Democratizar el poder
La transición hacia la democracia no ha modificado el régimen político excluyente, el modelo económico favorable a los grandes empresarios y el sistema social promotor de las desigualdades.
La institucionalidad política, económica y social fue establecida por la derecha, con las armas de Pinochet, y está consagrada en la Constitución del 80, pero la Concertación no ha tenido voluntad real de modificarla.
Nuestro proyecto se propone transformar la institucionalidad existente para derribar así las barreras económicas, sociales y políticas que dividen a los chilenos y frenan el desarrollo.
Queremos construir una democracia plena, que permita el acceso a espacios de representación de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y que favorezca la incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
Impulsaremos una estrategia de desarrollo en que el crecimiento económico vaya de la mano con los equilibrios sociales, la desconcentración productiva, la descentralización territorial, la protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Trabajaremos a favor de la reducción de las desigualdades sociales y regionales, para que los frutos del crecimiento económico beneficien a todos los chilenos.
Impulsaremos un nuevo tipo de Estado, con un sector público eficiente, capaz de regular el mercado adecuadamente, intervenir los monopolios y crear actividades empresariales.
Derribaremos la muralla que divide a los chilenos en la educación, salud y la previsión para construir un sistema social de la misma calidad para todos los niños, jóvenes, enfermos y adultos mayores.
Terminaremos con las discriminaciones políticas, económicas, sociales y culturales que sufren los pueblos indígenas.
Queremos una sociedad plural, donde se expresen las diversas formas de pensamiento, para que nuestros compatriotas puedan decidir libremente y sin imposiciones hegemónicas el país que desean construir.
No descansaremos hasta que la autonomía reproductiva de las mujeres se haga efectiva y se termine con la discriminación a las opciones sexuales de las personas.
Enfrentaremos decididamente toda forma de corrupción, convirtiendo el sector público en ejemplo de honestidad y terminaremos con esos peligrosos vasos comunicantes entre la política y los negocios.
La institucionalidad política, económica y social fue establecida por la derecha, con las armas de Pinochet, y está consagrada en la Constitución del 80, pero la Concertación no ha tenido voluntad real de modificarla.
Nuestro proyecto se propone transformar la institucionalidad existente para derribar así las barreras económicas, sociales y políticas que dividen a los chilenos y frenan el desarrollo.
Queremos construir una democracia plena, que permita el acceso a espacios de representación de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y que favorezca la incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
Impulsaremos una estrategia de desarrollo en que el crecimiento económico vaya de la mano con los equilibrios sociales, la desconcentración productiva, la descentralización territorial, la protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Trabajaremos a favor de la reducción de las desigualdades sociales y regionales, para que los frutos del crecimiento económico beneficien a todos los chilenos.
Impulsaremos un nuevo tipo de Estado, con un sector público eficiente, capaz de regular el mercado adecuadamente, intervenir los monopolios y crear actividades empresariales.
Derribaremos la muralla que divide a los chilenos en la educación, salud y la previsión para construir un sistema social de la misma calidad para todos los niños, jóvenes, enfermos y adultos mayores.
Terminaremos con las discriminaciones políticas, económicas, sociales y culturales que sufren los pueblos indígenas.
Queremos una sociedad plural, donde se expresen las diversas formas de pensamiento, para que nuestros compatriotas puedan decidir libremente y sin imposiciones hegemónicas el país que desean construir.
No descansaremos hasta que la autonomía reproductiva de las mujeres se haga efectiva y se termine con la discriminación a las opciones sexuales de las personas.
Enfrentaremos decididamente toda forma de corrupción, convirtiendo el sector público en ejemplo de honestidad y terminaremos con esos peligrosos vasos comunicantes entre la política y los negocios.
Terminar con la discriminación
Para transformar el país y terminar con la división entre los chilenos es hora de hacer un giro, reponer los objetivos políticos, económicos y sociales propuestos a inicios de la transición y, por cierto, agregar los nuevos desafíos surgidos en los últimos diecinueve años.
