser nuestro” presentaron, el jueves día 13, una contrapropuesta para la nueva Ley del Petróleo. La contrapropuesta busca, según las organizaciones, establecer normas que garanticen el uso del petróleo en suelo brasileño para el beneficio del país.

El coordinador de la Federación Única de los Petroleros – la FUP –, João Antônio de Moraes, habla acerca de los principales puntos de la contrapropuesta.

“Trabajamos con tres pilares: el monopolio estatal del petróleo, la empresa Petrobrás como entidad pública ejecutora del monopolio y el Fondo Social Soberano que se aprovecharía de todo el excedente de los costos de la producción.”

La propuesta gubernamental para una nueva Ley del Petróleo no existe todavía, a la vez que la campaña trabaja especulando con cuál será el posicionamiento del gobierno. Partiéndose de este esbozo, Moraes apunta las divergencias presentes hasta el momento.

“La propuesta gubernamental enfatiza el cambio de la legislación sólo en el área de la camada de Pre Sal. Los cambios deberían abarcar el todo. Aún no se habló de las áreas subastadas que deben ser retomadas. Se propone también un control social del Fondo Social Soberano, que no fue todavía señalizado por el gobierno.”

La campaña también discuerda de la posición que el gobierno ha revelado acerca de la propiedad del petróleo. Para el gobierno, el área de la Pre Sal poseería un contrato de partición: parte de las áreas sería explotada por la Petrobrás y parte a través de concesión privada. La campaña cree que lo mejor sería que el petróleo fuese del Estado, administrado por una Petrobrás pública y totalmente estatizada.

Según documentos desclaficados en Estados Unidos EEUU y Brasil coordinaron la intervención contra Cuba y Chile en los años 70

A principios de los años 70, los gobernantes de Estados Unidos y Brasil discutieron esfuerzos para coordinar la intervención clandestina contra regímenes de izquierda en Chile, Cuba, Perú, Uruguay y otros países para evitar el surgimiento de nuevos Allendes y Castros en la región, revelan documentos oficiales secretos recién desclasificados.

En una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 1971, el presidente Richard Nixon y su contraparte brasileño Emilio Garrastazú Médici conversaron sobre cómo Brasil estaba apoyando los intentos de los militares chilenos para derrocar al régimen de Allende y cómo Estados Unidos podría apoyar esos esfuerzos siempre y cuando todo quedara muy confidencial. En ese contexto, según un memorando oficial de la conversación, Nixon dijo al mandatario brasileño que ambos gobiernos deben intentar prevenir nuevos Allendes y Castros e intentar hasta donde sea posible revertir esas tendencias.

Los documentos oficiales de esta conversación y comunicados de inteligencia en torno a la lucha contra las fuerzas de izquierda en la región, incluyendo el apoyo a fuerzas anticastristas, fueron desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive, organización independiente de investigaciones sobre documentación oficial y políticas de seguridad nacional en Washington.

Los documentos, sobre todo el que registra el intercambio entre Nixon y Médici, muestran por primera vez la colaboración a los más altos niveles de Brasil y Estados Unidos contra gobiernos progresistas en la región. Peter Kornbluh, director de los proyectos sobre Chile y Brasil del National Security Archive, comentó a La Jornada que los documentos indican firmemente un capítulo de colaboración secreta en la intervención en la región. Así, agregó, Brasil le debe una explicación a los chilenos y ello requiere un rendimiento de cuentas de cuál fue el papel de Brasil con Estados Unidos en la interrupción de la democracia chilena.

No sabemos qué ocurrió con esta colaboración, y el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil debe abrir sus archivos para poder obtener una historia completa de este periodo, dijo en entrevista. Sin la desclasificación de sus documentos no contaremos con una historia completa de esa colaboración, señaló Kornbluh.

Los documentos desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive incluyen un memorando de la CIA indicando que Médici había propuesto una mayor cooperación con Washington para contrarrestar la tendencia de la expansión marxista-izquierdista en América Latina. El documento cita preocupación entre algunos militares brasileños de que ellos tendrían que encargarse de la parte operativa de estas iniciativas; el general Vicente Dale Coutinho se queja de que “Estados Unidos obviamente desea que Brasil haga ‘el trabajo sucio’ en la región sudamericana”.

