HAY CERCA DE 1.500 PROCESOS ABIERTOS CONTRA REPRESORES DE LA DICTADURA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN CASOS EMBLEMÁTICOS COMO EL DE NERUDA, BACHELET O JARA
EL golpe de estado contra Salvador Allende, del que el próximo 11 de septiembre se cumplen 40 años, llevó al poder a un régimen militar que en 17 años sembró Chile de muerte, torturas y exilio. Entre 1973 y 1990, fueron asesinadas o forzosamente desaparecidas más de 3.000 personas, miles fueron torturadas por miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, mientras que otras miles fueron obligadas a abandonar el país. Augusto Pinochet murió impune en 2007 y la justicia por las atrocidades de su régimen avanza en medio de obstáculos, presiones e indiferencia. En la actualidad hay cerca de 1.500 procesos judiciales abiertos, medio millar de militares procesados y un centenar, condenados a cadena perpetua. "En cárceles de lujo, especialmente hechas para ellos, pero en todo caso encarcelados", matiza Eduardo Contreras, abogado y miembro del Partido Comunista de Chile.
"Del total de los juicios, unas 300 querellas corresponden a los primeros casos de 1998, es decir, 'operación Cóndor', 'caravana de la muerte', 'calle Conferencia', etc. Y unas 1.200, a las nuevas querellas por ejecutados políticos iniciadas en 2010", explica. "Podemos reconocer avances importantes pero falta mucho, en especial respecto de la responsabilidad de los civiles", valora.
"Ha habido progresos para hacer frente a la impunidad de las violaciones cometidas durante el régimen de Pinochet. Gracias a la perseverancia de muchas de las víctimas y sus familiares y a la valentía de algunos fiscales y jueces, varios de los responsables de tales crímenes han comparecido ante la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer para abordar el legado de violaciones de derechos humanos. La búsqueda de justicia, verdad y reparación continúa siendo obstaculizada por retrasos en procedimientos judiciales, sentencias que no reflejan la gravedad de los delitos cometidos, amnistías concedidas a los autores de graves violaciones de derechos humanos y el hecho de que, en ocasiones, estos delitos han sido declarados prescriptibles", denuncia Amnistía Internacional en una campaña lanzada en el marco del 40 aniversario del golpe de estado.
PRIMEROS CASOS El camino de la justicia se abrió en 1998 con la primera querella presentada; para finales de ese año ya eran 400, muchas de las cuales aún no han recibido sentencia. Asimismo, desde hace tres años, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ha presentado 1.300 querellas nuevas, entre las que se encuentran casos simbólicos como el de los expresidentes Salvador Allende y Eduardo Frei, el poeta Pablo Neruda, el cantautor Víctor Jara o el general Alberto Bachelet, padre de la exmandataria Michelle Bachelet.
El caso de Allende fue archivado hace dos semanas tras confirmarse, con un examen forense -en el que participó el vasco Paco Etxeberria-, que el expresidente se suicidó aquel 11 de septiembre de 1973, como sostenía la versión oficial. El mismo equipo forense internacional que examinó los restos de Allende analiza ahora los de Pablo Neruda, exhumados el pasado 8 de abril. El poeta chileno padecía cáncer de próstata y falleció en la cárcel Santa María de Santiago de Chile un día antes de partir al exilio a México, el 23 de septiembre de 1973. El proceso judicial sobre su muerte comenzó en mayo de 2011, cuando el Partido Comunista interpuso una querella basándose en el testimonio del exchófer Manuel Araya, que apuntó entonces, por primera vez, que el poeta chileno podría haber sido asesinado. Según Araya, agentes de la dictadura militar le inyectaron una sustancia letal en el estómago durante su estancia en el centro sanitario.
El juez Carroza ordenó la exhumación de los restos, cuyo análisis no se conocerá hasta dentro de dos meses. Los primeros exámenes radiológicos y toxicológicos ya han determinado que Neruda, efectivamente, padecía un cáncer de próstata en estado avanzado y con metástasis. Contreras, abogado del Partido Comunista en este caso, sostiene que estas conclusiones no descartan la presencia de tóxicos y deja claro: "No es noticia que Neruda tenía cáncer".
