Salario mínimo, exposición del IPOM y recursos del transporte público son algunas de las prioridades de la Comisión de Hacienda

La instancia que preside el senador Andrés Zaldívar conocerá el próximo martes 2 de abril, el Informe de Política Monetaria de 2013 que dará a conocer el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

Una intensa agenda legislativa desarrollará la Comisión de Hacienda, a partir de la primera semana de abril. El martes 2, la instancia que preside el senador Andrés Zaldívar está citada entre las 11 y 13 horas para conocer el Informe de Política Monetaria.

El presidente del instituto emisor, Rodrigo Vergara expondrá sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria, así como el marco de análisis de mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria.


Cabe recordar que en el IPOM de diciembre pasado, el instituto emisor previó un rango de expansión del PIB entre 4,25 y 5,25% para este 2013, con una inflación del IPC que se espera se sitúe cerca del 3% a fines del año.


Por otro lado, en los próximos días, la Comisión de Hacienda también tendrá que abocarse al análisis del proyecto, en segundo trámite, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.


La iniciativa -que se dará cuenta ante la Sala del Senado el próximo martes- viene con el rechazo de los artículos relativos al monto del nuevo ingreso mínimo y los reajustes de las asignaciones familiares y del Subsidio Único Familiar (SUF). Es decir, la Cámara de Diputados sólo aprobó las normas que establecen el financiamiento.


Cabe recordar que la iniciativa que envió el Ejecutivo originalmente contemplaba un reajuste de 6,2%, que comenzaría a regir a partir del 1 de abril. Esto significaba adelantar la entrada en vigencia y aumentar el ingreso mínimo mensual de $193 mil a $205 mil.


Al respecto, el senador Zaldívar anticipó un amplio debate en torno a los nuevos montos que regirán el ingreso mínimo.

Asimismo anticipó que dentro de sus principales preocupaciones y desafíos para este año se cuenta la tramitación de la Ley de Presupuesto 2014. Ello, porque “no van a coincidir los tiempos políticos con los legislativos y hay que ver en qué términos podemos despachar esa Ley en cierta normalidad”.


Recordó que las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales se efectuarán a mediados de noviembre, En plena discusión de la ley de presupuesto. Entonces habrá que conversar con el Ministro de Hacienda y habrá que ver la agenda del resto de los proyectos que ha anunciado el Ejecutivo porque en estas materias la iniciativa la tiene el Gobierno y no el Parlamento”.


TRANSANTIAGO


Asimismo las Comisiones Unidas de Hacienda y Transportes continuarán el análisis de uno de los proyectos más onerosos que han debido tramitar en los últimos años. Se trata de la iniciativa, en segundo trámite, que modifica la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR).


Al respecto, el senador José García Ruminot, integrante de la instancia, precisó que “el desafío es ver cómo esta iniciativa que contempla la entrega US$ 1.500 millones por 10 años para el Transantiago y su efecto espejo en las regiones se enmarca en una Política Nacional del Transporte que considere aspectos tales como, concentración de población, necesidades de movilización con seguridad, transporte de pasajeros y de carga, tanto terrestre como aéreo y marítimo.


“Hay miradas interesantes sobre el tema puertos ya que se estima que si Chile no hace las inversiones necesarias pronto, al año 2020 tendríamos un colapso en los puertos, con el perjuicio que ello significa. Asimismo, hay miradas político- estratégicas porque sabemos que Perú está haciendo inversiones importantes y quiere transformarse en el principal puerto del Pacífico Sur”, dijo el parlamentario

Recordatorio de Paulina Aguirre, asesinada por la CNI el 29 de Marzo de 1985

Lucho Aguirre nos invita a acompañarlo el 29 de marzo a la tumba de su hija Paulina Aguirre, en el Cementerio General, a las 10:45 donde se colocará una pequeña placa en su memoria en el Día del Joven Combatiente
Desde estas páginas enviamos un inmenso y fraternal abrazo al FlacoLucho quien compartió parte de su exilio con nosotros en Sheffield antes de su ingreso clandestino a Chile a luchar contra la dictadura.

Este mes, al cumplirse 19 años del asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, se espera conocer la sentencia contra los miembros de la CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento. 

