sábado, 7 de mayo de 2011

La falsa democracia y los altos niveles de represión

Un alto porcentaje de chilenos hoy tienen sus teléfonos intervenidos, las escuchas telefónicas son pan de cada día, la excusa es la delincuencia y el narcotráfico, pero lo cierto es que esta medida esta más enfocada a persecución de dirigentes sindicales y sociales, que a los delincuentes o narcotraficantes, su objetivo central apunta a la criminalización de la protesta social.

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El Ministerio Público ha reconocido que  ellos ordenan la interceptación de más de 1600 teléfonos cada mes, según esta misma información se realizan más de 80 intervenciones telefónicas diariamente, no deja de ser terrorífico enterarse como se viola impunemente la privacidad de miles de chilenos, algo que no se puede aceptar bajo ninguna excusa


El montaje del caso bombas

Los montajes también son un recurso frecuente, un ejemplo de esto es el llamado caso bombas, que cada día que pasa se sigue cayendo a pedazos y ya se puede ver la trama y la mano del gobierno detrás de todo esto. Probablemente este caso obtendrá un record de Guines, todos los detenidos están acusados de asociación ilícita terrorista, con un pequeño detalle, después de casi un año de prisión y de una investigación de más de dos años, no existe una sola arma de fuego entre las pruebas que se están usando en contra de ellos, lo menos que se puede decir es que son una especie rara de terroristas, unos subversivos desarmados.
 
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 El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos bombas.

El montaje y el racismo contra los mapuche

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En el caso de los juicios contra los comuneros mapuche, hace rato que ha quedado demostrado el montaje, con un agregado especial, el racismo de los fiscales, junto con la parcialidad de los tribunales chilenos en contra de nuestros hermanos. Estos juicios tienen como único objetivo mantener largos periodos en la cárcel a los activistas mapuche y de esta forma provocar el máximo de miedo entre los demás comuneros, para que no reclamen por sus derechos y se movilicen para recuperar la tierra que les fue robada.

El movimiento estudiantil también está en la mira
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En el caso del movimiento estudiantil, hace rato que se conoce los intentos de los agentes de la PDI y de la Dipolcar para infiltrarlo, el 12 de abril de este año, en una movilización en el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, los estudiantes identificaron a un agente de la PDI infiltrado en la movilización, el que para salvar el pellejo termino delatando a un agente de la Dipolcar que también estaba infiltrado en la movilización. 

 Los testigos sin rostro

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Los testigos sin rostro, es otro recurso usado frecuentemente bajo esta “democracia”, testigos que normalmente son falsos y que funcionan de acuerdo a un sueldo pagado por los servicios represivos, el último caso fue el intento por reclutar a un ex militante lautarista, Juan Linares, que valientemente denuncio públicamente esta situación, desenmascarando a los servicios represivos y sus métodos.

Cuando todo falla, el gobierno echa mano de los esbirros de la tinta 

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Cuando los montajes se caen, los gobiernos al estilo de Piñera echan mano de sus “escritores y analistas serios”, algunos incluso con rótulos de “progresistas”, para reconocer la situación, pero relativizándolo todo, con cosas al estilo de “La bomba que se chispoteo...”, articulo donde el señor Villegas después de hacer todo un análisis de porque no pinta nada de bien el caso bombas para la fiscalía involucrada en este caso, para luego terminar diciendo que a pesar de todo “Nada de esto significa que estos jóvenes son culpables. Tampoco podemos asegurar que sean inocentes”, Condorito diría “exijo una explicación”. 

Los discípulos de Pinochet 

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  discipulo de Pinochet.
Sebastián Piñera jugando a nuevo demócrata, porque no debemos olvidarnos que él junto a varios de los que integran su ministerio son de Pinochet y como buenos discípulos son especialistas en todas estas “técnicas” represivas, pero ahora intentan hacerlas pasar como algo perfectamente democrático y legal. 

jueves, 5 de mayo de 2011

Unos 16,2 millones de brasileños viven en situación de extrema pobreza

Unos 16,2 millones de brasileños viven en situación de extrema pobreza, lo que equivale al 8,5 por ciento de la población del país sudamericano, según revela el último informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

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En este indicador están incluidas las familias con un renta mensual igual o inferior a 70 reales brasileños (unos 30 euros), siguiendo las directrices de Naciones Unidas. Del total, unos 11,4 millones de personas se encuentran en este margen, mientras que 4,8 millones no tienen ingresos.

