Bachelet presenta las cinco prioridades que guiarán la nueva ONU Mujeres

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, presentó hoy las cinco prioridades que guiarán la actuación de la nueva agencia de la organización internacional dedicada a combatir la discriminación y promover la igualdad de géneros.

 

La ex presidenta de Chile expuso sus planes en la primera reunión de la junta ejecutiva de la agencia especializada creada el año pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas y que aún se encuentra en la fase inicial de su puesta en marcha.

"Estoy determinada a convertir ONU Mujeres en un catalizador del cambio, ofreciendo nueva energía, aprovechando ideas y valores existentes y reuniendo a mujeres y hombres de diferentes países, sociedades y comunidades en una mismo esfuerzo", aseguró en su intervención Bachelet.

Explicó que el primero de los campos en los que la agencia centrará su atención es la ampliación de la presencia de la mujer en los puestos de liderazgo de la sociedad, tanto en el terreno público como en la empresa privada.

Además, se comprometió a redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia de género, con el impulso a nivel de cada país de mecanismos jurídicos y sociales que protejan a las víctimas de los agresores.

Como tercera prioridad mencionó la protección de la mujer y las niñas en las situaciones de conflicto, particularmente en donde son blanco de violencia sexual, así como el incremento de su participación en los procesos de negociación y consolidación de la paz en los países que emergen de un conflicto.

Bachelet también se comprometió a trabajar en la concesión de mayor independencia económica a la mujer, incrementando su participación en la vida laboral y garantizando el respeto de sus derechos en el ámbito económico.

Por último, se impuso como quinto objetivo incluir la igualdad de géneros en un factor de peso en la elaboración de presupuesto, planes de desarrollo o estrategias para combatir la pobreza.

"La visión de futuro de ONU Mujeres es un mundo en el que hombres y mujeres tienen oportunidades y capacidades iguales, en el que el principio de la igualdad de géneros permea las agendas de seguridad, paz y desarrollo", explicó la ex mandataria.

A su juicio, la nueva agencia debe colaborar con los países miembros de Naciones Unidas para que desarrollen políticas y legislación relacionada con la igualdad que les permitan alcanzar los objetivos internacionales en esta materia.
En ese sentido, la responsable de ONU Mujeres aseguró que será "ambiciosa" en sus objetivos, aunque resaltó que se debe equilibrar la ambición con el "sentido común" al tratar de alcanzarlos.

Bachelet también explicó que la agencia ha desarrollado un plan de actuación para los próximos cien días, con el que pretende poner en marcha sus operaciones tras meses de preparativos, y que será presentado mañana en la sede de Naciones Unidas.

Los países que tomaron la palabra en la reunión de hoy expresaron de manera unánime su respaldo a la nueva agencia y a su directora ejecutiva, aunque reconocieron el largo camino que queda por recorrer en el mundo real en la defensa de los derechos de la mujer.

"Los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para garantizar que la mujer ocupe el puesto que le pertenece en la sociedad son aún un sueño lejano", reconoció el embajador indio ante la ONU, Hardeep Singh Puri, quien aseguró que las expectativas que despierta este nuevo organismo son muy altas y deben responderse con "acciones".

De igual manera, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Susan Rice, pidió que ONU Mujeres se marque como objetivo poner fin a "la discriminación que impide a niñas y mujeres una participación plena en la sociedad". "No es sólo una cuestión de justicia y derechos, la igualdad es también un requisito para el desarrollo", observó.

Blog de Rodolfo Varela

Brasil, México y Chile, acaparan los flujos privados de capital en Latinoamérica

Brasil, México y Chile fueron los principales destinos de flujos privados de capital en Latinoamérica en 2010, región que recibió un total de 220.000 millones de dólares el año pasado, según datos del Instituto de las Finanzas Internacionales (IIF).

La cifra significa un aumento de los flujos de capital privado recibidos en la región de 76.000 millones de dólares, respecto a los 144.000 millones recibidos en 2009, y sitúa a Latinoamérica como la segunda región del mundo con mercados emergentes en flujos recibidos, tras Asia.

El IIF, la principal asociación bancaria del mundo y que cuenta con 420 miembros, registró como primer receptor a Brasil, con 122.000 millones de dólares; seguido por México, con 36.000 millones; y Chile, con 27.000 millones recibidos.

A continuación se encuentran Colombia, con 13.000 millones de dólares en flujos recibidos; Perú, con 8.000 millones; y Argentina, con 6.000 millones.

En los últimos lugares aparecen Venezuela, con 5.000 millones de dólares, y Ecuador, con 380 millones de dólares, quienes también vieron aumentar los flujos de capital privados hacia sus economías en 2010, a pesar de que el organismo de banqueros los considera como países de "alto riesgo" para las inversiones.

No obstante, el IIF señaló que estos flujos no sólo confirman las "buenas previsiones" de las economías de la región, para las que vaticina una tasa media del 6,1 por ciento en 2011.

Este incremento general supone también importantes "desafíos" de cara a las políticas económicas de los Gobiernos latinoamericanos porque auguran "presiones inflacionistas y sobre las divisas regionales" en el futuro próximo.

