Chile: Weichafe Mapuche Erik Montoya entra en clandestinidad tras aberrante condena

El Joven Weichafe perteneciente a la comunidad Wente Winkul Mapu Erik Montoya asume la clandestinidad tras aberrante condena de 6 años de cárcel.

Mediante un Comunicado enviado a Werken.cl el comunero anunció ayer que asumió clandestinidad debido a que no se dieron garantías para un debido proceso, quedando de manifiesto que su condena simplemente responde a una decisión política tomada por el estado.

En la misiva la comunidad Wente Winkul Mapu comunica que han decidido apoyar la valiente decisión del Weichafe, ya que consideran que es un digno gesto de rebeldía ante la opresión del estado chileno fascista y represor.

Reproducimos Comunicado Público

La Comunidad Wente Winkul Mapu, declara al Pueblo Mapuche, las organizaciones sociales y ante la opinión Pública lo siguiente:

1.- Nuestro Peñi Erick Montoya, junto a Rodrigo Montoya y Ricardo Nahuelque, fue procesado y condenado esta tarde, a seis años y un día más 541 días de presidio, en un sedicioso montaje que culminó con esta sentencia gracias al testimonio de un testigo protegido el que pese a sus contradicciones, logró, por medio de la mentira, el que nuestros Peñi deban cumplir pena de presidio político efectivo en la cárcel de Angol

2.- Ante esto, comunicamos que nuestro peñi ha decidido asumir dignamente la clandestinidad, ya que los tribunales no dieron garantías para un debido proceso, quedando de manifiesto que su condena simplemente responde a una decisión política tomada por el estado, ejecutada por sus representantes y sus aparatos para atropellar nuevamente los derechos de las comunidades mapuche a la defensa y autonomía del territorio, por lo que como Comunidad hemos decidido apoyar la valiente decisión del Peñi, ya que consideramos que es un digno gesto de rebeldía ante la opresión del estado chileno fascista y represor.

3.- Durante la tarde, se produjo un allanamiento en nuestro territorio, pretendiendo la PDI detener al Peñi sin conseguirlo, pero amenazando con volver esta noche. No nos dejaremos amedrentar por el terrorismo de estado ni la injusticia de quienes tienen el poder y las facultades para reprimirnos, ya que simplemente están a favor de los ricos de este país, sin ni siquiera pretender escucharnos.

4.- Hacemos el llamado a nuestro Pueblo Nación Mapuche a no dejarse amedrentar por los montajes mediáticos, ni la represión de las militarizadas policías, puesto que nuestra lucha es larga, justa y nos dignifica.

Con nuestros Weichafe caídos impunemente en la memoria, seguiremos avanzando hacia la libredeterminación, ejerciendo el control territorial y las recuperaciones productivas.

Fuente : Comunidad Wente Winkul Mapu

Chile : Integración vertical será analizada en el marco de la Ley de Isapres

Un conjunto de senadores presentaron una moción que prohíbe que una Isapre pueda a su vez ejercer como prestadora de servicios de salud.

Fulvio Rossi; la DC Ximena Rincón y el PPD Guido Girardi.

Complementando la discusión respecto al mensaje que proyecto que modifica el sistema privado de Salud (Boletín N° 8105-11), que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Salud, los senadores Fulvio Rossi, Ximena Rincón, Guido Girardi, José Antonio Gómez y Mariano Ruiz Esquide presentaron una moción que busca impedir y sancionar la integración vertical entre Isapres y centros prestadores de salud (clínicas, centros clínicos, laboratorios, etc).

La propuesta modifica el artículo 173 del decreto ley N° 1 de 2006, prohibiendo y sancionando la citada relación. La idea es que las Isapres no puedan constituir empresas relacionadas, filiales o colegiadas con el objeto de desarrollar actividades de prestación.

De acuerdo a la actual normativa, las Isapres tienen por objeto exclusivo financiar la realización de prestaciones de salud, y en ningún caso, ejecutarlas ni participar de la administración de dichos servicios. Sin embargo, estudios consignados en la citada moción, demuestran cómo se ha materializado una integración vertical entre las principales Isapres y los centros clínicos.

Ley de Isapres

La llamada reforma a la ley de Isapres, fue aprobada en general en la Comisión de Salud del Senado tras un acuerdo transversal que permitió destrabar dos elementos fundamentales del mensaje que fueron rechazados en primer trámite en la Cámara.