El desafío exige una potente fuerza política de izquierda en el país, porque los partidos históricos de ese signo, miembros de la coalición de gobierno, renunciaron a la tarea transformadora que les dio origen.
En segundo lugar, porque las demandas crecientes de una ciudadanía desencantada podrán encontrar allí su referente político. Y, en tercer lugar, porque la democracia se verá fortalecida con una participación y representación ciudadana que abra sus fronteras más allá de los estrechos límites actuales.
Existen otras dos razones poderosas para la reconstrucción de la izquierda en el país y además para convertir las elecciones de diciembre en una gran jornada a favor de la transformación de Chile.
La crisis económica en curso provocará un desempleo que superará en el 2009 el sufrido a fines de los años noventa, con movilizaciones generalizadas de trabajadores, reanudación de las reivindicaciones estudiantiles y acentuadas protestas de los pequeños empresarios frente a una banca insensible. Ello pondrá en dificultades al gobierno, radicalizando al mismo tiempo el cuestionamiento a la propia institucionalidad que inventó la derecha.
Por otra parte, los vientos de cambio que recorren todos los países vecinos, en desafío al neoliberalismo y a la corrupción política, soplarán con mayor fuerza en nuestro país y marcarán la campaña electoral. Chile no es una isla y la demanda por un nuevo pensamiento y liderazgos alternativos estarán a la orden del día.
Un bloque político y social por los cambios, con un nuevo pensamiento que se haga carne en el pueblo de Chile, es tarea prioritaria para una izquierda moderna que pretenda enfrentar una transición inconclusa y transformar la institucionalidad que discrimina a la mayoría nacional.
Las próximas elecciones presidenciales son un hito para cumplir con esa tarea mayor.
Un candidato único de la izquierda y una propuesta transformadora le dirán al país que existe una alternativa frente a la derecha, inventora de la institucionalidad actual, y a la Concertación, que no tuvo voluntad para cambiarla.
Nos hemos propuesto reconstruir la nación sobre la base de un nuevo trato para todos los chilenos y chilenas y un horizonte, donde las diferencias de ingreso, étnicas, sexo, edad, barrio o región no sean obstáculos para el progreso personal y familiar.
Más aún, creemos firmemente que los más débiles de nuestra sociedad, como los trabajadores, pequeños empresarios, pueblos originarios, adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños merecen un trato preferente de parte del Estado y de toda la sociedad.
Este nuevo trato no sólo es éticamente justo y socialmente indispensable, sino también permitirá que nuestro país aproveche integralmente todas las potencialidades económicas de sus habitantes. Para ello es necesario:
Que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación en la vida política.
Que los niños y jóvenes se eduquen en un mismo espacio de encuentro, independientemente de su origen social, y con la misma calidad de formación.
Que el derecho a una salud digna sea realidad para todos los chilenos.
Que mujeres y hombres tengan derecho al mismo salario por igual trabajo
Que exista efectivo respeto cultural y reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
Que pequeños, medianos y grandes empresarios disfruten de oportunidades similares para el despliegue de sus actividades económicas.
Que los consumidores sean protegidos por el Estado para que no sufran la agresión usurera de la banca, casas comerciales y farmacias.
Que los trabajadores tengan derecho a potenciar sus organizaciones sindicales y a la negociación colectiva.
Que todas las regiones tengan los mismos derechos y oportunidades de desarrollo que Santiago.
Que la protección del medio ambiente y los recursos naturales sean componentes fundamentales del desarrollo de Chile.
El desafío exige una potente fuerza política de izquierda en el país, porque los partidos históricos de ese signo, miembros de la coalición de gobierno, renunciaron a la tarea transformadora que les dio origen.
En segundo lugar, porque las demandas crecientes de una ciudadanía desencantada podrán encontrar allí su referente político. Y, en tercer lugar, porque la democracia se verá fortalecida con una participación y representación ciudadana que abra sus fronteras más allá de los estrechos límites actuales.
