ONU: 30 millones de niñas en peligro de ablación

El número de mujeres sometidas a la práctica de la mutilación genital femenina ha disminuido en los últimos años.Algunas de las consecuencias para la salud son los problemas urinarios, infecciones, infertilidad y complicaciones en el parto. Cada año, tres millones de niñas son víctimas de la mutilación genital por deferencias religiosas o culturales.

Cerca de 30 millones de niñas menores de 15 años están en riesgo de mutilación genital femenina (MGF). Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado el pasado miércoles (06), el Día Internacional de Tolerancia Cero a La Mutilación Genital Femenina, esta práctica ha disminuido, pero todavía hay un gran número de niñas vulnerables el procedimiento.

En 29 países de África y el Medio Oriente, donde se concentra la práctica, la tasa de niñas de entre 15 y 19 años que fueron mutiladas es del 36%. Entre las mujeres de 45 a 49 años, la estimación es de 53%.

Por ejemplo, en Egipto, donde el 90 por ciento de las niñas y mujeres han sido mutiladas, el porcentaje de las casadas entre 15 y 49 años que piensan que se debe terminar con esta situación se ha duplicado entre 1995 y 2008, de un 13% a un 28% en el último año, según Naciones Unidas.

Según las Naciones Unidas (ONU), al menos 120 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital en estos 29 países. De este total, 92 millones viven en África. Cada año, tres millones de niñas son víctimas de la mutilación genital por diferencias religiosas o culturales.

Las mujeres víctimas de esta práctica puede tener consecuencias graves para la salud, tales como problemas urinarios, infecciones, infertilidad y complicaciones en el parto.

Desde 2008 (cuando se implementó el Programa Conjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el UNICEF a la mutilación / genital femenina), alrededor de 10 000 comunidades en 15 países renunciaron a la práctica. El año pasado, 1.775 comunidades africanas han manifestado públicamente su compromiso de poner fin al procedimiento

Energía empuja destino político de la presidenta de Brasil

Cenerada por la fuente más barata, la hidráulica, es el nuevo dorregir la anomalía de una electricidad carísima, aunque esté gesafío de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuya carrera política despegó precisamente por su alabada gestión del sector energético.

Construcción de la planta hidroeléctrica de Santo Antônio, en la Amazonia, una de las megacentrales con que Brasil busca atender su voracidad energética

La coyuntura es adversa. La escasez de lluvias en 2012 aumentó el costo de la generación eléctrica, al obligar en el último trimestre a activar las plantas térmicas de petróleo que complementan el aporte de las centrales hidroeléctricas durante las sequías.

Aún así, el gobierno cumplió su promesa de bajar el precio de la electricidad, uno de los más elevados del mundo. Rousseff anunció el 23 de enero una reducción de 18 por ciento para el consumo residencial y de hasta 32 por ciento para el industrial.

"El gobierno quiere revocar la ley de oferta y demanda por decreto", con el contrasentido de reducir tarifas y estimular así el consumo cuando hay escasez energética, comentó a IPS el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.

En el futuro se tendrán que volver a subir porque las centrales térmicas "cobrarán su factura" al operar más tiempo debido a la previsible insuficiencia de lluvias para rellenar los embalses durante el verano austral, acotó el economista.

Pires consideró que la energía es cara en Brasil por falta de estímulos a la oferta y a la competencia en el sector, además de "prácticas monopólicas" y de elevados impuestos.

Por razones opuestas, Roberto D’Araujo, director de Ilumina Instituto de Desarrollo Estratégico del Sector Energético, agregó otras críticas. El gobierno "está desmantelando el sistema eléctrico brasileño al usar las empresas estatales" para atender demandas de los industriales del sureño estado de São Paulo, explicó a IPS.

Calcula que la empresa estatal Furnas, donde fue jefe del Departamento de Estudios Energéticos, perderá 60 por ciento de sus ingresos al cumplir las medidas gubernamentales y no será la más golpeada.

Las empresas eléctricas bajo control del Estado operan a nivel nacional, como Furlas, o regional, y todas tienen participación minoritaria privada, por lo que la mayoría cotiza en bolsa.