Este proyecto pretende crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) conformado por un set de prestaciones básicas que las Isapres deberán ofrecer a sus afiliados por un precio único sin hacer distinciones de sexo, edad y estado de salud.

Otro de los pilares consiste en la generación de un Fondo de Compensación que será fijado por el Ministerio de Salud (Minsal) y al que se recurrirá para cubrir las prestaciones y compensar la disparidad del gasto. Y un tercer elemento es el Cálculo de Variación del PGS (IPC de la salud), el que deberá ser determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y gracias al cual se terminaría con las asimetrías de los costos de los planes de salud.

Durante la discusión en la Cámara, se rechazó lo relacionado con el PGS y el IPC de la salud. Al ingresar al Senado, la iniciativa fue vista por la Comisión de Salud, donde se alcanzó un acuerdo transversal para revisar dichos puntos en la sala en marzo donde se analizarán también las mociones que tengan relación con las Isapres.

En el marco del debate de la Ley de Isapres, el senador Rossi planteó la necesidad de corregir la integración vertical. De este modo el Minsal tendrá en consideración durante la discusión en particular de este mensaje, aquella liderada por el citado legislador, y otras vinculadas con el acceso igualitario a las distintas modalidades de atención (Boletín N° 5915-11), la creación de un sistema comparado de planes de salud (Boletín N°6903-11) y la modificación del sistema privado de salud (Boletín° 8792-11).

La Justicia chilena estudia la petición española de detenciones por el asesinato Soria

La Corte Suprema de Chile ha recibido la petición de la Justicia española de la detención con fines de extradición de seis exagentes de la dictadura (1973-1990), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976.

Así lo informaron hoy a la prensa  fuentes del Poder Judicial chileno, que precisaron que la solicitud llegó el pasado 24 de enero y quedó en manos del juez de dicha Corte Juan Araya, que analizará si debe ser aceptada.

En esa decisión se tendrá en cuenta que el caso fue reabierto en Chile el pasado 21 de enero por orden de otro juez de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que pidió realizar nuevas diligencias solicitadas por la familia de Soria.

Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel.

Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.

Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.

El caso está en manos de la Corte Suprema porque es la instancia encargada de estudiar las peticiones de detención con fines de extradición.

Los seis acusados fueron procesados el pasado 30 de octubre por el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional de España, que les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.

En esa ocasión, Ruz procesó también al agente estadounidense de la DINA Michael Townley, que en 1978 fue expulsado de Chile y decidió colaborar por otros crímenes con la Justicia de su país, a cambio de una pena reducida y sujeto a un programa de protección de testigos.

Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado por agentes de la DINA, mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.

Los homicidas colocaron después el cadáver de Soria en su propio automóvil, lo rociaron con licor y lanzaron el vehículo a un canal, para simular un accidente causado por una supuesta ingesta de alcohol.

Con esos procesamientos, el juez español atendió la petición del fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

El caso fue investigado por los tribunales chilenos entre 1991 y 1996, año que el juez especial encargado, Marcos Libedinsky, lo cerró por la ley de amnistía que el régimen de Augusto Pinochet dictó en 1978 para evitar la investigación de los crímenes de la dictadura.

En marzo de 2010, otro juez especial, Héctor Carreño, rechazó una primera solicitud de reapertura de la investigación, solicitada por el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, por considerar que el caso había sido sobreseído de forma total y definitiva.

No obstante, un año después, en un anexo al juicio principal, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años de prisión a siete exmilitares como autores de una asociación ilícita para obstruir la acción de la Justicia en el caso.

Entre los condenados estaban el exjefe de Inteligencia del Ejército general Eugenio Covarrubias y el excoronel Sergio Cea, así como Jaime Lepe, José Remigio Ríos San Martín y otros tres oficiales que presionaron a este último para que no aportara antecedentes, después de que confesara haber sido uno de los autores del homicidio del diplomático.

Denuncian proyecto de venta del borde costero de Chile por parte del Gobierno de Piñera

Se tratataría de traspasar el borde costero desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales las costas de Chile, para luego venderlo a algunos privados

Costa de Chile

Un Comité por la defensa del Borde Costero en Chiloé, región austral de Chile, denunció que existe un estudio de un proyecto de ley por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, que permita vender a privados las tierras de la costa del país.

“La “Ley Piñera”, busca traspasar desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, las costas de Chile”, destaca.