Un informe de inteligencia elaborado por la CIA en 1972 indica que Brasil tomaría un papel cada vez más grande en las relaciones hemisféricas pero que era poco probable que interviniera abiertamente en los asuntos internos de los países vecinos. Sin embargo, la CIA pronosticaba que el régimen no descartará utilizar la amenaza de la intervención o las herramientas diplomáticas y la acción encubierta para oponerse a regímenes de izquierda, o mantener a gobiernos amistosos en el poder, o ayudar a ponerlos en lugares como Bolivia y Uruguay.

El National Security Archive divulgó en 2002 otro documento secreto, fechado en diciembre de 1971, en donde Nixon comenta al primer ministro Edward Heath, de Gran Bretaña, que Brasil apoyaba la posición de Washington y agrega que los brasileños ayudaron a manipular la elección uruguaya.

En la conversación entre Nixon y Médici, en la que también participó el entonces general mayor Vernon A. Walters, según el primer documento fechado 9 de diciembre de 1971 elaborado por el entonces asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, registra que Nixon le preguntó a su contraparte brasileña su evaluación de la situación en Chile, y Médici le respondió que Allende sería derrocado por muchas de las mismas razones de que Goulart fue derrocado en Brasil. Nixon preguntó si Médici consideraba que las fuerzas armadas de Chile eran capaces de derrocar a Allende, a lo cual el brasileño le respondió que sí, y agregó que Brasil estaba intercambiando muchos oficiales militares con Chile.

Nixon enfatizó que Washington y Brasilia tenían que trabajar muy de cerca en esto, pero que no podía aparecer la mano estadunidense en esa cooperación, aunque había disposición de aportar apoyo incluso financiero para esos fines. Por tanto, Nixon también le propuso al brasileño un canal de comunicación secreto entre ambos más allá de los diplomáticos normales, y que nombraría a Kissinger como se representante para este canal; Médici nombró a su canciller Gibson Barbosa.

Médici presentó el tema de Cuba, y preguntó si ambos presidentes deberían apoyar o no a los exiliados cubanos que afirmaban que contaban con suficientes fuerzas para derrocar al régimen de Fidel Castro. Nixon respondió cautelosamente, dijo que pensaba que sí, siempre y cuando no se promovería que hicieran algo que no podríamos apoyar, y siempre que no apareciera nuestra mano.

El brasileño abordó el tema sobre cómo responder a las iniciativas del gobierno de Perú de promover la readmisión de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA), y que si Brasil y Estados Unidos deberían participar en la comisión de la OEA para evaluar el asunto y detenerlo, o si rehusar participar y hacerlo así desde afuera. Médici consideró que si Washington participaba, se vería como una concesión, pero propuso que Brasil sí debería participar y descarrilar el intento.

Una amante con opiniones muy a la izquierda

Médici indicó que el presidente Velasco Alvarado estaba encabezando las movidas pro castristas dentro de la OEA, y el general Walters comentó que podría haber un escándalo con efectos adversos para el mandatario peruano. Contó que Velasco había sido agregado militar en la sede diplomática de su país en París cuando Walters llegó allí para ocupar ese cargo. El peruano, continuó, tenía una amante ahí con la cual tuvo un hijo y ella, una ex miss Perú, con opiniones y asociaciones políticas de muy a la izquierda. Walters indicó que si esto salía a la luz pública podría causarle problemas considerables a Velasco.

En otro documento, un comunicado secreto del subdirector de la CIA a Kissinger, se resume inteligencia de la reacción de oficiales militares brasileños a versiones filtradas de la conversación entre Nixon y Médici, en donde según ellos, el presidente estadunidense solicitó apoyo del brasileño para salvaguardar la seguridad interna y de ciertos gobiernos, como los de Bolivia y Uruguay. De hecho, los oficiales entendieron que ambos presidentes acordaron un pacto para enfrentar el comunismo en América Latina.

Los documentos originales pueden ser revisados en el sitio de Internet del National Security Archive: www.nsarchive.org.