La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño.

Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.

Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002.

Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.



MILITANTE PRECOZ

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:

Cuando el dolor,

la sangre, el odio y la muerte

son necesarios,

miles de manos se tienden

para tomar las armas.

Acuérdense ustedes de mí

Siempre.

La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.

UNA GRIETA EN EL MURO

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.

La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

EN BUSCA DE LA VERDAD

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.

Chile : Comisión Bicameral revisará declaración de la ONU sobre derechos indígenas

Esta instancia parlamentaria se encuentra revisando distintas fórmulas que permitan integrar a estas comunidades en la toma de decisiones políticas. La idea es garantizar que se respeten sus derechos.

El lunes 1 de abril, la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio 169 de la Oganización Internacional del Trabajo (OIT) tendrá la oportunidad de analizar la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos indígenas.

Cabe recordar que esta instancia se formó el 23 de enero pasado con el objeto de buscar fórmulas para integrar a los pueblos originarios en la toma de decisiones políticas. Esto considerando que el citado artículo busca garantizar que todas las materias legislativas relacionadas con éstos, les sean consultadas en una primera instancia, con el fin de asegurar que sean respetados sus derechos.

En la próxima sesión, fue invitado el abogado y co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Chile, José Aylwin, quien profundizará en la declaración de la ONU y sus implicancias para América Latina.

La Comisión se encuentra estudiando distintos mecanismos de consulta y participación que permitan hacer partícipe a estas comunidades en la agenda legislativa. De allí que diversos actores relevantes en la materia se hagan presente con sus testimonios e impresiones.

DECLARACIÓN ONU


Respecto al texto de la ONU, éste fue firmado por la Asamblea General en el 2007, y sus 46 artículos exhortan a sus estados miembros a cumplir una serie de derechos de estos pueblos haciendo hincapié en que tanto en lo colectivo como en lo individual, sus garantías están reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.


Entre los múltiples derechos que se les consagra están no ser objeto de ningún tipo de discriminación; la libre determinación; la autonomía o autogobierno en asuntos locales e internos, conservar y reforzar sus propias instituciones políticas; la nacionalidad; a la vida; a la integridad física y mental; a vivir en libertad, paz y seguridad; y a no ser sometidos a ninguna asimilación forzada.


La declaración a la vez solicita a los Estados establecer mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de todo acto que tenga por objeto privar de la integridad a estos grupos, por ejemplo, a través de la expropiación de sus tierras o el traslado sin consentimiento libre.


Otros derechos van en la línea de practicar y revitalizar sus tradiciones; y establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas.


En lo que respecta al trabajo de la Comisión, el documento de Naciones Unidas indica que las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos.

Justicia concede libertad bajo fianza a cómplices del homicidio de Víctor Jara

Se trata de Edwin Dimter Bianchi, Raúl Jofré González, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf, podrán abandonar la prisión luego de cancelar una multa de un millón de pesos. La novena sala del tribunal de alzada justificó la decisión aduciendo a la “irreprochable conducta anterior” de los procesados.

La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió otorgar la libertad bajo fianza a cuatro de los ocho oficiales del Ejército procesados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, ejecutado el 16 de septiembre de 1973.

De esta forma, Edwin Dimter Bianchi, Raúl Jofré González, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf, podrán abandonar la prisión luego de cancelar una multa de un millón de pesos. Todos ellos acusados de cómplices del crimen.

La decisión se tomó de forma unánime por la ministra del tribunal, Gloria Ana Chevesich, el ministro Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Hugo Fernández Ledesma, quienes aducieron a la “irreprochable conducta anterior” para conceder el beneficio.

Cabe destacar que el pasado 28 de diciembre, el ministro en visita por este caso, Miguel Vázquez, ordenó el procesamiento de estos militares junto al de Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Nuñez por homicidio calificado y de Roberto Souper Onfray y Jorge Eduardo Smith también como cómplices.

Hasta ahora, el único que no ha sido detenido es Pedro Barrientos – más conocido como El Príncipe – a la espera de la orden de extradición dictada por la Corte Suprema.