Existen otras dos razones poderosas para la reconstrucción de la izquierda en el país y además para convertir las elecciones de diciembre en una gran jornada a favor de la transformación de Chile.
La crisis económica en curso provocará un desempleo que superará en el 2009 el sufrido a fines de los años noventa, con movilizaciones generalizadas de trabajadores, reanudación de las reivindicaciones estudiantiles y acentuadas protestas de los pequeños empresarios frente a una banca insensible. Ello pondrá en dificultades al gobierno, radicalizando al mismo tiempo el cuestionamiento a la propia institucionalidad que inventó la derecha.
Por otra parte, los vientos de cambio que recorren todos los países vecinos, en desafío al neoliberalismo y a la corrupción política, soplarán con mayor fuerza en nuestro país y marcarán la campaña electoral. Chile no es una isla y la demanda por un nuevo pensamiento y liderazgos alternativos estarán a la orden del día.
Un bloque político y social por los cambios, con un nuevo pensamiento que se haga carne en el pueblo de Chile, es tarea prioritaria para una izquierda moderna que pretenda enfrentar una transición inconclusa y transformar la institucionalidad que discrimina a la mayoría nacional.
Las próximas elecciones presidenciales son un hito para cumplir con esa tarea mayor.
Un candidato único de la izquierda y una propuesta transformadora le dirán al país que existe una alternativa frente a la derecha, inventora de la institucionalidad actual, y a la Concertación, que no tuvo voluntad para cambiarla.
Nos hemos propuesto reconstruir la nación sobre la base de un nuevo trato para todos los chilenos y chilenas y un horizonte, donde las diferencias de ingreso, étnicas, sexo, edad, barrio o región no sean obstáculos para el progreso personal y familiar.
Más aún, creemos firmemente que los más débiles de nuestra sociedad, como los trabajadores, pequeños empresarios, pueblos originarios, adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños merecen un trato preferente de parte del Estado y de toda la sociedad.
Este nuevo trato no sólo es éticamente justo y socialmente indispensable, sino también permitirá que nuestro país aproveche integralmente todas las potencialidades económicas de sus habitantes. Para ello es necesario:
Que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación en la vida política.
Que los niños y jóvenes se eduquen en un mismo espacio de encuentro, independientemente de su origen social, y con la misma calidad de formación.
Que el derecho a una salud digna sea realidad para todos los chilenos.
Que mujeres y hombres tengan derecho al mismo salario por igual trabajo
Que exista efectivo respeto cultural y reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
Que pequeños, medianos y grandes empresarios disfruten de oportunidades similares para el despliegue de sus actividades económicas.
Que los consumidores sean protegidos por el Estado para que no sufran la agresión usurera de la banca, casas comerciales y farmacias.
Que los trabajadores tengan derecho a potenciar sus organizaciones sindicales y a la negociación colectiva.
Que todas las regiones tengan los mismos derechos y oportunidades de desarrollo que Santiago.
Que la protección del medio ambiente y los recursos naturales sean componentes fundamentales del desarrollo de Chile.
7 COMPROMISOS
COMPROMISO 1: Democracia plena, sin exclusión política
Construiremos una democracia que permita el acceso a espacios de representación de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y que favorezca la
incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
COMPROMISO 2: Desarrollo económico para las mayorías
Impulsaremos una estrategia de desarrollo con un crecimiento económico que respete los derechos de los trabajadores, promueva la desconcentración económica y vaya de la mano con la defensa de los recursos naturales y el medioambiente.
COMPROMISO 3: Terminar la discriminación social y el abuso contra los consumidores
Derribaremos la muralla que hoy divide a los chilenos en educación, salud y la previsión mediante un sistema social, garantizado por el Estado, de la misma calidad para todas las personas. Y terminaremos con la usura que afecta a los consumidores.
COMPROMISO 4: Ampliar la protección de los derechos humanos
Persistiremos en la defensa de los derechos individuales y los ampliaremos para favorecer los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas, independientemente de su origen económico, social, étnico o de género. Además, consagraremos en la Constitución los derechos de las personas por sobre los derechos de propiedad.