El alivio en las facturas de la luz proviene de subsidios y de empresas estatales que operan viejas centrales hidroeléctricas con concesiones que caducarían entre 2015 y 2017. El gobierno propuso prorrogarlas a cambio de indemnizaciones y rebajas tarifarias de más de 90 por ciento en algunos casos.

Algunas de estas empresas, situadas en estados gobernados por la oposición, rechazaron la medida, pero al ser dependientes del poder central solo pudieron acatarla y ver desplomarse su cotización bursátil y su capacidad de inversión.

Furnas, que provee 10 por ciento de la electricidad brasileña, ve agravarse su situación. Tiene 1.700 funcionarios con edad para jubilarse este año, y tendrá que promover despidos para adaptarse a la reducción tarifaria.

Con ello estará privándose de "inteligencia, de gente con experiencia", lamentó D’Araujo, un defensor de la energía como servicio público en un "monopolio natural" en Brasil por el predominio de las hidroeléctricas.

Los precios de la electricidad "se duplicaron desde 1995", cuando empezó la privatización del sector y la implantación del "modelo de mercado", según el ingeniero.

Las protestas de movimientos sociales no sensibilizaron al gobierno hasta que los industriales se movilizaron reclamando energía más barata para recuperar competitividad y superar la "desindustrialización" del país.

Antes de la rebaja de enero, la industria denunciaba que un megavatio/hora le costaba 165 dólares promedio, mientras que el costo promedio en sus 27 mayores socios comerciales es de 108 dólares.

Las tarifas residenciales son inmensamente variadas, pero en un barrio de clase media de Río de Janeiro, por ejemplo, el costo del kilovatio/hora era de unos 24 centavos de dólar en diciembre.

"Es positivo bajar el costo de la energía", pero no con subsidios que transfieren recursos de contribuyentes a consumidores en "una transfusión de sangre que no saca al paciente de cuidados intensivos", dijo Pires.

Se refirió así al riesgo de apagones y al uso de tarifas eléctricas para contener una inflación que hace años supera la meta anual de 4,5 por ciento.

El gobierno actúa igual con los combustibles, cuyos precios al consumidor son contenidos desde 2005 a través del consorcio petrolero estatal Petrobras, que vende internamente productos a precios inferiores a los que paga para importarlos. Ese subsidio costaría 2.000 millones de dólares mensuales, según analistas.

El 30 de enero, la gasolina subió 6,6 por ciento y el diesel 5,4 por ciento. El alza fue permitida por el gobierno porque su impacto inflacionario será neutralizado por la rebaja de la electricidad, pero no elimina las pérdidas de Petrobras, cuyas utilidades netas cayeron 36 por ciento el año pasado, respecto de 2011.

Es otro enredo que desafía la fama de excelente gestora de Rousseff en el área energética, la que impulsó su ascenso político hacia la Presidencia, que ejerce desde enero de 2011.

Sobresalió como secretaria de Energía de Río Grande del Sur, un estado iluminado y ajeno a la crisis que obligó al racionamiento eléctrico nacional entre junio de 2001 y febrero de 2002. Ese fue el trampolín para su nombramiento como ministra de Minas y Energía en 2003 y de la Casa Civil de la Presidencia (jefatura de gabinete) en 2005.

Este último puesto la preparó como candidata a la sucesión de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Como ministra comandó la reforma del sistema eléctrico en 2004 para mejorar la seguridad y la planificación del sector.

El "trauma" del desabastecimiento de 2001 alimenta el temor a una nueva crisis, pero la situación cambió con inversiones en todo el sistema, antes inexistentes, evaluó Emilio La Rovere, profesor de postgrado en ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Se construyeron muchas centrales térmicas para el suministro cuando el estiaje reduce la generación hidroeléctrica, observó, aunque se descartó la seguridad absoluta porque el "riesgo cero cuesta carísimo".

La planificación del gobierno es "correcta", pero hay fallas en la ejecución, reconoció, ante los grandes atrasos en la construcción de varios proyectos. Hay, por ejemplo, plantas eólicas que no operan porque faltan líneas de transmisión para aprovechar su energía.

