Dos proyectos de ley serán enviados en marzo al Congreso, uno para permitir la aplicación de penalizaciones a empresas y otro para intercambiar información tributaria entre el Servicio de Impuestos Internos y los sistemas tributarios de los 30 países más industrializados con economía de mercado.
En el caso de las empresas, el objetivo es que éstas respondan ante la justicia como persona jurídica, en caso de que cometan actos de corrupción. Si es responsable del delito, no se castigará con la cárcel, pero sí con parte de su patrimonio.
En cuanto a la información tributaria, se trata de permitir el acceso oficial a información sobre depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorro, con lo cual se permitirá levantar el secreto bancario sin investigación y orden judicial.
Ambos proyectos han sido rechazados por los gremios empresariales chilenos.
Chile cumplió con otro requisito para su ingreso a la OCDE, al ratificar la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros, que castiga el soborno de una empresa o persona a un empleado estatal de otro país.
Se espera que esta organización emita una evaluación para el primer semestre del año, sobre al cumplimiento de las medidas exigidas en la protección del medio ambiente.
El 20 por ciento de los instrumentos a los cuales Chile debe dar respuesta en su Memorando de Acceso a la OCDE corresponden a materias medio ambientales, que son observadas por diversos comités operativos debido a la cantidad de temas específicos identificados como relevantes por esta organización.
En 2005 la OCDE, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizó la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, con un reconocimiento al progreso chileno en materia ambiental desde la década de 1990, aunque con brechas importantes en relación a los estándares de países industrializados.
En esa ocasión se entregaron 52 recomendaciones en áreas como gestión de residuos, calidad del agua e integración del medio ambiente en políticas sectoriales para fomentar nuevas conductas en los sectores productivos.
El ingreso a la OCDE, que agrupa a países como Estados Unidos, Japón, México y la mayoría de las naciones europeas, se consideraría como un hito en la política exterior de Chile, comparado a la firma de los tratados de libre comercio suscritos con China y Japón.
Las aspiraciones de Chile para integrarse a este organismo, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales que promuevan el empleo, el crecimiento económico y la mejora de los niveles de vida de los países miembros, datan de la década anterior, aunque fue hasta noviembre de 2004 cuando el gobierno solicitó su ingreso.
En mayo de 2007 el Consejo ministerial de la OCDE analizó por primera vez la solicitud de Chile, junto a las de Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia para constituirse en miembros plenos.
Desde hace años la participación chilena en este organismo ha sido en calidad de observador.
La entrada de Chile a la OCDE reforzará su integración a la economía mundial, los acuerdos de libre comercio que ha suscrito con 55 países, con estándares institucionales y políticas públicas más confiables, y elevará su estatus frente a los países de la región.
Hasta ahora, México es el único país de América Latina que integra la OCDE desde 1994, lo cial le ha traído beneficios en sus políticas públicas, al ser contrastadas con la experiencia de las mejores prácticas en el ámbito internacional.
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