El aporte, de carácter reparatorio, que asciende al monto de un millón de pesos, busca reparar en parte el daño que las personas sufrieron durante el periodo de dictadura militar.
Durante la sesión, el presidente de la comisión, diputado Raúl Saldívar (PS), sostuvo que esta "ley corta" como ha sido apodada, constituye parte de una reparación mayor de la cual serán objeto las personas que fueron prisioneros políticos, torturados, exonerados y que están dentro de las investigaciones que se hicieron a través de la Ley Valech. “Esto implica que más adelante van a recibir otros grados de compensación, pero el anticipo de un millón de pesos se pagará una vez que la ley sea definitivamente aprobada al mes subsiguiente”.
Aclaró que esto se negoció en una mesa con los propios interesados, que en razón de haber exigido y demandado un grado de reparación mayor del que han tenido hasta ahora, llegaron a una huelga de hambre.
En este aspecto, el parlamentario expresó que este pago “es un reconocimiento del Estado de Chile que es muy parcial, que no es la reparación absoluta, porque nada repara lo que ellos vivieron, pero que mitiga en parte la situaciones complejas que han vivido”.
Patricia Silva
Al respecto, la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, manifestó que este bono que consiste en un monto reparatorio parcial, de alguna manera podrá ir acortando esta brecha que el Estado tiene aún en materia de reparación de derechos humanos. “Estamos hablando de alrededor de 38 mil personas que han sido calificadas como titulares de la pensión de detenidos desaparecidos y torturados y esa ha sido la intensión, la buena fe, la responsabilidad y el compromiso del Gobierno, en el sentido de poder terminar de una vez y poder llegar con una materia de recuperación pecuniaria con un monto único y total”.
“Sin duda que es difícil decidir con cuánto repara el Estado de Chile tanto sufrimiento, es un tema altamente sensible más hoy día en la coyuntura actual que está viviendo el país, con resientes sentencias y casos tan sensibles, por eso esperamos avanzar. La idea es concordar un bono general total y en eso estamos”, afirmó.
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) indicó que a él no le gusta la política de bonos. “Creo que es legítimo y bueno que Chile tenga una política en materia de reparación que sea muy clara. Yo soy partidario de que cualquier persona que haya sufrido, ya sea por acción u omisión del Estado, alguna violación a sus derechos esenciales, tenga una indemnización, pero la manera de calcular esa indemnización no puede ser arbitraria”.
Manifestó, también, que hay ciertas pensiones que se están entregando en distintas comisiones, pero que “hoy día nace este proyecto producto de una mesa de negociación que es posterior a una huelga de hambre, entonces todos estos factores hacen que al menos yo sienta que no es la manera en la cual tiene que replantearse una reparación. La reparación, además, tiene que ser hecha en sede judicial y no administrativa”.
Por otra parte, argumentó que pueden existir diferencias entre quienes reciben beneficios, dada las violaciones que ellos sufrieron en época del gobierno militar. “Quisiéramos que hubiese un ordenamiento de los datos, saber cuáles son los beneficios que se están recibiendo, porque es un millón de pesos y el Gobierno nos sorprende diciendo que en verdad no es 1 y pueden ser 8 o 9 y que es parte de una negociación sobre las indemnizaciones civiles, entonces la verdad es que hay un poco de despelote”.
Finalmente, el diputado Claudio Arriagada (DC) afirmó que el monto aprobao es insuficiente. "Chile gasta enormes cantidades de dinero en el mal funcionamiento del Transantiago, por ejemplo, lo que es una política de servicio público y aquí estamos hablando de vidas humanas”.
“Me queda la sensación de que no hemos hecho el gran esfuerzo de ponernos de acuerdo como Estado sobre lo que significó la violación a los derechos humanos en Chile. Creo que deberíamos haber hecho en esfuerzo mayor en el sentido de que los montos de los que estemos hablando, realmente, sean dignos para las personas que sufrieron esta situación. Para que ello ocurra, tenemos que concurrir a un gran acuerdo nacional de cuánto le cuesta al Estado Chileno una política real de reparación”, afirmó el parlamentario.