PIDEN QUE MÉDICOS ESPECIALISTAS ESPAÑOLES PUEDAN INGRESAR A CHILE Y EJERCER SU PROFESIÓN

La solicitud planteada por los diputados a través de un proyecto de acuerdo, se funda en la necesidad de paliar el déficit de médicos especialistas en varias regiones, que de acuerdo al Banco Mundial ascendería a 1.500 especialistas.

35 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones recibió el proyecto de acuerdo N° 776, que solicita al Ejecutivo generar los mecanismos necesarios para permitir la llegada de médicos especialistas provenientes de España, así como la práctica y el ejercicio de la profesión en Chile, especialmente en el sector público de la Salud.

En el documento se da cuenta de la gran dificultad que enfrenta el sector público por la falta de médicos especialistas; lo que ha llevado a generar listas de espera inadmisibles tanto en las enfermedades GES (Garantías Explícitas de Salud) como en las que no son GES.

El déficit más dramático ocurre en las regiones extremas, principalmente por la falta de incentivos que los médicos manifiestan para emigrar a dichas regiones, lo que ha generado un déficit de 1.500 especialistas, de acuerdo al Banco Mundial.

Para paliar este déficit, el Ministerio de Salud inició un Plan de Financiamiento de Becas con compromiso de retorno, que ha incrementado el monto destinado a formación de $15.000 millones en 2010 a $45.000 millones para el 2013.

Pese a que este plan permitirá la formación de unos 2.200 médicos de distintas especialidades, el déficit tardará unos dos o 3 años en reducirse, por lo que “se hace imperioso traer médicos de países de reconocida calidad en la formación de la medicina, como es el caso de España”.

De hecho, Chile y España mantuvieron un convenio de cooperación en este sentido, para que médicos peninsulares ejercieran en nuestro país. “No obstante, hace una década, dicho acuerdo terminó su plazo de aplicación, lo que ha impedido desde entonces la revalidación automática de los títulos universitarios entre los nacionales de ambos países y, por tanto, hace imposible que hoy médicos españoles puedan ejercer la medicina en nuestro país”.

Por otro lado, el Convenio Internacional Hipólito Unanue ha permitido a Chile contar con destacados especialistas médicos uruguayos y ecuatorianos, entre otros, lo que ha venido a paliar de alguna forma el término de convenio con España.

Finalmente, el texto menciona que el difícil momento económico que atraviesa España ha hecho que surja como una oportunidad para los médicos de dicho país el hecho de venir a ejercer en Chile.

El proyecto de acuerdo fue presentado por los diputados Germán Verdugo (RN), Leopoldo Pérez (RN), Mario Venegas (DC), Marta Isasi (IND), René Manuel García (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Pedro Browne (RN), Roberto Delmastro (Ind) y Nicolás Monckeberg (RN).

Reclutas de la dictadura chilena denuncian abusos y violaciones

Los reclutas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) han alzado la voz para denunciar asesinatos, violaciones y abusos que sufrieron en esa época y( amenazan con poner en jaque al país si el Gobierno no los escucha.

FERNANDO MELLADO Presidente de laAgrupacion Santiago

Fernando Mellado, presidente de la Agrupación de Ex Soldados Conscriptos 1973-1990, sostiene que durante los 17 años del régimen militar unos 1.500 jóvenes que cumplieron el servicio militar obligatorio murieron y otros tantos quedaron inválidos.

Según sus cálculos, cerca de 350.000 jóvenes de 17, 18 y 19 años de edad realizaron el servicio militar esos años, la mayoría en las filas del Ejército.

Ahora reclaman compensaciones económicas, ser considerados víctimas del régimen militar y que el Estado entregue pensiones a los inválidos.

Mellado sostiene que les deben sueldos y dinero que el régimen militar les descontó para la jubilación, pero que no fue depositado en ninguna administradora de fondos de pensiones.

"En las próximas semanas vamos a paralizar el país. Cortaremos carreteras y caminos y bloquearemos los puertos y los aeropuertos", avisa Mellado, de 58 años.

