Chile destituye a tres asesores de Defensa ligados a la dictadura

El Ministerio de Defensa chileno informó este lunes de que fueron destituidos de sus funciones todos los asesores de gobierno que fueron vinculados a organismos de la represión de la dictadura militar.

Mediante un comunicado, el Ministerio aclaró que fueron despedidos los ex asesores de la Subsecretaría de Defensa Alejandro Romero Peragallo, ex integrante de la Central Nacional de Inteligencia (CNI); José Pérez Manríquez, otro ex del CNI, y Orlando Carter Cuadra, yerno del general en retiro Manuel Contreras.

Contreras está condenado a más de 200 años de cárcel por diversos crímenes cometidos mientras lideraba la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta que luego derivó en la CNI.

El documento también expresó que a los ex asesores se les comunicó la resolución el pasado 17 de enero. "Respecto del señor Italo Seccatore Gómez, ex DINA, y Pedro Fernández Neira, ex CNI, se informa de que prestaron servicios en la Subsecretaría de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2010", agregó el comunicado.

La decisión de despedir a los ex asesores cumple con lo exigido por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que habían solicitado alejar de la cartera a cualquier persona que haya sido vinculada a la dictadura.

En Chile, donde unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un número menor de represores cumplen condena efectiva.

De los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.

Comienzan las investigaciones para determinar la causa de la muerte de Salvador Allende

Un equipo de expertos del Servicio Médico Legal (SML) de Chile ha dado comienzo este lunes a la primera etapa de las investigaciones para determinar la causa de la muerte del ex presidente Salvador Allende (1970-1973), ocurrida el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado del Dictador Augusto Pinochet.

La justicia chilena ordenó la semana pasada investigar por primera vez el fallecimiento de Allende. El ministro Mario Carroza será el encargado de coordinar este proceso histórico que ha vuelto a despertar una gran polémica en Chile.

Una autopsia determinó que se suicidó dentro del Palacio de gobierno en Santiago, pero varios sectores políticos rechazan esta tesis alegando que su muerte pudo haber sido resultado de acciones militares.

La investigación ha sido ordenada después de que la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentara 726 querellas por casos de violación de los Derechos Humanos registrados durante la dictadura de Pinochet, entre ellos la muerte de Allende.

El proceso se ha iniciado con el análisis de la autopsia realizada a Allende, según ha informado el director del SML, Patricio Bustos. El equipo está conformado por dos tanatólogos, un antropólogo y un odontólogo.

"Ellos harán esa revisión y de acuerdo con lo que se encuentre irán solicitando una eventual intervención y apoyo de peritos de otras disciplinas del Servicio Médico Legal para satisfacer lo que requiere el ministro Carroza", ha explicado.

Bustos ha aclarado que será Carroza quien determine "una eventual exhumación" del mandatario derrocado, así como "las coordinaciones con otros equipos e instancias que trabajan también por la justicia, de tal modo de que quede satisfecho con lo que se pueda lograr en el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos lamentables hechos".

El director del SML ha reconocido que esta investigación "tiene ribetes históricos, éticos y que tienen que ver con la conciencia" de Chile, por tanto, considera que "no es excepcional" se solicite analizar la autopsia.

El equipo estará liderado por la experta tanatóloga colombiana Marcela Jiménez, quien se encuentra en Chile desde 2006 para participar en la reestructuración del SML, después de que se detectaran errores en la identificación de los fallecidos en un centro clandestino. 

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No exhumarán los restos de Salvador Allende

El Director del Servicio Médico Legal de Chile Patricio Bustos, afirmó que por el momento no está contemplado exhumar los restos del ex presidente para aclarar las razones de su muerte.

"Se nos solicitó por parte del magistrado (Mario Carroza) hacer una revisión de lo que ya se hizo después de tanto tiempo, de la documentación existente, pero no del cuerpo por ahora",  afirmó el director del Servicio Médico Legal chileno Patricio Bustos, según la agencia italiana de noticias Ansa.