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Además, el IBGE ha tenido en cuenta otras variables como la existencia de baños en las viviendas, el acceso a los suministros de agua y electricidad y el nivel de alfabetización de los miembros de la familia. Según este informe, unos 300.000 hogares carecen de estos servicios básicos.


"Cuanto menor es la renta de las personas, mayor es la proporción de las personas que no tienen acceso a agua potable; cuanto menor es la renta, mayor es la proporción de la población que no tiene baño en su domicilio. En las áreas rurales la situación es más recurrente", ha explicado el director del IBGE, Eduardo Nunes. 

El estudio también aporta un perfil de las personas que viven en extrema pobreza. En su mayoría son jóvenes menores de 19 años (50,9 por ciento) de raza negra (70,8 por ciento) que viven tanto en el campo (46,7 por ciento), donde uno de cada cuatro habitantes se encuentra en situación de miseria, como en la ciudad (53,3 por ciento).

Apenas se aprecian diferencias por sexos, ya que este fenómeno afecta casi por igual a mujeres (50,5 por ciento) y a hombres (49,5 por ciento). Estos porcentajes se distancian cuando se trata de residentes en zonas urbanas, donde la situación de las féminas es algo peor. 


Por áreas geográficas, el 60 por ciento se concentra en el noreste, lo que equivale a 9,61 millones de personas; aunque su presencia también es importante en el sureste con 2,7 millones; en el norte con 2,65 millones; en el sur con 715.000, y en el centroeste con 557.000, según recoge Agencia do Brasil.


PLAN DE CONTINGENCIA


Este informe, elaborado a partir de los datos del censo demográfico del último año, servirá de base al Gobierno de Dilma Rousseff para diseñar el Plan Brasil sin Miseria, con el que se pretende erradicar la pobreza extrema para 2014. 


La ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre, Tereza Campello, ha explicado que este programa contempla una transferencia de renta a las clases con menor poder adquisitivo, una mejora de la formación profesional, así como una extensión de los servicios públicos básicos.
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"No se trata de elaborar nuevos programas, sino de atender a este público. No vamos a hacer un llamamiento, vamos a garantizar que el Estado llegue a esa población. Se trata de un gran esfuerzo para los gobiernos federal, estatales y municipales", ha dicho la ministra, en referencia a planes anteriores como Bolsa Familia.

domingo, 1 de mayo de 2011

Chilenos denuncian la precariedad laboral y exigen nuevo trato al Gobierno

Varios miles de chilenos se manifestaron hoy en las calles de Santiago para denunciar la precariedad en el trabajo y exigir al Gobierno un nuevo trato laboral.

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización laboral de Chile, encabezó las movilizaciones para celebrar el Día del Trabajo, que transcurrieron sin incidentes.


El presidente de la CUT, Arturo Martínez, criticó duramente en su discurso al presidente Sebastián Piñera, a quien acusó de incumplir las promesas que realizó cuando llegó al Ejecutivo.

"Los trabajadores pueden constatar que las promesas de campaña se han quedado solo en anuncios", dijo Martínez, que afirmó que "no existe una agenda laboral".


El líder sindical sostuvo que la mayor desigualdad social se halla en el ámbito laboral, donde "la precariedad, los bajos salarios y la falta de cobertura social generan necesidad y hogares pobres que son presa fácil para la explotación".

"Reclamamos y exigimos un nuevo trato laboral, un código del trabajo discutido y aprobado democráticamente donde se escuche la voz de los trabajadores organizados", apuntó.


El líder de la CUT afirmó que "Chile está en deuda con sus trabajadores" porque, a su juicio, se les ha impedido la negociación colectiva durante muchos años.

