viernes, 23 de octubre de 2009

Chile afronta las torturas que practicó la dictadura

Bachelet reabrirá cientos de casos de supervivientes de la represión de Pinochet. La Justicia chilena obliga al Estado a indemnizar por vez primera a víctimas de los interrogatorios policiales

El ex director de la DINA, Manuel Contreras, a la salida del Palacio de Justicia en Santiago tras ser condenado a 12 años de prisión el 28 de enero.

“Por la violación de los torturadores, quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí descargas eléctricas, acoso sexual con perros y me introdujeron ratas vivas por la vagina. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano, que también estaban detenidos. Tenía 25 años. Estuve en prisión hasta 1976″.

Este testimonio es uno de los 28.000 que contiene el informe que el Estado chileno presentó en 2005, el cual reconoce a los detenidos que sobrevivieron a las torturas practicadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que creó Augusto Pinochet.

La presidenta, Michelle Bachelet (también víctima), se ha comprometido a reabrir en las próximas semanas la Comisión contra la Tortura para recoger nuevos testimonios y ayudar a la reparación. Se estima que hay 100.000 supervivientes.

Por primera vez, la Justicia falló la semana pasada a favor de un grupo de víctimas de la tortura y obligó al Estado a indemnizar a cada demandante con 13.000 euros. Erika Henning y su marido Alfonso Chanfreau tenían 23 años cuando agentes de la DINA llegaron a su casa a detenerlos. Era el 13 de agosto de 1974. “Estábamos con nuestra hija de 20 meses. Alfonso les suplicó que no nos llevaran a todos pero a la mañana siguiente volvieron a por mí”, recuerda ella.

La llevaron al centro de detención Londres 38, que hasta el golpe era la sede central del Partido Socialista. Erika asegura que fue brutalmente torturada delante de su marido, para que él diera información sobre sus compañeros. Fue la última vez que vio a Alfonso.

El Museo de la Memoria se abrirá en un antiguo centro de detención

“Si el odio es querer matar a alguien, nunca sentí eso. El sentimiento más claro que tengo es un profundo desprecio por su maldad, por lo mentirosos que son”, precisa hoy Erika, a sus 60 años.

A Erika el tiempo le ha aportado serenidad. Cree que las acciones desde el Estado (como los informes, memoriales y beneficios económicos) le han ayudado a incorporar su sufrimiento. A las víctimas de torturas les asigna una pensión mensual de 185 euros. El salario mínimo en Chile ronda los 238 euros.

La hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la DINA en julio de 1976, asegura a Público que las reparaciones no sirven: “El dolor no se calma con nada. Sólo saber qué sucedió puede darte un poco de tranquilidad, junto al paso del tiempo”. Carmen recuerda que con 16 años tuvo que salir en busca del cadáver de su padre, mirando en solares cercanos a su casa. Soria, un funcionario de Naciones Unidas, que ayudó a asilar gente en las embajadas, estuvo desaparecido cuatro días y fue encontrado en un barranco, cerca de su coche. Simularon un suicidio. “No ha habido justicia. Estamos en un país donde en el cielo perviven los muertos, mientras los asesinos caminan por sus calles”, acusa Carmen. Los tribunales cerraron definitivamente el proceso por el asesinato de Soria en 1996. Sin culpables. Carmen denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ordenó reabrir el caso e indemnizar a sus herederos con un millón de euros.

Reconciliación imposible

El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado una noche en Santiago cuando hacía ronda a bordo de su taxi. Un par de agentes se hicieron pasar por pasajeros, lo condujeron hasta un descampado y lo degollaron. Simularon un atraco.

“Aquí los asesinos andan por las calles”, dice la hija de Carmelo Soria

Su hijo, Tucapel Jiménez, hoy diputado, no cree en la reconciliación.“Sólo aclarando los hechos puede mejorarse la convivencia”, dice. Recuerda a este diario que después de años de juicios, uno de los militares que asesinó a su padre confesó el crimen y se pudo dictar sentencia. Jiménez tuvo ocasión de hablar con él: “Pidió perdón mirándome a los ojos pero cuesta perdonar”.

El asesino, el ex capitán Carlos Herrera, lleva 20 años en prisión. En conversación con Público reitera que siente vergüenza por lo que hizo y asegura haber tenido un “profundo cambio interior”. Tucapel Jiménez reitera que “nunca llegaré a abrazarme con quien mató a mi padre”.

Bachelet acaba de anunciar la creación del Instituto de Derechos Humanos y la apertura del Museo de la Memoria en un antiguo centro de detención. Pero, mientras se dan pequeños pasos, el autor intelectual de las atrocidades, el anciano general Manuel Contreras, ha pedido el amparo de la CIDH para lograr su libertad.

La DINA, máquina pinochetista para imponer el terror

Licencia para torturar
Creada en junio de 1974 por el decreto ley 521, a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras, la DINA tenía facultades para detener, torturar y confinar a sospechosos el tiempo que considerase necesario.

