Chile : Comienzan los trabajos de exhumación del cadáver de Pablo Neruda

Un equipo multidisciplinar de forenses chilenos y extranjeros desvelará, 40 años después de su deceso, si el poeta chileno murió de cáncer o fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe militar.

Los trabajos preparatorios para la exhumación del cuerpo de Pablo Neruda comienzan este domingo con el fin de extraer el lunes los restos del poeta chileno en Isla Negra y poder someterlos a análisis con el fin de determinar si falleció de cáncer o fue asesinado por la dictadura de Pinochet el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe milita

Las labores de movimiento de tierra se llevarán a cabo durante el día de hoy en la casa-museo de Isla Negra, una localidad situada a 100 kilómetros al oeste de Santiago, donde reposan los restos del premio Nobel de literatura junto a los de su tercera esposa, Matilde Urrutia. Sus tumbas se encuentran, mirando al océano Pacífico, en el jardín de la casa-museo, que cada año recibe miles de visitas y que cerrará sus puertas este domingo por la tarde, de forma excepcional, y también, como es habitual, el lunes.

Para la exhumación se instalará una carpa y se utilizarán trajes especiales ante la posible presencia de sustancias tóxicas. Las labores se llevaran a cabo por un equipo multidisciplinar de forenses chilenos y extranjeros: cinco expertos del estatal Servicio Médico Legal, cuatro peritos de la Universidad de Chile y cuatro expertos internacionales. Entre ellos se encuentran la toxicóloga estadounidense Ruth Winecker y tres españoles, el toxicólogo Guillermo Repetto, el cirujano Aurelio Luna y el médico forense Francisco Etxeberría, que también participó en 2011 en la exhumación del presidente chileno Salvador Allende.

Habrá, además, tres observadores internacionales, y estarán presentes el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier; el abogado de esa formación, Eduardo Contreras; un sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, y el antiguo chófer de Neruda, Manuel Araya. Fue precisamente Araya quien en 2011 planteó por primera vez en una entrevista la posibilidad de que Neruda pudo ser asesinado, lo que llevó al Partido Comunista, al que el poeta pertenecía, a presentar en mayo de ese año una querella que dio pie a la investigación judicial.

El chófer del poeta, el más escéptico

Tras practicar diversas diligencias, el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió en febrero que habría que desenterrar los restos del autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada" para esclarecer las causas de su muerte. Según la versión oficial, Neruda falleció en una clínica privada de Santiago el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990), debido al cáncer de próstata que padecía desde hacía años.

Sin embargo, Manuel Araya sostiene que su muerte se debió a una inyección que le pusieron ese mismo día, en vísperas de un viaje que le debería haber llevado al exilio a México, donde se podría haber convertido en un azote para el régimen militar. Neruda "era una figura muy peligrosa para Pinochet por todo el prestigio internacional que tenía", manifestó Araya, que ahora reside en la localidad costera de San Antonio, a pocos kilómetros de Isla Negra. El chófer asegura que el poeta había aceptado el refugio que le ofreció México tras el golpe y se aprestaba a viajar a ese país para involucrarse activamente en la lucha política contra el régimen.

El antiguo chófer del poeta Pablo Neruda, Manuel Araya, ha criticado el equipo forense elegido para participar en la exhumación del premio nobel de literatura, aunque otros actores involucrados en este proceso desestimaron sus observaciones. Araya asegura que el juez Carroza "vetó al equipo de peritos propuestos por la familia de Pablo Neruda, representada por su sobrino Rodolfo Reyes, y por el PC, representado por Eduardo Contreras". Sin embargo, Contreras indicó que no comparte el contenido de ese texto y que el PC contará con la perito Gloria Ramírez durante la exhumación y con el neurólogo y psiquiatra Luis Fornazzari y el genetista Cristián Orrego durante los exámenes posteriores. El letrado sí coincidió con Manuel Araya en que el juez debería haber aceptado, a propuesta de la familia del poeta, la presencia del perito tanatólogo Luis Ravanal, que en 2008 se hizo conocido por difundir un informe sobre la muerte en 1973 de Salvador Allende.