La polémica sobre los precios de la electricidad es "una disputa entre capitalistas", según Gilberto Cervinski, uno de los coordinadores del Movimiento de Afectados por las Represas.

Esa batalla, dijo a IPS, es entre las empresas eléctricas, cuyas utilidades se multiplicaron después de la privatización, y los industriales, que ganaron ahora con la rebaja de tarifas.

El movimiento, que estima en más de un millón los afectados en los últimos 30 años, apoya la rebaja gubernamental, pero reclama abaratar más aún la cuenta de luz de las familias brasileñas recortando las ganancias de las empresas distribuidoras y no solo de las generadoras, como sucede ahora.

Además, es injusto privilegiar al sector industrial, con una reducción de 30 por ciento, que ya paga menos por la electricidad, mientras baja solo 18 por ciento la tarifa residencial, opinó Cervinski.

También le preocupa la salud financiera de las compañías estatales por la reducción excesiva de sus tarifas. Sostuvo que deberían situarse en el doble de los menos de cinco dólares por kilovatio/hora fijados por el gobierno.

EEUU colaboró con España y otros 53 países para trasladar y torturar presuntos terroristas

Del dolor del 11-S nació uno de los epsiodios más negros de la política de seguridad antiterrorista de EEUU. El Gobierno liderado por George W. Bush y Dick Cheney colaboró con 54 países en el traslado y tortura de presos al extranjero, donde fueron en muchos casos maltratados sin garantía judicial o protección alguna de sus derechos. Así lo indica un informe publicado por Open Society Foundations .

La fundación, conocida por las cifras de OSF, dedica un capítulo a España en el que se desgranan las paradas de vuelos de la CIA y el uso del espacio aéreo para el transporte de presos hacia Guantánamo.

El informe es la primera gran recopilación global de las prácticas, denostadas por Barack Obama y conocidas como en inglés como "extraordinary rendition". El texto señala que al menos 136 presos fueron parte de este programa. La publicación coincide con la controvertida proyección en salas de todo el mundo de Black Zero Thirty (La noche más oscura), una película donde se muestra el trato a algunos de estos prisioneros en el transcurso de la búsqueda de Osama Bin Laden.

68 VUELOS CON PARADA EN ESPAÑA

El informe destaca las 68 paradas en España de vuelos, tal y como señaló un informe del Parlamento Europeo en 2007. Algunos de ellos tuvieron como origen o destino la cárcel de Guantánamo y otros Afganistán y cárceles secretas. El informe se sirve de informes de la Eurocámara, pero también del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, o procesos judiciales.

La administración de Bush aseguró que nunca mandó intencionalmente sospechosos de terrorismo al extranjero para que fueran torturados, pero los destinos de esos vuelos, la localización de los centros de detención y la naturaleza de los mismos posibilitaron ese fin.

Durante la etapa de Bush al frente de la Casa Blanca, Ibn al-Shaykh al-Libi, un ciudadano libio y dirigente de Al Qaeda detenido en 2001, fue enviado de EEUU a Egipto y bajo tortura admitió que Saddam Hussein había entrenado al grupo terrorista en el uso de armas químicas y biológicas, como recuerda Joshua Hersh de The Huffington Post. Argumentos obtenidos por estos métodos fueron utilizados para justificar acciones como la invasión de Irak, según OSF.

Obama prometió acabar con todas las cárceles secretas, los traslados y las torturas, pero lo cierto es que sólo ha modulado el sistema, según la organización, ya que confía en que los países donde se encuentren detenidos los presos no lleven a cabo esas prácticas.

Chile: El juicio por los 81 asesinados en la cárcel de San Miguel. Video.

81 razones, audiencia, preparación. Video.

La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales, es producto de la miseria y la ignorancia.

A las 5:48 hrs. de la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 hrs. de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00 hrs.

De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos, sólo había cinco funcionarios de gendarmería en un recinto donde estaban recluidas 1961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.

De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes.


Antecedentes

En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.

El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para 80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones para 120 internos alojan a 800 reos.

La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para gendarmería en más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.

El modelo penitenciario estatal invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.

En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.


El fondo del desastre

Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.

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Fuente : Andrés Figueroa Cornejo, Santiago de Chile, Diciembre 8 de 2010, 13:30 hrs.