Entrenamiento
Entrenados en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA desplegaron una campaña de represión contra el GAP (Grupo de Amigos Personales de Allende) y asesinaron a 60 miembros; contra el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), 400 muertos; contra el Partido Socialista, 400 víctimas; y contra el Partido Comunista, 350 asesinados.

‘Operación Cóndor’
La DINA persiguió a militantes de izquierda en el extranjero. En esta estrategia se enmarca la ‘Operación Cóndor’, mediante la cual se asesinó al general chileno, Carlos Prats, en Buenos Aires.

Maquillaje final
La macabra dinámica se detuvo en 1977 cuando Contreras fue reemplazado por Odlanier Mena y el organismo fue rebautizado con el nombre de CNI.

jueves, 22 de octubre de 2009

Carabineros detienen y torturan cobardemente a los logko

LOGKO ANUNCIAN MASIVA MOVILIZACIÓN POR LAS CALLES DE TEMUKO PARA DENUNCIAR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MAPUCHE POR PARTE DEL ESTADO


En el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos del Pueblo Mapuche, y particularmente de los niños y niñas del lofche tradicional de Temucuicui el viernes pasado, donde además carabineros detiene y tortura cobardemente a los logko Juan Catrillanaca, Juan Carlos Curinao y los werken Mijuel Carbone Queipul y Carlos Curinao; la Alianza Territorial Mapuche anuncia lo que sigue:

1. El domingo 19 del presente, en el lof Pewenko (8 comunidades ubicadas entre las comunas de Victoria y Curacautín) se realiza un multitudinario xawvn de incorporación formal de un nuevo logko y su territorio a esta Alianza; los Logko evaluaron en proceso y la proyección luego de largo meses de legítima movilización territorial en los espacios reivindicados, concordando en la necesidad de continuidad de nuestra lucha.

2. Que, frente a la indecente y cobarde conducta policial orientada y guiada por la célebre, triste y fatal “coincidencia” de triada represora: Perez Yoma-Gordon-Bezmalinovic, todos ellos dispuestos a repetir su respectiva “hazaña” familiar; han arremetido sin piedad ni contemplación alguna con nuestros niños y nuestras niñas, disparando a inocentes reunidos en una escuela con sus madres, algunas de ellas amamantando, con bebés de uno, seis y nueve meses de vida con asfixias, vómitos, siete niños con perdigones. El prefecto policial Bezmalinovic se encontraba a la cabeza ordenando “¡arresten a eso do´ indio´ culiao¡¡¡” en referencial al Logko Catrillanca y al Werken Mijael Carbone. Hoy escuchamos a otro policía apellidado Rosende, negando la existencia de niños heridos, aquello es inaceptable. Mientras tanto, la supuesta institucionalidad estatal de “protección” de todos los menores de este país (SENAME, JUNJI, INTEGRA, Etc) nada han dicho, contra quienes nos querellaremos por absoluto abandono a las obligaciones de su propia ley.

3. Dado este contexto de atropello general de los derechos humanos mapuche, a lo que se agrega los graves hechos de esta semana, nuestros lofche han decidido convocar a una movilización general para este Viernes 23 de octubre a las 10.00 AM hrs, desde la Plaza del Hospital en Temuco, donde mostraremos pública a todos los niños y niñas, hombres y mujeres , que han sido heridos y afectados por la represión, única forma de aclarar la campaña de ocultamiento que efectúa el gobierno y otros organismos de dudosa conducta respecto a la materia. Convocamos a todos los mapuche, lofche, asociaciones, estudiantes y pobladores, así como a todas las personas concientes a participar de esta actividad para mostrar al mundo que nuestro pensamiento es unitario en estos temas.

CONVOCAN LOGKO DE LOS SIGUIENTES LOFCHE:
LOFCHE TERRITORIO TRAPILHUE MAHIDACHE, FREIRE
LOFCHE TERRITORIO WERERE, CUNCO
LOFCHE TERRITORIO XOMELAFQUEN, CUNCO
LOFCHE TERRITORIO HUAHUANCO, CUNCO
TERRITORIO GALVARINO, COORDINACION DE COMUNIDADES
LOFCHE TERRITORIO LAFKENCHE DEL BUDI, SAAVEDRA Y T. SCHMIDT
LOFCHE TERRITORIO ROFUE-MAKEWE, PADRE LAS CASAS
LOFCHE TERRITORIO PEWENCO, VICTORIA Y CURACAUTIN
LOFCHE TERRITORIO TOKIHUE, VICTORIA
LOFCHE TERRITORIO TEMUCUICUI- ERCILLA
LOFCHE TERRITORIO HUAÑACO MILLAO, ERCILLA
LOFCHE TERRITORIO COLLICO, ERCILLA
LOFCHE TERRITORIO PINOLEO, ERCILLA
LOFCHE TERRITORIO CAÑUTA CALFUQUEO, ERCILLA
LOFCHE TERRITORIO COÑOMIL EPULEO, ERCILLA
LOCHE DE TERRITORIO LLEO LLEO


Fuente:Rebelión

Rodolfo Varela ha publicado este artículo a petición expresa de los autores, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




miércoles, 21 de octubre de 2009

Carta de Ivan Valente, Diputado Federal PSOL/SP La batalla por la libertad de expresión en América Latina