Otras exhumaciones en Chile


Antes que Neruda, los cadáveres de otras figuras clave en la historia reciente de Chile han sido también exhumadas los últimos dos años para aclarar las causas de sus muertes.

En el caso de Allende, en 2011 se estableció que el mandatario sí se suicidó durante el bombardeo ordenado por los militares golpistas contra La Moneda. En cambio, en el caso de su exministro José Tohá, en 2012 los análisis determinaron que no se suicidó sino que murió por la acción de terceros -por estrangulamiento o por ahorcamiento homicida- cuando estaba internado en el Hospital Militar de Santiago en 1974. Pero la situación que más se asemeja a la que vivió Neruda es la del expresidente Eduardo Frei Montalva, que falleció en 1982 en la misma clínica, en la Santa María, cuando encabezaba una incipiente oposición a la dictadura. Durante años su deceso se atribuyó a una septicemia, pero en 2009 una investigación judicial estableció que había muerto envenenado.

Desaparición de los informes médicos

En la indagatoria sobre el poeta, el juez Carroza se ha topado con que ninguno de los tres centros hospitalarios en que Neruda fue atendido durante 1973 conservan sus informes médicos, pese a que la ley obliga a guardarlos durante 40 años. Además, "ahora hay dudas respecto de la real identidad del médico que habría inyectado un fármaco (dipirona) al poeta, supuestamente para aliviarle el dolor aquel domingo", según cuenta su abogado Eduardo Contreras.

"Son muchas las contradicciones que hay en el proceso acerca de lo que sucedió en la clínica con Neruda que, a lo menos, nos hacen tener una legítima duda respecto de que haya muerto de cáncer", declaró a Efe el letrado. Incluso, añadió, "ahora hay dudas respecto de la real identidad del médico que habría inyectado un fármaco (dipirona) al poeta, supuestamente para aliviarle el dolor aquel domingo". Inicialmente, explicó, "se suponía que fue un médico llamado Sergio Draper, pero hay testigos en el proceso que dicen que no fue Draper quien lo inyectó". "Resulta extraño que Draper entrara a trabajar en la clínica sólo tres días antes de la muerte de Neruda; un médico ligado por muchos años al Hospital Militar y, además, mencionado en la muerte (en 1982) del expresidente Eduardo Frei Montalva, en esa misma clínica producto de un envenenamiento, como está acreditado en la Justicia", precisó. 

Exámanes toxicológicos

Estas dudas comenzarán a despejarse a partir de mañana lunes, cuando, tras la exhumación, los restos serán trasladados a un laboratorio especial en la sede del Servicio Médico Legal en Santiago, sometido a vigilancia permanente con guardias y cámaras. "Habrá un análisis antropológico y médico. Se construirá un perfil biológico y se evaluará el estado de los restos. Además, se levantarán muestras con las que se harán los exámenes toxicológicos", declaró el director del SML, Patricio Bustos, al diario La Tercera. También se buscarán rastros de metástasis ósea y posibles sustancias toxicológicas de origen químico que ayuden a desvelar un misterio que, según el letrado Eduardo Contreras, puede convertirse en un "golpe a la memoria internacional".

Determinar la causa de la muerte será "una labor difícil", según dijo a periodistas Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal. "Las muestras se van perdiendo con los años, pero estamos acostumbrados a trabajar en la adversidad", precisó Bustos, quien destacó la permanente disposición del organismo "para buscar la verdad".

CHILE : SUPERVISORES DE CODELCO SE SUMAN A PARO CONVOCADO POR LA FTC

La intensificación de las políticas de externalización de funciones y el no cumplimiento de la ley de subcontratación ponen en peligro evidente la continuidad y la calidad de los procesos, operaciones y servicios, explican.

Llamaron a la administración que dirige Thomás Keller en forma urgente a “dejar de eludir, mediante cualquier subterfugio, el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, e iniciar un proceso ordenado y racional de internalización de actividades y funciones que permitan cumplir con la ley”. Acusaron actos de persecución y acoso laboral a los profesionales “que no podemos seguir permitiendo”.

La Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, (FESUC), llama a sus afiliados a “una participación activa y propositiva en las iniciativas de movilización que se llevarán adelante en los distintos establecimientos de Codelco” en los próximos días y convocada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).