Chile: Weichafe Mapuche Erik Montoya entra en clandestinidad tras aberrante condena

El Joven Weichafe perteneciente a la comunidad Wente Winkul Mapu Erik Montoya asume la clandestinidad tras aberrante condena de 6 años de cárcel.

Mediante un Comunicado enviado a Werken.cl el comunero anunció ayer que asumió clandestinidad debido a que no se dieron garantías para un debido proceso, quedando de manifiesto que su condena simplemente responde a una decisión política tomada por el estado.

En la misiva la comunidad Wente Winkul Mapu comunica que han decidido apoyar la valiente decisión del Weichafe, ya que consideran que es un digno gesto de rebeldía ante la opresión del estado chileno fascista y represor.

Reproducimos Comunicado Público

La Comunidad Wente Winkul Mapu, declara al Pueblo Mapuche, las organizaciones sociales y ante la opinión Pública lo siguiente:

1.- Nuestro Peñi Erick Montoya, junto a Rodrigo Montoya y Ricardo Nahuelque, fue procesado y condenado esta tarde, a seis años y un día más 541 días de presidio, en un sedicioso montaje que culminó con esta sentencia gracias al testimonio de un testigo protegido el que pese a sus contradicciones, logró, por medio de la mentira, el que nuestros Peñi deban cumplir pena de presidio político efectivo en la cárcel de Angol

2.- Ante esto, comunicamos que nuestro peñi ha decidido asumir dignamente la clandestinidad, ya que los tribunales no dieron garantías para un debido proceso, quedando de manifiesto que su condena simplemente responde a una decisión política tomada por el estado, ejecutada por sus representantes y sus aparatos para atropellar nuevamente los derechos de las comunidades mapuche a la defensa y autonomía del territorio, por lo que como Comunidad hemos decidido apoyar la valiente decisión del Peñi, ya que consideramos que es un digno gesto de rebeldía ante la opresión del estado chileno fascista y represor.

3.- Durante la tarde, se produjo un allanamiento en nuestro territorio, pretendiendo la PDI detener al Peñi sin conseguirlo, pero amenazando con volver esta noche. No nos dejaremos amedrentar por el terrorismo de estado ni la injusticia de quienes tienen el poder y las facultades para reprimirnos, ya que simplemente están a favor de los ricos de este país, sin ni siquiera pretender escucharnos.

4.- Hacemos el llamado a nuestro Pueblo Nación Mapuche a no dejarse amedrentar por los montajes mediáticos, ni la represión de las militarizadas policías, puesto que nuestra lucha es larga, justa y nos dignifica.

Con nuestros Weichafe caídos impunemente en la memoria, seguiremos avanzando hacia la libredeterminación, ejerciendo el control territorial y las recuperaciones productivas.

Fuente : Comunidad Wente Winkul Mapu

Chile : Integración vertical será analizada en el marco de la Ley de Isapres

Un conjunto de senadores presentaron una moción que prohíbe que una Isapre pueda a su vez ejercer como prestadora de servicios de salud.

Fulvio Rossi; la DC Ximena Rincón y el PPD Guido Girardi.

Complementando la discusión respecto al mensaje que proyecto que modifica el sistema privado de Salud (Boletín N° 8105-11), que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Salud, los senadores Fulvio Rossi, Ximena Rincón, Guido Girardi, José Antonio Gómez y Mariano Ruiz Esquide presentaron una moción que busca impedir y sancionar la integración vertical entre Isapres y centros prestadores de salud (clínicas, centros clínicos, laboratorios, etc).

La propuesta modifica el artículo 173 del decreto ley N° 1 de 2006, prohibiendo y sancionando la citada relación. La idea es que las Isapres no puedan constituir empresas relacionadas, filiales o colegiadas con el objeto de desarrollar actividades de prestación.

De acuerdo a la actual normativa, las Isapres tienen por objeto exclusivo financiar la realización de prestaciones de salud, y en ningún caso, ejecutarlas ni participar de la administración de dichos servicios. Sin embargo, estudios consignados en la citada moción, demuestran cómo se ha materializado una integración vertical entre las principales Isapres y los centros clínicos.