El economista jefe del IIF, Philip Suttle, señaló que si los países de la región "no dejan apreciarse ligeramente sus monedas, las presiones inflacionistas irán aumentando a lo largo del año".
Blog de Rodolfo Varela 

Piñera en su laberinto

El 17 de enero se cumplió un año de la victoria electoral -en segunda vuelta- del presidente Sebastián Piñera Echenique. El 51,6% que lo apoyó entonces ha descendido al 45% promedio, según revelan las últimas encuestas. Nubarrones imprevistos le aguaron la fiesta. La noche del primer aniversario de su triunfo -que celebró en el Círculo Español con funcionarios de su gobierno y dirigentes y parlamentarios de los dos partidos oficialistas-, el impresionante paro regional de Magallanes cumplía ya seis días. A esa misma hora el “rostro” de su gabinete, Laurence Golborne, prematuro candidato presidencial de la derecha -se sospecha que el juego palaciego lo ha metido en una máquina trituradora para despejar el terreno al verdadero delfín in pectore de Piñera, Andrés Allamand-, tuvo que ser rescatado por fuerzas especiales de Carabineros desde los estudios de una emisora, en Punta Arenas. El atribulado Golborne, ex gerente general de la cadena de supermercados Jumbo y hoy biministro de Minería y Energía, tuvo que tragar bilis y aguantar los insultos y objetos que le arrojaba la multitud indignada por el alza del precio del gas en Magallanes que el propio Golborne autorizó, como presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

 

El paro en la región de Magallanes, que afectó a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, obligó al gobierno a dialogar con la Asamblea Ciudadana Magallánica con el dedo en el gatillo de la Ley de Seguridad del Estado. La protesta en la zona austral demostró la rebeldía latente en vastos sectores ciudadanos contra las inhumanas políticas neoliberales que se vienen aplicando sin misericordia desde la dictadura militar. Este fue el factor de fondo que obligó al presidente a reajustar su gabinete. El mandatario dobló la página de la cacareada “nueva forma de gobernar” y echó mano a los procedimientos tradicionales y probados que ofrecen zorros de la política como los ex senadores Allamand y Evelyn Matthei, o los frutos artificiales de la publicidad, como Golborne. El reajuste ministerial -es de presumir que pronto habrá otros- lo desencadenó el ex democratacristiano Jaime Ravinet, que desde la cartera de Defensa hizo enrojecer de vergüenza al gobierno. Lo suyo partió con una pachotada sobre el costo de un puente mecano, que en realidad ocultaba un oscuro asunto de licitaciones y compras del ejército en que se adivina el perfil de las tradicionales comisiones que acompañan las adquisiciones castrenses. Ravinet extremó la maniobra distractiva sugiriendo que revelar el costo del puente -con un sobreprecio de dos millones de dólares- afectaría la seguridad nacional y provocaría tal disgusto al ejército, que éste se restaría de cooperar en catástrofes como el terremoto-maremoto del 27 de febrero de 2010. 

Pero no sólo fueron las estúpidas declaraciones de Ravinet las que desataron la tormenta que terminó con su salida del gabinete. Lo peor aún no asomaba en la fortaleza de la Contraloría General de la República. Y cuando lo hizo, sonó como un cañonazo. Se reveló que el general Cristián Le Dantec, jefe del estado mayor conjunto de las FF. AA. (designado en ese cargo por la presidenta Bachelet), andaba en trámites para que el Estado le comprara una residencia por valor de un millón de dólares. En un país donde miles de familias viven en mediaguas que cuestan 250 mil pesos, las aspiraciones de Le Dantec superaban a las de un príncipe saudita. La compra del palacete fue aprobada -según Le Dantec- por el ex ministro Ravinet y por el comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Después de las renuncias de Ravinet y Le Dantec, la situación de Fuente-Alba no puede ser más incómoda y comprometida, esperándose que siga el camino de los anteriores. 

Pero allí no terminaron los morterazos de la Contraloría. Otra investigación puso al descubierto un negocio de 9,5 millones de dólares con containers destinados a viviendas de fuerzas militares de un contingente chileno-argentino. En resumen, el affaire Ravinet-Le Dantec puso otra vez al ejército en el vergonzoso lugar al que lo llevó la desenfrenada codicia de Pinochet y sus generales. Y todo esto sucede bajo un gobierno de las mismas fuerzas políticas que apoyaron al dictador y ocultaron sus crímenes y latrocinios. De paso se dio a conocer que ex agentes de la CNI fueron contratados por el subsecretario de Defensa, general (r) Oscar Izurieta, ex comandante en jefe del ejército. Aunque éste recibió una crítica muy clara desde La Moneda, todavía se aferra con dientes y muelas a su cargo.
El presidente Piñera, que insiste en marcar diferencia con el pasado golpista de los pilares institucionales y políticos de su gobierno, reaccionó con rapidez ante estas situaciones y tomó las medidas a que obligaban los hechos, faltando sólo la renuncia del general Juan Miguel Fuente-Alba porque todo lo descubierto por la Contraloría no ocurre en el ejército sin que lo sepa su comandante en jefe.  

Pero el panorama es todavía más complejo para La Moneda.