Sr. Presidente, Señoras y Señores Diputados,

En las últimas semanas, presenciamos, asustados, los niveles de autoritarismo alcanzados por la prensa brasileña en la cobertura del golpe en Honduras. Mientras que nuestra delegación parlamentaria buscaba en Tegucigalpa contribuir para la restitución del orden democrático en el país, los medios nacionales hacían malabarismos para legitimar un gobierno golpista e ignoraba solemnemente las innumerables violaciones de derechos humanos y restricciones a los derechos civiles practicadas por el gobierno de Micheletti. Economizando decibeles, apenas registró el cierre y ocupación de emisoras de radio y TV en la capital por parte del Ejército hondureño.

Los índices de violación de la libertad de expresión y de prensa en Honduras, mientras tanto, son altísimos. En Tegucigalpa, el Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron tomadas. La cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, fue blanqueada por ametralladoras. En la ciudad de Progreso, cerraron Radio Progreso. El Canal 26, TV Atlántica, recibió órdenes de los soldados para no transmitir informaciones que no vinieran del gobierno de facto. Los periodistas también están siendo amenazados.

En los primeros meses del golpe, Gabriel Fino Noriega, de Radio Estelar, fue asesinado por fuerzas paramilitares. Eso para no hablar de las agresiones que sufrieran los reporteros de Telesur, de lejos, la emisora que ha realizado la mayor cobertura del golpe y de las prohibiciones y represiones a las manifestaciones públicas de apoyo, en las calles, al presidente depuesto, Manuel Zelaya.

A pesar del vasto papel de violaciones a la libertad de expresión en Honduras, este no parece ser un problema preocupante para la prensa brasileña. Tampoco lo es –coincidencia o no- para la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, siempre la primera en gritar cuando cualquier Estado latinoamericano promueve cambios en los medios de comunicación.

Fue así cuando el presidente venezolano Hugo Chávez no renovó la concesión de RCTV, o cuando la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en 2004, la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de los prestadores de servicio, anunciantes, productores nacionales independientes y usuarios de los servicios de la comunicación, buscando el equilibrio democrático, la promoción de la justicia social y la formación ciudadana.

Construida a partir de un amplio proceso de participación popular, que duró más de un año con debates realizados en todo el país, la Ley Resorte dio prioridad a la producción local y comunitaria, dio apoyo a los medios populares, estableció la pluralidad de voces en todos los medios, definió el funcionamiento de las emisoras públicas, previendo mecanismos de control social, reguló la propiedad de los medios y el contenido, con restricciones de horario para niños, tiempo para la transmisión de publicidad y la previsión de transmisión de programas que valoren la cultura nacional y la lectura crítica de los medios.

Cuando en Bolivia el presidente Evo Morales aprobó un decreto reservando espacios en los medios de comunicación para la libre opinión de los periodistas y otros trabajadores ligados a sindicatos de la prensa, los grandes medios también chillaron. Consideraron una mordaza el tener que reservar tres minutos diarios en la radio y televisión para ampliar la pluralidad y diversidad de ideas y opiniones en los medios de comunicación masivos. De la misma forma, protestaron el proyecto de la nueva Ley de Comunicación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que luego de innumerables debates en el Foro Ecuatoriano de Comunicación, propone la división equitativa del espectro electromagnético, por donde pasan las ondas de radio y de TV. La propuesta es reservar 33% del espectro para cada uno de los sectores: público, privado y comunitario.

También en defensa de la pluralidad y de voces y del interés público el Parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley sobre contenidos digitales en la televisión, en la radio y en el cine que fijó horario para la transmisión de determinados contenidos y creó la figura del ombudsman público, un puente directo del ciudadano telespectador y oyente con la empresa de comunicación. El ombudsman atenderá, por ejemplo, las denuncias del país, que cuestionen el contenido que afecta a los niños y atenderá los planteamientos de artistas y escritores que estén sufriendo de amenazas a sus libertades. Esta vez, la prensa brasileña permaneció en silencio, sobre esta importante iniciativa del país vecino.

La última en sufrir los ataques de la gran prensa y ser llamada violadora de la libertad de expresión fue la presidenta argentina Cristina Kirchner. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de ser debatida en audiencias pública y de haber incorporado sugerencias de la base de la oposición al gobierno, fue aprobada en el Congreso, promoviendo una transformación completa en el monopolio histórico del grupo Clarín en el país. De acuerdo con el texto, ninguna empresa podrá tener más de diez concesiones de radio y TV abierta (14 menos que el límite actual) y quien posee un canal de TV abierta no puede, en la misma localidad, ser dueño de una emisora de cable. O sea, la ley ataca la propiedad cruzada en la radiodifusión, prohibiendo la concentración vertical y también horizontal. La audiencia también será limitada, como acontece en países como los Estados Unidos. Las áreas cubiertas por el conjunto de emisoras de una misma empresa no pueden alcanzar más que el 35% de los habitantes de aquella región, bajo el riesgo de configuración de otro tipo de monopolio.