COMPROMISO 5: Promover la diversidad cultural
Promoveremos con firmeza la diversidad cultural y la participación colectiva para desafiar el individualismo dominante y terminar con la hegemonía de un solo pensamiento en el país.
COMPROMISO 6: integración, paz y reducción de armamentos con América Latina
Impulsaremos prioritariamente la integración con los países de la región para potenciar nuestro desarrollo, tener una presencia sólida en la economía y política mundial, favorecer la paz y evitar el armamentismo.
COMPROMISO 7: Enfrentar la crisis priorizando el empleo
Para enfrentar la crisis atacaremos el desempleo, defendiendo a los trabajadores de los despidos arbitrarios, apoyando a las pequeñas empresas y sentando las bases de un nuevo modelo económico-social que termine con el asistencialismo y asegure el equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios.
21 Medidas en el 1er. año de Gobierno
1.- Impulsaremos una Asamblea Constituyente que redacte una Nueva Constitución, la que deberá contemplar, entre otros asuntos: terminar con subsidiaridad del Estado, sistema electoral proporcional, representación de los pueblos
indígenas, paridad de género, sufragio de chilenos en el exterior, derecho de dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento, elección de los intendentes y consejeros regionales.
2.- Defenderemos la probidad pública y privada, con la eliminación del secreto bancario y tributario y el término del lobbismo;
3.- Daremos inicio a un gran movimiento social y político para nacionalizar gran minería del cobre, con el propósito que su riqueza beneficie a todos los chilenos y podamos refinar e industrializar el metal rojo en el país;
4.- Impulsaremos la nacionalización del agua, porque su acceso es un derecho humano fundamental y debe ser tratada como un bien común de uso público;
5.- Impulsaremos la desconcentración económica de Santiago, mediante reducciones impositivas a las empresas que se instalen en regiones, y elevando sustancialmente las asignaciones salariales a los funcionarios públicos que trabajen fuera de la región Metropolitana;
6.- Impulsaremos un programa masivo de inversión en energías renovables no-convencionales, para reducir los costos ambientales que significan las grandes represas hidroeléctricas y otras energías contaminantes;
7.- Reduciremos la tasa de interés y costos del crédito para los pequeños empresarios, convirtiendo el Banco Estado en una entidad financiera dedicada principalmente a las pequeñas empresas;
8.- Impulsaremos una reforma tributaria progresiva que disminuya el IVA y aumente los impuestos directos a las empresas;
9.- Construiremos un sistema previsional público, basado en la contribución solidaria, y eliminaremos el 7% que se descuenta de la pensión a los jubilados para la salud;
10.- Priorizaremos la educación pública y terminaremos con la municipalización en la educación, traspasando los establecimientos al ministerio de educación, que los administrará a través de Servicios Regionales de Educación;
11.- Aseguraremos el abastecimiento de medicinas genéricas a toda la población, convirtiendo a CENABAST en organismo abastecedor para todos los enfermos;
12.- Terminaremos con la usura de las tarjetas de crédito, reduciendo la tasa máxima convencional de intereses, que actualmente alcanza al 58% anual;
13.- Perseveraremos en instalar en el país el derecho la sindicalización y a negociación colectiva para todos los trabajadores;
14.- Eliminaremos la figura de la subcontratación en el giro principal de las empresas, terminando con las múltiples razones sociales que ocultan el verdadero empleador;
15.- Terminaremos con la militarización de la Araucanía;
16.- Perseveraremos en erradicar la ley de amnistía de 1978, en la prosecución de la verdad y justicia, e impulsaremos una revisión de todas las medidas de reparación a fin de mejorarlas a niveles dignos;
17.- Promoveremos una educación sexual responsable, el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, y garantizaremos el aborto por decisión de las mujeres en el primer trimestre de gestación;
18.- Favoreceremos el pluralismo en la publicidad de los organismos del Estado de manera que ayude al financiamiento de los diversos medios de comunicación de carácter nacional, regional, comunal y digital;
19.- Consolidaremos la presencia de Chile en UNASUR y pondremos en marcha una política coordinada con la región para la reducción de armamentos;
20.- Impulsaremos el financiamiento estatal de las empresas en crisis, sobre la base de estricta vigilancia gubernamental, mediante: participación de funcionarios de CORFO en las decisiones financieras, productivas y laborales de esas empresas; y, regulación de los salarios de los ejecutivos y directores;
21. Impulsaremos un Plan Nacional de capacitación para todo trabajador desempleado, con un subsidio que represente la mitad de su salario en actividad.