En estos meses ha habido un notorio aumento de las movilizaciones sociales y un deterioro constante de la confianza ciudadana en el presidente de la República, a quien se acusa de no cumplir sus promesas de campaña. La expresión del reciente conflicto con los funcionarios públicos fue insólita en cuanto a su masividad, alcance, organización y voluntad de protesta. Pero la solución del conflicto fue literalmente “entregada” por la CUT con el aval del presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, generando un clima de frustración y cólera. Entretanto, la huelga de los mineros de Collahuasi fue un éxito, a pesar de las amenazas represivas. Hubo además otras movilizaciones importantes, como la de los trabajadores de la cadena de Farmacias Ahumada y de los maquinistas del Metro. Se mantienen las protestas en la zona de Caimanes, por la construcción de un tranque de relaves para la mina Pelambres del consorcio Luksic, y son habituales las protestas de vecinos, profesores y estudiantes y de los damnificados en la zona del terremoto. Las huelgas legales han aumentado, como asimismo el número de trabajadores involucrados. El incendio de la cárcel de San Miguel, con ochenta y un reclusos muertos, desnudó un drama pavoroso que afectó al gobierno aunque el hacinamiento carcelario sea de larga data.
Si bien la reorganización del gabinete no es un hecho fundamental, sí lo fueron las razones que la motivaron, en especial la protesta antineoliberal de Magallanes. Queda por ver si los nuevos ministros se ajustarán a las orientaciones de un presidente formado en la especulación financiera y refractario al trabajo en equipo.


Pero lo gravitante es otra cosa. El gobierno quiere avanzar con rapidez en la profundización del modelo y completar la tarea que dejó inconclusa la Concertación. Hay en marcha diversas privatizaciones. Codelco venderá Edelnor, principal productora de electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande, a menos que triunfe la resistencia de los trabajadores. Tanto la privatización de las sanitarias, ya vendidas en proporción mayoritaria por la Concertación, como la privatización de Enap, que se está estudiando, se podrían materializar sin pasar por el Congreso. Se ha anunciado por otra parte el posible traspaso de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) a inversionistas privados.
Entretanto, la reforma educacional en marcha, con apoyo de la oposición, reforzará el predominio de la educación privada en desmedro de la municipal, laica, igualitaria y gratuita. Y la utilización del bono Auge en las clínicas privadas por los usuarios de la salud pública que no puedan ser atendidos por ésta, significa el traspaso de una enorme masa de recursos fiscales al sector privado, en vez de ocuparlos en solucionar las carencias de los hospitales públicos.


El paro y movilizaciones de los habitantes de Magallanes se constituyen, entonces, en un hecho de primera importancia social y política. A pesar de las amenazas de represión mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado, decenas de miles de personas de todos los sectores políticos y sociales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, protestaron durante siete días en defensa de sus derechos. La protesta magallánica es producto de la cohesión de variados actores y movimientos sociales, agrupados en torno a reivindicaciones justas. Se ha luchado contra el alza del gas y contra el centralismo, por la defensa de Magallanes y de Enap, por el respeto a la opinión ciudadana y contra la politiquería. Regionalismo y transversalidad aparecen como características novedosas de este movimiento que merecen ser consideradas con atención. Sobre todo por quienes aspiran a construir una auténtica alternativa de Izquierda, independiente de la Concertación y de cualquier otro sector que sirva de comparsa al neoliberalismo.
 
  Fuente :“Punto Final”

Chile : Piñera: la caída

1. La política es relaciones de fuerza e intereses de clase. Fuerza e intereses. Condensación de la economía, consenso y fuerza. La decisión del gobierno piñerista de imponer la Ley de Seguridad Interior del Estado –creada el segundo año de la dictadura militar (1975)- en la Región de Magallanes debido a la “guerra del gas” puede ser la mejor manera de intentar apagar el fuego con combustible. Bachelet amenazó con aplicarla en su administración. Lo que sí hizo fue emplear la tiránica Ley Antiterrorista contra los luchadores mapuche.

La Ley de Seguridad Interior del Estado, parte sustantiva de la Doctrina de Seguridad Nacional o empleo de las fuerzas armadas y carabineros ya no contra un enemigo externo sino contra los trabajadores y el pueblo en movimiento y lucha, en su letra d) artículo 6 resume el contenido de su concreción contra “los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público o semejantes”. El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, después de que juraran los nuevos ministros en el marco de la peor crisis del gobierno de la derecha tradicional, cuando todavía no cumple un año. Al mismo tiempo, los representantes regionales de la Confederación de la Producción y el Comercio (gremio patronal), abandonaron la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Es decir, luego de 6 días de paro general contra el alza de casi un 17% del precio del gas para la población de la región más austral del mundo, la Asamblea, como resulta histórico, al no cejar en su demanda, pierde transversalidad de clase, y se convierte en puro pueblo trabajador más algunos políticos muy oportunos que allí tienen su clientela. Todo en un día, en un solo acto. Se impone la Ley de Seguridad Interior del Estado mientras los empresarios ceden rápidamente a una propuesta absolutamente insuficiente para el pueblo trabajador del territorio extremo. El obispo de Magallanes dijo que es “lamentable la decisión del gobierno. Sorprende y será perjudicial para la gente de Magallanes”. Y se está hablando del sacerdote encomendado para dialogar entre las partes en pugna. 