La entidad que agrupa a dos mil mandos medios de la cuprífera, de un total de 3 mil, precisa que “no podemos sino compartir los elementos centrales del diagnóstico de la FTC acerca de la situación actual de Codelco y la necesidad de que se realicen cambios de fondo en la forma en que se administra la empresa”.

“La intensificación de las políticas de externalización de funciones y el no cumplimiento de la ley de subcontratación ponen en peligro evidente la continuidad y la calidad de los procesos, operaciones y servicios”, explican los representantes de ingenieros, geológos, psicólogos laborales, abogados, médicos, enfermeras, etc. de Codelco.

Asimismo destacaron que “la aplicación de una política de renovación generacional sólo ha sido un vehículo para bajar costos laborales, y su falta de planificación y racionalidad ha redundado en una pérdida de profesionales con experiencia y amplio conocimiento de los procesos mineros, algo que es un activo estratégico en la gran minería, tal como lo son las horas de vuelo de un piloto de avión”.

Los despidos en Codelco “y la contratación de profesionales jóvenes en condiciones precarizadas ha impactado negativamente en los resultados productivos de la empresa y ha profundizado un deterioro general de la motivación y el clima laboral, lo cual incentiva a muchos profesionales a emigrar a la gran minería privada. Esto causa, en definitiva, una pérdida de patrimonio y capital humano para Codelco”.

FESUC llama a la administración que dirige Thomás Keller en forma “urgente” a “dejar de eludir, mediante cualquier subterfugio, el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, e iniciar un proceso ordenado y racional de internalización de actividades y funciones que permitan cumplir con la ley”.

“Rechazamos todo proceso de reestructuración que tenga como objetivo externalizar funciones propias de la dotación de Codelco, precarizar las condiciones de contratación y todas aquellas iniciativas que busquen reducir costos a través de dañar a las personas”, expresó el directorio de FESUC encabezado por Ricardo Calderón.

Asimismo expresaron que las modificaciones a la evaluación de desempeño han dañado “el clima laboral, la objetividad en la evaluación, la motivación de los supervisores y se haya deteriorado hasta niveles intolerables. El Sistema de Gestión del Desempeño ha servido de base a persecuciones y actos de acoso laboral contra los y las profesionales que no podemos seguir permitiendo. El personal de Codelco vive angustiado pensando que lo van a despedir, algo que los psicólogos laborales consideran altamente nocivo para la productividad”.

Los supervisores de Codelco expresan que han impulsado un “diálogo racional y de entendimiento respetuoso como el camino principal para resolver nuestras diferencias con los ejecutivos y así lograr que Codelco siga aportando millonarios excedentes en beneficio del país. Sin embargo, la mayor parte de las iniciativas de diálogo en que hemos participado sólo se han traducido en frustrantes quiebres ante la nula disposición de la administración superior de llegar a acuerdos”.

Por último, llamaron a sus asociados a “salir del aislamiento, el temor y la indiferencia, alzar la voz y movilizarnos con unidad y confianza para construir un mejor futuro para nuestros hijos e hijas y para nuestra patria”.

En clave mapuche

Sólo a los militantes mapuche se les aplica la ley antiterrorista del régimen de Augusto Pinochet por acciones que nada tienen que ver con esa figura.

A fines de enero una comisión de solidaridad con el pueblo mapuche, integrada por chilenos y latinoamericanos, visitamos a los presos Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo en el penal El Manzano, en las afueras de Concepción, y en la cárcel de Angol, unos 50 kilómetros al sur. El motivo de la visita fue denunciar la situación de los presos que llevaban 79 días en huelga de hambre, así como visibilizar la realidad de un pueblo perseguido en una Araucanía militarizada.

La comisión estaba integrada por cinco premios nacionales, el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, el presidente del Colegio Médico, un ex juez y un diplomático, dirigentes estudiantiles y sindicales, diversos intelectuales, la Pastoral Mapuche y la Comisión Ética contra la Tortura.

Llaitul y Llanquileo pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, focalizada en la recuperación de tierras ancestrales en manos de corporaciones forestales y de latifundistas. Los presos pusieron fin a la huelga de hambre el 28 de enero, cuando la comitiva se comprometió a poner en pie una comisión nacional e internacional de observación de los derechos humanos del pueblo mapuche que visitará el país en octubre.