Ley de Isapres

La llamada reforma a la ley de Isapres, fue aprobada en general en la Comisión de Salud del Senado tras un acuerdo transversal que permitió destrabar dos elementos fundamentales del mensaje que fueron rechazados en primer trámite en la Cámara.

Este proyecto pretende crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) conformado por un set de prestaciones básicas que las Isapres deberán ofrecer a sus afiliados por un precio único sin hacer distinciones de sexo, edad y estado de salud.

Otro de los pilares consiste en la generación de un Fondo de Compensación que será fijado por el Ministerio de Salud (Minsal) y al que se recurrirá para cubrir las prestaciones y compensar la disparidad del gasto. Y un tercer elemento es el Cálculo de Variación del PGS (IPC de la salud), el que deberá ser determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y gracias al cual se terminaría con las asimetrías de los costos de los planes de salud.

Durante la discusión en la Cámara, se rechazó lo relacionado con el PGS y el IPC de la salud. Al ingresar al Senado, la iniciativa fue vista por la Comisión de Salud, donde se alcanzó un acuerdo transversal para revisar dichos puntos en la sala en marzo donde se analizarán también las mociones que tengan relación con las Isapres.

En el marco del debate de la Ley de Isapres, el senador Rossi planteó la necesidad de corregir la integración vertical. De este modo el Minsal tendrá en consideración durante la discusión en particular de este mensaje, aquella liderada por el citado legislador, y otras vinculadas con el acceso igualitario a las distintas modalidades de atención (Boletín N° 5915-11), la creación de un sistema comparado de planes de salud (Boletín N°6903-11) y la modificación del sistema privado de salud (Boletín° 8792-11).

La Justicia chilena estudia la petición española de detenciones por el asesinato Soria

La Corte Suprema de Chile ha recibido la petición de la Justicia española de la detención con fines de extradición de seis exagentes de la dictadura (1973-1990), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976.

Así lo informaron hoy a la prensa  fuentes del Poder Judicial chileno, que precisaron que la solicitud llegó el pasado 24 de enero y quedó en manos del juez de dicha Corte Juan Araya, que analizará si debe ser aceptada.

En esa decisión se tendrá en cuenta que el caso fue reabierto en Chile el pasado 21 de enero por orden de otro juez de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que pidió realizar nuevas diligencias solicitadas por la familia de Soria.

Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel.

Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.

Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.

El caso está en manos de la Corte Suprema porque es la instancia encargada de estudiar las peticiones de detención con fines de extradición.

Los seis acusados fueron procesados el pasado 30 de octubre por el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional de España, que les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.

En esa ocasión, Ruz procesó también al agente estadounidense de la DINA Michael Townley, que en 1978 fue expulsado de Chile y decidió colaborar por otros crímenes con la Justicia de su país, a cambio de una pena reducida y sujeto a un programa de protección de testigos.

Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado por agentes de la DINA, mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.

Los homicidas colocaron después el cadáver de Soria en su propio automóvil, lo rociaron con licor y lanzaron el vehículo a un canal, para simular un accidente causado por una supuesta ingesta de alcohol.

Con esos procesamientos, el juez español atendió la petición del fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

El caso fue investigado por los tribunales chilenos entre 1991 y 1996, año que el juez especial encargado, Marcos Libedinsky, lo cerró por la ley de amnistía que el régimen de Augusto Pinochet dictó en 1978 para evitar la investigación de los crímenes de la dictadura.

En marzo de 2010, otro juez especial, Héctor Carreño, rechazó una primera solicitud de reapertura de la investigación, solicitada por el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, por considerar que el caso había sido sobreseído de forma total y definitiva.

No obstante, un año después, en un anexo al juicio principal, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años de prisión a siete exmilitares como autores de una asociación ilícita para obstruir la acción de la Justicia en el caso.

Entre los condenados estaban el exjefe de Inteligencia del Ejército general Eugenio Covarrubias y el excoronel Sergio Cea, así como Jaime Lepe, José Remigio Ríos San Martín y otros tres oficiales que presionaron a este último para que no aportara antecedentes, después de que confesara haber sido uno de los autores del homicidio del diplomático.