“El Ministerio de la Mujer velará por la igualdad de género en nuestra sociedad”

Así lo manifestó la titular de la Corporación, quien valoró también el apoyo que ha recibido en las últimas encuestas junto con la Presidenta de la República, como representantes de las mujeres.

Satisfacción y alegría mostró la Presidenta del Senado, Isabel Allende tras la aprobación mayoritaria de la Sala que dio visto bueno en general al proyecto en segundo trámite, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

"La iniciativa estipula cambiar la figura del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, modificando sus funciones; asimismo establece separar las funciones vinculadas a la formulación y evaluación de las políticas relativas a la mujer y a la equidad de género, que se radican en el nuevo Ministerio, de las vinculadas a la ejecución de las mismas que seguirán en el ahora denominado Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género", especificó la segunda autoridad del país.


La legisladora fue enfática en sostener que este proyecto es de suma importancia para avanzar sustancialmente en una serie de temáticas que el país está en deuda con cada una de las mujeres de nuestro país. "Celebro esta votación, ya que es el primer gran paso para otorgar una serie de garantías que buscan la equidad de género tan necesaria en Chile, para así ir avanzando en el gran desafío, que es convertir a nuestra nación en una sociedad donde todas y todos seamos iguales".


"Es de suma urgencia que las mujeres obtengan la misma remuneración por igual trabajo que los hombres; que exista igualdad de género en los directorios de empresas estatales; que exista una ley de cuotas para la incorporación equitativa a los cargos de representación popular, entre otros temas", apuntó la representante de la región de Atacama.


Otro aspecto que fue resaltado por la parlamentaria de Atacama, fue la necesidad de profundizar en temas valóricos, como el Acuerdo de Vida en Pareja, la urgencia de legislar para garantizar la interrupción del embarazo y terminar de una vez por todas con los altos índices de violencia contra las mujeres.


"No es posible que en un país que va caminando hacia el desarrollo tenga tan altos índices de femicidios, ya que en lo que va del año van 34 muertes", destacó expresando que pondrá todas sus fuerzas y trabajo legislativo para minimizar y erradicar estas cifras "que nos avergüenzan como país".


APOYO


Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que según la Encuesta de Corporación Humanas, le han entregado las mujeres al valorar su figura política, en segundo lugar después de la Presidenta Bachelet. Esta es la décima versión de la Encuesta Humana, que se aplicó a 1.325 mujeres, en entrevista cara a cara, en el período 22 de septiembre y 27 de octubre, a nivel nacional.



De acuerdo a este chequeo, la presidenta Bachelet es conocida en un 99,7% y es valorada en un 79,8%. La senadora Allende cuenta con un conocimiento de un 78,1% y es valorada en un 66,4%; mientras que la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, cuenta con un conocimiento de 70,5% y una aprobación de un 61,4%.



La parlamentaria manifestó que “es un orgullo que seamos tres mujeres la que lideremos la encuesta de Humanas. Valoro que la presidenta, la alcaldesa Tohá, y yo estemos entra las más conocidas y apreciadas. Las chilenas prefieren que las mujeres las representemos políticamente”.

La CIA y el imperio de la tortura

El martes 9 de diciembre se conoció un primer informe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano sobre la investigación del programa de interrogatorios de la CIA, llevado adelante entre 2001 y 2009, como parte de la llamada “guerra contra el terrorismo”. En algo más de 500 páginas se detallan no solo métodos aberrantes de tortura sino también el entramado político nacional e internacional que le dio legitimidad.

Submarino. “Walling” (que consiste en estrellar a una persona contra una pared). Golpes. Hidratación y alimentación rectal. Privación del sueño. Posiciones de estrés. Temperaturas extremas. Estas y otros crímenes atroces se pueden leer en el informe desclasificado del Comité de Inteligencia del Senado, apenas una décima parte de las 6500 páginas aun clasificadas, obtenidas a partir de la investigación de unas 6 millones de páginas de documentos de diversas agencias y departamentos del gobierno norteamericano, bajo la presidencia de George W. Bush. Además, nos enteramos de que la CIA contrató psicólogos a quienes les hizo un contrato por 180 millones de dólares, para que asesoraran sobre los métodos más adecuados de tortura psíquica para liquidar la voluntad de los detenidos y someterlos completamente a sus captores. 