"No se tiene considerado hacer una exhumación a menos que el magistrado considere hacerlo, como ocurrió en el caso de José Tohá otra víctima de la dictadura. Pero esa es una decisión que pasa por el ministro y no por nosotros", agregó.
El médico afirmó que a partir del lunes tres médicos especialistas en medicina forense se encargarán de revisar el protocolo de la autopsia del ex presidente Salvador Allende. Si bien Bustos prefirió no poner plazos, declaró que se hará a la brevedad "con las mejores capacidades humanas y técnicas, además instrumentales". Y agregó "El magistrado nos pidió el protocolo de autopsia y además nos solicitó que revisemos de forma exhaustiva los procedimientos realizados en ese período y lo que eventualmente fuera necesario considerar como una pericia complementaria a lo que ya se hizo".

 

El ex presidente Salvador –allende murió el mismo día del Golpe de estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

Conflicto en Magallanes: el centralismo en apuros

La reciente crisis del gas, que movilizó a la región de Magallanes, concitando una amplia y extendida simpatía ciudadana en todo el país, deja en evidencia una vez más la frágil relación entre el aparato del Estado (expresado en el gobierno central) y las regiones. 

Más allá del porcentaje del alza gasífero o la cantidad de subsidios que se otorgaron, la raíz del conflicto está instalada en la sensación de abandono que existe en las regiones de parte del gobierno central. Esta sensación ambiente, que cala hondo en el Chile profundo, tiene una dimensión política que impacta materialmente, y a la vez permea la subjetividad de los espacios regionales/locales. 

Ello sumado a la convicción existente en regiones, de que no se es partícipe en la toma de decisiones que afectan directamente en la calidad de vida de las personas y al hecho que las regiones deben estar permanentemente mendigando migajas, para tener mejorías en infraestructura y servicios públicos, lleva a los ciudadanos de regiones, a tomar distancia de los designios de la capital. 

Se agrega, que los recursos son siempre escasos cuando se trata de gastar fuera de Santiago. A modo de ejemplo, el subsidio que el Estado otorga para cubrir el déficit del Transantiago, ha ido progresivamente aumentando desde el 2007. El gasto acumulado, para encarar el fracaso de esta política pública en el área de transporte, supera largamente los requerimientos de la población magallánica en materia gasífera. 

La rebelión de Magallanes no es un hecho aislado. La crítica al centralismo se ha hecho muy patente también en la zona afectada por el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Lo lento de la reconstrucción, producto de la burocracia central y de la falta de dispositivos a nivel local para resolver materias urgentes, empujan dicha crítica. Antes el extremo norte demandaba mayor atención; hoy los puertos de la Región de Valparaíso, reclaman una ley específica. El Plan Arauco, también duerme el sueño de los justos. 

En fin, se nos ha hecho creer históricamente que el centralismo es una fatalidad inevitable. Se le ha naturalizado como el único orden posible. Mayor ingerencia o deliberación de las regiones respecto a su propio futuro, no está en la agenda política inmediata. Las banderas de la participación y la descentralización, como base de un Estado democrático, han sido permanentemente desplazadas por ingenierías electorales, que la reducen al plano de periódicas elecciones, tras las cuales vuelven al archivo donde habita el olvido. 

Sin ir más lejos, producto del último cambio de gabinete, dos circunscripciones y un distrito, tendrán que acoger a parlamentarios designados por las directivas partidistas. Este ejercicio (legal, pero no legítimo), agudiza el problema.
El centralismo, no es una fatalidad, sino una construcción histórica. Promover otro orden, otra forma de relación entre el gobierno central y las regiones, por tanto es otra forma de construir Estado. Para ello se requiere la configuración de una ciudadanía activa y protagónica. Para eso se requieren un, dos, tres Magallanes.

El Gobierno chileno congela la renovación de concesiones de radio de filial del grupo español Prisa

Santiago de Chile, 28 ene Rv.- El Gobierno chileno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, decidió hoy congelar la renovación de 37 concesiones de Iberoamericana Radio, propiedad del grupo español Prisa, para verificar si cumple el principio de reciprocidad para la inversión extranjera, informó esa institución.