La ley enfrenta además el problema de la producción nacional, estableciendo cuotas mínimas para contenidos producidos en el país, así como la producción independiente que gana una reserva de 30% de la parrilla de la programación de emisoras localizadas en ciudades con más de 1,5 millones de habitantes. Hasta la cuestión de la monopolización de la transmisión de los campeonatos de fútbol –tan frecuente aquí en Brasil –fue abordada. Uno de los artículos garantiza el derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos. Finalmente, establece la realización de audiencias públicas para determinar la prórroga de concesiones de radio y TV..

O sea, así como en varios países de América Latina, el Estado argentino tomó las medidas necesarias para democratizar los medios de comunicación, garantizando mecanismos para la libertad de expresión de sectores antes excluidos de la esfera pública mediática. Rápidamente, la prensa brasileña le cayó encima a la presidenta Cristina Kirchner, así como hizo con los demás presidentes latinos que confrontaron al poder intocable de los medios de comunicación masivos. Se trata de una acción preventiva, para impedir que la ola que pretende construir unos medios más democráticos en nuestro continente llegue aquí al Brasil.

La Conferencia Nacional de Comunicación, pautada para diciembre, ciertamente tendrá entre una de sus principales reivindicaciones la necesidad de quebrar el monopolio de los medios y la defensa de la libertad de expresión para todos y todas en nuestro país. Será un espacio para que la población manifieste sus anhelos en relación al sector de las comunicaciones y, por los resultados ya apuntados en las etapas municipales, que se realizaron Brasil adentro, el pleito por las transformaciones en la regulación de los medios, será grande. Al contrario de lo que defienden los radiodifusores y de lo que parece entender el Supremo Tribunal Federal, la comunicación, como cualquier otra área, necesita ser regulada, para que no valga allí la ley del más fuerte, política y económicamente.

Una parte de los grandes empresarios de los medios se rehúsa a participar del debate público democrático. Retiró sus cuadros de la organización de la Conferencia y prefiere seguir haciendo política como siempre, tras bastidores y en los corredores de Planalto y de este Congreso, sin oír los anhelos des aquellos que son nada más que los receptores de los servicios prestados por los radiodifusores. Mientras, nuestra prensa ataca a aquellos que promueven cambios concretos permitiendo la democratización de los medios y guarda silencio ante las mayores violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Honduras. Algo está fuera de lugar. Y la sociedad brasileña, por lo que parece, da indicios de que se cansó de quedarse sentada, callada, frente a la televisión. Que vengan las transformaciones en los medios que hace tanto tiempo han sido reivindicadas por el pueblo brasileño.

Muchas gracias.

Ivan Valente, Diputado Federal PSOL/SP



martes, 20 de octubre de 2009

¿Chile qué izquierda necesitamos?

La política en las alturas y la necesidad de una izquierda revolucionaria
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La patronal y sus políticos quieren impedir a toda costa que se desarrolle una nueva dinámica huelguística, que interrumpa la pasividad que ha predominado hasta ahora. Con esa pretensión, comienzan a implementar una serie de maniobras en la minería, para que los trabajadores de este sector estratégico no aparezcan en la escena nacional. De ese modo, el “centro de gravedad” de la política nacional se concentra en las alturas, en el marco del ciclo electoral. Esto plantea la necesidad de construir una alternativa política de izquierda, obrera y socialista, que se prepare para cuando la clase obrera despliegue todas sus fuerzas, y que pueda darle la pelea a los políticos patronales, y a quienes confían en ellos.

Ciclo electoral y cuestión obrera

En nuestro Comentario anterior analizamos como el intento de la Concertación de perfilarse como amiga de los trabajadores, instalando el debate sobre la reforma laboral, aun sin apostar que se realice en el parlamento durante lo que queda de la administración de Bachelet, y las negociaciones colectivas programadas en el cobre, podían alentar que la clase obrera comience a aparecer en la escena y que la “cuestión obrera” se instale en el centro del debate político nacional. Además de estos factores políticos, es necesario integrar un elemento económico: los “signos de recuperación” de la economía, de los cuales la burguesía hace alarde permanentemente, podrían abrir expectativas y servir como motores para luchas económicas.