La lectura del catálogo de torturas a los que la CIA sometió a prisioneros sospechados de terroristas produce naturalmente una suerte de deja-vu por estas tierras. Los pueblos de América Latina sufrieron en carne propia el accionar de los dictadores en la década de 1970-1980, que como sabemos, se formaron en la academia de torturadores de la CIA, llamada “Escuela de las Américas”. Sin embargo, mientras que los militares latinoamericanos aplicaron los métodos de terrorismo de Estado contra una parte de la población nacional, la CIA los reserva, fundamentalmente, para ciudadanos extranjeros, a excepción por supuesto de resonados magnicidios como el asesinato del presidente Kennedy. En este caso se trata de musulmanes apresados en países como Pakistán, Afganistán o Gran Bretaña y torturados en cárceles clandestinas y bases militares fuera del territorio de Estados Unidos.

Se puede decir, con razón, que no hacía falta esperar este informe para saber que la tarea de la CIA es liquidar toda amenaza a los intereses norteamericanos en cualquier lugar del mundo. Creada por el presidente Truman en 1947 como una herramienta fundamental de la Guerra Fría y la “lucha contra el comunismo”, sus operaciones encubiertas son innumerables: golpe de estado contra Arbenz en Guatemala en 1954, la invasión a Cuba en Bahía de Cochinos en 1961, el asesinato del Che Guevara en Bolivia, el golpe contra Allende en Chile en 1973, armamento de los contra en Nicaragua para derrocar al Frente Sandinista en 1981, escándalo Irán-Contras, intervención en la guerra civil de El Salvador, o su rol en el sangriento Plan Cóndor, para dar solo algunos ejemplos de su accionar en América Latina.
A raíz de este escándalo, un medio dio a conocer una investigación que estima que hasta 1987, 6 millones de personas habían muerto como resultado de operaciones encubiertas de la CIA, lo que un exfuncionario del Departamento de Estado llamó el “holocausto americano”.

Indudablemente esto es así. Sin embargo, el temor es que, aun en forma limitada, esta exposición pública de los crímenes de Estados Unidos produzca un efecto potenciado de odio y, seguramente, de antinorteamericanismo en diversos lugares del mundo. Por eso el presidente Obama demoró más de dos años la publicación del reporte e hizo causa común con la CIA hasta último momento para censurarlo, a pesar de que el Comité que lo elaboró está presidido por una senadora demócrata.

No solo la revelación es escandalosa, sino también la hipocresía del Estado norteamericano, su personal político y los medios liberales “bienpensantes”.
Tanto en el Congreso como en los principales medios, uno de los argumentos de peso es que la tortura en realidad es ineficiente.

En la edición del 9 de diciembre, el diario New York Times publicó una editorial “políticamente correcta” repudiando el accionar terrorista del Estado, pidiendo que se juzgue a los responsables de estos crímenes. Llega incluso a denunciar el principal argumento que usó el gobierno de Bush para justificar la tortura como un método necesario para resguardar la seguridad nacional después de los atentados del 11S.
Lo que no dice es que medios como New York Times y Washington Post no solo fueron entusiastas propagandistas de las guerras de Irak y Afganistán bajo Bush, sino que recibieron y publicaron artículos basados en información de la CIA para demostrar la eficiencia de estos mismos métodos, para crear una corriente favorable a la tortura en el marco del trauma de los atentados contra el World Trade Center. Incluso desde las páginas de ese mismo diario, un columnista llama a Obama a “perdonar a Bush y a quienes torturaron”, como Gerald Ford hizo con Nixon luego del escándalo de Watergate.

El Comité de Inteligencia del Senado, que hasta enero tiene mayoría demócrata, condena las torturas diciendo que son ilegales e inmorales y acusa a la CIA de haber ocultado al Congreso el verdadero carácter brutal de sus “interrogatorios reforzados”. También denuncia a la benemérita Agencia por haber falseado la realidad, diciendo que estos métodos ayudaron a atrapar a terroristas –notablemente Bin Laden- y a “salvar vidas”, cuando después admitió que el problema con la tortura es que no dio ninguna información de inteligencia útil para la “guerra contra el terrorismo”.
Sin embargo, no nombra ni a un solo responsable político de esta banda de torturadores, empezando por el presidente George W. Bush que firmó la autorización para este tipo de interrogatorios días después de los atentados contra las torres gemelas. Tampoco hay siquiera un llamado a castigar estos crímenes aberrantes.