Además lamentó el aumento de la desigualdad social y de las familias que ingresan a la pobreza mientras "la fortuna de los ricos ha aumentado"


Por este motivo, el dirigente sindical emplazó al Gobierno a realizar un reforma tributaria para que las grandes empresas paguen más impuestos que se destinen a financiar programas sociales.

Martínez criticó también el sistema educativo y de salud, e hizo un llamado para crear una nueva Constitución "discutida y aprobada por todos los chilenos".


El líder de la CUT confirmó que asistirá a las movilizaciones programadas para el próximo 21 de mayo en Valparaíso, con motivo de la rendición de cuentas de Sebastián Piñera ante el Congreso, y anticipó la convocatoria a un paro nacional en octubre.

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 La manifestación transcurrió de forma pacífica. Una vez finalizada la actividad, algunos grupos de jóvenes protagonizaron incidentes con la policía, que utilizó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersarlos.

 Por su parte, el presidente Sebastián Piñera aseguró que el Ejecutivo trabaja en tres ejes para mejorar la agenda laboral, que son la seguridad, los derechos de los trabajadores y la capacitación.

"Este año va a ser muy importante en la agenda del trabajo, y quiero hacer un llamado a que nos unamos todos los chilenos, para mejorar las condiciones de trabajo y también las condiciones de vida de nuestros trabajadores", dijo Piñera tras visitar a algunos pacientes en el Hospital del Trabajador.

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Además anticipó que este 21 de mayo anunciará un "cambio revolucionario" en materia de seguridad laboral.

Éste consistirá en la creación en las empresas del llamado "monitor de seguridad", que será un trabajador capacitado para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad.

El grupo chileno Inti Illimani da su apoyo a la reclamación marítima de Bolivia

El emblemático conjunto musical chileno Inti Illimani se solidarizó con la centenaria demanda boliviana a Chile para que le restituya una salida soberana al mar, en un acto denominado Día del Derecho a la Recuperación Marítima realizado el viernes en La Paz. 

El grupo de música folk chileno Inti Illimani ... 
En un preámbulo de su aplaudida intervención en el estadio Hernando Siles, ante unos 50.000 espectadores, el director del grupo, Jorge Coulon, manifestó que "estamos orgullos de estar aquí como chilenos, somos orgullosamente chilenos, pero somos también orgullosamente latinoamericanos".

Coulon consideró que "hay que luchar mucho todavía por eso (la salida al mar), pero lo vamos a conseguir porque es justo, porque es necesario y porque América Llatina el único futuro que tiene es el futuro común". 

"No es fácil la tarea que tenemos por delante. Cuando el querido presidente Evo Morales estuvo en Chile por primera vez en un estadio, también en una fiesta, todos gritábamos 'mar para Bolivia' (...) el compañero Evo pensó que todo Chile gritaba 'mar para Bolivia'. Desgraciadamente, compañero, hay que luchar mucho todavía por eso", agregó. 
 

sábado, 23 de abril de 2011

Libertad vigilada para militares chilenos implicados en asesinatos.

Cinco militares chilenos hoy retirados, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informaron hoy fuentes judiciales.

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En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos los otorgó el señalado beneficio.
 
El caso, conocido como "asalto a la patrulla" y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.

La versión de las autoridades de la época señaló que "elementos extremistas" atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.


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Ex alcalde Pablo Gac
Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.

Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.


Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.

Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blindada, Ángel Torres Rivera.


Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.

 A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.


A todos el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

 En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de las víctimas.

No obstante, rechazó al mismo tiempo una demanda en contra del Fisco de Chile, por razones de incompetencia del tribunal.
 
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Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), murieron a manos de agentes del Estado unos 2.300 opositores, de los cuales 1.195 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos. 

Los responsables de Masacre de Quillota siguen impunes

domingo, 17 de abril de 2011

Chile está siendo destruido, es hora de reaccionar

La investigación de la muerte de Salvador Allende llega en un momento difícil: Como nunca antes nuestro Chile está en peligro de muerte. La puesta en marcha del megacomplejo termoeléctrico en Castilla contaminará gran parte de la Región de Atacama, sumiéndola en la misma miseria en la que están Ventanas, Tocopilla y Huasco, que fueron convertidas en zonas de sacrificio.