El 3 de enero se difundió la Cuarta Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche, firmada por cientos de intelectuales en la que recuerdan que los hechos de violencia, que a menudo se atribuyen sólo a los mapuches, "tienen su punto de partida en la mal llamada ‘pacificación de la Araucanía' realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825)".

Los historiadores señalan que el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. Debe recordarse que sólo a los militantes mapuches se les aplica la ley antiterrorista del régimen de Augusto Pinochet por acciones que nada tienen que ver con esa figura, como la quema de plantaciones o de camiones que transportan madera.

La solidaridad nacional ha crecido sostenidamente en Chile, en particular desde la huelga de hambre de Patricia Troncoso entre octubre de 2007 y enero de 2008. Destaca la solidaridad de los estudiantes secundarios con las comunidades mapuche, quienes han creado una comisión para trabajar los vínculos abajo-abajo entre ambos movimientos. Pero el apoyo internacional es escaso, por eso es necesario dar un salto para romper el cerco de desinformación que ha tejido la democracia chilena contra los que resisten el modelo.

Pese al buen ánimo de los presos mapuche y del conjunto del movimiento, es fácil dejarse ganar por el desánimo al comprobar las divisiones, reproches y críticas cruzados que se escuchan en las diversas instancias que agrupan al pueblo mapuche, ya sea en las comunidades rurales o en los espacios urbanos. No es cuestión de reproducir aquí los motivos y argumentos de la fragmentación del mundo mapuche en resistencia, sino apenas constar un hecho y, sobre todo, intentar hacer una lectura distinta a la que realizan las academias y los partidos políticos.

Lo primero es constar que no hay ninguna organización, ni siquiera un espacio de coordinación, que aglutine a todo el pueblo mapuche. Se trata de un caso bien diferente de los que conocemos en el mundo andino, donde los quichuas ecuatorianos y los quechuas y aymaras bolivianos (además de los pueblos de tierras bajas) han construido grandes organizaciones representativas de sus pueblos. ¿Se trata de una ventaja o una desventaja del pueblo mapuche?

Lo segundo es que desde la década de 1990 nuevas generaciones han creado un sinfín de organizaciones urbanas y rurales, en lo que el historiador Gabriel Salazar denomina la sexta época de la guerra mapuche, iniciada en 1981 cuando arreciaron las protestas callejeras contra la dictadura. Esta nueva generación entronca con una larga historia que dice que el pueblo mapuche fue el único de este continente que derrotó a los incas y a los españoles, a quienes forzó a detenerse al norte del río Bio Bio.

Desde que fundaron el Consejo de Todas las Tierras y más tarde la Coordinadora Arauco Malleco, organización que se define autónoma y anticapitalista, nacieron decenas de organizaciones: de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, deportivas, culturales, de historiadores, de pescadores, de comunicación; pequeñas y locales, con vínculos cara a cara, sin llegar a crear una gran organización que aglutine a todos.

Tercero, hacen política de una manera diferente, que se traduce en soberanía o autonomía, como bien recuerda Gabriel Salazar. No se miran en el espejo del Estado, ni para conquistarlo ni para construir organizaciones a su imagen y semejanza. Quizá, seguramente, porque el Estado siempre fue algo externo al pueblo mapuche. Nunca se sintieron, ni se sienten, chilenos. No enarbolan la bandera de Chile sino la propia, la que heredaron de sus antepasados. Su lucha se referencia en una memoria de sí mismo casi sin paragón en el mundo, en la que se estratifican no sólo una sino cinco a seis épocas de guerra a lo largo de seis o más siglos de historia ( Movimientos sociales en Chile, Gabriel Salazar, p. 119).

Llegados a este punto, podríamos decir: pese a la fragmentación, resisten. ¿No será al revés? Porque no crearon un aparato único (estadocéntrico) es que siguen siendo uno de los pueblos que resisten la cooptación de derechas e izquierdas. ¿Será cierto que la unidad y homogeneización facilitan la domesticación de los movimientos antisistémicos? ¿Tendrá razón el EZLN? La historia del pueblo mapuche enseña que para luchar, y para vencer, hace falta voluntad comunitaria de lucha; pero no un aparato que encumbre caudillos, anule las diferencias y las autonomías.

