El documento, aprobado el jueves en la Sala por 62 votos a favor y una abstención, recuerda que el 15 de mayo de 2007 la Cámara discutió una indicación para postergar la aplicación de la ley 20.084. “Sin embargo, el Ministro de Justicia señaló ser partidario de que entrara en vigencia” en esa fecha, añade el texto.
“El ministro ofreció condiciones, que sin ser las óptimas, eran superiores a las del momento. Por tanto, la Comisión concluyó que el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Justicia, el cual sirvió de base para la consideración del Congreso Nacional, fue errado”
“Asimismo, las condiciones mínimas objetivas que el Ministro señaló no se cumplieron, existiendo por tanto responsabilidad del Ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti, y de la Directora Nacional del SENAME de la época, señora Paulina Fernández”, anota el informe del grupo parlamentario, que presidió la diputada Marisol Turres (izq. en la foto).
Incendio: no había Plan de Emergencia
Respecto de los hechos que culminaron en un incendio en el centro de Puerto Montt, la Comisión enfatizó que “no se había dado cumplimiento” a la obligación reglamentaria de que cada centro contara con un Plan de Emergencia, y que en esa materia caben responsabilidades a la Directora del SENAME en esa época, Paulina Fernández; al Director Regional del SENAME, Carlos Navarro Pérez; a la Directora del Centro Tiempo de Crecer, Lorena Navarro Vargas; y a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia, Lebby Barría Gutiérrez, “quien tenía la obligación de haber supervisado la puesta en marcha en el ámbito de su jurisdicción”.
“Lo anterior queda demostrado con que sólo después de los hechos de Puerto Montt se despachó Memorándum N° 5293, de fecha 6 de diciembre de 2007, en el cual el Director Nacional del SENAME solicitó a los directores regionales, el envío de los planes de contingencia de cada establecimiento, estableciendo ciertas directrices y ordenando acciones específicas a realizar”, añade el documento.
Estado actual de los centros
El informe anota que, transcurridos más de 14 meses desde la entrada en vigencia de la ley penal juvenil, “siguen ocurriendo graves hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida tanto de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
“En efecto, de acuerdo a lo recabado por esta Comisión Investigadora, persisten graves falencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos que inspiraron al legislador: la sanción de los menores infractores de ley junto con reales oportunidades de rehabilitación y reinserción social. Es así como se pueden enumerar, sin que ello sea taxativo, los siguientes problemas:
“1. Recintos inadecuados que impiden la segregación por edad y por situación procesal.
“2. Hacinamiento.
“3. Falta de elementos mínimos como frazadas o policarbonato en las ventanas y condiciones antihigiénicas en los baños.
“4. Existencia de materiales inflamables al interior de los recintos.
“5. Falta de número de funcionarios de SENAME y de Gendarmería y de capacitación de los mismos para cumplir adecuadamente con el rol que les corresponde.
“6. Falta de dependencias para los funcionarios de Gendarmería para cubrir de manera adecuada su sistema de turnos.
“7. Falta de oferta educacional sistemática.
“8. Condiciones de inseguridad y de riesgo para los menores internos y para los funcionarios que allí laboran.
Por lo anterior, la Comisión exhortó al Gobierno, y en especial a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, “a disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de la ley, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional del SENAME, acordado, en el marco de la agenda de seguridad pública entre Gobierno, Concertación y Alianza”.
Asimismo, instó al Director Nacional del SENAME, Eugenio San Martín Truffy, a “adoptar las medidas de corrección necesarias para subsanar las deficiencias observadas durante el trabajo de la Comisión Investigadora”.
Otras conclusiones
En otro ámbito, la comisión pidió dotar al sistema de los recursos necesarios para destinar a los defensores penales públicos a tareas que les exige la ley durante el cumplimiento de las condenas, de manera que puedan velar por condiciones adecuadas de ejecución de las sanciones, así como por el cabal cumplimiento de las ofertas de reinserción social que favorecen a los adolescentes.
También pidió clarificar el tribunal competente para el control de ejecución de las sanciones no privativas de libertad, definiendo qué se entiende por el lugar de ejecución de las mismas, todo ello, en el interés superior del adolescente y su cercanía con su hogar y familia.
Asimismo, solicitó regular la forma de cumplimiento en los casos que existan varias condenas respecto de un mismo adolescente, así como el caso de que concurran, respecto de una misma persona, condenas de adolescentes con
condenas de adultos.
Otra conclusión fue establecer reglas especiales más favorables para la eliminación de los antecedentes penales de adolescentes ya que muchas de las normas e instituciones actuales están pensadas para adultos (ejemplo, Patronato Nacional de Reos).