Chile: Camila Vallejo a favor de una salida al mar para Bolivia

Rodolfo Varela

La exdirigente estudiantil chilena Camila Vallejo se mostró hoy a favor de que Chile entregue a Bolivia una salida al mar, con soberanía, como reclama el gobierno de Evo Morales."Creo que es lamentable al punto al cual hemos tenido que llegar, pero sí estoy de acuerdo con una salida soberana al mar para Bolivia en el marco de una política de integración", declaró Vallejo a la prensa . 

La exlíder estudiantil, quien aspira a un cargo en la Cámara de Diputados por el Partido Comunista, consideró que el tema puede ser resuelto con ventajas para ambas naciones

"Aquí no se trata de regalar. Por ejemplo, Bolivia es un país que tiene bastante desarrollo en materia energética y nosotros estamos con, supuestamente, crisis energética, por qué no resolver una política de integración de solidaridad mutua en estos temas", consideró la joven.

El sábado último, el presidente Sabastián Piñera rechazó la decisión de Bolivia de utilizar todos los mecanismos, instituciones e instancias del derecho internacional para reclamar a Chile una salida al mar.

"El supuesto derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno, así como la pretendida obligación que tendría el Estado de Chile a negociar al respecto, carece de todo fundamento tanto histórico como jurídico", señaló el mandatario.

En una declaración desde el Palacio de La Moneda, Piñera dijo que daba garantía a sus conciudadanos de que defenderá con la fuerza de la unidad nacional el territorio, su mar, su cielo, y también su soberanía dentro del marco del derecho internacional.

"Quiero dejar meridianamente claro que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fue libre y válidamente celebrado y ratificado tanto por Chile y se encuentra plenamente vigente", subrayó el gobernante.

El mismo día, el presidente boliviano, Evo Morales anunció que su país utilizará todos los mecanismos, instituciones e instancias del derecho internacional para reclamar a Chile una salida soberana al océano Pacífico.

En la conmemoración por el Día del Mar, Morales recordó la pérdida por parte de Bolivia de territorios costeros y ratificó la decisión de utilizar todas las estrategias jurídicas del derecho internacional para presentar su demanda de devolución de los puertos

Convocaron a acción en Alemania contra exmedico de Colonia Dignidad

Decenas de personas exigieron este fin de semana un proceso penal contra el exmédico de la Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur de Chile que se usaba durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como centro de tortura.

Los manifestantes convocaron a una funa- un término chileno que significa protesta con acción verbal de denuncia- en frente de la casa de Hartmut Hopp en la ciudad de Krefeld, adonde el hombre de 68 años se huyó a mediados de 2011.

La Corte Suprema de Chile confirmó a finales de enero de éste año una condena de cinco años contra el ciudadano alemán por asistencia al abuso sexual de menores de edad en múltiples casos.

Según el portal amerika21.de, varias organizaciones de solidaridad y grupos de derechos humanos convocaron a esta forma de protesta, todavía poco usual en Europa, que busca informar a la vecindad sobre los crímenes cometidos por uno de los vecinos.

Hopp fue durante muchos años el director del hospital de la Colonia Dignidad.

En enclave alemán se fundó a principios de los años 60 del siglo pasado por el ex cabo nazi Paul Schaefer y 300 de sus simpatizantes.

Schaefer, que fundó en Chile una secta evangelista y anticomunista, se fugó de la justicia alemana que había abierto diligencias por abuso sexual de menores de edad.

Durante la dictadura militar, la colonia servía como centro de tortura para el servicio secreto del régimen, DINA.

Según organizaciones de derechos humanos, cientos de activistas del movimiento de resistencia han sido torturados en la Colonia Dignidad y por los menos cien de ellos desaparecieron.

Los ciudadanos de Krefeld que pasaron por la funa, se informaron sobre el caso y muchos no podían creer que un violador de derechos humanos vive en su vecindad.

Por ello, los activistas alemanes y latinoamericanos organizaron esta acción masiva, explicó un una entrevista con Prensa Latina uno de ellos.

La palabra funa viene del castellano que se habla en Chile, donde familiares de los presos políticos desaparecidos realizan funas para advertir de los sucesos históricos a vecinos de los culpables y a la opinión pública, mientras se exige justicia y revisión del pasado de parte del estado y de los tribunales.