Fuente: Raúl Zibechi / Red Latina sin Fronteras

Chile : Estabilidad y crecimiento económico mundial fueron los temas del Cuarto Foro de Consulta de Presidentes de Parlamentos de países miembros del G-20

El Presidente del Senado, Jorge Pizarro junto a los senadores Eduardo Frei y Jovino Novoa participaron del encuentro efectuado en México este 4 y 5 de abril.

Hasta Ciudad de México arribó el Presidente del Senado, Jorge Pizarro junto a los senadores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Jovino Novoa para participar del Cuarto Foro de Consulta de Presidentes de Parlamentos de los Países Miembros del G-20 que se desarrolló entre el 4 y 5 de abril en Ciudad de México.


Para el Presidente del Senado, es altamente valorable que Chile fuera invitado por primera vez, a este encuentro –junto con Colombia y España- considerando que a la cita están convocados los congresistas de las naciones miembros que corresponden a las más industrializadas del mundo.



El parlamentario explicó que para el Senado “es una gran oportunidad tomar parte en esta instancia de debate que tiene por objeto examinar temas claves para la estabilidad y crecimiento económico mundial, particularmente, identificar y apoyar con acciones legislativas respecto a asuntos valorados por Jefes de Estados del G-20”.

MATRIZ ENERGÉTICA Y TRANSPARENCIA

En la cita tomaron la palabra distintos congresistas con el objeto de reflexionar sobre materias de interés mundial. En el caso de Chile, los citados parlamentarios dieron cuenta de la realidad nacional en cuanto a seguridad alimentaria, el cumplimiento de los acuerdos del Convenio de Kyoto por el cambio climático, el cuidado de los recursos hídricos y el combate a la corrupción.


“Fundamentalmente abordamos el desafío que tiene nuestro país respecto a ser una matriz energética, aprovechando nuestros recursos renovables y renovables no convencionales, explicando el marco medioambiental que permite un desarrollo sustentable a nuestro país”, informó el senador Pizarro.

Otro de los puntos tratados por los legisladores nacionales fue la política de transparencia y regulación económica que ha surgido a partir de las leyes que controlan el fraude y potencian la entrega de información fidedigna a la opinión pública.


El presidente del Senado reconoció que Chile está interesado en las políticas de cooperación mundial en materia de aprovechamiento de agua, y en potenciar la Alianza de Pacífico con Perú, Colombia y México.

FORO G-20


Entre los temas que se abordaron en el foro estuvieron los sistemas financieros y el combate a la corrupción; la recuperación económica: generación de empleo y facilitación comercial; acciones legislativas y políticas públicas para la seguridad alimentaria y la estabilización de precios de materias primas; y legislación para el cambio climático, una economía verde y administración del agua para el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria y la generación de energía.


El G-20 es un foro que está constituido por siete de los países más industrializados —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— (G-7), Rusia (G-8), once naciones recientemente industrializadas -Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía- y la Unión Europea (UE).


Los foros anteriores se celebraron en Ottawa, Canadá en septiembre de 2010, en Seúl, República de Corea en mayo de 2011; y en Riad, Reino de Arabia Saudita en febrero de 2012.

Michelle Bachelet comienza su carrera a La Moneda

La expresidenta chilena Michelle Bachelet presentó esta noche al equipo que le acompañara durante su campaña de cara a las elecciones presidenciales del 17 de noviembre próximo.

Michelle Bachelet expresidenta de Chile

“Tenemos un desafío bien enorme”, resaltó la candidata en alusión a las primarias de la oposición que se realizarán a mediados de año, donde ella es amplia favorita y llamó a su equipo a “ser capaces de sumar voluntades para dialogar”.

A su regreso hace una semana de Nueva York, donde trabajó durante dos años y medio como directora ejecutiva de ONU Mujeres, Bachelet (2006-2010) anunció públicamente su intención de presentarse de nuevo como candidata.