Los ex reclutas se sienten utilizados por el Gobierno de Sebastián Piñera, que en la campaña electoral de 2010 pidió sus votos y a cambio se comprometió a analizar sus demandas.

"La derecha nos utilizó tras el golpe militar, utilizando a menores de edad en su beneficio, y luego nos utilizó de nuevo para llegar al gobierno", manifiesta Mellado.

Efe tuvo acceso a una carta fechada el 11 de enero de 2010 y firmada por el actual ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, que entonces era el coordinador de la campaña electoral de Piñera.

En el documento, Hinzpeter se comprometía a estudiar "con mucha detención" las peticiones de los reservistas del periodo 1973-1990 "en un plazo breve" después del inicio de su gobierno.

"Nos guía la necesidad de dar el apropiado reconocimiento, dignificación, valorización y reparación a este esforzado grupo de compatriotas que en condiciones a veces muy difíciles cumplieron su responsabilidad con la patria", señala Hinzpeter en la carta.

Efe trató sin éxito de contactar con el ministro Hinzpeter y con responsables del Ejército chileno.

La situación de los reclutas es compleja en un país donde siguen abiertas las heridas de una dictadura que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos y 28.000 víctimas de tortura.

¿Víctimas o verdugos? Esta pregunta parece no tener una respuesta clara. Las agrupaciones de familiares de víctimas del régimen de Pinochet los consideran asesinos y torturadores, como los miembros de las Fuerzas Armadas que colaboraron con la dictadura.

Los reclutas señalan que las atrocidades que pudieron haber cometido algunos de ellos fueron instigadas por sus superiores y que muchos jóvenes que desobedecieron las órdenes lo pagaron con sus vidas.

"Fuimos obligados a hacer muchas cosas contra nuestra voluntad, pero muchas veces también ayudamos a personas que estaban detenidas con un cigarro, un pedazo de pan o palabras de aliento", relata.

El servicio militar, obligatorio en Chile hasta la recuperación de la democracia, tenía una duración de 9 a 12 meses.

A lo largo de estos años, Mellado, que estuvo dos años en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, en Santiago, dice que ha recopilado centenares de testimonios de asesinatos, palizas, violaciones y abusos perpetrados por los cabos y sargentos que estaban a cargo de los reclutas.

Muchos de ellos sufrieron secuelas físicas y problemas mentales. "Cada año se suicidan 3 o 4 reclutas de esa época", explica.

Mellado recuerda su primer día de instrucción militar. El oficial a cargo del grupo hizo formar a los jóvenes soldados y les dejó las cosas claras.

"Nos dijo: 'A partir de este momento ustedes son míos, pasan a ser militares'", explica. Un recluta se rascó la nariz, sin saber que acababa de firmar su sentencia de muerte.

"Lo hizo poner firme -recuerda- y lo tiró al suelo de una bofetada". Entre dos o tres más lo molieron a golpes y el oficial exclamó: "El huevón que se mueva, lo matamos". Mellado dice que no lo volvió a ver.

DIPUTADA MUÑOZ PREOCUPADA POR INTENTO DE “PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA” DE CODELCO

La parlamentaria del PPD se mostró preocupada por el último anuncio del presidente del directorio, Gerardo Jofré, y el presidente ejecutivo de la compañía, Thomas Keller, que buscan crear una filial internacional de Codelco, la cual podría cotizarse en la Bolsa, situación que calificó como “una privatización encubierta”.

La inquietud de la diputada Adriana Muñoz radica en que el proceso llevaría a la empresa estatal a cotizarse en la Bolsa de Santiago y Londres, situación que significaría que la propiedad de Codelco tendría, eventualmente, capitales privados.

“Si bien Codelco tiene un modelo de gobierno autónomo, eso no quiere decir que pueden privatizar la empresa y la idea de crear una filial abre la puerta para que puedan ingresar nuevos propietarios a una empresa que es de todos los chilenos”, reiteró la diputada Muñoz.

Por esta razón, la legisladora PPD anunció que solicitará una reunión con los directivos de la empresa para conocer el estado de esta iniciativa. “Es necesario una explicación al respecto, como Concertación aprobamos el nuevo gobierno corporativo de Codelco, pero nunca se aprobó la privatización. Además, sería interesante conocer el parecer del directorio en pleno”, dijo.