Este traspaso es la primera etapa, “con el único objetivo de trasladar la riqueza que poseen estos sitios fiscales naturales, hacia manos de privados”, dice la declaración firmada por organizaciones de Ancud, Castro y Queilen, y que fue divulgada por Ecoceanos y Agroecosistemas, entre otros medios.


Según dicho comité, el interés es venderlos en el mercado especulativo, lo que significaría el cierre del acceso a las playas, a las zonas e infraestructuras fiscales, y a las desembocaduras de ríos, con un peligro ecológico para los humedales y monumentos naturales del borde costero, dice una declaración.

Sabemos de un nuevo proceso legal que ya inició el estudio y la comercialización del borde costero de Chile, lo que llamamos la “Ley Piñera”.

La declaración pública surgió luego de las reuniones realizadas en enero. El grupo señala que se revisaron los datos que incluyen las consecuencias de la “Ley corta de pesca”, creada en 2002 durante el Gobierno del ex Ricardo Lagos, la cual modificó una iniciativa de Miuchele Bachelet para privatizar los grandes pesqueros industriales y los armadores de lancha.

Desde Mayo de 2006, se estableció la privatización del mar chileno, que ahora se quiere concretar con la entrega de todos los recursos mar a 7 privados, tal como estipula la Nueva Ley de Pesca, que se encuentra en debate por las acusaciones de inconstitucionalidad.

Ahora con la nueva Ley Piñera, se pretende vender la parte de Tierra de todas las regiones del borde costero que son del Fisco y de todos los chilenos, destaca.

“Esta situación, no solo nos alerta como ciudadanos, sino también, nos pone a disposición de estudio, análisis y lucha para proponer alternativas de uso y manejo del borde costero que, hasta hoy se ha mantenido como territorio de todos los chilenos”, señala el comité.

Chile:A Cuarenta Años: Crónica de un Golpe de Estado I: ¿Es que la dictadura militar ha terminado?

1.- Backyard:El patio trasero

Preguntarse por el fin de una dictadura militar como la chilena bien pudiera parecer una obviedad. Es como preguntar por el fin del Tercer Reicho la Guerra Fría, pues, todos los signos indican que, en efecto, la historia ha señalado un ocaso. Pero debemos ser cautos e insistir en la pregunta, más todavía en la experiencia chilena, pues pareciera que lo que dábamos por finiquitado persiste obstinado de mil maneras en la vida social y política de nuestro país. Instalada la interrogante, surge la inquietante sospecha de que no se trata de enmarcar en un paréntesis un determinado régimen de terror (1973 – 1989), pues los paréntesis suelen ser porosos, cuando no, ilusorios. Si nuestra sospecha es correcta, habría iniciar una reflexión con la hipótesis de que el golpe de estado de Augusto Pinochet se fraguó mucho antes de lo que indican las fechas oficiales y todavía no termina.

Si hemos de darle crédito al Informe Church, un documento elaborado por el Senado estadounidense en 1975, lo cierto es que la Casa Blanca a través de su servicio de inteligencia CIA financió la desestabilización del gobierno de Salvador Allende desde que éste fuera elegido en las urnas, antes de que asumiera la presidencia del país en 1970. De hecho, en una tradición inaugurada en Italia en 1948, la CIA intervino en las elecciones chilenas de 1964 y 1970. El gobierno de entonces, encabezado por Richard Nixon y su secretario Henry Kissinger, fueron los artífices que vieron culminada su obra en septiembre de 1973 como parte de una estrategia mundial inscrita en la Guerra Fría.

No es necesario forzar la historia para demostrar con nítidos antecedentes que la conspiración anti allendista fue obra de una potencia extranjera y que ésta comenzó, por lo menos, tres años antes de los fatídicos acontecimientos como una sistemática acción encubierta. Todo lo acontecido durante los llamados mil días del gobierno popular: boicot diplomático y económico, atentados terroristas, huelgas de gremios profesionales y empresariales, presión al interior de las fuerzas armadas, y una orquestada campaña de prensa encabezada por El Mercurio,respondió en gran medida a los dólares invertidos en Chile, tanto por agencias gubernamentales estadounidenses como por corporaciones multinacionales.