Entre los integrantes de su comando destacan Rodrigo Peñailillo, secretario ejecutivo; Álvaro Elizalde, jefe de comunicaciones; Javiera Parada, encargada de cultura; el senador Ricardo Lagos Weber, exministro portavoz de Bachelet, y Paula Walker, jefa de prensa.

Consultada por los periodistas con respecto a su opinión sobre la educación en Chile, la exmandataria dijo escuetamente que cree “en el fin al lucro y que las instituciones funcionen normalmente”.

Horas antes, la Cámara de Diputados de Chile había aprobado una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, a quien la oposición señaló de no haber fiscalizado el lucro en las universidades privadas y de faltas a la probidad.

“Paso”, respondió la exmandataria cuando se le preguntó por los emplazamientos formulados por el presidente Sebastián Piñera.

El mandatario dijo este miércoles que los ciudadanos tienen derecho a pedir cuentas a un exgobernante sobre el legado de su gestión si pretende volver a administrar, como sucede con Bachelet, su antecesora.

“Todos los candidatos tienen derecho a expresar sus opiniones, pero también tienen la obligación de responder las preguntas que la ciudadanía quiere hacerles, incluso aquellas que pueden ser incómodas”, señaló el presidente en un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera.

Sostuvo que cuando un expresidente aspira nuevamente a gobernar el país “tiene que plantear sus planes de futuro, pero es natural que también responda por lo que fueron los éxitos, los fracasos, los logros y las carencias de su Gobierno”.

De inmediato salió al paso el presidente del Partido Socialista chileno, Osvaldo Andrade, colectivo al que pertenece Bachelet, al asegurar que Piñera “no es la persona más idónea” para dar consejos a la exmandataria”.

Aunque todas las encuestas la sitúan como ganadora de los comicios del próximo 17 noviembre, Bachelet todavía tiene que competir, el 30 de junio, con otros aspirantes en las elecciones primarias que celebrará la Concertación, que gobernó el país entre 1990 y 2010.

Espero que Michelle Bachelet si electa presidente de Chile pueda hacer un buen gobierno para todos los chilenos y también pueda realizar todas sus ideas, incluso aquellos que el pueblo quiere que es la mudanza de la constitución del país para poder vivir en paz y tener un Chile mas libre,justo,solidario,y auténticamente nuestro lo que los chilenos queramos y decaemos.

CHILE : CÁMARA APROBÓ PROCEDENCIA DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO HARALD BEYER

El libelo acusatorio fue respaldado por 58 votos a favor y 56 en contra. El Senado ahora será el encargado de determinar si el Ministro de Educación es culpable por los cargos que se le imputan.

Tras la aprobación de la acusación constitucional, se acordó que los diputados Fuad Chahín(DC), Marco Antonio Núñez (PPD) y Manuel Monsalve (PS) integren la comisión que formalizará y proseguirá la acusación ante el Senado. De acuerdo a la Constitución, el Ministro Beyer queda suspendido de sus funciones mientras dure el proceso.

La acusación constitucional fue interpuesta el pasado 20 de marzo por los diputadosRicardo Rincón (DC), Sergio Aguiló (IC), Fidel Espinoza (PS), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez(PPD), Gabriel Silber (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind).

En particular, se acusa al Ministro de infracción al principio de probidad administrativa; omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, en particular la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación, y por no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia.

Al inicio de la sesión, la diputada Alejandra Sepúlveda (Ind) intervino por la parte acusatoria. La parlamentaria indicó que la presentación del libelo “es la consecuencia directa del agotamiento de todos los recursos legales y constitucionales para hacer que este ministro se preocupe de hacer cumplir las normas aplicables a su sector”. 

Añadió que aún no se ha podido dar respuesta “a miles de estudiantes que hoy miran decepcionados, cómo el sistema que pretendía ser la promesa de su movilidad social se convierte en una lucha constante por mantener sus sueños e ideales”.

En el turno de la parte acusada, el abogado del Ministro de Educación, Enrique Barros, señaló que “no hay antecedentes que permitan sostener que el Ministro Beyer haya incurrido responsabilidad constitucional”. Agregó que las infracciones que se le atribuyen “no son efectivas. Pero aunque lo fuesen, no pertenecen al conjunto de graves ilícitos que de los inicios de la República han justificado la acusación constitucional”.