Los republicanos, como era de esperar, salieron abiertamente, a excepción de McCain, a defenestrar el informe, reivindicando todo lo actuado. El presidente Obama no disimuló y reconoció la “profunda deuda” que Estados Unidos tiene con la CIA antes de decir que las “técnicas” empleadas están en contra de los “valores” y la “moral” y que dañan la imagen internacional del país, pensando en que se hace menos creíble aun sus guerras imperialistas en Irak, Afganistán y ahora Siria en nombre de los derechos humanos.

Desde el 11S se vienen fortaleciendo las instituciones de control social, con un un ataque sostenido contra derechos democráticos elementales, con un estado cada vez más vigilante que espía a los ciudadanos, con policías cada vez más militarizadas y bravas, que asesina a jóvenes afroamericanos como en Ferguson

Difícilmente se pase del escándalo al castigo de algún responsable. Tanto los demócratas como los republicanos defienden que la CIA está formada por hombres y mujeres sacrificados, que se ven obligados a realizar el trabajo sucio para que el conjunto de los norteamericanos puedan gozar de su “libertad”. Pero lo que está en juego para la CIA no es la “libertad” y la “democracia” sino los intereses imperialistas de su clase dominante. Por eso la defensa de la CIA es una razón de estado.

Fuente-Claudia Cinatti

Valoran el ingreso de dos mensajes que harían inamnistiables crímenes de lesa humanidad

Los legisladores Letelier y Girardi calificaron como una señal importante que el Ejecutivo presentara dichas propuestas el pasado 10 de diciembre cuando se conmemora el Día Internacional de los DD.HH.

Su satisfacción expresaron los senadores Juan Pablo Letelier y Guido Girardi más el ex parlamentario Mariano Ruiz-Esquide, tras conocer la noticia de que el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo dos proyectos que pretenden adecuar la legislación penal a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Los citados congresistas –más el senador Alejandro Navarro- son autores de una moción que busca anular la ley de amnistía aplicable a delitos de lesa humanidad.

VALORAN ANUNCIO

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el senador Letelier valoró que dichas propuestas ingresaran al Congreso Nacional, el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró el pasado 10 de diciembre.

En este sentido, el parlamentario expresó “una tremenda satisfacción”, en contraste con la solicitud de diputados UDI de hacer un minuto de silencio en la Cámara Baja para recordar a Augusto Pinochet Ugarte. “Es una vergüenza que rindan homenaje a un tirano”, aseguró.


El legislador explicó que “la reforma constitucional enviada por el Gobierno busca garantizar que por siempre sean inamnistiables, imprescriptibles, no objeto de ningún tipo de beneficio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio que tanto daño han hecho al mundo”.


Por otro lado, el senador Letelier aplaudió el envío de una norma “interpretativa de la ley de amnistía que cubre todos los delitos desde septiembre de 1973 hasta marzo del año 90, para asegurar que en ningún acaso los delitos de lesa humanidad y de guerra que se hayan cometido en nuestro país durante la dictadura queden impunes”.


El congresista manifestó que “esta es una señal tremendamente importante y que va a la par con lo que fue el informe que entregó el Instituto de Derechos Humanos”.


Consultado por la posibilidad de reabrir las causas que fueron amnistiadas por la ley que hoy busca anularse, el representante de la región de O’Higgins aclaró que “la Corte Suprema ya estableció una doctrina, y la doctrina es que se investiga, y se está investigando. (…) Nuestra interpretación es que con las iniciativas que ha presentado hoy el Ejecutivo sí se van a poder investigar y sancionar a los culpable y ése es el debate de fondo”.

MOCIÓN ANTERIOR

En tanto, el senador Girardi recordó que “presentamos años atrás una iniciativa para anular la Ley de Amnistía, una de las instituciones abominables y cuestionadas por todas las organizaciones de derechos humanos y por quienes creen que estos son relevantes para la sociedad”.


“La ley de Amnistía lo que genera es impunidad, aquellos que mataron, torturaron lanzaron al mar seres humanos vivos hoy pueden caminar libremente por las calles si esos delitos los cometieron antes de 1978. Además no sólo es antidemocrática e ilegal, sino que es un traje a la medida que Pinochet se hizo para defenderse el mismo”, manifestó el legislador.