 

La Ley de Prensa, en su artículo noveno, establece que las concesiones de radio solicitadas por compañías con más de un diez por ciento de capital extranjero "sólo podrán otorgarse si se acredita, previamente, que en su país de origen se otorga a los chilenos derechos y obligaciones similares" que en este país.

El proceso de renovación de las concesiones por 25 años más permanecerá congelado hasta que ese departamento (Subtel) concluya un procedimiento de fiscalización que ha instruido para verificar si el consorcio Iberoamericana Radio cumple ese principio.

La investigación incluirá las 212 concesiones de radiodifusión que desde 2008 posee Iberoamericana Radio, y que en conjunto conforman once cadenas radiales de cobertura nacional, y no solo las 37 que hoy están en proceso de renovación.

La Subtel precisa que al ordenar esta instrucción no "prejuzga" el caso, sino que busca establecer si han ocurrido nuevas circunstancias que justifiquen revertir su resolución de 2008, cuando constató que el consorcio sí cumplía ese artículo.

"En Chile todas las empresas vinculadas al mundo de la radiodifusión deben cumplir estrictamente la legislación vigente y vamos a cautelar que ello se cumpla con rigor técnico legal", señaló el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, en un comunicado.

En tanto, el director de Operaciones de Iberoamericana Radio, Ricardo Berdicheski, se mostró "muy tranquilo, porque la Subtel ya hizo un proceso de fiscalización en 2008", y dijo que también está "seguro" de que volverá a concluir que el consorcio cumple con la normativa.

"No ha habido ningún hecho que implique que la Subtel tenga que cambiar su decisión", declaró a Efe.
El pasado 24 de noviembre la Asociación de Radiodifusores de Chile, la Asociación de Radios Comunitarias y seis conocidas emisoras del país presentaron ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un recurso de reclamación por el supuesto incumplimiento de ese principio.

Además, el pasado 21 de enero la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo, promovido por el diputado oficialista René Manuel García, en el que "expresa su preocupación" por la aplicación de esa cláusula de reciprocidad.

"La legislación española limita a un máximo de 25 por ciento la propiedad de extranjeros en sociedades radiodifusoras e impone restricciones a la cantidad de estaciones y de porcentajes de rating que puede concentrar un mismo operador", señala ese proyecto.

El diputado García opinó que si se renuevan esas 37 concesiones "se vulneraría gravemente la Ley de Prensa, así como dictámenes (contrarios) del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República".

En el documento, los parlamentarios piden la aplicación del principio de reciprocidad "resguardando el interés nacional, el respeto a las instituciones y particularmente el pluralismo radial".

Human Rights Watch pide "transparencia" en investigación de muerte de Allende

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a Chile que la investigación de la muerte del presidente Salvador Allende, decidida esta semana por la Justicia, se realice "con la mayor transparencia".

 

"Hay que actuar con la mayor transparencia, afirmó José Miguel Vivanco, encargado de HRW para Latinoamérica, en declaraciones a medios de prensa chilena.

"Hay que dar todas las facilidades a la Justicia, que se ha mostrado independiente y objetiva, para que llegue al fondo de la discusión y se establezca la verdad de lo que ahí ocurrió", subrayó Vivanco.

La investigación de la muerte de Salvador Allende, ocurrida durante el golpe militar que derrocó a su Gobierno, el 11 de septiembre de 1973, es una de 726 querellas presentadas el pasado miércoles por el Ministerio Público y está a cargo del juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se trata de casos de violaciones a los derechos humanos que nunca han sido objeto de alguna acción judicial y en el de Allende, específicamente, se deberá dilucidar si se quitó la vida, como señala la versión más aceptada desde entonces o si murió por acción de terceros.