Desde la perspectiva de Washington, el gobierno de Salvador Allende significaba un riesgo serio y la amenaza de una “segunda Cuba” en América Latina y con ello una expansión del poder comunista soviético. Recordemos que aquel mismo año, el gobierno de Nixon se retiraba de Viet Nam como fruto de una negociación en París. Recordemos, además, que la intervención norteamericana en Latinoamérica no era nada nuevo en su agenda política regional; después de la Segunda Guerra Mundial cayeron los gobiernos de Arbenz en Guatemala, Goulart en Brasil y la República Dominicana fue invadida igual que Granada y Panamá años más tarde. Hasta el presente, todas las administraciones en la Casa Blanca han mantenido el bloqueo a Cuba y una hostilidad explícita a cualquier régimen de corte democrático popular, como es el caso de Venezuela, Ecuador o Nicaragua.

2.- La alegría ya viene

La dictadura de Augusto Pinochet deja el poder ejecutivo en el marco de su propia institucionalidad. Este hecho marcará la llamada transición pacífica a la democracia, con el aplauso no disimulado de Elliot Abrams. Con escasas medidas cosméticas, los gobiernos de la Concertación debían gobernar con las reglas heredadas de la dictadura y con el compromiso de no tocar a ninguno de los cómplices del general durante su gobierno. La Concertación de Partidos por la Democracia gobernaría durante cuatro gobiernos sucesivos sin alterar, en lo fundamental, el modelo económico ni el modelo político diseñado por el dictador.

5 últimos presidentes de Chile

El resultado de casi dos décadas de “gobiernos democráticos” en que se alternaron la Democracia Cristiana y el Partido Socialista generó en el país más expectativas que resultados. La gestión concertacionista logró naturalizar un orden constitucional, revistiéndolo de una pátina republicana que no hacía sino consolidar lo que algunos han llamado una “democracia de baja intensidad” Como todo proceso, éste no estuvo exento de graves debilidades entre sus propios protagonistas y, en el límite, de una degradación de la cuestión pública en que se mezclaron negocios y política. En pocas palabras, una “constitución de facto”, ilegal y corrupta en su origen, terminó de corromper a una clase política que olvidó los grandes valores que decía defender para comenzar a defender los valores bursátiles y a las grandes empresas.

Los últimos gobiernos concertacionistas, insistiendo en un “pastiche republicano”, no lograron mantener la unidad en sus propias filas ni impedir que los escándalos se sucedieran. El proceso hizo crisis en las últimas elecciones presidenciales, dándole una mayoría circunstancial al actual mandatario, representante del empresariado y la derecha extrema. En el presente, la movilización social pone de manifiesto un cierto “malestar ciudadano” con el actual estado de cosas. Se ha planteado la necesidad de una “Asamblea Constituyente”, cuestión que divide a las distintas corrientes progresistas y democráticas ante la posibilidad de un eventual gobierno liderado por Michelle Bachelet.

La Concertación constituyó un instrumento político de la década de los ochenta respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Durante dos décadas, este conglomerado de partidos articulo una política de consensos cuyo resultado está a la vista: Un gobierno de derechas. No es fácil, por tanto, proyectar un “revival” concertacionista en los años venideros, pues la realidad social y política es muy diferente a aquella de los años ochenta y noventa. Pareciera que todo se juega en un programa que se haga cargo de reformas serias y profundas en el sistema económico y político. No es posible conjugar, al mismo tiempo, la herencia de Pinochet en lo económico y lo político con el creciente malestar de la población.

Los acelerados cambios culturales verificados en esta primera década del siglo XXI instalan a las nuevas generaciones en coordenadas que exceden incluso los límites históricos nacionales, de tal suerte que surgen reclamos democráticos que no admiten los límites estrechos de una sociedad altamente autoritaria, clasista y excluyente. Los movimientos estudiantiles han mostrado ya los síntomas de estas nuevas tendencias políticas y culturales que instalan nuevos horizontes de sentido en nuestra sociedad, ante los cuales ni el actual orden institucional ni la clase política que quiere gestionarlo está a la altura.

3.- Pinochetismo sin Pinochet

La dictadura del general Augusto Pinochet se planteó como un régimen fundacional, esto es, como un punto de inflexión en la historia del país. Para llevar a cabo este propósito legó a las generaciones posteriores una carta constitucional diseñada, expresamente, para preservar un modelo económico y político que asegurara el dominio ganado por la fuerza de las armas para los sectores de derecha. Si bien la historia ya ha barrido de escena las cenizas del dictador, no ha ocurrido lo mismo con el diseño institucional sancionado por la junta militar en los años ochenta del pasado siglo.