Y agregó: “Es necesario que el Presidente Sebastián Piñera se pronuncie al respecto, ya que él en reiteradas ocasiones ha señalado que 'Codelco es de todos los chilenos”, puntualizó.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, admite que envidia la popularidad de Michelle Bachelet

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, admitió hoy que siente envidia, "en el buen sentido de la palabra", por la popularidad de su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, favorita de todas las encuestas para las elecciones del próximo año.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera Michelle Bachelet,

"A uno le gustaría tener ese mismo apoyo y adhesión", precisó en una entrevista con radio ADN el mandatario conservador, al que recientes sondeos dan un nivel de aprobación de un 30 %.

Piñera, que este mismo lunes comenzará una gira de diez días por varios países europeos, añadió sin embargo que la envidia que le produce la popularidad de Bachelet no distorsiona su análisis crítico de la administración de la actual responsable de ONU Mujer, que a su juicio, "no dio grandes saltos ni en crecimiento, empleo, educación o salud".

En ese contexto, sostuvo que la exmandataria socialista (2006-2010) "es una gran candidata", pero el proyecto de la Concertación, la coalición de centroizquierda que la sustenta, "no conduce a ninguna parte".

Aunque Bachelet ha mantenido hasta ahora silencio sobre sus intenciones políticas de cara a las presidenciales del 2013, la derecha oficialista ya comenzó la carrera entre sus dos figuras más populares, los ex ministros Laurence Golborne y Andrés Allamand, que dejaron hace una semana sus cargos.

Golborne, un independiente que ha sido ejecutivo de empresas y fue ministro de Minería y Obras Públicas, es apoyado por la Unión Demócrata Independiente, mientras Allamand es el candidato de Renovación Nacional (RN), en el que ha militado desde su fundación.

Ambos ya han tenido algunos cruces verbales en sus primeros días de campaña y Piñera manifestó hoy que espera que la contienda entre ambos sea "de ideas y no confrontacional", pues así la derecha tiene, a su juicio, "amplias posibilidades" de ganar las elecciones de 2013.

Piñera reveló que les dijo a Golborne y Allamand "que no salieran a atacarse entre ellos, porque se van a dañar mutuamente pero adicionalmente, no hay que olvidar que uno de ellos va a ganar y va a necesitar el apoyo del otro".

Pese a que la derecha sufrió un traspié en las elecciones municipales del pasado 28 de octubre, en las que perdió una veintena de municipios, varios de ellos emblemáticos, como Santiago Centro, Providencia y Concepción, Piñera sostuvo hoy que la carrera presidencial "no está corrida", sino "absolutamente abierta".

Aunque Bachelet "sin duda que tiene un gran apoyo popular", "esta carrera presidencial no esta corrida, es un libro abierto", subrayó.

"Las personas se van a preguntar qué tan bueno fue el gobierno de Bachelet y el nuestro. Y desde ese punto de vista, el Chile que nosotros recibimos no creaba empleo, estaba muy estancado, y el Chile que vamos a entregar está creciendo con fuerza, creando empleos", añadió.

Según el mandatario conservador, un nuevo gobierno de la Concertación podría llevar a Chile a una crisis como la de Grecia o España.

"En mi opinión, el proyecto de la Concertación no conduce a ninguna parte, no queremos repetir la experiencia de España y Grecia por aplicar esas políticas, por lo tanto los candidatos de la coalición (oficialista) tienen buenas oportunidades", remarcó.

Al hacer un somero balance de lo que ha sido su gobierno, que concluirá en marzo de 2014, Piñera admitió que "nos ha faltado más humildad, más cercanía".

"Los chilenos quieren que a Chile le vaya bien, pero también ser más escuchados. Eso le he pedido a los ministros y eso es lo que va a marcar los últimos meses", indicó.