José Miguel Vivanco

José Miguel Vivanco opinó que las dudas sobre la muerte del político socialista que gobernó Chile entre 1970 y 1973 se deben al entorno en que ocurrió, "en pleno bombardeo de La Moneda (casa de Gobierno), y pudiera haber evidencia que demuestre una tesis distinta (a la del suicidio)".

Agregó que todos estos temas son muy traumáticos para la familia Allende, para los chilenos y para los partidarios de quien fuera el líder de la Unidad Popular.

El juez Carroza ordenó este viernes las primeras diligencias relacionadas con la investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá recopilar "los antecedentes que sean necesarios", según dijo a los periodistas el magistrado.

También pidió al Servicio Médico Legal (SML) los informes sobre la autopsia realizada al gobernante socialista y dijo que tras conocerlos se comunicará con especialistas, para ver qué conclusiones se pueden extraer.

Además solicitará a la Iglesia católica los antecedentes que pueda haber recopilado la Vicaría de la Solidaridad, organismo que se dedicó a ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

Asimismo, revisará las declaraciones que ha recibido el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, que tiene a su cargo el juicio por los colaboradores de Allende que desaparecieron tras ser detenidos en La Moneda el día del golpe.

Carroza indicó que tras la recopilación de los datos, que podrían dar lugar a nuevas diligencias, comenzarían los interrogatorios a testigos.

En Chile, la decisión judicial ha reabierto el debate sobre los últimos momentos de Allende, entre quienes aceptan la versión de que se inmoló y quienes se aferran a la tesis del homicidio.

Bachelet pone en marcha ONU Mujeres para que sea la voz global de la igualdad

La secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, aseguró hoy que la nueva agencia de Naciones Unidas será ambiciosa en su objetivo de ser la voz global en favor de la igualdad de género, pero práctica en la manera de alcanzarlo.

  

"Seremos audaces y ambiciosos, pero también prácticos en la construcción de una organización que pueda cambiar de manera duradera la vida de las mujeres", explicó Bachelet en una conferencia de prensa, en la que expuso sus planes para poner en marcha la institución, cuya creación fue aprobada el año pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La expresidenta chilena señaló que la nueva agencia, que oficialmente ha iniciado sus trabajos con la entrada de 2011, representa una "oportunidad histórica" para avanzar en la agenda global de la mujer tras años de retraso en ese terreno.

ONU Mujeres integra por primera vez en una única entidad a organismos especializados como el Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer (Unifem), la División de la ONU para el Avance de la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (Instraw), así como de la Oficina del Asesor Especial en Asuntos de Género (Osagi).

Bachelet ya ha presentado a los países que conforman la junta ejecutiva de ONU Mujeres el programa de trabajo que guiará sus esfuerzos por los próximos cien días, así como las cinco prioridades en las que se concentrará su labor.

Esas prioridades son ampliar la presencia de la mujer en posiciones de liderazgo, tanto en la vida pública como en la empresa privada, poner fin a la violencia machista, dar más peso a la mujer y a sus derechos en los procesos de pacificación de conflictos, particularmente en asuntos como la violencia sexual.

La nueva agencia también tratará de ampliar la independencia económica a la mujer, incrementando su participación en la vida laboral y garantizando el respeto de sus derechos en el ámbito económico, así como lograr que la igualdad de géneros sea un factor de peso en la elaboración de presupuestos, planes de desarrollo o estrategias para combatir la pobreza.




Bachelet explicó que la agencia que encabeza se ha planteado estas prioridades tras analizar la situación y las necesidades de la mujer en el mundo, particularmente en cuanto a su plena integración en todos los ámbitos de la vida.


Bachelet explicó que la agencia que encabeza se ha planteado estas prioridades tras analizar la situación y las necesidades de la mujer en el mundo, particularmente en cuanto a su plena integración en todos los ámbitos de la vida.


Para alcanzar sus objetivos, Bachelet se mostró partidaria de colaborar con cada país en la elaboración de programas, mecanismos y actuaciones que se ajusten a sus realidades particulares.