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La Isla Riesco corre el mismo riesgo. El Gobierno acaba de aprobar el primero de cinco megaproyectos de extracción de carbón con que se alimentarán centrales termoeléctricas en todo el país, incluida la de Castilla. Éstas, a su vez, darán energía a las grandes mineras que en forma irracional saquean nuestro territorio.

Isla Riesco es un santuario de la naturaleza donde habita el huemul y el cóndor: símbolos de Chile, además de las imponentes ballenas jorobadas. Todos ellos y muchos otros seres vivos fenecerán ante la ferocidad de este proyecto. No es exagerado decir que si los dejamos morir estaremos permitiendo la destrucción de Chile. Todo es un símbolo y la muerte, el mayor de ellos, decía el boliviano Franz Tamayo.


Barrick Gold está destruyendo glaciares con su proyecto Pascua Lama. Los medios que apoyaron este proyecto a través de editoriales y extensos reportajes, como El Mercurio y La Tercera, no cubren sus nefastas consecuencias: Están concentrados en apoyar otros emprendimientos destructivos.

Isla Riesco y Castilla fueron aprobadas en el marco del nuevo sistema de evaluación ambiental en el que sólo votan personas de confianza del Presidente. Ni siquiera los alcaldes y consejeros regionales pueden hacerlo. La opinión de los afectados ni cuenta. Es decir, es el presidente Sebastián Piñera quien está detrás de la decisión de destruir nuestro territorio para aumentar la riqueza de unos pocos incluida la suya propia. Es bueno saber que él es accionista de Copec, impulsora del proyecto carbonífero en Isla Riesco.

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También cabe recordar que una de las plataformas de campaña de Piñera fue la defensa del medioambiente y su compromiso de ponerle freno a las termoeléctricas. Una vez en el poder hace todo lo contrario. Es bueno señalar que no está en las atribuciones del Presidente destruir nuestro país, por lo que en caso de insistir se pondrá al margen de la legalidad y del espíritu de su cargo, por lo que la población estará en su derecho, y quizás en su deber, de rebelarse para impedir que se destruya lo más sagrado que tenemos: La vida.

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El Gobierno de Chile negocia con su par peruano un proyecto de interconexión eléctrica mediante el cual la energía surgida de la destrucción de Magallanes, la Patagonia y Atacama, podrá abastecer el saqueo del oro y cobre peruano, que impulsa el presidente Alan García en connivencia con grandes capitalistas.

En estos mismos días de verano, la estatal Codelco, dirigida por el ejecutivo de mineras transnacionales Diego Hernández, ha decidido entregar el 66% del yacimiento Inca de Oro a la empresa PanAust. Esto, a cambio de 50 millones de dólares que ni siquiera irán al erario fiscal sino que serán aportes de capital para el emprendimiento. Para hacer tamaño atentado al bien común, Piñera, a través de Codelco, se amparó en la Ley 19.137, de 1992, promulgada bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Esta normativa permite a la cuprífera estatal asociarse con compañías extranjeras para la explotación de yacimientos mineros. Ello al parecer impide a la Concertación plantar cara contra este nuevo abuso de Piñera. Codelco también ha anunciado que se aliará con Francia para facilitar la extracción de uranio.


Pero: ¿Por qué editorializar con la defensa del territorio en un número dedicado a esclarecer el contexto y las circunstancias que rodean la muerte del Presidente Salvador Allende? ¿Por qué no mejor haber dedicado este número a socializar información respecto de los urgentes problemas ambientales antes descritos en vez de privilegiar hechos ocurridos hace 37 años? ¿O es que acaso éstos influyen en nuestro presente? ¿Por qué es tan importante aclarar la muerte de Salvador Allende y de quienes pagaron con su vida la lealtad a un proceso?