Pero la patronal está haciendo todo lo posible para evitar que se desarrollen las huelgas mineras. Quieren prevenir un escenario de lucha de clases que –en el marco de las elecciones y la crisis capitalista- podría significar dificultades y costos mayores para la patronal, y posiblemente una nueva dinámica de lucha. Han prolongado los “buenos oficios” con los mineros de Spence –como fruto de una intensa mediación de la “Inspección del Trabajo”-, aunque éstos, no han dado resultado, debido a que el bono de 7 millones no satisface a los trabajadores; han adelantado las negociaciones con los mineros de la división Andina de Codelco, ofreciendo un bono de 9,3 millones de pesos y un préstamo blando de 2 millones, y un aumento salarial de un 3%; y en Escondida han hecho un ofrecimiento adelantado de un aumento salarial de un 5% y un bono de 14 millones de pesos –y además, un préstamo de $3,5 millones-, con el fin de evitar un paro como el del 2006. Los resultados de esta política preventiva de la clase patronal –por realizarse ante el sector clave de la economía nacional-, serán determinantes en el curso que tome la clase trabajadora en su conjunto. Todavía no es posible indicarlo. Mientras redactamos estas líneas, es muy probable que se active la huelga en Spence. Hasta ahora, ni el triunfo parcial de los trabajadores forestales de Arauco, ni la derrota de los portuarios de ATI en Antofagasta, ni la serie de luchas aisladas actualmente en desarrollo –como la huelga de la Clínica Alemana o de algunos funcionarios de la salud pública-, ni los anuncios del Colegio de Profesores y de los trabajadores del sector público, nos permiten plantear, tajantemente, que se ha abierto un nuevo ciclo de lucha obrera. Si bien es cierto que el debate electoral y los “signos de recuperación económica” –que, con los grados de cesantía y precariedad equivalen a “contar plata delante de los pobres”-, podrían alentar luchas; por otra parte el temor ante el desempleo, la confianza en Bachelet y el rol de las direcciones oficiales de la clase obrera –subordinadas a la Concertación- podrían actuar manteniendo la pasividad, o abriendo espacios sólo a luchas aisladas que no terminen de repercutir nacionalmente. De ese modo el “centro de gravedad” se concentra en las alturas.

Pinochetistas y derechistas se disfrazan de demócratas

Con el objetivo de desplazar base electoral concertacionista hacia su candidatura derechista –particularmente a los sectores de clase media, adeptos de la DC y con “ideas democráticas”-, Sebastián Piñera, aprovechando las celebraciones a 21 años del triunfo del NO, ha intentado sacarle provecho a su supuesta votación por esa opción en el plebiscito de 1988 y ha elaborado un video en el que incluye el tan recordado “jingle” que llamaba a votar contra la dictadura.

Eso ha desatado una polémica. Los concertacionistas, desde diversos puntos, han acusado al empresario de intentar “adueñarse de banderas ajenas”; y la derecha ha respondido respaldando la veracidad de la afirmación de Piñera: incluso Evelyn Matthei –que después del llamado caso Piñeragate, guardaba una relación tensa con el multimillonario-: “ Yo trabajaba con Piñera en esa época en Bancard : él era mi jefe, yo era subgerente ahí. En Bancard habíamos gente que votamos por el Sí y otra gente que votó y trabajó por el No y Piñera estaba entre los que trabajó y votó por el No” (La Nación, 6 de octubre). Este respaldo denota que el conjunto de la derecha intenta hacer efectivo el cometido de desplazar base social concertacionista. Los unifica la avidez de dirigir el gobierno luego de dos décadas…

Casi simultáneamente a este debate –y seguramente sin la intención de perjudicar la pretensión derechista-, Alberto Cardemil –militante, al igual que Piñera, de Renovación Nacional-, comentando una resolución que él firmó en 1988, cuando era subsecretario del interior de la dictadura pinochetista, prohibiendo el ingreso de la recién fallecida artista argentina, Mercedes Sosa; expuso la imagen efectiva de la derecha: “Todos sabemos que doña Mercedes, que en paz descanse, era una activista política ligada a la extrema izquierda. Igual que otros artistas de la época, que todos conocíamos en qué empezaban y nadie sabía en qué terminaban (…) Si en ese momento se dictó esa orden, por algo será. Precisamente medidas de excepción como esa hicieron que un país, que había quedado destruido y deshecho por la Unidad Popular, recuperara la democracia en que ahora estamos (…) un sistema autoritario con normas especiales de derecho con respecto al orden público y actividades” (La Nación, 8 de octubre).

Estas son las palabras –reaccionarias y pinochetistas- de un “camarada de partido” de Sebastián Piñera…El dicho popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” muestra acá toda su validez. Pero si le damos crédito a Evelyn Matthei, -que es hija de un general de la dictadura-, el multimillonario derechista habría votado por el NO…

Supongamos que es cierto y preguntémonos sólo una cuestión… ¿por qué este cúmulo de pinochetistas defiende y no ataca a Piñera por reivindicar que votó por el NO? Ahora es mucho más nítido lo que planteamos, que se trata de disputar base social de la concertación, para fortalecer la opción presidencial…Y el NO de Piñera es el “puente” para hablarle a ese sector.

A su servicio

El gobierno de Bachelet probablemente concluya con una alta popularidad. Recientemente, Adimark –a tono con la mayoría de las encuestas- reveló que el apoyo a su figura llegaba al 76%. Esto ha sido posible a raíz de los enormes temores que la crisis capitalista abrió en importantes franjas de la clase obrera y el pueblo pobre; de la activa política “paliativa” del gobierno, que ha consistido en bonos y subsidios; y de la política de “dialogo social” de las principales direcciones de la clase obrera y el pueblo pobre, el PS y el PC, que no han apostado por impulsar jornadas a la altura de los ataques patronales. El “clima bacheletista” ha revivido, e incluso los adversarios de la Concertación se han visto obligados a presentarse como continuadores de la obra de la actual administración.