"Nos encontramos aquí, en las cercanías de la vivienda de Hartmut Hopp", dijo Dieter Maier, que sufrió abusos durante su infancia en la Colonia Dignidad.

Hartmut Hopp fue un importante miembro de la dirección de la Colonia Dignidad, en Chile, en el cual se cometieron graves crímenes contra los Derechos Humanos, agregó.

"La asistencia judicial es un camino difícil, especialmente cuando los estados implicados no han firmado un pacto de asistencia judicial, como es el caso entre Alemania y Chile", dijo en una entrevista con Prensa Latina.

Una ejecución de la pena de cárcel chilena en Alemania es posible, pero es también una cuestión de la voluntad política, añadió.

Según Maier, no sólo la justicia es responsable de esto, sino también una serie de otras instancias estatales en ambos países.

Hopp es un fugitivo de la justicia y utiliza un vacío en el derecho alemán y entre ambos países.
"En Alemania los plazos de prescripción son mucho más cortos y la presentación de pruebas es más difícil que en Chile, donde fueron cometidos los hechos de que se le acusa, dijo Maier.

Eso lo usa Hopp como una ventaja, y por ello el de Hopp es un caso político, concluyó.

Chile:al borde de retrógrada ley de migraciones

Es una responsabilidad ética y ciudadana de cada persona, de cada entidad civil, pública e internacional, impedir activamente que este grave retroceso democrático y contrario a los derechos humanos y la integración regional se realice.

El gobierno chileno tiene casi finalizado un proyecto de nueva ley migratoria que recoge en su mayoría la letra y el espíritu de la retrógrada, discriminatoria y xenófoba ley actual hecha por la dictadura militar de Pinochet, terminando en todo lo posible con las medidas avanzadas por las administraciones democráticas precedentes y desconociendo las obligaciones legalmente asumidas por Chile en materia de derechos con la comunidad internacional y con los procesos de integración regional. Según trascendidos, el borrador está casi finalizado por parte del ejecutivo para ser enviado al congreso, detenido sólo en el Ministerio de Hacienda que estaría buscando recortar aún más las pocas normas que quedan y que garantizan derechos por considerar que es un “gasto indebido” para el estado.

Sorprender y legitimar con el secretismo
Para cumplir la difícil tarea de legitimar políticamente y hacer legal un cuerpo tan gravemente anti democrático y violatorio de los derechos humanos, la estrategia ha sido doble. Por un lado el secretismo; algo impresentable es mejor no mostrarlo, y de este modo el borrador ha sido “socializado” únicamente con entidades de estado, del alto empresariado y de organismos ideológicos afines. Contrariando las normas y principios de transparencia, el borrador no ha sido hecho llegar a la enorme red de entidades civiles especializadas e involucradas en la temática de migraciones, y no puede ser encontrado en ningún sitio internet del estado o de la sociedad civil. Por otro lado, complementariamente a este secretismo, se busca sorprender a la ciudadanía haciendo vagas referencias a que las consultas para una nueva ley migratoria realizadas por el anterior gobierno habrían sido tomadas en cuenta para la elaboración de este texto. Juzguen las entidades consultadas en esa ocasión hasta donde esto es así.

Como la necesidad de una nueva ley migratoria que modernice, democratice y adecue al país a los procesos migratorios y de integración regional es una reivindicación largamente sentida, con esa doble estrategia el gobierno pretende usar esa necesidad y ese sentimiento para hacer todo lo contrario y sorprender al congreso para que apruebe lo antes posible la nueva e impresentable ley.

Es una responsabilidad ética y ciudadana de cada persona, de cada entidad civil, pública e internacional, impedir activamente que este grave retroceso democrático y contrario a los derechos humanos y la integración regional se realice. Sólo un debate amplio, transparente, informado, participativo, plural, que incorpore los aportes de los actores involucrados y especializados en la temática y las obligaciones legales del país con la comunidad internacional y regional, podrá modernizar y adecuar la política migratoria de Chile para insertarlo de manera democrática en el siglo XXI.