El 16 de enero la Central de Trabajadores de la provincia de Magallanes escribió al ministro del Interior, Hinzpeter, que “ Tiene usted razón, en el resto del país se paga hasta 8 veces más por el m3 de gas……..pero cuente la historia completa, el gas residual que consume la zona central, es un gas IMPORTADO, conocido como Gas Natural Licuado (GNL), el cual debió pasar por un proceso de licuefacción, para pasarlo de su estado gaseoso a líquido y, así poder ser transportado en buques. Una vez recibido debe ser reprocesado para devolverlo a su estado gaseoso en una PLANTA construida hace poco tiempo por ENAP e inyectarlo en las líneas matrices de distribución, por lo tanto, ESE GAS CUESTA 10 VECES MÁS que el que nosotros producimos en NUESTRA REGIÓN. Así que no somos una región pobre…aahhhh, eso es, estos infelices supuestamente tiene plata, así que quitémoselas, no podemos aceptar que existan trabajadores que vivan bien, ¿verdad? ¿Por qué la empresa productora de metanol (la transnacional Methanex) paga menos que nosotros por el m3? POR QUÉ EL ESTADO LA SUBSIDIA. ¿Dónde quedan ahí los valores de mercado? Auméntenle el precio a $ 100/m3 o ciérrenles la llave y tenemos gas para rato”. 

Por otra parte, la Coordinadora Sindical Minera, Metalúrgica y de la Energía, que agrupa a más de 100 mil trabajadores de empresas como CODELCO, ENAP y de la minería Privada, señalaron el 17 de enero que no descartan que sus organizaciones se unan a la paralización anunciada por trabajadores del petróleo, sino se logra llegar a una solución al conflicto en Magallanes. 

Al ser una zona muy aislada y que sufre todo el año las inclemencias polares, el costo de la vida es el más caro del país. Un kilo de tomates vale lo mismo que una caja de tomates en el resto de Chile. El territorio es inhóspito, salvo en las ciudades y pueblos, donde habitan 160 mil personas en total, en una zona continental que tiene una superficie de 132.033,5 km² donde vive casi la totalidad de la población . Los trabajadores tienen demandas y proponen soluciones. Pero el capital ordena con implacablemente sus privilegios. El choque entre las relaciones de producción, su apropiación privada versus su carácter social ampliado, dice con claridad de mediodía que sobran los capitalistas. El tema entonces, es un asunto de fuerzas y del tipo de conducción del movimiento social. Lo cierto, preliminarmente, es que ha comenzado a detenerse por fin el reflujo del movimiento popular y, por otra parte y más coyunturalmente, se ha iniciado la caída de Piñera. Ello, sin embargo, no significa un proceso pre revolucionario, una huelga general en todo el país, una eventual insurrección generalizada, las condiciones para el derrumbe del imperio de la minoría hegemónica y financiera y los grandes propietarios, y la victoria de los intereses históricos de los trabajadores y el pueblo. Pero aunque terminara en los próximos días en una mesa de negociación el paro magallánico, incluso no obteniendo todas las reivindicaciones, ya empieza la recomposición, ora veloz, ora más lenta, pero indeclinable del pueblo como sujeto que levanta cabeza luego de largos años de letanía y mala siesta. 


2. Producto del paro general en Magallanes y aprovechando el retiro del ministro de Defensa (Ravinet, único ex concertacionista en una cartera de la derecha tradicional), Sebastián Piñera realizó una vuelta de tuerca en su gabinete, colocando a uno de los ideólogos principales de Renovación Nacional en Defensa, Andrés Allamand, para que “modernice las FFAA” y atemorice o disuada al gobierno peruano en sus reivindicaciones (Chile después de Colombia, es el que más gasta en el área militar de América Latina); a la ultraderechista Evelyn Matthei (hija del último general del aire durante la dictadura, Fernando Matthei) en el Ministerio del Trabajo (!); al más popular ministro, según las encuestas, Lawrence Golborne, en Energía y Minería para enfrentar la crisis magallánica; y al tecnócrata Pedro Errázuriz en Transportes con el fin de que corrija el ineficiente, conflictivo e impopular sistema del Transantiago. 

¿Qué ha ocurrido? Que finalmente, ante la irrupción actual y eventual de los sectores populares, Piñera clausuró su proyecto de gobierno empresarial con mando único (él mismo), “abrió el abanico”, colocando en vitrina a su ex archirival, la UDI Evelyn Matthei en una de las carteras que se avizoran como más conflictivas y duras durante el presente año ante un código laboral inútil para los trabajadores y la generalización del mal trabajo y peor salario, entre otras maldiciones reales y legales. Por otra, Allamand es uno de los políticos que siempre le ha hecho sombra en el sector al actual presidente. ¿Se le considerará entrar al ruedo de los posibles candidatos presidenciales junto con el bi ministro Golborne? ¿Y Matthei opacará la figura del pre candidato de la UDI para el 2013, el ministro de Educación, Joaquín Lavín? ¿O Piñera busca democratizar las responsabilidades políticas ante un eventual desastre electoral? En la mirada corta, el sello tecno-empresarial del Ejecutivo desaparece y es reemplazado por políticos profesionales de la derecha tradicional. Se acabó su sueño megalómano. Como se viene la temporada dura por abajo, Piñera procura blindar al gobierno con monstruos a los que no les tiembla la mano. Asimismo, el presidente pretende colectivizar las decisiones políticas a costa de su “estilo” original, “don” de gerente solitario y de su propio protagonismo. De paso, se libra de los ataques al interior de la Coalición por el Cambio. En este caso, en tanto cede, pierde y cae. 