Este “clima” –y la probable obstaculización de los meses mineros- le da espacios al gobierno a la hora de realizar su labor fundamental: defender los intereses de la patronal. El lunes, los empresarios lecheros en Enagro 2009, el máximo evento de los empresarios agrícolas, instalaron en el patio de CasaPiedra un llamativo lienzo con la frase “Presidenta Bachelet: ¿Hay salvaguardias, o nos comemos las vacas?” (El Mercurio, 6 de octubre). La molestia de este sector de la patronal, era fruto de los subsidios que reciben los empresarios lecheros de Argentina y Uruguay, cuestión que les permite vender a precios más bajos sus productos, lo que incentiva la importación de éstos a Chile, en desmedro de los productos lácteos locales. Por ello, la salvaguardia exigida por el sector, consistía en poner tasas de 31,5% a los productos provenientes de esos países. Además, la caída de los precios de la leche, también estaría “mermando” las ganancias: si en septiembre de 2008 obtenían $200 por cada litro de leche, ahora recibirían solamente $120.

La respuesta gubernamental no se ha hecho esperar. No fue el 31,5% de salvaguardia exigido por el sector, pero si un 15%. Marigen Hornkohl, refiriéndose a la medida indicó que la medida se “justifica por las dificultades que enfrentan los productores que reciben precios de la leche inferiores a sus costos de producción (…) la mayoría de ellos presenta altos niveles de endeudamiento con la banca comercial y con empresas proveedoras de insumos, lo que define la situación de daño actual, la que sería más grave aun si tuvieran que soportar nuevas bajas de precios” (La Nación, 8 de octubre). Luis Mayol, presidente de la SNA, planteó en relación a la medida que “a pesar que no fue el 31,5% que pedíamos, es una buena señal el que se haya acogido nuestra petición” (ídem.).

Este sector de la clase patronal se ha anotado un triunfo. El gobierno podría haber concluido el dialogo diciendo “a su servicio”.

¿Qué más pide este sector de la patronal? En la cena del lunes, Luis Mayol planteó 5 ejes “priorizando la importancia de resguardar el estado de derecho en la región de la Araucanía, a propósito de los hechos de violencia que a su juicio, “han ido creciendo en gravedad (…) sin que se visualicen soluciones de fondo””. Este llamado a “resguardar el estado de derecho” es un llamado a la reprimir al pueblo mapuche, cuyas tierras han sido despojadas en buena medida por los empresarios representados por Mayol. Y para concluir, además de solicitar una “política cambiaria de largo plazo” –también con el objetivo de posicionarse mejor en el mercado internacional-; una defensa activa ante los subsidios que en otros países se les otorgan a los empresarios lecheros; y una pronta aprobación a los “proyectos de bonificación a las inversiones en riego y recuperación de suelos”; Mayol –a tono con la clase patronal en su conjunto, “recordó la necesidad de avanzar en materia de adaptabilidad laboral con normas que se adecuen a los procesos productivos del agro” (El Mercurio, 6 de octubre).

La clase patronal, en su conjunto, sabe que tanto la derecha como la Concertación, son defensoras de sus intereses. Y sabe también que el “nuevo rostro de la vieja política”, Enríquez-Ominami, es un acérrimo defensor del mercado. Por ello, en Wall Street hay tranquilidad ante las próximas elecciones. Recientemente un analista de Moody`s, Alfredo Coutiño, comentaba: “Independientemente del candidato triunfador, al parecer Chile no dará un giro en su modelo económico (…) El crecimiento económico con estabilidad seguirá siendo la filosofía del modelo económico chileno” (La Tercera, 3 de octubre).

¿Qué izquierda necesitamos?

Recientemente, en una entrevista publicada en El Siglo, Jorge Insunza, miembro del Comité Central del Partido Comunista y responsable laboral de esta organización, planteó, en relación a las bases y el fundamento de la izquierda y del Partido Comunista para enfrentar la crisis del movimiento sindical –luego de revindicar la experiencia del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, y su política de crear empresas estatales-, que “No estamos hablando de una revolución socialista, sino de transformaciones al interior del capitalismo, pero que terminen con el predominio brutal y la exacción que produce el capital financiero” (9 de octubre).

Con ello, este dirigente del PC resume muy bien, la concepción estratégica del Partido Comunista. No se trataría de acabar con esta sociedad de miseria y explotación, sino de realizar transformaciones en su interior. Esta concepción –que al menos desde los 30` determina el carácter del PC- es la base de la política actual de esta organización, de confiar en sectores progresistas de la política patronal, particularmente en la Concertación, y en los pequeños y medianos empresarios; política que durante la última semana se hizo carne en un acto común del JPM y la Concertación en San Miguel, para celebrar los 21 años desde el triunfo del NO. Pues si se tratara de luchar contra el capitalismo, habría que enfrentar al conjunto de sus defensores, incluyendo a la Concertación, que ha demostrado ser una “maestra” en la defensa del neoliberalismo y el capitalismo. Aunque el PC se ponga a la cabeza de luchas obreras, lo hará para llevarlas tras la confianza en sectores de la patronal, en la Iglesia, en la Concertación o en figuras como el ex ministro Andrade, impulsor de la propuesta de negociar la “adaptabilidad laboral”.