El 11 de septiembre de 1973 marca un antes y un después en nuestra historia: La versión sobre lo ocurrido fue elaborada por los golpistas y, más tarde, asumida por los “demócratas”. Estos, traicionando el anhelo de millones de chilenos, pactaron con la derecha y los militares, construyendo una falsa democracia que en realidad es una dictadura encubierta.

Por todo lo anterior, creemos que ha llegado la hora de refundar Chile con base en la verdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Ha llegado la hora de la verdad. De decir las cosas por su nombre: Allende fue asesinado por los militares golpistas, por la derecha, por Estados Unidos, por los mismos que hoy están promoviendo la destrucción de Chile, independientemente de quién haya apretado el gatillo.

A la luz de los hechos que hoy ocurren, podríamos decir que desde aquel “11” se viene disolviendo el sueño del Chile independiente. Hace unos días, gracias a un cable de Wikileaks, pudimos constatar que nuestro representante en la OEA, Darío Paya, es un habitual servidor e informante de Estados Unidos, país que definió su nombramiento. Nadie reparó en eso porque todos se quedaron con el detallito que Paya había dicho que Piñera es un imbécil.

¿Qué nos queda?: Denunciar, resistir. Impedir que destruyan lo más preciado que tenemos. Informar: que todos sepan que el actual Presidente de Chile, yendo más allá de las atribuciones que le han sido conferidas, pretende destruir nuestro territorio, contaminarlo, convertirlo en un lugar no apto para llevar una vida digna. Piñera y la derecha quieren matar al huemul y al cóndor, todo por unos millones más en sus cuentas.
Es hora de reaccionar, es momento de que la unión de los pueblos de Chile con un discurso y actuar racional, avance en la deslegitimación final del poder financiero especulativo y violador de toda soberanía nacional.

Salvador Allende lo tenía muy claro cuando a fines de 1972 intervino en la OEA y dijo: “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada”.

Así, hoy las palabras de Salvador Allende cobran más vigencia que nunca, llegó el momento de un ¡Basta! que recorra de Arica a Magallanes, llegó el momento en que juntos pongamos atajo a tanto atropello a los pueblos y al medioambiente.

¡Nueva Constitución! ¡Nueva independencia!
Publicado p/Rodolfo Varela

viernes, 15 de abril de 2011

Un juez ordena la exhumación de los restos de Salvador Allende

Los restos del ex presidente chileno Salvador Allende, muerto durante el golpe militar de 1973, deberán ser exhumados la segunda quincena de mayo, según ha ordenado este viernes el juez Mario Carroza a cargo de investigar el fallecimiento del militante socialista y líder de la Unidad Popular. 

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Los familiares  de Allende presentó esta semana a Carrión una solicitud para exhumar y someter a una nueva autopsia los restos del ex mandatario, en el marco de las investigaciones con las que se intentará esclarecer las verdaderas causas de su muerte.

"Valoramos esta investigación y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario, incluyendo la exhumación y autopsia de nuestro padre", dijo el pasado martes la senadora Isabel Allende, una de las tres hijas del ex mandatario.

Un equipo de expertos del Servicio Médico Legal comenzó a finales del pasado enero la primera etapa de las investigaciones con el análisis de la autopsia realizada a Allende, acatando el dictamen de la justicia chilena que ordenó investigar por primera vez las causas de su fallecimiento.



 
Allende murió el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. Una autopsia determinó que se suicidó dentro del Palacio de gobierno en Santiago, pero varios sectores políticos rechazan esta tesis alegando que su muerte pudo haber sido resultado de acciones militares.

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El magistrado Carrión --que investiga la muerte de otras 400 personas desaparecidas durante la dictadura-- ha ordenado que la exhumación se haga durante la segunda quincena de mayo en el Cementerio General de Santiago, donde descansan los restos de Allende desde 1990, después de que fuesen trasladados desde un camposanto en la ciudad de Viña del Mar por orden de Patricio Aylwin, primer presidente de la democracia chilena.


La investigación ha sido ordenada después de que la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentara 726 querellas por casos de violación de los Derechos Humanos registrados durante la dictadura de Pinochet, entre ellos la muerte de Allende.
Blog de Rodolfo Varela