3. Resulta altamente probable que el paro general de Magallanes y el movimiento social que amanece sean capitalizados por Bachelet en las próximas elecciones presidenciales. Si pudiera tomarse una instantánea de lo que ocurre y se le agregara la variable elecciones, la Coalición por el Cambio simplemente, pierde. Y Bachelet, al igual que en el caso de Piñera, no gana, sino que su contrincante pierde. 

¿Qué ocurre con el archipiélago de fuerzas anticapitalistas y de la propia organización de los trabajadores? En la instantánea sólo les quedaría poner el cuerpo, para variar, mientras otros o los mismos, se quedan con el Ejecutivo. Qué decir del Parlamento. No obstante, si se echa a correr la película, más allá de la pura fotografía, resta paño que cortar. 


Por abajo, ya existe una coordinadora que reúne a dirigentes de sectores ligados al cobre, la metalurgia, la energía. Está dando sus primeros pasos. Asimismo y en paralelo, otra reunión se prepara en otras áreas de la economía como los portuarios, bancarios, el Transantiago, servicios, para muy pronto. En algún momento no lejano deben, por estatura histórica y a pesar de sus rencillas minúsculas a ojos del pueblo, reunirse, confundirse, pensarse, crear el nuevo instrumento de lucha de los trabajadores de acuerdo a las nuevas coordenadas determinadas por la presente organización del trabajo. La CUT de Arturo Martínez, tal cual está, es parte del problema del pueblo trabajador y no de la solución. Ya existen las condiciones para su superación. Aquí la voluntad unitaria, la inteligencia y la audacia juegan un rol nuclear. Los modos del sindicalismo chileno deben adecuarse a un renovado ciclo de luchas, con otros personajes, que los que están o se marchan demasiado lento, no son útiles para este tránsito. Ya hicieron lo que pudieron, en el caso mejor. Pero las cosas han cambiado por arriba y por abajo. 

¿Qué debe hacer el anticapitalismo en territorio chileno ante el nuevo escenario? Desde noviembre de 2010 algunas agrupaciones político-sociales reunidas en el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores resolvieron la táctica de colaborar con la construcción de las condiciones para el paro general. Sus tareas son básicamente dos: apoyar y facilitar la articulación de la unidad de los trabajadores y los pueblos, y constituirse en una poderosa herramienta de propaganda (en su sentido más amplio y fuerte) al respecto. Ningún grupo político-social que se proponga estratégicamente la creación futura de una sociedad no capitalista es actualmente un “partido en forma”. Son más bien, núcleos de la nueva conducción política que debe resultar del propio movimiento social y la lucha de clases. Como desde hace tanto y tanto, la contradicción esencial no es Coalición por el Cambio versus Concertación, ambos rostros matizados de un mismo proyecto de la clase en el poder, sino barbarie capitalista o socialismo. Pero quedan muchos tramos todavía para formar la alternativa política que represente los intereses y las fuerzas sociales del pueblo trabajador. La crisis que comenzó con Piñera y que continuará, es una amenaza y una oportunidad. Y sólo quedan tres años para las próximas elecciones en un país donde la máquina del olvido tiene poderes psico-mágicos. La caída de Piñera ha sido más rápida de lo esperado. Resultaría una nueva desgracia y tiempo perdido, luchar y hasta ofrendar vidas como recientemente en Magallanes para que volvieran los que estaban, como si ellos no tuvieran nada que ver con la mala vida de las grandes mayorías, las privatizaciones y las pérdidas de los derechos sociales elementales. Querrán lavarse la cara, aventurar nuevos actores que, en definitiva, representan los mismos intereses de la minoría. No resultaría extraño que el Pentágono prefiriera a una Concertación con un PC descafeinado en su interior, pero capaz de amortiguar más efectivamente los conflictos sociales que la derecha tradicional, sin tocar la tendencia del imperialismo del capital financiero de profundizar un Chile cada vez más dependiente en todo ámbito, con una minoría transnacionalizada cada vez más concentrada, y la desigualdad de espanto que sufren los de abajo. Son tres años y Piñera no es el único problema. Sólo tres años. 
 

Blog de Rodolfo Varela

Fuente : Rebelión

Rebelión

Cámara expresa preocupación por falta de reciprocidad en concesiones radiales

Con 43 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a un Proyecto de Acuerdo que expresa su preocupación por la aplicación de la cláusula de reciprocidad contemplada en la Ley de Prensa en momentos que el Consorcio Radial Iberoamericana Radio Chile, de capitales españoles, está solicitando la renovación de 37 concesiones de radiodifusión en nuestro país. 

 

El Proyecto de Acuerdo 267 fue promovido por el diputado René Manuel García (RN), quien recordó que el Consorcio Radial Iberoamericana Radio Chile, propiedad del grupo español PRISA, está solicitando la renovación de 37 concesiones de radiodifusión sonora, de las 212 concesiones que ya posee en Chile y que en conjunto conforman 11 cadenas radiales de cobertura nacional.