Quienes militamos en Clase contra Clase, lucharemos codo a codo con los militantes del Partido Comunista en cada una de las luchas obreras, del pueblo pobre y el movimiento estudiantil, e impulsaremos campañas unitarias de acción, como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, estando en curso una crisis histórica del capitalismo, no podemos eludir preguntarnos qué izquierda necesitamos: una izquierda que quiera hacer transformaciones parciales al interior de la sociedad capitalista o una izquierda que se proponga acabar con el capitalismo para transformar la sociedad. Para nosotros, la segunda es la única alternativa ante la miseria y la explotación. Luchamos por una revolución obrera y socialista, por la alianza de la clase trabajadora y el pueblo oprimido, para derrocar el orden existente y constituir una República de Trabajadores, basada en organismos de autogobierno. Con este fin, impulsamos un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Si hablan de “signos de recuperación”, hay que exigir la reincorporación inmediata de todos los despedidos y la prohibición por ley de los despidos. El reparto de las horas de trabajo sin rebaja de sueldo y la estatización de toda empresa que cierre o quiebre. Un salario mínimo de $360.000 –igual a la canasta básica-, el derecho a negociar colectivamente por rama, y el derecho a organizar cuerpos de delegados al interior de cada empresa, para fortalecer los organismos sindicales. La unidad con los oprimidos, por ejemplo, con el pueblo mapuche, los pobladores y el movimiento estudiantil. Para dar cada una de estas peleas hace falta construir un Partido de Trabajadores Revolucionario. Esta es la lucha, incansable, de quienes militamos en Clase contra Clase.

Fuente : www.clasecontraclase.cl

Profesores chilenos acuerdan paro indefinido

Dirigentes de miles de profesores de escuelas públicas de todo el país acordaron iniciar el viernes un paro indefinido que amenaza el término anticipado del año escolar ante el rechazo del gobierno de pagar una polémica deuda millonaria.

Profesores chilenos aprobaron una huelga ...

"Hemos acordado iniciar un paro nacional indefinido a partir del viernes 23 de octubre en todo el país", anunció en rueda de prensa el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

La medida afectará a unos 3,5 millones de estudiantes de escuelas de enseñanza básica y media que dependen de las municipalidades del país, a las que el estado traspasó la administración de los establecimientos en 1981.

De acuerdo con los dirigentes, el traspaso --en plena dictadura militar-- originó un perjuicio económico para unos 84.000 maestros, a los que su organización gremial reclama compensar con pagos equivalentes a entre 9.000 y 18.000 dólares.

El gobierno se ampara en resoluciones de los tribunales de justicia y de la Contraloría General de la República para rechazar el pago y sostener que esa deuda está extinguida.

Tras una prolongada asamblea de dirigentes de todo el país, el Colegio de Profesores resolvió el paro por tiempo indefinido y exigió, además, la formación de una mesa tripartita con el gobierno y el Congreso.

Legisladores de todos los sectores, incluso de la coalición gobernante, respaldan la compensación a los profesores.

"Todos los sectores políticos están por pagar esta deuda. Los únicos que no están por la reparación son los (partidos que integran) el gobierno", afirmó Gajardo, quien acusó a las autoridades de intransigencia.

Parlamentarios de la oposición, que son mayoría en ambas cámaras legislativas, amenazaron con reducir el presupuesto de educación para el año entrante a sólo dos dólares.

Dos diputados del opositor Partido derechista Renovación Nacional señalaron el martes que de no acceder el gobierno a negociaciones, interpelarán a la ministra de Educación, Mónica Jiménez.

El gobierno, en todo caso, abrió la posibilidad de un diálogo con los maestros.

"Obviamente que hay un espacio al diálogo. Este gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo", dijo el ministro del Interior, Edmundo Pérez.

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, favorito para imponerse en la elección del 13 de diciembre, respaldó con reservas la protesta de los maestros.

"Creo que los profesores tienen razón en que estamos en deuda con ellos, por ello hago un llamado al diálogo y que no pongan en riesgo el año escolar de tres y medio millones de alumnos", dijo Piñera.

Pidió a los profesores reconsiderar su paralización y prometió que de alcanzar el poder le mejorará las condiciones de trabajo.

Al acuerdo de huelga de los profesores a partir del viernes se suma a la amenaza de los empleados públicos de paralizar el jueves en todo el país si el gobierno no accede a establecer mecanismos legales de estabilidad para miles de funcionarios públicos que laboran en condiciones inestables y temporales.

domingo, 18 de octubre de 2009

El canciller peruano se declara indignado por la portada de un diario contra Bachelet

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaunde, se declaró hoy "indignado" por la ofensiva portada publicada hoy por un diario peruano contra la presidenta de Chile.
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"Realmente estoy indignado con ese titular, ningún jefe de Estado de un país vecino y amigo merece ese tratamiento, lo rechazo categóricamente", declaró García Belaunde a la agencia oficial Andina.

