lunes, 25 de febrero de 2013

LEY NACIDA EN MOCIÓN IMPUSO DESDE AGOSTO DE 2012 SANCIONES AL ACOSO LABORAL

La normativa establece que el acoso laboral es una práctica que importa una violación a los derechos esenciales que emanan de la persona humana y es incompatible con el principio de respeto a la dignidad de la persona.



Publicada el 8 de agosto de 2012, la Ley 20.607 vino a establecer en Chile un cuadro normativo y sancionatorio para abordar el tema del acoso laboral, equiparándose a experiencias legislativas vigentes en otros países.

Ingresó el 4 de marzo de 2003 como moción (boletín 3198) de los diputados Fidel Espinoza(PS) y Enrique Jaramillo (PPD) y las diputadas Adriana Muñoz (PPD) y Ximena Vidal (PPD). Constó de cuatro artículos que buscaban consagrar la institución del acoso laboral, estableciéndose un concepto de éste de naturaleza amplia, a fin de dar cabida a todas sus formas, e implantando sanciones por la vía de la multa a beneficio fiscal, junto con un plazo de prescripción de brevísimo tiempo para que la víctima pueda efectuar la denuncia correspondiente.

Además se procuró hacer aplicable la institución regulada en el artículo 171 del Código del ramo, que establece la posibilidad de que el trabajador que haya sido víctima de acoso laboral pueda ejercer el autodespido con el pago de las indemnizaciones legales y convencionales que correspondan en conformidad con la ley y con la estipulación de las partes.

“Se fundamenta este proyecto, en los preceptos que dan mayor garantía a una característica tan inherente al Derecho del Trabajo como es su dimensión protectora del trabajador. Quien desarrolla una labor remunerada se entrega a sí mismo no existiendo únicamente una entrega patrimonial, dado que el trabajo es el hombre mismo desarrollándolo. Por eso con exactitud se ha afirmado por los autores que el Derecho del Trabajo concurre ante la modernidad, por la incapacidad del Derecho Civil para regular una relación de tan especiales características. El contrato conforme a las reglas del Derecho Civil tiene como centro y origen dos voluntades que se encuentran en sus intereses formando un consentimiento, en el Derecho del Trabajo en cambio, es de capital importancia el rol tutelar del trabajador para así mantener un equilibrio jurídico entre las partes, puesto que es de toda evidencia que mientras en el Derecho Civil la voluntad se compromete, en el Derecho del Trabajo, ésta se somete”, se puntualizó en la moción.

Según expusieron en su minuto los autores, el origen del acoso laboral o sicoterror, se encuentra en las inveteradas prácticas del empleador, gerente, administrador, de un simple jefe, de empleados de igual jerarquía que la víctima, o incluso de inferior jerarquía en torno a generar órbitas y contextos de aparente camaradería donde se van incubando prácticas en las cuales el trabajador empieza a ser turbado y menospreciado, comenzando poco a poco a disminuir su autoestima por la vía de mínimas variaciones en la determinación de las funciones.

“Estas, paulatinamente empiezan a verse turbadas en lo relativo a su constitución, dado que en gran cantidad de los casos, son afectadas en su cantidad, o en su naturaleza, denigrando con esto al trabajador por medio de órdenes que debe cumplir entre las que habitualmente se cuentan funciones subalternas para las cuales no ha sido contratado, o muy por debajo de la calificación que precisamente le permitió ingresar a su trabajo”, acotaron.

El primer informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados estuvo disponible el 16 de octubre 2007 y fue aprobado por la Sala el 8 de noviembre de ese mismo año. En el Senado, la iniciativa también pasó a estudio a la Comisión de Trabajo y su primer informe estuvo para ser visto por la Sala el 14 de octubre de 2008, al día siguiente se aprobó en general y se abrió plazo para indicaciones. De ahí, el proyecto estuvo paralizado y la citada Comisión no volvió a evacuar su segundo informe sino hasta el 8 de mayo de 2012. Finalmente lo despacha a tercer trámite a la Cámara el 22 de mayo. El 4 de julio los diputados aceptan los cambios, finalizando con ello el trámite en el Parlamento.

La Ley

La normativa establece que el acoso laboral es una práctica que importa una violación a los derechos esenciales que emanan de la persona humana y es incompatible con el principio de respeto a la dignidad de la persona.