Hizo referencia además que la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) radios comunitarias y algunas emisoras han interpuesto recursos de reclamación ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para exigir el cumplimiento de la legislación vigente.

Tales recursos invocan la aplicación de la llamada Ley de Prensa (19.733), que en el artículo 9° establece que las concesiones radiales solicitadas por personas jurídicas con participación de capital extranjero superior al 10% sólo se concederán tras acreditarse que en el país de origen se otorgan a los solicitantes chilenos las mismas condiciones, produciéndose la caducidad de la concesión en caso de no ser así.

Sin embargo, la legislación española limita a un máximo de 25% la propiedad de extranjeros en sociedades radiodifusoras e impone restricciones a la cantidad de estaciones y de porcentajes de rating que puede concentrar un mismo operador.

El diputado García precisó que si se renuevan las 37 concesiones por 25 años al Grupo PRISA se vulneraría gravemente la Ley de Prensa, así como dictámenes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República.

El Proyecto de Acuerdo 267 expresa la preocupación de la Cámara por esta situación y pide la plena aplicación de la Ley 19.733 en lo concerniente al principio de reciprocidad, resguardando el interés nacional, el respeto a nuestras instituciones y particularmente el pluralismo radial.

Fuente:Blog de Rodolfo Varela

Magallanes: el poder de la Asamblea de la Ciudadanía

Mientras el resto de Chile inicia su siesta de verano, el pueblo de Magallanes nos recuerda que su representación, en ausencia de autoridades, [o vacío de poder], está presente en la Asamblea de la Ciudadanía. Es ahí donde hoy se discute el alza del gas y es la instancia frente a la cual deberán explicarse las autoridades.

Desde luego el gobierno de Piñera no lo entiende así. Posición entendible si se considera que el poder actual de las autoridades emana de textos antidemocráticos como la Constitución de Pinochet/Lagos [1980/2005] en primer lugar y situados en las antípodas de la representación democrática y popular.

Su legitimidad emana de la última elección presidencial, que por la pérdida de confianza de la ciudadanía en el gobierno y específicamente en Piñera, hoy no es sino parte de la historia y del recuerdo. Sin ese contexto institucional sería imposible mantener en interdicción política a la población de Magallanes, consumidora, en promedio diario, de 700 mil metros cúbicos de gas y adicionalmente amenazada de ser perseguida por la Ley de Seguridad del Estado, para obligarla a aceptar un precio promedio superior por metro cúbico de gas, superior al que Enap cobra a la firma Methanex consumidora de 1.600.000 metros cúbicos de gas –3.2 dólares el millón de BTU, muy inferior al precio que Enap paga para cubrir sus necesidades adicionales, entre 11 a 12 dólares el millón de BTU. ¿No es este un claro ejemplo de subvención a Methanex?

Una gestión que ignora los problemas sociales

El cálculo del precio del gas en Magallanes es sin duda un problema económico, pero los parámetros que determinan los costos [fijos, variables y operacionales] son sociales y políticos. Ignorando a sabiendas estos fundamentos de la economía clásica se deja de lado el rol que juegan los actores y la percepción de los mercados.

En entrevista reciente [15/01] el ahora biministro de minería y energía Laurence Golborne señalaba que el “rol de las empresas del Estado no es desarrollar políticas públicas o sociales, pues complica su gestión”. Golborne ignora en su aseveración que el deber del Estado en el área de las empresas públicas es arbitrar roles de actores públicos y privados a través de la gestión, los cuales se expresan en una perecuación de resultados, mediante los cuales el Estado, da cuenta de los intereses sociales que dice cautelar.

Como lo demuestra el conflicto del gas magallánico, el Estado, se echa al bolsillo estas consideraciones sociales, propias de una situación supervivencia de la población en el territorio. Si el Estado fuera consecuente con lo que proclama debería exigir al ministro arbitrar la macro gestión del Estado y los resultados de Enap, en su relación con la población de Magallanes y Methanex.

¿Cuáles son esos intereses de la población? El resguardo de los sectores más vulnerables de la sociedad viviendo en condiciones extremas y la soberanía del territorio austral.

En lugar de velar por esos intereses se ha recurrido a la política de gestión minera de los últimos 21 años. Ambas fuerzas políticas, Concertación y Alianza, han dado cobertura política institucional al saqueo que impera en Chile desde 1989. Ello es posible porque se han mantenido en el poder mediante el actual sistema de elecciones [binominal] reconocido como uno de los más antidemocráticos del mundo, a excepción del uninominal imperante en el Reino Unido.

¿El objetivo?: privatizar los recursos naturales, incluido un recurso primario esencial para la vida, el agua. Parte importante de los resultados de esta actividad privatizadora son imputables a rentas [producto de diferencias en la veta del yacimiento en el caso de la minería], otras, en el caso del cobre, son imputables a utilidades derivadas de un precio fluctuante al alza en el mercado internacional: fluctuaciones que en un 99% son producto de manejos especulativos –futuros y opciones– fuera de las operaciones de las bolsa de les de Londres y Nueva York. En su conjunto, ambas fuentes constituyen la ganancia total percibida en el ejercicio económico por las transnacionales. Ganancia imposible sin la complicidad de un Estado privatizador y fuente de privilegios y exenciones sólo comparable a paraísos tributarios. De cómo las prácticas antidemocráticas impiden ver el problema

Aquellos que se acostumbraron a gobernar sin el pueblo, con desprecio absoluto de lo que piensa, [a lo más mediante un conservantismo compasivo como lo demostró el gobierno Bachelet respetuoso de la institucionalidad heredada de la dictadura, binominalismo entre muchos otras instituciones] se preguntan indignados y con asombro ¿a quién representa la Asamblea Ciudadana? No ven, o no quieren ver que en el estado de necesidad en que se encuentra la población de Magallanes, ésta levanta un nuevo poder ante el cual llaman a responder al gobierno.