Un análisis

Más allá de que, rompiendo la estrategia de secretismo y sorpresa del gobierno, hacemos público el borrador de proyecto de ley para su amplio debate como exigen los principios democráticos, y cada cual podrá juzgar su espíritu y su letra, abriendo un debate imprescindible para la elaboración de una ley, hacemos aquí sólo algunas breves pero sustanciales referencias.

Continuidad dictatorial

En primer lugar, cabe hacer notar que el texto conserva casi literalmente un 70% del actual texto Ley 1094 de 1975, lo cual habla a su vez de la manera en que recoge el espíritu retrógrado, controlista y represivo, cerrado a los compromisos internacionales de derechos y a la integración regional, de esa normativa.

Lo poco y mal que recoge

Ciertamente, recoge algunos avances formales logrados en las administraciones pasadas. En algunos casos, se trata de normas que no puede desconocer al ser ley, este es el caso de las que emanan de las leyes de Refugio N° 20430 de 2010, y de Combate a la Trata de personas y tráfico de migrantes N° 20507 de de 2011. Otras las incorpora sesgándolas, como la creación del Consejo de Política Migratoria (Letra a del número 8 del Instructivo presidencial 009, de septiembre de 2008). Aunque limita y sesga esa importante medida al definir a sus 7 ministerios miembros (art. 158 del borrador) con claro sesgo de control, represión y economicista. Violando el espíritu del instructivo que originó la idea, el cual se puede encontrar en los destinatarios del mismo (“Distribución” en última página del Instructivo), que incluyen de manera transversal e integral a muchos más ministerios, señaladamente a los de Educación, Salud, Vivienda, Cultura y Servicio Nacional de la Mujer.

Del mismo modo recoge algunas importantes recomendaciones del Comité de ONU para los Trabajadores Migrantes, hechas al Informe del estado chileno en septiembre de 2011, tales como: La no devolución de las víctimas de trata (recomendación N° 47, letra f, del comité de ONU y art. 67 del borrador). El otorgamiento a los “dependientes” de residencia titular en caso de disolución de vínculo o fallecimiento del titular inicial (recomendación N° 40 del comité de ONU y art. 73 del borrador). Aunque deja abierta e indefinida en sus condiciones (es decir, a la discreción arbitraria de la autoridad) la posibilidad de negar ese otorgamiento. Sin embargo, incorpora una propuesta importante de la sociedad civil, considerar como apta para residencia “dependiente” al (a) “conviviente” (art. 70, letra a del borrador). Finalmente, recoge la recomendación (N° 33 del comité de ONU) para que los hijos de extranjeros transeúntes (o irregulares) puedan recibir la nacionalidad chilena, si es que no les puedan trasmitir la propia (art. 4 transitorio del borrador). Aunque el borrador ignora por completo la recomendación complementaria del comité en el sentido deadherir a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. En cambio, son numerosas y graves las recomendaciones del mismo Comité de la ONU a las que hace oídos sordos: Las más generales, referidas, justamente a que el borrador de anteproyecto de ley esté “plenamente conforme con las normas internacionales” (recomendación N° 9 del comité de ONU). Y otras sobre reservas e inactividades del estado frente a la convención de Trabajadores migratorios y respecto del instituto de derechos humanos (recomendaciones N° 11, 13 y 15 del comité de ONU). Todas absolutamente ausentes en este borrador.

Lo mucho que desconoce

Especialmente, hace oídos sordos a la recomendación referida a garantizar que no haya prácticas policiales violatorias de derechos en controles fronterizos (recomendación N° 23 del comité de ONU), de abrumadora evidencia en fronteras y el aeropuerto en la actualidad, completamente ausente en el borrador. La de permitir libremente la salida de infractores de las normas migratorias (recomendación N° 25 del comité de ONU), expresamente contrariada por el art. 28 del borrador. La de contar con informes detallados (y públicos) del número de detenidos por infracciones a las normas migratorias, su duración y condiciones de detención (recomendación N° 27, letra a del comité de ONU), completamente ignorada en el art. 162 del borrador sobre registro nacional de extranjeros. La de ampliar el plazo de apelación de expulsiones (recomendación N° 29 del comité de ONU), expresamente contrariada por el borrador en su art. 139 que recoge el exiguo plazo de 24 horas de la ley actual. Además, en el párrafo 3 del mismo art. 139 el borrador establece la posibilidad de “renuncia” del afectado a ejercer su derecho a recurso, lo que al igual que la “renuncia” a contar con la asesoría de su consulado, es denunciado permanentemente como un reiterado abuso de la policía.

