"Hay que actuar con la mayor transparencia, afirmó José Miguel Vivanco, encargado de HRW para Latinoamérica, en declaraciones a medios de prensa chilena.
"Hay que dar todas las facilidades a la Justicia, que se ha mostrado independiente y objetiva, para que llegue al fondo de la discusión y se establezca la verdad de lo que ahí ocurrió", subrayó Vivanco.
La investigación de la muerte de Salvador Allende, ocurrida durante el golpe militar que derrocó a su Gobierno, el 11 de septiembre de 1973, es una de 726 querellas presentadas el pasado miércoles por el Ministerio Público y está a cargo del juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trata de casos de violaciones a los derechos humanos que nunca han sido objeto de alguna acción judicial y en el de Allende, específicamente, se deberá dilucidar si se quitó la vida, como señala la versión más aceptada desde entonces o si murió por acción de terceros.
José Miguel Vivanco
José Miguel Vivanco opinó que las dudas sobre la muerte del político socialista que gobernó Chile entre 1970 y 1973 se deben al entorno en que ocurrió, "en pleno bombardeo de La Moneda (casa de Gobierno), y pudiera haber evidencia que demuestre una tesis distinta (a la del suicidio)".Agregó que todos estos temas son muy traumáticos para la familia Allende, para los chilenos y para los partidarios de quien fuera el líder de la Unidad Popular.
El juez Carroza ordenó este viernes las primeras diligencias relacionadas con la investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá recopilar "los antecedentes que sean necesarios", según dijo a los periodistas el magistrado.
También pidió al Servicio Médico Legal (SML) los informes sobre la autopsia realizada al gobernante socialista y dijo que tras conocerlos se comunicará con especialistas, para ver qué conclusiones se pueden extraer.
Además solicitará a la Iglesia católica los antecedentes que pueda haber recopilado la Vicaría de la Solidaridad, organismo que se dedicó a ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).
Asimismo, revisará las declaraciones que ha recibido el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, que tiene a su cargo el juicio por los colaboradores de Allende que desaparecieron tras ser detenidos en La Moneda el día del golpe.
Carroza indicó que tras la recopilación de los datos, que podrían dar lugar a nuevas diligencias, comenzarían los interrogatorios a testigos.
En Chile, la decisión judicial ha reabierto el debate sobre los últimos momentos de Allende, entre quienes aceptan la versión de que se inmoló y quienes se aferran a la tesis del homicidio.
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