En esa línea, rememoró que “aquí hay una herencia del diputado Juan Bustos que fue uno de los inspiradores de la necesidad de restablecer la plena vigencia de los derechos humanos, por tanto nosotros presentamos un proyecto que anula los efectos de la Ley de Amnistía y permite que aunque pasen mil años aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados”.


El senador Girardi afirmó que “valoramos que el Gobierno inspirado en nuestro proyecto presente una reforma que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, innamistiables y no puede haber indulto ni ningún tipo de beneficio. Nos parece un avance en la sociedad para que nunca más a nadie se le ocurra retomar esos caminos que fueron tan dramáticos para Chile”.

MENSAJES

Cabe consignar que las mencionadas propuestas corresponden a una que busca adecuar la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de DDHH, y la otra corresponde a una reforma constitucional que pretende establecer la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio.

CHILE=SALA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS LLEVARÁ EL NOMBRE DEL EX DIPUTADO VICENTE ATENCIO CORTEZ

En ceremonia encabezada por la Mesa de la Corporación, se llevó a cabo el descubrimiento de la placa recordatoria en homenaje al ex diputado comunista, quien es uno de los tres ex parlamentarios detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1973.

Presidente de la Cámara de Diputados,Aldo Cornejo

La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, el Primer Vicepresidente, Lautaro Carmona, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, y a ella asistieron diputados, familiares del ex legislador, dirigentes del Partido Comunista y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos.

El Presidente de la Corporación, Aldo Cornejo, manifestó que "este es un momento muy especial para la Cámara de Diputados", que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se nombre a esta Sala en honor de Vicente Atencio.

"Este es el acto que expresa y representa fielmente nuestras convicciones más profundas en un día tan especial como este y nuestro respeto irrestricto por la vida, por la integridad física, por la libertad de las personas".

El diputado Cornejo agregó que este "es un acto de justicia y reparación" para que la foto del diputado Atencio y su nombre sean "un testimonio y una luz que ilumine a los parlamentarios en el futuro, de esta enorme responsabilidad que es promover y respetar los derechos humanos".

Por su parte, el Primer Vicepresidente, diputado Lautaro Carmona, recordó que Atencio formó parte de un cuadro político de la izquierda chilena que se forma en el movimiento sindical y que luego del golpe de septiembre de 1973 continuó trabajando por lograr justicia social.

Vicepresidente, diputado Lautaro Carmona

"Hay muchos aquí contemporáneos de ese tiempo, en tareas distintas, algunos desde la Juventud, que vivimos lo que significó ese golpe a las direcciones del Partido Socialista, del Mir, del Partido Comunista, de las juventudes respectivas, y ese año, el 76, fue cuando la dictadura golpeó más duramente a la dirección del Partido Comunista".

El diputado Carmona agradeció al Presidente de la Cámara que se buscara el mejor momento para recordar a Vicente Atencio, haciendo coincidir este homenaje con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, destacó el simbolismo de poner el nombre a esta sala de un ex diputado que fue detenido desaparecido.

"Para nosotros es motivo de mayor compromiso, estamos redoblando el compromiso que tiene esta Comisión por la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos", subrayó el legislador, quien agregó que esta comisión ha sido relevante en la transición a la democracia y ha sido "un aporte significativo a la sociedad".

A nombre de la familia, su hija Laura Atencio se manifestó muy emocionada y señaló que este acto "es una reparación moral a mi padre y es una reparación a un parlamentario que solo cumplió su función, como muchos de los que hoy están aquí, que decidió representar hasta el día de su muerte a sus electores y que decidió enfrentar a la dictadura y seguir trabajando, aunque sin parlamento, por la democracia en este país".

Laura Atencio también valoró la presencia de diputados de diversas bancadas presentes, recalcando que "este país lo construimos todos, todos aquellos que queremos que de verdad avance, puedan haber beneficios sociales y se cumplan todas las promesas que se hacen".

Biografía

Vicente Atencio fue diputado en el periodo 1969-1973 y reelecto para el período 1973- 1977, por la Primera Agrupación Departamental "Arica, Iquique y Pisagua".