Brasil: “sinistros” pedem ao MP que investigue Lula

Cinco de las reclamaciones presentadas ante el PPS y la Oficina del Procurador General PSDB el martes (6), solicitud de apertura de investigación criminal nuevo en la participación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el esquema de la "mensualidad", basada en supuestas declaraciones el empresario Marcos Valerio.

Dividida, la oposición pide al MP para investigar Lula

Brazilia 

Cinco legisladores de los PPS y el PSDB presentada ante el Ministerio Público en la tarde del martes (6), solicitar que la agencia de abrir nueva investigación penal sobre la participación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el esquema de "asignación mensual", sobre la base de supuestas declaraciones del empresario Marcos Valerio, reverberadas por la revista Veja, en las ediciones del 19/9, 31/10 y 7/11.Entre las "revelaciones" para ver, es que Marcos Valerio ha proporcionado nuevas pruebas a los fiscales federales (MPF) a finales de septiembre, en la que se comprometió a señalar las conexiones del ex presidente con la "asignación mensual" debe ser recibida con "plea bargaining" y su inclusión en el Nacional de Protección de Testigos, que podría liberarlo de la cárcel. Valerio, considerado como el fundador y principal operador "mensalões" PT PSDB, fue condenado a más de 40 años. Sin embargo, las sanciones podrán ser revisadas por la final de la prueba en progreso en el Supremo Tribunal Federal (STF). revista también afirma que, según el empresario, Lula y el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, han sido chantajeado en 2003 debido a su presunta participación en la trama de corrupción que llevó a la muerte del ex alcalde PT Santo André, Celso Daniel. En este segundo (5), Carvalho dijo a la prensa que las declaraciones de Valerio son sólo "desesperada".

Ex-presidente Lula ganha nota de solidariedade de seis partidos.

Fabricación de controversia

Como la base de la solicitud de apertura de nuevos temas de investigación criminal son publicadas por una revista controversial reputación, los legisladores también requieren que el cobre MPF Ver la demostración de la información proporcionada. "Es imperativo que la propia revista" Veja "tiene la obligación de presentar las pruebas (o signos) que se mencionan en los asuntos en cuestión e indicar que la participación en el esquema representado mensalão", dicen. Y para dar más consistencia a queja, incluyendo el memorial presentado a la Corte Suprema por la defensa de Valerio, en el que el abogado Marcelo Leonardo referencias el nombre de Lula, pero en poco tiempo, atestigua la participación del ex presidente con el esquema. En el documento, los opositores a reconocer el hecho, pero aún dan testimonio de los méritos de la nueva investigación. "Es cierto que no es el memorial imputar directamente a la comisión de cualquier acto representado. Pero hay una clara sugerencia de que el acusado estaba involucrado en todo. Después de todo, el memorial protestó el cambio de enfoque de "actores políticos", citando entre ellos representada "especular.

Domain teoría del hecho

En el documento, la oposición parlamentaria incluso instruir al MPF de cómo enmarcar el ex presidente para garantizar su condenación futuro: "Es un hecho bien conocido que en el momento de los hechos, había una estrecha relación política y personal entre el director y ex Ministro de Estado Mayor, el señor José Dirceu de Oliveira e Silva, entendida como el líder de la banda por el Tribunal Supremo. En esta perspectiva, la pregunta: la teoría del dominio del hecho, que se utilizó para la condena del Sr. José Dirceu, no podía aplicarse - y con razón mucho más - Dirceu propio jefe? ". teoría de dominio el hecho se estableció en Alemania para permitir que la condena de los verdugos nazis, sino que ha caído en desuso en ese país, incluso por lo que se rompe en destinando al estado democrático de derecho. Su uso para juzgar la "asignación mensual" fue señalado por muchos juristas como evidencia de que el STF estaba tomando un carácter demasiado político, lo que podría convertir el proceso en "juicio" excepción.

La oposición dividida

Además del presidente nacional del PPS, Roberto Freire, firme la petición del líder del partido en la Cámara, el Sr. Rubens Bueno (PPS-PR), el líder del PSDB en el Senado, el senador Alvaro Dias (PR), el líder de la minoría en la Cámara, Sr. Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), y el senador Aloysio Nunes (PSDB-SP). El PSDB no tomó ninguna posición oficial sobre si apoyar o no la solicitud. Desde el DEM pensamiento más prudente esperar a que el MPF se pronuncie sobre el caso. Tanto el PSDB y DEM son objeto de investigaciones similares a la llamada "PT mensalão" en PBS. Ambos, sin embargo, son tratados de manera diferente por el tribunal.