El Chile de hoy no es sino la prolongación pseudo democrática del poder heredado por los políticos y empresarios de extrema derecha desde aquella pagana noche en Chacarillas. Fue allí, una fría noche de julio de 1977 cuando un grupo de fanáticos, devotos del Opus Dei, nacionalistas o pretendidos liberales, sellaron el pacto entre el terror militar y la elite política y empresarial que nos gobierna en nuestros días. Mientras muchos hogares en modestas poblaciones eran allanados cada noche, mientras muchos chilenos eran torturados, exiliados o asesinados, los poderosos celebraban sus nupcias con el sátrapa.

Hasta nuestros días permanece intocado un sistema electoral que impide la expresión genuina de un pueblo, mediante artificios legales que dejan fuera a los partidos pequeños. Hasta el presente, la impunidad de civiles y militares es la atmósfera naturalizada de nuestro quehacer político. Contra la opinión de sentido común, es necesario señalar que la dictadura en Chile no ha terminado: No ha terminado para los pueblos originarios que solo reciben una feroz represión de parte de las autoridades por reclamar sus derechos ancestrales. Tampoco ha terminado la dictadura para las miles de familias endeudadas por un sistema que lucra con la educación de los jóvenes de nuestro país ni para millones de trabajadores que deben sobrevivir con salarios miserables gracias al modelo neoliberal imperante. La dictadura existe en cientos de leyes y decretos que ordenan un país fundamentalmente autoritario al que se han plegado no pocos miembros de una clase política oportunista.

En esta llamada democracia, el pinochetismo impune está vivo aunque su líder haya muerto, jactándose de sus crímenes, haciendo apología de la violencia y del terrorismo de estado. Una avenida todavía celebra el once de septiembre y buques de la Armada Nacional enarbolan el nombre de uno de los golpistas. En esta llamada democracia, los cómplices de graves delitos de lesa humanidad siguen fungiendo como legisladores o funcionarios de gobierno. El pinochetismo sin Pinochet persiste como una peste en la sociedad chilena, impidiendo a las nuevas generaciones avanzar hacia formas más profundas de democracia. La actual constitución garantiza prebendas a la clase política, impunidad a civiles y uniformados y, desde luego, millonarias ganancias a las corporaciones chilenas y extranjeras.

Mediante un manejo cuasi monopólico de los medios de comunicación se ha incubado entre nosotros un imaginario mal sano que convierte las justas demandas de los movimientos sociales en una amenaza. Los noticieros de televisión y la prensa de gran tiraje han incubado una cultura del miedo y del consumo suntuario. La herencia pinochetista se traduce, entonces, en una amnesia dirigida que nos impide recordar que nuestra sociedad está erigida sobre una pila de cadáveres y que los culpables andan sueltos.

A cuarenta años del golpe de estado de 1973 los tribunales se han mostrado reacios, acaso incapaces de hacer justicia. Los pocos procesados y sentenciados por temas relativos a derechos humanos cumplen sus condenas en cárceles de lujo. El mismo Augusto Pinochet murió impune gracias a los buenos oficios del gobierno chileno, rodeado de sus seres queridos y con las bendiciones de rigor. A cuarenta años del golpe de estado, muchos chilenos todavía viven el luto y la angustia de no saber dónde están sus seres queridos. El golpe de estado no ha terminado en Chile, la reconstrucción democrática de nuestra sociedad no ha tenido lugar. Más allá de la demagogia, lo único cierto es el olvido, olvido de las víctimas de aquel trágico episodio. Olvido de los pobres de cada día. Olvido de nuestra propia dignidad como país.

Fuente :- Álvaro Cuadra es investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.

Chile Urgente: Allanamientos y detenciones en Zona Mapuche

Después que han partido los observadores de DDHH, después que han partido los parlamentarios europeos, después que han partido los presidentes de los otros países nos queda la brutalidad policíaca y la cárcel para quienes luchan por la protección del territorio y sus santuarios naturales.

La Comisión Ética Contra la Tortura ha sido informada que esta tarde se han producido allanamientos y detenciones en Puerto Choque, Comuna de Tirúa, provincia de Arauco.

De acuerdo a informaciones preliminares la policía detuvo a personas que se trasladaban en un bus de recorrido desde Cañete a Puerto Choque. No se sabe los motivos ni los lugares a los cuales fueron enviados los detenidos.

Solicitamos a las autoridades policiales entregar inmediata información de los lugares donde se encuentran los detenidos tal cual mandata la ley vigente.

Instamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a realizar las indagaciones sobre este caso en desarrollo y hacerse presente con Observadores en los lugares donde hay mapuche detenidos.