En esa línea, mencionó el uso de las cuotas para incrementar la presencia de la mujer en la vida política y recordó que este mecanismo ha ayudado a que en países como Nepal las parlamentarias pasen de ser el 2% al 33% del total.


En esa línea, anunció que una de las primeras acciones de la agencia será entregar 60 millones de dólares en subvenciones a Gobiernos y ONG para financiar programas de promoción política y laboral de la mujer.


En esa línea, anunció que una de las primeras acciones de la agencia será entregar 60 millones de dólares en subvenciones a Gobiernos y ONG para financiar programas de promoción política y laboral de la mujer.
En cuanto a la defensa de los derechos de la mujer en países donde se vulneran de una manera flagrante, Bachelet declinó precisar si se decantará por la llamada "diplomacia silenciosa" o actuará como voz de denuncia de este tipo de prácticas.


"La experiencia me ha demostrado que si quieres logros, tienes que ir por fases. Tratar de ver qué se puede hacer y, si no funciona, denunciar. Se pueden mezclar", apuntó.


Bachelet prevé asistir a la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC) que se celebrará en Egipto el próximo marzo para hablar con los mandatarios presentes y sus primeras damas sobre el trabajo de la nueva agencia.


En el plano financiero, señaló que la Asamblea General le asignó el objetivo de recaudar 500 millones de dólares antes del 2013 para financiar su puesta en marcha, lo que será "difícil" en el actual contexto económico internacional.


Aunque espera que la mayor parte provenga de contribuciones de Estados miembros de la ONU, también buscará el respaldo financiero de la empresa privada.

Unidad en la diversidad "Chile sería otro Chile"

“Estamos en el proceso de creación de un movimiento político, social y cultural que exprese la diversidad del pensamiento de izquierda, sus distintas aproximaciones y la capacidad de ellas de convivir en una misma fuerza”, dijo Jorge Arrate el sábado 22 de enero al inaugurar la Asamblea denominada “Chile sería otro Chile con una Izquierda política, social y cultural protagónica”. La reunión, que se extendió por casi cinco horas, contó con la participación de unas 200 personas, la gran mayoría representantes de movimientos políticos, sociales y culturales de izquierda de Santiago y regiones. 

 

El principal objetivo de la asamblea ha sido colocar las bases de lo que será un nuevo referente para la izquierda nacional, el que ha comenzado a esbozarse con unas primeras líneas programáticas, su constitución, su estructura, orgánica y su más próximo itinerario. 

La Asamblea, convocada por numerosos grupos, referentes y personalidades de la izquierda chilena, contó con la adhesión de la Izquierda Cristiana, Por Más Izquierda, Nueva Izquierda, Partido del Socialismo Allendista, Asamblea Democrática, ASA y el diputado ex socialista Sergio Aguiló, junto a numerosos independientes y dirigentes sociales. Todos ellos han manifestado su compromiso de formar parte de un nuevo referente político que aglutine diversas expresiones y sensibilidades de la izquierda chilena.  


Entre las numerosas ideas y propuestas, el ex candidato presidencial Jorge Arrate, de Por Más izquierda, planteó generar un modo de convivir en un movimiento en el que legítimamente subsistan identidades políticas ya constituidas. “Tenemos que entender que en esta fuerza tienen que haber identidades específicas. Pero no sólo político partidistas, también identidades sociales. Muchos de ellos han hecho de la lucha social una militancia y por lo tanto también tiene que estar reconocida en esta fuerza”. 

Como ideas y líneas de acción, dijo que “esta fuerza que invitamos a conformar rechaza las alternativas neoliberales y su marco institucional, que fue dado por la dictadura. Somos partidarios de una nueva constitución, participativa, democrática, que surja de una Asamblea Constituyente”.  