Sao Paulo: Los delitos de la dictadura de 64: Comisión de la Verdad en la USP

Ley USP pide investigar los crímenes cometidos contra los "subversivos" durante la dictadura militar (1964-1985). Entre las denuncias se investiguen, es el inicio del partido de los empleados, estudiantes y profesores a las congregaciones de los Colegios militares, torturas, persecuciones. Rector Juan Grandino Ruedas

Comissão da Verdade terá sete integrantes e dois anos para concluir.

De los muertos y desaparecidos 475 reconocidas por el gobierno brasileño, al menos 47 fueron conectados con la Universidad de Sao Paulo.

Los estudiantes, personal y profesores de la Universidad de São Paulo (USP) realizar un acto el miércoles, a las 17.30 horas, en la rectoría para entregar miles de firmas para pedir la creación de una comisión de la verdad en la USP. El Foro para la Democratización de la Universidad que está organizando la iniciativa. Él le pide que instale una comisión USP autónomo, independiente e igual para investigar los crímenes cometidos contra uspianos considerados "subversivos" por la última dictadura militar (1964-1984).


Según las investigaciones del Foro, los 475 muertos y desaparecidos reconocidos por el gobierno brasileño, al menos 47 personas estaban conectadas con la Universidad. El foro con la participación de decenas de centros académicos, colectivos y entidades políticas de representación de clase de los estudiantes, la facultad y el personal y requiere la investigación de las quejas y denuncias sobre las supuestas uspianos por parte de las congregaciones militares de las Facultades.

El acto tendrá lugar este miércoles en el Auditorio del Instituto de Oceanografía y USP también debe contar con la participación de las familias de las víctimas de la dictadura. "La idea es entregar la petición a la acción para llevar a la rectoría. Enviamos una invitación a ella, pero aún no tiene una posición definida de su participación en el acto ", explica el profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH), Elisabetta Santoro, miembro del Foro.

 394 mortos e desaparecidos durante a ditadura militar (1964-1985)

Según ella, la apertura de una comisión de la USP cuenta con el apoyo de la Comisión de la Verdad y el estado nacional. "Queremos colaborar eficazmente con estas investigaciones y comisiones contribuir a los niveles local, estatal y nacional. Así que si el uspiana comisión no se hace rápidamente puede haber una brecha ", añade, señalando que la Universidad de Brasilia (UNB) ha instalado su propio comité.

En una ceremonia celebrada el 17 de octubre, un miembro de la Comisión Nacional de la Verdad, Rosa Cardoso, hizo suya la petición de la Comisión Estatal de la Verdad para la revisión USP el despido de la profesora Ana Rosa Kucinski. El profesor fue despedido en octubre de 1975 por "incumplimiento del deber", sino que había estado desaparecido desde 1974 tras ser detenido por los militares.

Casa del párroco

Consultado sobre el interés de la rectoría para promover este debate en la Universidad, el profesor Elisabetta Santoro demuestra escéptico. "Si cree que el presidente podía hacerlo por su propia iniciativa, no habríamos luchado tan duro. Esperemos que todo el esfuerzo de estos últimos meses es suficiente para impulsar a la institución a pasar absorto ", explica.

El decano actual de la USP Ruedas, John Grandino cuando él era un miembro de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) dictadura militar, votó en contra de la culpabilidad del estado de cada diez casos, entre ellos el diseñador de moda Ángel Zuzu y segundo año Edson Luís de Lima Souto. En varias ocasiones, tenía voto igual al general del ejército Oswaldo Gomes Pereira.

Ruedas firmó un acuerdo que permitió el libre acceso al campus de la Policía Militar y demandó 51 uspianos entre los estudiantes y el personal, debido a la ocupación de la rectoría de noviembre del año pasado. Los procesos se basan en el régimen disciplinario de la USP de 1972 que, entre otras cosas, prohíbe a los acontecimientos políticos en el campus.