Al mismo tiempo, reiteramos nuevamente que no será con persecución que se resuelvan los conflictos que tiene el Estado de Chile con las comunidades mapuche.

Lamentamos que se sigan produciendo estos hechos que afectan al Pueblo Mapuche.

Chile: Liberan a dos imputados por el asesinato de Fernando Álvarez Castillo, último intendente de Concepción durante Allende

El asesinato de fue parte de operaciones de Patria y Libertad (aparato fascista creado contra el gobierno de Salvador Allende) para borrar sus huellas en atentados contra uniformados como el del Gral. René Schneider.

Fernando Álvarez Castillo

Compartimos declaración de organización adherida a Red Construyamos:

Ante la liberación de dos imputados por el asesinato de Fernando Álvarez Castillo, último intendente de Concepción en el periodo democrático, declaramos que:

1. Para nosotros, los comunistas, la búsqueda de un proceso judicial real no sólo aspira al juicio y castigo de todos los crímenes contra la Humanidad. 

Además, debe permitir reconstituir los hechos históricos. Tenemos la certeza de que el esclarecimiento del crimen cometido contra el intendente Álvarez permitirá aclarar otros casos que permanecen en la injusticia y el silencio, permitiendo la comprensión de una serie de hechos violentos que incluyen crímenes anteriores al golpe militar. Estos hechos –que se mantienen ocultos aún después de 40 años- estarían asociados a actos de desestabilización de la democracia y son la clave para que la sociedad chilena comprenda el por qué y el cómo del plan golpista organizado por la derecha civil y militar. Por la vía de la investigación del caso Álvarez, se puede avanzar en esclarecer el asesinato de Exequiel Aroca, cabo de Carabineros, muerto el año 1972. El asesinato del cabo Aroca permitió que el PDC realizara presiones para destituir autoridades del gobierno popular, en tanto se inculpaba a jóvenes socialistas. Hoy existen indicios de que los autores fueron oficiales de Carabineros de Chile vinculados a terroristas de Patria y Libertad, los que organizaron el plan para ejecutar a un inocente. Esta es la razón que explicaría por qué un grupo de Carabineros se adelantó al golpe militar para raptar en su hogar al ex intendente en la madrugada del 11 de septiembre, explica el que le hayan conducido a las oficinas de la Intendencia y que allanaran el lugar para encontrar y destruir evidencias claves del caso Aroca (que están señaladas en testimonios de la investigación del caso Álvarez); esto explicaría el hecho que un comando de carabineros e inteligencia militar haya intervenido en noviembre de ese año para retirar a Álvarez del campo de concentración de Quiriquina y conducirlo a la 1ª Comisaría de Concepción, donde lo torturaran hasta darle muerte. Existen fundadas sospechas de que el asesinato de Álvarez fue parte de operaciones de Patria y Libertad para borrar sus huellas en atentados contra uniformados como el del Gral. René Schneider.

2. Sin embargo, después de que se realizara una esperada reconstitución de escena, y luego de haber identificado y detenido a dos implicados (al oficial de Carabineros Francisco Arévalo Cid y al oficial de la inteligencia del Ejército José Puga Pascua), al día siguiente el ministro Aldana los ha liberado. Solidarizamos con la familia Álvarez Ramírez y particularmente con nuestra compañera Adriana, y expresamos nuestro profundo malestar, porque la Justicia chilena ha probado su incapacidad para garantizar la paz y el respeto de los derechos humanos, conservando su mancha cómplice. La demora de 39 años en el inicio de un proceso real, ha sido una desgracia en sí y un peso para la familia, amigos y compañeros de Fernando Álvarez, así como lo es aún para los casos de miles de chilenos ejecutados, desaparecidos, presos y torturados. Este proceso no llegó a ninguna parte, dejando en nada el esperado juicio y castigo de un crimen atroz en el que los responsables están claramente reconocidos. De esta manera, la Justicia chilena baja una vez más a los subterráneos impúdicos e inmorales de la impunidad, contribuyendo a conservar el clima de injusticia cultivado por la dictadura.

3. Exigimos justicia, porque es de justicia resolver el crimen contra el intendente Álvarez y porque es de justicia llegar a los verdaderos criminales en el caso del cabo Aroca. Exigimos justicia, porque es tiempo de que nuestro país conozca a cabalidad el papel jugado por la derecha política, orientada y financiada por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Parte de esta verdad se encontrará sólo una vez que la Justicia esclarezca el asesinato de Fernando Álvarez Castillo.