Inició sus actividades políticas cuando asumió como dirigente de los pobladores. Asimismo, perteneció al Sindicato de la Construcción de Arica y participó del Consejo Departamental de la CUT de esa misma ciudad. Más adelante fue nombrado presidente provincial de Arica. En 1957 ingresó al Partido Comunista, donde ocupó, desde 1958, los cargos de dirigente regional en Arica, y miembro del Comité Central del Partido.

Vicente Atencio

En 1963 fue electo regidor por Arica, ejerciendo hasta 1966; fue reelecto en 1967, por un año. Paralelamente, se desempeñó como alcalde de dicha ciudad, entre 1967 y 1968.

En 1969 resultó electo diputado por la Primera Agrupación Departamental, Arica, Iquique y Pisagua, período en que integró la Comisión Permanente de Gobierno Interior; la de Vivienda y Urbanismo; y la de Minería. Además, fue miembro de la Comisión Investigadora de Estudio de Intervenciones Parlamentarias en Concesión de Créditos del Banco del Estado, 1969-1970; y de la Comisión Especial de Situación Laboral en Minera Andina, Provincia de Aconcagua 1969-1970.

En 1973 fue reelecto diputado, por la misma Agrupación Departamental, período 1973-1977; integró la Comisión Permanente de Gobierno Interior.

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que puso término anticipado al período legislativo, fue detenido en 1976 y conducido a Villa Grimaldi desde donde desapareció a fines de agosto de ese año.

Sus restos fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en una fosa clandestina, en el fundo "Las Tórtolas" de Colina. Fue sepultado el 19 de junio del mismo año en el Cementerio General.

Atencio, es uno de los tres ex diputados que fueron detenidos durante el régimen militar, junto a Carlos Lorca del Partido Socialista y Luis Gastón Lobos, del Partido Radical. Estos últimos aún figuran como desaparecidos.

Vicepresidente encabeza presentación del Informe Anual de Derechos Humanos 2014

Ceremonia se realiza el día que el mundo conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo, junto a otras autoridades participa en la entrega del Informe Anual de Derechos Humanos.

En su intervención destacó que “el programa de Gobierno que comprometimos ante el conjunto de chilenas y chilenos contempla una agenda integral de promoción y protección de los derechos humanos, y en ese sentido pueden contar con que adoptaremos una Política de Estado Explícita e Integral en Derechos Humanos”.

La autoridad explicó que “esa política considera al menos cuatro ejes: promoción y garantía de la vigencia integral de todos los derechos humanos; una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa política de Estado; políticas públicas concebidas con “enfoque de derechos”; y verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, a sus familiares y a la sociedad toda”.

Finalmente, el secretario de Estado agregó que “de todos depende que en Chile fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.

Informe Anual 2014

El Informe Anual 2014 “Situación de los Derechos Humanos en Chile”, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos considera seis capítulos. Entre algunos de los aspectos relevantes, vinculados a debates públicos que se están dando hoy en día o a temas vinculados a la gestión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, están los temas de reforma constitucional, modificaciones a la Ley Antiterrorista, las deficiencias de la institucionalidad para hacer frente a catástrofes, la situaciones de menores de edad en procesos judiciales (proyecto entrevista video grabada) y situación de los pueblos indígenas.

Brasil conocerá mañana el más completo informe sobre crímenes de la dictadura

La Comisión de la Verdad, instalada en Brasil para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, presentará mañana su informe final, aunque los culpables siguen amparados por una polémica Ley de Amnistía.

El informe será presentado en una ceremonia que encabezará la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en su propia carne la tortura, debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra la dictadura.

La Comisión de la Verdad comenzó a trabajar en mayo de 2012 y desde entonces ha escudriñado los pocos archivos confidenciales que los militares no llegaron a destruir después de un período de 21 años en el poder, que comenzó en 1964 y concluyó en 1985.

En sus dos años y medio de trabajo, el grupo ha logrado reunir documentación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país, pero también informes hasta entonces secretos que aportan detalles sobre el llamado Plan Cóndor, articulado por las dictaduras que imperaron en el Cono Sur en la década de 1970.

Esos archivos, ya adelantados en parte por la prensa local, dan pistas sobre cómo funcionaba esa operación y documentan la forma en que activistas de izquierdas de Argentina y otros países del Cono Sur refugiados entonces en Brasil eran vigilados por las autoridades militares.