La participación en la vida religiosa

Ya la Comisión Nacional de la Verdad debe instalar un grupo de trabajo para investigar el comportamiento de los religiosos que lucharon o se aliaron a la última dictadura militar (1964-1985). El equipo debe ser coordinada por Paulo Sérgio Pinheiro, y contará con investigadores independientes y teólogos.

Uno de los primeros testigos que Anivaldo Padilha, padre del ministro de Salud, Alexandre Padilha. Anivaldo tuvo que ir al exilio en 1971 después de haber sido encarcelado y torturado por delatar pastores de la iglesia que había asistido.


 Fuente:Fórum Aberto Pela Democratização da Universidade

Chile: Sombras de impunidad

América Guerrero recuerda el asesinato de su padre: “Escuché llantos en el living, como niña de ocho años no podía sacar mucha información. Entró mi mamá, abrazándome me dio la noticia de que a mi papá lo habían asesinado. Supe que era terrible lo que esta estaba sucediendo y que ya no había vuelta.

Días antes de la conmemoración del 11 de septiembre, el gobierno debió explicar por qué Gendarmería había otorgado “beneficios” carcelarios a dos de los condenados a cadena perpetua en el “caso Degollados”.

Según el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, “es una decisión técnica y hay que respetar la institucionalidad”. El hecho fue calificado como un escándalo por agrupaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y dirigentes políticos.

Los “beneficiados” son el coronel en retiro Guillermo González Betancourt y el sargento retirado José Fuentes, exmiembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), condenados por el ministro Milton Juica, en 1992 por los asesinatos de tres profesionistas de filiación comunista: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, además de los secuestros de otras seis personas.

El expediente acreditó que entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de marzo de 1985, los tres profesionistas fueron secuestrados y subidos a un Chevrolet Opala manejado por el cabo Claudio Salazar, donde iban también el cabo primero Alejandro Sáez y el sargento segundo José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, era conducido por el coronel González Betancourt, y le acompañaban el civil Miguel Estay, alias el Fanta –exagente del Comando Conjunto– y el capitán Patricio Zamora. Todos eran de la Dicomcar.

En Quilicura, cerca del aeropuerto de Santiago, se estacionaron en el acotamiento del camino. Guerrero fue bajado primero, vendado, esposado y de rodillas. El sargento Fuentes lo degolló con un corvo (cuchillo curvado). Con la misma arma, el cabo Sáez degolló a Nattino. Unos metros más allá, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio una punzada en el abdomen a Parada. Otro agente bajó del vehículo y lo degolló. Tras retirarles las vendas y esposas, los asesinos se trasladaron a su cuartel en calle 18, en pleno centro de Santiago.

América Guerrero recuerda el asesinato de su padre: “Escuché llantos en el living, como niña de ocho años no podía sacar mucha información. Entró mi mamá, abrazándome me dio la noticia de que a mi papá lo habían asesinado. Supe que era terrible lo que esta estaba sucediendo y que ya no había vuelta atrás”, dice.

El Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, agrega: “Fue uno de los hechos terroristas más severos de la dictadura, un acto repugnante, un homicidio de tres militantes comunistas, que fueron detenidos, torturados y degollados brutalmente, en el ánimo de no sólo eliminarlos sino causar terror”.

Las estaciones de radio Cooperativa y Chilena informaban lo que la dictadura insistía en negar. El secuestro causó profunda conmoción. En el Instituto Médico Legal, familiares y amigos esperaban la confirmación de sus identidades.

Estela Ortiz, esposa de José Manuel, testimonió en directo, al borde del llanto: “Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, Juan José que tiene 6 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien cada uno de ellos que van a pagar cada uno estos crímenes, no les quepa duda… Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos! ¡Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo! ¡Hasta cuándo permitimos tanta, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país! ¡Hasta cuándo! ¡Chileno, compañero, compatriota, por favor, levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente! ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”

El general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar, César Mendoza, insistió que su institución no era culpable. Incluso dijo “es una purga entre comunistas”. Pero el juez José Cánovas, a los pocos días, encargó reos y sometió a proceso a los pilotos del helicóptero policial que sobrevoló el colegio donde Parada y Guerrero fueron secuestrados, y dictó arraigo para 12 funcionarios policiales, entre ellos el coronel Luis Fontaine, jefe de Dicomcar.