La de ajustar las normas de reunificación familiar “en consonancia con la convención de trabajadores migratorios” (recomendación N° 39 del comité de ONU), expresamente contrariada por el art. 13 del borrador, que establece el limitado derecho a “solicitar” dicha reunificación, que una vez más queda al criterio discrecional (no regulado expresamente) de la autoridad otorgar o no. Esto significa también un grave retroceso de lo avanzado en el gobierno anterior, que había expresamente puesto la reunificación familiar como principio de la Política migratoria nacional (número 7, letra a, párrafo ix del Instructivo presidencial N°009 de 2008). Mientras que este principio está absolutamente ausente en todo el párrafo IV De la política nacional de migración (arts. 18 a 20) en el borrador. En la misma forma, están absolutamente ausentes en todo el texto del borrador y en especial de sus “consideraciones” y “orientaciones” de la política nacional migratoria (arts. 18 y 19 del borrador) el compromiso con los derechos humanos y ciudadanos, la integración regional y la no discriminación. Todos consagrados en el gobierno anterior (Instructivo presidencial N°009 de 2008, número 7, letra a, párrafos i a x). Más aún, son numerosos los artículos del borrador que contrarían estos principios. Entre los más graves, está el retroceso que significa en el borrador abandonar el principio de “Libertad de pensamiento y de conciencia” consagrado durante la administración anterior (Instructivo presidencial N°009 de 2008, número 7, letra a, párrafos ii), y que el borrador expresamente contraria, recogiendo la normativa actual de la dictadura militar que establece criterios subjetivos, no referidos a sanciones legales, tales como los señalados en el art. 82, números 1,4 y5 del borrador, y en el art. 87, número 7.

Criminalización y sanciones a migrantes, discrecionalidad e impunidad a funcionarios

El des-compromiso de la actual administración y de su borrador con los derechos humanos, ciudadanos y sociales, y su prisión en la óptica refractaria, controlista y represiva de la migración, queda de manifiesto en el largo, detallado y draconiano establecimiento de sanciones a infractores de la normativa migratoria, incluyendo el incumplimiento de plazos y formalidades que se castiga a con multas que en muchos casos superan el equivalente a un salario mínimo mensual (Título IV De las infracciones y sanciones migratorias del borrador). Pero va más allá aún, y en un claro e inédito criterio criminalizador de la irregularidad migratoria, el texto es expreso y detallado en señalar las obligaciones de empleadores, hospederos, educadores, transportistas y municipalidades en denunciar a migrantes irregulares, estableciendo las sanciones que recibirán de no hacerlo (Título V De las obligaciones de medios de transporte internacional, empleadores y hospederos, y arts. 103, 104, 115, 143 del borrador).

En contraste, no se incluyen en ningún caso sanciones a funcionarios públicos que incumplan mandatos que representen derechos de los extranjeros, por ejemplo, si incumplen u obstaculizan sus derechos a salud y educación, ya limitados únicamente a ciertas categorías de extranjeros y a ciertos servicios sociales públicos (arts. 11 y 12 del borrador), o si se cometen abusos policiales durante control migratorio. Esto incumple las recomendaciones hechas al estado de Chile por parte del Comité de derechos de trabajadores migratorios de ONU en 2011 (recomendaciones N° 31 y 35 sobre salud y educación, así como N° 19 para combatir activamente las discriminaciones), y alienta los incumplimientos de obligaciones estatales, los abusos y violaciones de derechos por parte de funcionarios estatales. Finalmente, esta ausencia de sanciones (y aún de condiciones o regulaciones) a los funcionarios públicos que violen derechos, resulta contradictoria y deja en calidad de mera declaración sin efectos prácticos lo señalado por el mismo borrador en el art. 9, respecto de “igualdad de derechos” y de que “se asegurará” a los extranjeros la no discriminación.