En el mismo hospital de Santa María murió también, en enero de 1982, Eduardo Frei Montalva. El expresidente demócrata cristiano (1964-1970) ingresó para someterse a una operación de hernia de hiato, pero su estado de salud empeoró drásticamente y falleció inesperadamente días después. Oficialmente, la causa de su muerte habría sido una infección, pero la familia siempre sospechó que se trató de un asesinato, porque el exmandatario se había convertido en uno de los principales opositores al régimen de Pinochet y, por tanto, en un personaje incómodo. En 2006 se exhumaron los restos y se encontraron rastros de mostaza sulfúrica y talio. El proceso se encuentra en estos momentos en fase de investigación y hay dos médicos de la clínica imputados, uno como presunto autor y otro, como presunto cómplice.
'CASO BACHELET' El pasado 25 de mayo, el juez Mario Carroza, que lleva muchos de estos casos, cerró la investigación de dos años sobre las torturas que causaron la muerte al general Bachelet. Bachelet, uno de los integrantes de la Fuerza Aérea (Fach) que no se unieron al golpe militar y que detenido por "traición a la patria", murió en la Cárcel Pública de Santiago el 12 de marzo de 1974, a los 51 años, de un infarto de miocardio, tras ser torturado en la Academia de Guerra Aérea (AGA). En junio de 2012, un informe forense del Servicio Médico Legal ratificó que Bachelet murió a causa de las torturas que sufrió.
Un mes después de conocerse el informe, el juez procesó a los coroneles retirados de la Fach Edgar Ceballos y Ramón Cáceres Jorquera por el delito de torturas con resultado de muerte. Carroza asegura que ha sido imposible identificar a otros responsables y ha dejado fuera del proceso a Fernando Matthei, director de la AGA cuando fue utilizada como centro de torturas contra Bachelet y padre de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei. Esta conclusión ha sido aceptada por los familiares de Bachelet; no, en cambio, por Eduardo Contreras, representante en esta causa a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ha pedido al juez revierta el cierre del sumario.
"Uno de los culpables, el general Fernando Matthei, que fuera además miembro de la junta militar, no ha sido sometido a proceso pese a nuestras fundadas peticiones. Quizás influya el hecho de que la expresidenta y hoy candidata Michelle Bachelet lo llama 'tío Fernando'. Es la realidad de este extraño país", sostiene Contreras.
El caso por el asesinato de Víctor Jara, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, dio el pasado diciembre un paso histórico cuando la justicia procesó a siete exmilitares, en ese momento cargo de centenares de prisioneros confinados en el Estadio Chile. Dos de ellos fueron inculpados como autores materiales (Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez) y los otros cinco, como cómplices (Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf). Todos quedaron bajo arresto en un batallón de la policía militar menos Barrientos, que vive en Miami, para quien la Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición emitida por el juez.
En estos momentos, cinco de los procesados se encuentran en libertad provisional tras el pago de una fianza, mientras que la solicitud de extradición se encuentra en el ministerio de Exteriores, el último paso administrativo antes de ser enviada a EE.UU. "Después de 40 años valoramos que haya siete inculpados. También valoramos la solicitud de extradición de la Corte Suprema y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para seguir ejerciendo presión. Vemos avances", señala Gloria König, directora de la Fundación Víctor Jara, quien espera que "a partir de ahora se agilicen las diligencias que permitan ir avanzando en la investigación".
La búsqueda de verdad, justicia y reparación sigue su curso en Chile y a las querellas por las violaciones cometidas durante la dictadura de Pinochet se suma la más reciente, presentada en diciembre por la AFEP y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que quieren que se juzgue el golpe de Estado. "¿Cómo podría explicarse que se juzgó las consecuencias y no la causa de los crímenes?", señala la querella.