También revelan detalles de secuestros realizados por militares brasileños, que capturaban a esos activistas para entregarlos luego a sus países de origen, donde muchos de ellos finalmente engrosaron las listas de desaparecidos.

Uno de esos casos es el del periodista argentino Norberto Armando Habegger, en la época miembro de la organización Montoneros, a quien se considera desaparecido desde 1978, cuando fue secuestrado en Río de Janeiro, según comprobó la Comisión de Amnistía.


El informe que será presentado mañana establece que cientos de activistas de izquierdas de Alemania, Bolivia, Chile, Italia y sobre todo Argentina fueron "vigilados" por los agentes de la dictadura brasileña.

Las Fuerzas Armadas han seguido con recelo todo este proceso de investigación pero han colaborado con la comisión, a la que algunos de los sectores militares, sobre todo de la reserva, se han opuesto en forma manifiesta.

En un documento difundido en septiembre pasado, el actual alto mando castrense afirmó, por primera vez en forma oficial, que las Fuerzas Armadas no están en condiciones de negar ni confirmar que se cometieron "graves violaciones de derechos humanos" en instalaciones militares durante la dictadura.

Según el documento, elaborado por el Ministerio de Defensa, el Ejército brasileño alegó que "no le está permitido manifestarse al respecto de los actos formales y otras decisiones tomadas por el Estado brasileño".

La Marina, por su parte, señaló "que no fueron encontradas pruebas documentales o materiales que permitan confirmar o negar" las violación de derechos humanos.

La Fuerza Aérea resaltó que "no dispone de elementos que sirvan de fundamento para contestar los actos formales de reconocimiento de responsabilidades (por violación de derechos humanos) del Estado".

El informe está considerado como la más completa investigación realizada en Brasil sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura, pero no bastará para que la justicia llegue hasta los culpables de esas atrocidades.

El obstáculo radica en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que amparó tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país.

El Colegio de Abogados y otras organizaciones de la sociedad civil demandaron hace cuatro años la nulidad de la ley, al menos en lo referido a los crímenes de lesa humanidad, pero el Tribunal Supremo se opuso y ratificó su carácter "constitucional".

Sin embargo, otros movimientos sociales y hasta la Procuraduría General han presentado nuevas demandas, hasta ahora no juzgadas, en las que insisten en que no existe amnistía que pueda cobijar a los culpables de delitos de lesa humanidad, que de acuerdo con tratados internacionales suscritos por Brasil, no prescriben.

Esa tesis es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace años insiste en que Brasil tiene el "deber" de juzgar a los responsables de desapariciones forzadas durante la dictadura.

El desempleo en Brasil se situó en el 6,8 % en el tercer trimestre

El desempleo en Brasil se situó en el 6,8 % de la población activa en el tercer trimestre del año y se mantuvo estable con respecto al segundo, según un nuevo indicador oficial divulgado hoy.

El desempleo en Brasil se situó en el 6,8 % en el tercer trimestre

El Estudio Nacional por Muestra de Domicilios Continuo (PNAD Continuo, por su sigla en portugués), de periodicidad trimestral, es más amplio y detallado que el indicador antiguo, el Estudio Mensual de Empleo (PME), que se divulga mensualmente.

El dato del PNAD Continuo supera en casi dos puntos porcentuales al del PME, que en septiembre se situó en un 4,9 % y bajó en octubre al 4,7 %, según los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), que publica ambas estadísticas.

La población ocupada se mantuvo prácticamente estable y en el tercer trimestre fue del 56,8 % de la población, una décima menos que en el segundo trimestre, según el PNAD Continuo.

La tasa de desempleo juvenil, de entre 18 y 24 años, alcanzó el 15,3 %, superando la media del 6,8 %.

El estudio también indicó que el 78,1 % de los empleados del sector privado tienen un contrato legal, con lo que este indicador avanzó 1,5 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del año pasado.

Entre los trabajadores domésticos, sólo un 32,0 % tienen un contrato y el 68,0 % restante, equivalente a cuatro millones de empleados, no tiene protección legal.


Los trabajadores sin contrato, incluidos los del sector privado y los domésticos, suman 14,3 millones de personas.

El PNAD Continuo se elabora siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con encuestas en 3.464 municipios, mientras que el PME sólo tiene en cuenta las seis mayores ciudades del país.