Complementariamente a este sesgo desconocedor de derechos y alentador de abusos y violaciones, son numerosas las ocasiones en que el texto deja sin condiciones ni regulaciones expresas, al puro criterio discrecional (y arbitrario) de la autoridad o de funcionarios el otorgamiento o revocación de medidas que en muchos casos tienen grave efecto sobre los derechos de los extranjeros afectados. Es el caso de la “solicitud” (no el derecho) a la reunificación familiar (art. 13 del borrador); la concesión de salida a infractores (art. 28 del borrador); el plazo de permisos transitorios “hasta por” 90 días (art. 44); los permisos de residencia temporal concedidos por “concordancia con los objetivos de la política nacional de migración” y “otros casos debidamente calificados” (art. 65 del borrador); el cambio de calidad migratoria de “dependiente” a “titular” que se puede conceder o no (art. 73 del borrador); el rechazo o revocación de cualquier permiso de estadía por “no ser concordantes con los objetivos de la política nacional de migración” (art. 87, número 7 del borrador); la sustitución de una medida de abandono del país por una residencia “con el solo mérito de los antecedentes” (art. 88 del borrador); la revocación o suspensión de expulsión y retorno asistido “en cualquier momento por la misma autoridad que las dictó” (art. 131 del borrador); entre otras similares.

Reticencia a la integración regional
En un claro sesgo reticente a la integración regional y la construcción de una ciudadanía suramericana, el art. 173 del borrador da “por ratificado” el importante Acuerdo de Residencia de Mercosur, Bolivia y Chile, del año 2002, que ya se aplica desde 2009, dejando significativamente omitido la necesidad de ratificar e implementar las adhesiones legales hechas por Perú y Ecuador en 2011 y Colombia en 2012, que el Congreso chileno no ratifica, a pesar de incumplir con el principio de reciprocidad con Perú que ya aplica este tratado migratorio de integración regional a los chilenos.

Chilenos en el exterior

El título XII de los chilenos en el exterior se limita a mantener los programas de apoyo al retorno creados por las administraciones anteriores pero presenta un silencio elocuente y una omisión completamente significativa del derecho al voto de los chilenos en el exterior, la reivindicación más sentida y exigida públicamente por sus organizaciones.

El imaginario de un Chile encerrado

Lo más trascendente en términos de visualizar hacia dónde quiere ir este gobierno en materia de política migratoria, y considerando la política migratoria de los gobiernos precedentes, claramente insuficiente pero con importantes avances, se puede encontrar en los art. 54 y 159, que a pesar de estar distantes en el texto aparecen absolutamente complementarios a la luz de la realidad. El primero de ellos (art. 54) establece que los titulares de permisos de transeúntes (turistas) no podrán postular a permisos de residencias; es decir, termina con el mecanismo que ha permitido la regularización de más del 90% de los actuales inmigrantes en Chile en la última década. El segundo de ellos (art. 159) establece que el Consejo de Política Migratoria, integrado mayoritariamente por entidades de estado de seguridad y defensa, puede proponer al gobierno “el número… tipo… y tiempo determinado” de permisos migratorios que considere adecuado. O sea, el establecimiento de cuotas limitadas y determinadas por el estado. Una política propia del siglo XIX, ajena a las realidades regionales y que el gobierno y sus organismos ideológicos afines pretenden legitimar con el eufemismo de “política de fronteras abiertas pero selectiva”. Lo que revela el imaginario social y simbólico que está a la base y sustenta este proyecto, la anti-utopía de un Chile encerrado sobre sí mismo, aislado, desconfiado, reticente y de espaldas a la comunidad internacional y regional.

¿Es este el Chile que queremos?
Fuentes:

- El Informe de observaciones al estado de Chile del Comité de ONU de derechos de los trabajadores migratorios puede verse en:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.CHL.CO.1-S.pdf

- El Instructivo presidencial para la política migratoria de Chile de 2008 puede verse en el sitio internet:

http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20Nº%209.pdf

- El borrador del proyecto de ley se adjunta a este artículo.

Chile Borrador Anteproyecto de ley migraciones.pdf

 

 

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