Cinco militares chilenos hoy retirados, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informaron hoy fuentes judiciales.
En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos los otorgó el señalado beneficio.
El caso, conocido como "asalto a la patrulla" y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.
La versión de las autoridades de la época señaló que "elementos extremistas" atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.
Ex alcalde Pablo Gac
Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.
Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.
Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blindada, Ángel Torres Rivera.
Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.
A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.
A todos el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de las víctimas.
No obstante, rechazó al mismo tiempo una demanda en contra del Fisco de Chile, por razones de incompetencia del tribunal.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), murieron a manos de agentes del Estado unos 2.300 opositores, de los cuales 1.195 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos.
Los responsables de Masacre de Quillota siguen impunes
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