Pero, las autoridades han desaparecido, empantanadas en la cifra del reajuste –de un 16,8% de alza en el precio del gas se ofrece a la fecha del 15 de enero un 3%, esto es según la inflación de 2010–, han olvidado, o no ven, el problema según las condiciones extremas en que vive la población de Magallanes 10 meses del año y que lógicamente tienen una estricta correlación en el costo y nivel de vida de los pobladores, donde el gas aparece como un parámetro fundamental de existencia.

En definitiva no habrá precio justo del gas sin situarlo en el conjunto de gastos determinantes en el nivel de vida en el territorio de Magallanes.

Algunos, en la búsqueda de una explicación, hablan de la incompetencia, de los atropellos, del ninguneo, de la desfachatez de las actuales autoridades. Se equivocan. Los vicios que denuncian forman parte del sistema de gobierno en el cual creen y practican. Abrazarse a la lógica de un mercado monopólico impide ver los problemas de la población, pero lo que es aún más grave es presentar al monopolio como la llave de la solución y finalmente convencerse de esta falacia.

El saldo de la historia reciente de aquellos que gobernaron durante 20 años, apaleando estudiantes, trabajadores, mapuches y dueñas de casa en nombre de la democracia influye en las decisiones del grupo que hoy gobierna. Es la misma lógica de aquellos que apalearon a los estudiantes en 2001 ['el mochilazo'], los mismos que miraron al costado cuando las demandas de los pingüinos [2006], pero que finalmente frente a la presión de la ciudadanía tuvieron que conceder que un grave problema sacudía la educación en Chile. Hoy es el turno de la Alianza y su frente empresarial, al cual el conflicto les estalla en plena celebración de cifras macro económicas positivas recordándoles que graves problemas se arrastran y se anuncian en este año.

 La Asamblea Ciudadana devela una crisis de las instituciones

 La crisis institucional es evidente. Y la Asamblea Ciudadana lo devela. La ciudadanía ya no sólo desconfía de los partidos políticos, ahora abre cauces en Magallanes. Ya no son los plebiscitos comunales que, pese a reunir firmas contra la privatización del agua en Concepción o las firmas reunidas contra la privatización del cobre y otras demandas a lo largo de Chile, eran rápidamente ninguneados por el gobierno; ahora se inicia la larga marcha por crear instituciones de reemplazo a lo que no funciona.

De manera clara y desembozada Piñera se ha sacado la careta y aplica, en nombre del mercado y de la ley, el garrote en el cual siempre ha creído. A nadie engaña. No es cuestión de cambiar autoridades según el ranking de popularidad. Digámoslo de una vez. El ministro Golborne, ingeniero civil industrial de la UC, asociado a compañías y sociedades del sector privado, viene de los negocios y antes de conversar deberá recibir las instrucciones de aquellos en quienes cree y según el mandato que estos le otorguen. Es más, participó en la reunión del directorio de Enap del 28 de diciembre pasado donde se fijó el alza del precio en Magallanes. Se agrega a ello un informe de noviembre del año pasado cuando conjuntamente con el ahora ex ministro de energía, Ricardo Raineri, justificaron la medida.

Al margen de los juegos y jugarretas que se preparan, el pueblo de Magallanes ya lo ha señalado a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares que la voz del pueblo no necesita de voceros, cuando de lo que se trata es de restablecer la justicia…y ésta no tiene variantes.

Cuando gobierno y Enap deben resolver su propia contradicción entre los intereses legítimos de la población y los negocios de Methanex

Cuando la Asamblea Ciudadana se hace presente, el grupo en el poder debe entender que nadie, puede ejercer el poder político sin saber que de la misma manera que el pueblo se expresa para otorgarlo, también lo ejerce para retirarlo. Es la esencia de la democracia. Esta es una de las tantas declaraciones solemnes que incorporan las constituciones democráticas. Es lo que los juristas llaman el referéndum revocatorio y que hoy, de la mano del paro en Magallanes, es parte del acerbo político del pueblo.

Al final del día [agrego estas líneas el domingo 16 de enero] después del nombramiento oficial de los nuevos ministros, el ministro del interior Hinzpeter declaró que se aplicaría en Magallanes la Ley de Seguridad Interior del Estado [referencia a la Ley 12927 que es en realidad la Ley de Seguridad del Estado] con lo cual el gobierno devela sus verdaderas intenciones.