indígenas, paridad de género, sufragio de chilenos en el exterior, derecho de dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento, elección de los intendentes y consejeros regionales.
2.- Defenderemos la probidad pública y privada, con la eliminación del secreto bancario y tributario y el término del lobbismo;
3.- Daremos inicio a un gran movimiento social y político para nacionalizar gran minería del cobre, con el propósito que su riqueza beneficie a todos los chilenos y podamos refinar e industrializar el metal rojo en el país;
4.- Impulsaremos la nacionalización del agua, porque su acceso es un derecho humano fundamental y debe ser tratada como un bien común de uso público;
5.- Impulsaremos la desconcentración económica de Santiago, mediante reducciones impositivas a las empresas que se instalen en regiones, y elevando sustancialmente las asignaciones salariales a los funcionarios públicos que trabajen fuera de la región Metropolitana;
6.- Impulsaremos un programa masivo de inversión en energías renovables no-convencionales, para reducir los costos ambientales que significan las grandes represas hidroeléctricas y otras energías contaminantes;
7.- Reduciremos la tasa de interés y costos del crédito para los pequeños empresarios, convirtiendo el Banco Estado en una entidad financiera dedicada principalmente a las pequeñas empresas;
8.- Impulsaremos una reforma tributaria progresiva que disminuya el IVA y aumente los impuestos directos a las empresas;
9.- Construiremos un sistema previsional público, basado en la contribución solidaria, y eliminaremos el 7% que se descuenta de la pensión a los jubilados para la salud;
10.- Priorizaremos la educación pública y terminaremos con la municipalización en la educación, traspasando los establecimientos al ministerio de educación, que los administrará a través de Servicios Regionales de Educación;
11.- Aseguraremos el abastecimiento de medicinas genéricas a toda la población, convirtiendo a CENABAST en organismo abastecedor para todos los enfermos;
12.- Terminaremos con la usura de las tarjetas de crédito, reduciendo la tasa máxima convencional de intereses, que actualmente alcanza al 58% anual;
13.- Perseveraremos en instalar en el país el derecho la sindicalización y a negociación colectiva para todos los trabajadores;
14.- Eliminaremos la figura de la subcontratación en el giro principal de las empresas, terminando con las múltiples razones sociales que ocultan el verdadero empleador;
15.- Terminaremos con la militarización de la Araucanía;
16.- Perseveraremos en erradicar la ley de amnistía de 1978, en la prosecución de la verdad y justicia, e impulsaremos una revisión de todas las medidas de reparación a fin de mejorarlas a niveles dignos;
17.- Promoveremos una educación sexual responsable, el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, y garantizaremos el aborto por decisión de las mujeres en el primer trimestre de gestación;
18.- Favoreceremos el pluralismo en la publicidad de los organismos del Estado de manera que ayude al financiamiento de los diversos medios de comunicación de carácter nacional, regional, comunal y digital;
19.- Consolidaremos la presencia de Chile en UNASUR y pondremos en marcha una política coordinada con la región para la reducción de armamentos;
20.- Impulsaremos el financiamiento estatal de las empresas en crisis, sobre la base de estricta vigilancia gubernamental, mediante: participación de funcionarios de CORFO en las decisiones financieras, productivas y laborales de esas empresas; y, regulación de los salarios de los ejecutivos y directores;
21. Impulsaremos un Plan Nacional de capacitación para todo trabajador desempleado, con un subsidio que represente la mitad de su salario en actividad.