Tras las declaraciones de apertura de Arrate, participaron Víctor Osorio, presidente de la Izquierda Cristiana (IC), Carla Moscoso, de Nueva izquierda, Manuel Cabieses, de por Más Izquierda, la periodista Paulina Acevedo, el antropólogo Rodrigo Ruíz, Gonzalo Taborga, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Moya, Socialista Allendista, la antropóloga Marcela Díaz, Gonzalo Rovira, de la Asamblea Democrática, Jonathan Serracino, dirigente universitario de Nueva Izquierda, Tatiana Hernández, feminista, Luis Sierra, socialista allendista, Eduardo Giessen, dirigente ecologista, José Aravena, de Urracas de Emaús y la fotógrafa Kena Lorenzini. 

La Asamblea ha concordado en la necesidad de emprender un proceso generoso de encuentro, que permita la construcción de una Nueva Fuerza Política de Izquierda que rechace las alternativas neoliberales, que priorice una plataforma popular que recoja las demandas de la sociedad en la perspectiva de profundos cambios y transformaciones sociales, y que contribuya a la unidad de la izquierda chilena.
Con este propósito, ha resuelto conformar un Equipo Coordinador por una Nueva Fuerza de Izquierda, que será encabezado por el compañero Jorge Arrate, y que expresa la diversidad amplia de la convocatoria realizada. 

Este Equipo Coordinador asumirá el desafío de promover el proceso de constitución de la Fuerza Política en el país, generando los espacios de diálogo e intercambio de todas y todos los que asuman este desafío para definir en forma democrática su organización, su estrategia y sus proposiciones mediante una Asamblea Nacional Fundacional que se concretará en el corto plazo. 

Esta Nueva Fuerza Política se constituye para imaginar y crear otro Chile. Por tanto, se constituye para ejercer la legítima oposición democrática al Gobierno de Sebastián Piñera y su propósito de profundizar el neoliberalismo; se constituye comprometida con las demandas de la ciudadanía, con su organización y movilización. Además, nace para construir una nueva propuesta de país que permita un Chile más igualitario, libertario, respetuoso del medio ambiente y democrático con sus ciudadanas y ciudadanos. 

Víctor Osorio, presidente de IC, dijo que “esta izquierda que queremos construir debe tener un carácter democrático, necesitamos que aquí se expresen los movimientos sociales, ciudadanía, se exprese pueblo. Este no es un experimento de carácter cupular, este movimiento está comprometido con una concepción comunitaria de la política”. 

Para el director de Punto Final, Manuel Cabieses, “de esta reunión deberán salir hechos concretos, grupos de trabajo, que preparen el camino para una asamblea mayor, constituyente de este instrumento de trabajo político, social y cultural. Hay una coincidencia de un sector importante de la izquierda chilena, fragmentada, dividida, golpeada, de levantar la cabeza. Hay condiciones nacionales, regionales e internacionales que hacen favorable, posible y necesario que en Chile también vuelva a existir una izquierda potente, imaginativa, audaz. Ya no es solo una necesidad local de avanzar hacia formas superiores de la organización política y social. Es hoy una necesidad de existencia de la humanidad misma”. 

Gonzalo Taborga, Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentó una propuesta para desarrollar doctrinas y programas sobre la base de los derechos y libertades ya establecidos en el sistema internacional. Debemos, dijo, exigir derechamente los valores y principios que ya son indiscutidos y tienen una fuerza vinculante por sobre el propio Estado. “Tenemos que recordar que está establecido en los acuerdos básicos que por escrito conforma la declaración universal de los derechos humanos. Nuestra aspiración como pueblo debe ser el establecimiento de un estado de derecho basado en los derechos humanos”. 

Carlos Moya, del Partido Socialista Allendista, reforzó las ideas de colaboración y unión dentro de las diferencias. “Para nosotros este proceso de unidad significa la construcción de una casa común, la que se construye sobre la base de la cultura de acogida. Todos llegamos de distintas partes y todos traen a la casa común lo que tienen. Una casa común se construye para unirnos en la diversidad. Estamos aquí para proponer un nuevo proyecto de país. Una proyecto que se construye por las ansias de la emancipación”.
Blog de Rodolfo Varela