Conviene sin embargo señalar que el alza de precios a los particulares de manera indiscriminada no viene sino a confirmar el gran negociado de M℮tanex que compra gas a quienes han obtenido concesiones en los últimos 10 años, parte del cual vende a los usuarios [pobladores e industriales] de la zona, vía Enap, y parte más importante aún exporta. Es M℮tanex quien es en este gobierno de empresarios, el primer beneficiado con el alza del precio. Baste decir que el principal lobby es el que se lleva a cabo por actuales funcionarios de Enap que en el pasado fueron empleados de M℮tanex.

Los pobladores conocen esta trama y la han dado a conocer. Entienden que detrás del alza del precio del gas se encuentran intereses poderosos. Queda pues definida la verdadera lucha que sostiene la Asamblea Ciudadana y notificados los actuales ocupantes transitorios de La Moneda que hoy se enfrentan al juicio del pueblo.

Fuente : http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=2260

Jóvenes mapuches denuncian torturas para ser "testigos protegidos" de la Fiscalía

El jueves 13 de enero se realizó  una nueva sesión del juicio contra 18 mapuches, acusados de distintas acciones enmarcadas, según el propio fiscal Andrés Cruz, en “la recuperación productiva de tierras y el control territorial”. En este juicio se han cometido, de parte de la fiscalía, un sin número de acciones que cuestionan fuertemente las bases de las acusaciones a los mapuches. 

Según afirma el portal País Mapuche, la fiscalía ha presentado sus acusaciones diciendo, “nosotros, la forestal Mininco”, evidenciando que el fiscal Cruz ha cortado y pegado la querella que Mininco ha interpuesto contra los mapuches. 

También se ha denunciado el reingreso de testigos y peritos que quedaron excluidos en la preparación del juicio oral, además de la presentación de fotos y videos sin peritos que las respalden. Todo lo cual viola las normas del "debido proceso". 

El uso de "testigos protegidos" constituye un escándalo para cualquier jurista. No en vano la misma Corte Suprema, en voz de su presidente Milton Juica, dijo en medio de los días más angustiantes de la reciente Huelga de Hambre que “la Ley Antiterrorista -que permite el uso de testigos protegidos- no era propia de una democracia”. Éstas son personas que atestigüan con el ocultamiento de su identidad, con el pretexto de que puedan recibir atentados en su contra. 

Los testigos protegidos, en conclusión, son uno de los medios de prueba más usados que tiene la fiscalía para acusar a los mapuches, sin embargo, las condiciones en que los han reclutado van desde el pago de dinero, por parte del Ministerio Público hasta la tortura. 

Eso es lo que han denunciado a Resumen mapuches de la comunidad Caupolicán, de la zona del lago Lleu Lleu, Rodrigo Viluñir Calbul, su madre Luz Calbul y el dirigente de la comunidad Patricio Cona.

Rodrigo narra que carabineros sin haber ningún motivo lo tomaron detenido junto a su padre en agosto de 2009. "Nos trasladaron en camionetas separadas, a mi en una camioneta roja y a él en la cuca. Me bajaron en Lanalhue y ahí me preguntaron si los conocía (a los mapuches imputados de 6 incendios en la zona de Lleu Lleu, que son comuneros del sector donde vive Rodrigo).

“...Ahí me dijeron que tenía que colaborar, pero les dije que no sabía nada y ahí me empezaron a pegar... Me colgaron del puente (del lago Lanalhue, de los pies, boca abajo, por un lapso de media hora) y me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron "querí morir... vai a hablar o no". ...llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse a llorar, ahí me torturaron. Después en Cañete me hicieron firmar hojas y yo les dije ¿puedo leerlas? No me dijeron, tu no podí leer nada, te vay pa´ la casa altiro. Ahí tenía 17 años."

Cuando estaban en Cañete, Rodrigo relata que: "a mi papá lo metieron en una sala y a mi en otra... y me decían: si tu papá está hablando, tení que hablar... vay a hablar o querí que te pegue, pegueme si no se nada -respondía- ...me tenían esposado con todas las manos coloradas”.

Rodrigo también recuerda que fue llevado a Talcahuano y al ser consultado  por cuál era el fiscal presente en ese lugar, respondió que "uno grande, alto... fiscal Cruz, parece que era".
Ya de vuelta en la comunidad, Rodrigo se acercó a Patricio Cona, dirigente de la comunidad, pidiéndole ayuda por esta situación que no sólo ha sufrido él y su padre, sino que también su hermano José Viluñir, que fue detenido en septiembre de 2009. 

Han resuelto denunciar esta situación, sin embargo "no sé por qué el fiscal no quizo escuchar la declaración", afirma la madre de los jóvenes Luz Calbul. Rodrigo agrega "Yo... vine a declarar y no me dejaron declarar”.

No obstante, esta denuncia tuvo un respaldo jurídico, a través de un "téngase presente" en la audiciencia, gracias  a los buenos oficios del abogado Nelson Miranda.

Patricio Cona plantea que por estas "acusaciones", el poder judicial mantiene presos a miembros de la comunidad. Efectivamente, en el caso de Marcos Millanao y Eduardo Painemil están presos en la cárcel de Lebu. Simón Millas y Andrés Santis están en libertad bajo medidas cautelares. Juan Carlos Millanao en la clandestinidad.

Todos ellos sufren la persecusión del Estado chileno que usa métodos criminales para la defender los intereses de quienes usufructuan del territorio mapuche.