Al término del alegato de su abogado, el Ministro Beyer sostuvo que “cuando escucho las acusaciones que me hacen, pienso que quienes las esgrimen están convencidos que llevo muchos años en el Ministerio de Educación. De otra manera, es difícil explicar que se me formulen cargos como por ejemplo no haber sido diligente en la dictación de reglamentos que estaban pendientes desde 2006, precisamente cuando fui yo quien apuró su tramitación”.

Agregó que “pasar desde un sistema de educación desrregulado a uno con mayores controles y supervisión no es una tarea fácil. Está lleno de complejidades y también tiene episodios dolorosos. Pero mi voluntad y disposición para avanzar en esa dirección es clara”.

“Tengo claro que un cargo público, sobre todo por la influencia que tiene en otros, tiene que ser desempeñado con igual cuidado y dedicación. Esa regla la he ocupado con mucho celo desde que asumí el Ministerio de Educación. Por eso me parecen tan injustas y faltas a la verdad las acusaciones de haber faltado a la probidad, de no haber ejercido el control jerárquico de los órganos bajo mi dependencia y de haber incumplido la fiscalización de las actividades del sector educación. Mi defensa ha dejado bien establecido que esas acusaciones son totalmente falsas”, afirmó el Ministro Beyer.

MOVILIZADOS LOS TRABAJADORES DE CODELCO

Paro es motivado por proceso privatizador de Codelco que implica inestabilidad laboral para los trabajadores.

Sindicatos de cuatro de las ocho divisiones de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile iniciaron este miércoles un período de movilizaciones, descontentos con la actuación de la empresa estatal. Según los organizadores de las protestas, este miércoles las manifestaciones comenzarán con una marcha desde la mina Ministro Hales, yacimiento que se encuentra en construcción, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Calama, en la norteña región de Antofagasta.

Las movilizaciones incluyen además a obreros de las divisiones de Chuquicamata, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic, también ubicadas en Antofagasta.

La marcha que partirá de Ministro Hales culminará en Calama, como apertura de la campaña anunciada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), cuyo epílogo será un paro nacional de 24 horas en un día de abril, que hasta ahora no fue precisado.

Los obreros de la división Radomiro Tomic paralizaron ese yacimiento durante cuatro días la semana pasada, tras denunciar que existió un descenso en las garantías de seguridad, fallas que consideraron causantes de la muerte de un trabajador recientemente.

Retornaron a sus labores el lunes último, luego un acuerdo con la directiva de Codelco, pacto que incluyó la dimisión del gerente general de la mina, Francisco Carvajal, entre otras demandas.

Referente a las movilizaciones que se inician hoy, el vicepresidente del sindicato número uno de Chuquicamata, Alberto Muñoz, manifestó que no es por dinero ni bonos, sino por la inestabilidad laboral que se cierne sobre los trabajadores, debido a la privatización de Codelco.

“Antes se gastaban 100 millones de dólares en contratistas y ahora 500 millones, pero esa plata no se la lleva el trabajador sino el sinvergüenza del empleador del contratista”, subrayó Muñoz.

La FTC acusa a los directivos de la empresa cuprífera estatal de una deficiente gestión, que se traduce en la ausencia de un plan estratégico, el deterioro de las relaciones laborales y el aumento de los costos operativos, debido a lo que denomina la alta tercerización laboral.

El gremio, que agrupa a unos 16 mil trabajadores, se opone a que Codelco continúe traspasando funciones a compañías contratistas, proceso que considera una privatización encubierta de las actividades de la empresa estatal.

En días recientes, el mayor sindicato del sector, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a unos 50 mil asalariados, anunció que evaluaba movilizaciones a nivel nacional para que los empleados puedan obtener logros concretos.

De acuerdo con el presidente del gremio, Cristian Cuevas, la CTC definió el 2013 como un año de consolidación y conquista de nuevos beneficios para los trabajadores y eso mantiene en alerta a la cuprífera estatal y a la minería privada.

El sindicato en 2007 y 2008 desarrolló dos grandes huelgas, que duraron 37 y 29 días respectivamente, en los que fue paralizada la mayor parte Codelco en sus divisiones.