La Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Rancagua, al sur de Santiago, ordenó la exhumación y una nueva autopsia a los cadáveres de dos guerrilleros muertos presuntamente a manos de la policía en 1988, informaron hoy fuentes judiciales.
Cecilia Magni Camino
Se trata de Raúl Pellegrin Friedman y Cecilia Magni Camino, dirigentes ambos del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), muertos entre el 25 y el 27 de octubre de ese año en la localidad de Los Queñes, a unos 250 kilómetros al sureste de Santiago, en los contrafuertes de la Cordillera de Los Andes.
Raúl Pellegrín Friedmann
Sus muertes ocurrieron después que una quincena de guerrilleros copó el pueblo y atacó el cuartel de Carabineros, en uno de los últimos intentos del grupo guerrillero por reivindicar la lucha armada contra la dictadura de Augusto Pinochet.
El dictador había sido derrotado en las urnas el 5 de octubre de ese año, en el plebiscito que marcó el comienzo de un tránsito pacífico hacia la recuperación de la democracia.
En el ataque a Los Queñes, ocurrido el 21 de octubre de 1988, murió el cabo de carabineros Juvenal Vargas.
La policía dijo entonces que Pellegrin y Magni se habían ahogado mientras cruzaban el río Tinguiririca durante su huida, tras el ataque al cuartel, pero posteriormente organizaciones de derechos humanos denunciaron que ambos habían sido lanzados al río ya muertos, tras ser detenidos y torturados hasta la muerte.
La II Sala del tribunal de alzada rancagüino ordenó la nueva autopsia, que será la tercera, como diligencias para mejor resolver la apelación de la parte querellante del fallo de primera instancia, dictado por el juez Raúl Mera, que el 18 de octubre de 2010 absolvió a cuatro carabineros retirados imputados por las muertes de ambos.
La decisión del juez para absolver a los imputados Julio Verne Acosta, Mauricio Bezmalinovic, Juan Ernesto Rivera y Walter Soto Medina se basó en la inexistencia de elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, de la participación de los policías en las muertes de los guerrilleros.
La apelación de la abogada querellante, Ema Salinas Fernández, se basó en contradicciones surgidas entre el informe de la primera autopsia y los resultados del análisis posterior, efectuado por dos peritos forenses, en conjunto del Servicio Médico Legal (SML).
Según las denuncias que dieron origen al juicio, los cadáveres presentaban lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad.
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