Finalmente la comisión parlamentaria investigadora demandó “otorgar a la Defensoría Penal Pública el estatuto de organismo autónomo, de la misma manera que el Ministerio Público, a fin de asegurar igualdad institucional en el marco del proceso penal.
“El ministro ofreció condiciones, que sin ser las óptimas, eran superiores a las del momento. Por tanto, la Comisión concluyó que el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Justicia, el cual sirvió de base para la consideración del Congreso Nacional, fue errado”
“Asimismo, las condiciones mínimas objetivas que el Ministro señaló no se cumplieron, existiendo por tanto responsabilidad del Ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti, y de la Directora Nacional del SENAME de la época, señora Paulina Fernández”, anota el informe del grupo parlamentario, que presidió la diputada Marisol Turres (izq. en la foto).
Incendio: no había Plan de Emergencia
Respecto de los hechos que culminaron en un incendio en el centro de Puerto Montt, la Comisión enfatizó que “no se había dado cumplimiento” a la obligación reglamentaria de que cada centro contara con un Plan de Emergencia, y que en esa materia caben responsabilidades a la Directora del SENAME en esa época, Paulina Fernández; al Director Regional del SENAME, Carlos Navarro Pérez; a la Directora del Centro Tiempo de Crecer, Lorena Navarro Vargas; y a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia, Lebby Barría Gutiérrez, “quien tenía la obligación de haber supervisado la puesta en marcha en el ámbito de su jurisdicción”.
“Lo anterior queda demostrado con que sólo después de los hechos de Puerto Montt se despachó Memorándum N° 5293, de fecha 6 de diciembre de 2007, en el cual el Director Nacional del SENAME solicitó a los directores regionales, el envío de los planes de contingencia de cada establecimiento, estableciendo ciertas directrices y ordenando acciones específicas a realizar”, añade el documento.
Estado actual de los centros
El informe anota que, transcurridos más de 14 meses desde la entrada en vigencia de la ley penal juvenil, “siguen ocurriendo graves hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida tanto de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
“En efecto, de acuerdo a lo recabado por esta Comisión Investigadora, persisten graves falencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos que inspiraron al legislador: la sanción de los menores infractores de ley junto con reales oportunidades de rehabilitación y reinserción social. Es así como se pueden enumerar, sin que ello sea taxativo, los siguientes problemas:
“1. Recintos inadecuados que impiden la segregación por edad y por situación procesal.
“2. Hacinamiento.
“3. Falta de elementos mínimos como frazadas o policarbonato en las ventanas y condiciones antihigiénicas en los baños.
“4. Existencia de materiales inflamables al interior de los recintos.
“5. Falta de número de funcionarios de SENAME y de Gendarmería y de capacitación de los mismos para cumplir adecuadamente con el rol que les corresponde.
“6. Falta de dependencias para los funcionarios de Gendarmería para cubrir de manera adecuada su sistema de turnos.
“7. Falta de oferta educacional sistemática.
“8. Condiciones de inseguridad y de riesgo para los menores internos y para los funcionarios que allí laboran.
Por lo anterior, la Comisión exhortó al Gobierno, y en especial a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, “a disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de la ley, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional del SENAME, acordado, en el marco de la agenda de seguridad pública entre Gobierno, Concertación y Alianza”.
Asimismo, instó al Director Nacional del SENAME, Eugenio San Martín Truffy, a “adoptar las medidas de corrección necesarias para subsanar las deficiencias observadas durante el trabajo de la Comisión Investigadora”.
Otras conclusiones
En otro ámbito, la comisión pidió dotar al sistema de los recursos necesarios para destinar a los defensores penales públicos a tareas que les exige la ley durante el cumplimiento de las condenas, de manera que puedan velar por condiciones adecuadas de ejecución de las sanciones, así como por el cabal cumplimiento de las ofertas de reinserción social que favorecen a los adolescentes.
También pidió clarificar el tribunal competente para el control de ejecución de las sanciones no privativas de libertad, definiendo qué se entiende por el lugar de ejecución de las mismas, todo ello, en el interés superior del adolescente y su cercanía con su hogar y familia.
Asimismo, solicitó regular la forma de cumplimiento en los casos que existan varias condenas respecto de un mismo adolescente, así como el caso de que concurran, respecto de una misma persona, condenas de adolescentes con
condenas de adultos.
Otra conclusión fue establecer reglas especiales más favorables para la eliminación de los antecedentes penales de adolescentes ya que muchas de las normas e instituciones actuales están pensadas para adultos (ejemplo, Patronato Nacional de Reos).
Finalmente la comisión parlamentaria investigadora demandó “otorgar a la Defensoría Penal Pública el estatuto de organismo autónomo, de la misma manera que el Ministerio Público, a fin de asegurar igualdad institucional en el marco del proceso penal.
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