Tras estas declaraciones, la cancillería peruana emitió un breve comunicado en el que ratificó su "indignación y rechazo por las expresiones injuriosas" contra Bachelet.

"Estas expresiones no contribuyen a desarrollar relaciones normales con un país vecino y amigo, y menos aún al debate alturado y serio de los temas de la agenda regional", acotó la nota oficial.

El Gobierno de Chile consideró hoy "inaceptable" la portada del diario sensacionalista limeño La Razón, que publicó una foto de primer plano de la mandataria y la frase "Bachelet conchuda".

El matutino aseveró que Bachelet "niega con descaro" el "armamentismo chileno", tras unas declaraciones de la ministra portavoz chilena, Carolina Tohá, quien dijo que Chile no se sentía aludido por el anuncio de Perú de promover en la región un pacto de no agresión.

Según La Razón, un diario vinculado hace pocos años con el detenido ex asesor Vladimiro Montesinos, los chilenos "gastan miles de millones de dólares en nuevas armas ofensivas y hoy inician juegos de guerra en la frontera".

La polémica portada mereció hoy el rechazo unánime de los políticos chilenos, mientras que Carolina Tohá declaró que La Moneda espera que las autoridades peruanas rechacen esas ofensas, aunque provengan "de un medio sensacionalista, poco serio".

jueves, 15 de octubre de 2009

En Chile Ingresan proyectos que fortalecen derechos sindicales de los trabajadores

Este miércoles ingresaron a tramitación tres mociones que modifican el Código del Trabajo para fortalecer la negociación colectiva; establecer esta herramienta en empresas con matriz y filiales y tipificar como práctica antisindical que un empleador se niegue a negociar con trabajadores de empresas relacionadas.



Los tres proyectos fueron enviados a la Comisión de Trabajo. La primera iniciativa pertenece a los diputados Marcelo Díaz (PS), René Alinco (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Ramón Farías (PPD), Antonio Leal (PPD), Carlos Montes (PS), Gabriel Silber (DC), Marcelo Schilling (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD) y tipifica una nueva práctica antisindical con su correspondiente sanción.

La propuesta fortalece la negociación colectiva mediante una nueva hipótesis de práctica antisindical del empleador consistente en el aprovechamiento de una determinada estructura de negociación, como obstáculo al ejercicio de derechos sindicales y entorpecimiento de este procedimiento de negociación.

De esta forma, se sanciona a quien se niegue a negociar con trabajadores de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común. Esta práctica antisindical recibirá una multa de 10 a 150 UTM, la que se aplicará por cada uno de los trabajadores involucrados. En caso de reincidencia, se sancionará con multas de 100 a 150 UTM por cada uno de los trabajadores involucrados.

Definición de empresa y de contrato colectivo

La segunda moción fue presentada por los diputados Marcelo Díaz (PS), Sergio Aguiló (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Ramón Farías (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Roberto León (DC), José Miguel Ortiz (DC), Raúl Sunico (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD).

La iniciativa establece que para los efectos legales que correspondan se entiende por empresa la organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección estratégica o económica común, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos.

Agrega el texto que en caso de producirse colisión, confusión o indeterminación entre el concepto de empleador y el concepto de empresa, deberá hacerse primar aquel más favorable para el ejercicio de los derechos laborales, previsionales, de protección a la maternidad y a la salud de los trabajadores, y en general para el ejercicio de todos aquellos derechos establecidos a favor de los trabajadores en función de una relación dependiente de trabajo; ya sea se trate de derechos individuales o colectivos, sustantivos o procedimentales, conforme al principio protector del trabajador que inspiran las normas del Código Laboral.

El proyecto añade que los derechos establecidos en las leyes laborales son irrenunciables antes, durante y al término de la relación de trabajo. Asimismo, se señala que el contrato colectivo es aquel celebrado conforme a las disposiciones del Libro IV del Código Laboral.

Finalmente, dispone la iniciativa que se entenderá que los servicios personales se prestan bajo dependencia o subordinación de un empleador determinado cuando en los hechos éste determine, entre otras dimensiones, la estructura organizativa del proceso productivo laboral, defina y/o controle directa o indirectamente las condiciones o la prestación del trabajo, y/o se beneficie principalmente de la prestación de los servicios del o la trabajadora.

Fortalecimiento de la negociación colectiva

La tercera moción fue presentada por los diputados Marcelo Díaz (PS), Sergio Aguiló (PS), Alfonso De Urresti (PS), Fidel Espinoza (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Marcelo Schilling (PS), Isabel Allende (PS), Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD) y Clemira Pacheco (PS) y modifica el Código del Trabajo fortaleciendo la negociación colectiva.

El proyecto elimina la prohibición de negociar colectivamente para los trabajadores que se contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de temporada.

También deroga el artículo 308 del Código del Trabajo, que establece que para negociar colectivamente dentro de una empresa se requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus actividades.

Por último, la propuesta establece que el trabajador que se desafilie de la organización sindical, estará obligado a cotizar en favor de ésta el 100% de la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato colectivo y los pactos modificatorios.