Pinochet citó una reunión de urgencia en La Moneda. Se dirigió a Mendoza y le dijo: “Bueno, César, dime qué hago ahora. Antes dije que Carabineros no tenía nada que ver. Y mira cómo estamos.”

Posteriormente, la Junta le diría a Mendoza que si no podía demostrar la inocencia de Carabineros, debía renunciar. El 2 de agosto, Mendoza renunció “porque se me antojó, no más… Se está desgranando el choclo”, dijo.

Juica –que remplazó al juez Cánovas– sentenció por secuestro, homicidio y asociación ilícita terrorista a todos los miembros del comando. Y propuso procesar por incumplimiento de deberes militares y entorpecer la justicia a varios generales. El único en funciones, Rodolfo Stange, era entonces director de Carabineros. A mediados de 1994, se reveló una grabación en la que Stange instaba a los procesados a “no colaborar con la justicia”. El entonces presidente Eduardo Frei no tenía facultades para removerlo y pasó voluntariamente a retiro en 1995.

Según testimonios judiciales, después de cometido el crimen, el coronel Fontaine –acribillado luego por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1990— planeaba coartadas para frustrar la acción de la justicia. En las reuniones participaba el entonces teniente de Carabineros, Iván Andrusco, y todos los procesados por Juica. Andrusco fue designado por Piñera como jefe de Gendarmería, aunque sólo duró 19 días en el cargo y renunció por el escándalo. Muchos piensan que su designación pretendía conseguir beneficios para sus excamaradas.
Owana Madera, viuda de Guerrero, dice en entrevista con Apro: “Sabíamos que tarde o temprano esto sucedería, sus asesinos comenzarían a recibir beneficios carcelarios y a gozar de ‘libertad’. Son tantos los violadores de los derechos humanos que gozan de impunidad. Ahora se suman éstos. Es una más de las consecuencia de la ‘democracia pactada’, de la ‘justicia en la medida de lo posible’. De la falta de compromiso, de voluntad y valentía de los gobiernos de la Concertación que no fueron capaces de revertir todo esto.”

Por su parte, Estela Ortiz, viuda de Parada, agrega: “La justicia que alcanzamos en el caso degollados era un poco de justicia, y hoy nos pisotean el cuerpo, los vuelven a matar. No hay palabras, no hay espacio para entender la razón de la sinrazón. ¿Hasta cuándo? Son crímenes lesa humanidad, terrorismo de Estado y tienen beneficios. Sólo en Chile esto es posible. Qué vergüenza, qué rabia, qué asco.”

El publicista Nattino fue secuestrado el 28 de marzo. Al día siguiente, al profesor Guerrero y al sociólogo Parada les secuestraron a las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración. Los agentes balearon, en presencia de apoderados y niños, al educador Leopoldo Muñoz. Parada era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez para proteger a las víctimas de la dictadura. La noche anterior y con el país en Estado de sitio, agentes habían asaltado la sede de la Asociación Gremial de Educadores de la que Guerrero era dirigente. Allí secuestraron a cuatro profesores. Durante el secuestro de Parada y Guerrero un helicóptero policial hacía un vuelo rasante sobre el colegio y el tránsito era desviado por una patrulla policial. Sólo la alarma pública hizo posible la designación de un ministro en Visita.
Juan José Parada, hijo del José Manuel, señala: “Son violadores de los derechos humanos, cometieron crímenes de lesa humanidad, los más graves de todos. ¿Después de 20 años de cumplir condena, tienen derecho a acceder a beneficios carcelarios? La ley dice que sí. Pero la primera condición es que declaren un sincero arrepentimiento. Dudamos de su sinceridad. ¿Colaboraron en el juicio? No demasiado. Solamente una vez que estaban acorralados por el ministro Juica y para echarle la culpa a sus compañeros. ¿Se demoraron en asumir su participación? Muchos años. Al acometer el brutal asesinato creyeron que nunca serían juzgados. ¿Han dado antecedentes de cómo era el contacto entre miembros civiles de la dictadura y fuerzas de Carabineros para acometer estos crímenes? ¿Han denunciado y dado a conocer los detalles del operativo de protección a los asesinos y la campaña de desprestigio, encabezada por Francisco Javier Cuadra, del cual fuimos víctimas las familias, mi padre degollado y sus compañeros? Puedo decirles que nunca. Nunca aportaron antecedentes que sirvieran para condenar a sus jefes o acabar con la impunidad."

