Los empleados públicos chilenos retomaron este lunes la paralización que iniciaron la semana pasada en demanda de un reajuste salarial de un 8,9%.
Los funcionarios paralizaron actividades la semana anterior, con una adhesión del 90%, pero depusieron la medida tras el incendio en el que murieron 81 reclusos en una cárcel de Santiago y que obligó a reforzar los servicios de salud y forenses, entre otras instituciones.
Los empleados, agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), exijen un reajuste de un 8,9%, pero el gobierno ofreció un aumento de un 3,5%, que luego aumentó a un 4,2%.
La movilización de este lunes fue planteada por 48 horas, pero podría extenderse. "Este paro nacional será de 48 horas, pero si en el parlamento se extiende el proceso legislativo, nosotros seguiremos paralizados", dijo presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.
El Congreso chileno rechazó la semana pasada el proyecto de aumento salarial enviado por el Gobierno, por los votos contrarios de la oposición, pero tras una insistencia presidencial, el proyecto reingresó y debía tramitarse esta semana.
La movilización involucra a oficinas públicas como los ministerios, servicios de salud públicas y aduanas. No se sumaron sin embargo el Registro Civil y el Servicio Médico Legal, con turnos reforzados aún por la tragedia carcelaria.
Esta es la cuarta movilización de los trabajadores estatales desde marzo, cuando asumió la presidencia Sebastián Piñera, un multimillonario empresario que llevó a la derecha chilena al poder después de medio siglo.
En 2009, los empleados públicos alcanzaron un reajuste de un 4,5%, el más alto en términos reales en dos décadas.
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