Gran expectativa existe hoy en Chile ante la posible declaración que realizará la Corte Suprema de Justicia, en medio de críticas a la postura de complicidad que asumió el máximo tribunal de la nación con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
A pocos días de que se cumplan los 40 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, algunos políticos y organizaciones expresaron su "mea culpa" por su actuación durante el régimen de facto, y en especial por su postura ante las violaciones de los derechos humanos de la dictadura.
Para este viernes está previsto un pleno de la Corte Suprema, instancia que respaldó de manera pública el cuartelazo del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular, y ante la cual juró Pinochet como Presidente de la República.
El pleno se realizará un día después de que el presidente Sebastián Piñera señalara que el Poder Judicial durante la dictadura no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos.
"Pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le corresponde cautelar y proteger los derechos de las personas, proteger las vidas, por ejemplo, acogiendo los recursos de amparo que rechazó en forma tan masiva", recordó el Presidente.
El miércoles último, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial pidió perdón por sus omisiones durante la dictadura militar, cuando más de tres mil personas fueron asesinadas en el país.
"Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", señalo la Asociacion en un comunicado.
La declaración precisa que la judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que los honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención.
"La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo (...), y la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período", señala el documento.
Los miembros de la asociación consideran que el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto.
Al ser consultado por medios noticiosos sobre el posible perdón del máximo tribunal de la nación, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se limitó a decir que este viernes opinará sobre ese asunto.
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