“Es insólito y doloroso. Tengo imágenes de reconstitución de escena de José Fuentes degollando a mi padre. No las publico por respeto a mis hijas, que no tienen por qué ver lo que le hicieron a su abuelo. Me rebelo ante la indolencia de un Estado que beneficia asesinos. Pero no perderé la cordura ni la ternura, a pesar que la nación chilena hace todo lo posible para que así ocurra. Seguiré optando por la justicia social y la movilización social creativa del pueblo chileno, para reconquistar su libertad plena. Y así haremos justicia a la causa por la cual dio su vida mi padre y tantos y tantas. A no desfallecer ante la impunidad canallesca”, escribió en su blog De recuerdos, olvidos y deseos, Manuel Guerrero hijo –dirigente político y concejal-, apenas se enteró de la decisión de Gendarmería, que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Justicia.

Muchos piensan que lo ocurrido es un favor de antiguos “camaradas”. La derecha que propició los asesinatos en dictadura es la que designa al director de Gendarmería, que otorga los “beneficios”. A pesar del conflicto de intereses, la prensa elude el tema.

A pesar que decenas de personas han visto a exagentes y militares condenados -sin beneficios- en lugares públicos y que deberían estar cumpliendo condenas, no existen investigaciones concretas. Gendarmería le ha concedido beneficios a otros exagentes: Otto Trujillo (torturador, secuestrador y homicida); el mayor retirado del ejército Emilio Neira (involucrado en la matanza de 12 militantes del FPMR); y César Palma (torturador).

Manuela Guerrero, hija de Manuel, dice al reportero: “El domingo pasado, el exsargento de Carabineros, José Fuentes, salió por primera vez en 20 años a la calle. El pie en la calle puede ser cosa conocida ya entre un preso y un domingo, pero no este preso y no para mí. Él fue quien, corvo en mano, degolló a mi padre. No diré que fue quien lo mató, pues esos fueron varios y pocos los que tuvieron que ver su sangre. Fuentes sí, lo sostuvo del pelo y llevó a cabo el gesto último con el que se sellaría su camino entre la vida y la muerte. ¿Qué se hace cuando esa persona pasa a ser parte de tu ciudad?”

A principios de agosto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció una operación encubierta que busca indultar a los militares condenados. El jefe de Estado Mayor de la Armada, Francisco Guzmán, y el director de personal de la institución, Rafael González, visitaron el penal de Punta Peuco. Según Lorena Pizarro, presidenta de AFDD, “buscan rebajar penas o simplemente indultarlos, quieren generar un ambiente que lo permita”. Similar análisis hace la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Alicia Lira, su presidenta, dice: “Es inconcebible una medida de este tipo que sólo consagra la impunidad, aunque era esperable de un gobierno de derecha. A los pocos condenados se les lleva a cárceles especiales donde no tenemos certeza que estén cumpliendo sus condenas”.

Diputados opositores han manifestado su indignación. Entre ellos Sergio Ojeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos: “Es una ofensa para los familiares de los asesinados y todas las víctimas de la dictadura. Este crimen, como otros, ha sido calificado como un crimen absolutamente inamnistiable e imperdonable. Nos cuesta entender cómo se beneficia a sus asesinos y se entregan premios”.

Según el ministro de Justicia estos condenados “también tienen derechos humanos”.

Fuente:Arnaldo Pérez Guerra