Indica que se entenderá por acoso laboral toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Dispone que el empleador tendrá derecho a poner fin al contrato de trabajo sin indemnización invocando la causal por conductas de acoso laboral. En tanto, el trabajador afectado por acoso laboral podrá reclamar del empleador, podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones.

Finalmente, prohíbe a los funcionarios públicos, agentes del Estado, cualquiera sea su función u organización pública en la que laboren o su calidad, y a los funcionarios municipales, todo acto calificado de acoso laboral por el Código del Trabajo.

LEY 20.620 PERFECCIONÓ NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS ANTE ESPECTÁCULOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

Nació como moción de un grupo transversal de diputados, en enero de 2007. Buscó corregir situaciones que a ese entonces se apreciaban como fallas de la legislación vigente.




Publicada el 14 de septiembre de 2012, la Ley 20.620 vino a perfeccionar la normativa vigente relativa a la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.

Ingresó a trámite legislativo el 24 de enero de 2007 como moción de los diputados Patricio Hales (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Carlos Montes (PS) yManuel Rojas (UDI) y los ex diputados Francisco Chahuán, Sergio Correa, Gonzalo Duarte, Osvaldo Palma y Roberto Sepúlveda.

Los legisladores estimaron en ese momento que era necesario perfeccionar el cuarto normativo de la Ley de Violencia en los Estadios, por cuanto se advertían varias falencias que impedían cumplir con su objetivo.

El 30 de agosto el proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados a segundo trámite legislativo. El Senado, pese a las múltiples calificaciones de urgencia del Ejecutivo, sólo aprobó en general la iniciativa el 14 de marzo de 2012 y lo despachó el 11 de julio de 2012. La Cámara aprobó las modificaciones del Senado el 18 de julio y el trámite concluyó efectivamente el 5 de septiembre, tras recibirse el oficio del Tribunal Constitucional.

La Normativa

El texto establece que los contratos que suscriban los organizadores de espectáculos de fútbol profesional con los administradores de los estadios destinados a dichos eventos deberán incorporar las condiciones de seguridad que haya fijado el Intendente en la respectiva resolución. En caso de incumplimiento de tales condiciones, el Intendente podrá suspender temporalmente la autorización otorgada.

Mediante reglamento se regularán las condiciones mínimas que deberán cumplir los recintos y los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, de acuerdo a las características y al riesgo para el orden público, la seguridad pública y los asistentes.

Adicionalmente, se imponen un conjunto de exigencias que deberán cumplir los organizadores de espectáculos de fútbol profesional en los estadios. Entre ellas, designar un jefe de seguridad; contratar guardias de seguridad privados; instalar sistemas tecnológicos como cámaras de seguridad o detectores de metales; establecer zonas separadas y claramente delimitadas en los estadios, en que se ubicarán los hinchas o simpatizantes y el público general; contar con sistemas de control de acceso e identidad de los espectadores; y disponer de medios de grabación de imágenes, dentro y fuera del recinto deportivo que faciliten la identificación de las personas.

De acuerdo al riesgo asociado a determinados espectáculos de fútbol profesional, el intendente podrá pedir a los organizadores que la venta de los boletos de entrada se ajuste a las condiciones especiales de seguridad fijadas por la Intendencia; y que contraten seguros o constituyan cauciones para garantizar la reparación de los daños que se causen a los bienes públicos o privados, ubicados en el recinto deportivo o en sus inmediaciones.

Si un espectáculo de fútbol profesional implica un riesgo para el orden público o la seguridad de las personas o los bienes, el Intendente comunicará este hecho al Fiscal Regional del Ministerio Público, quien deberá ordenar la presencia de, a lo menos, un fiscal.

El personal de seguridad contratado por el organizador del espectáculo de fútbol profesional podrá controlar que los asistentes cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia que determine el reglamento. En caso que no se cumplan los mencionados requisitos, dicho personal podrá impedir el ingreso o disponer la expulsión del recinto de aquellas personas que vulneren las referidas exigencias. Para lo anterior, el personal de seguridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de estimarse necesario

Asimismo, se estableció que las "inmediaciones" de un estadio comprenderán la distancia de mil metros perimetrales, medidos desde los límites exteriores del recinto deportivo y hacia todos los costados del recinto deportivo en que se realizan espectáculos de fútbol profesional.

Adicionalmente, eliminó el concepto de "barras" de la legislación anterior, pues el legislador consideró que era esencial no aceptar la existencia legal de grupos organizados que muchas veces son los principales responsables de los hechos de violencia en los estadios.

El proyecto contempló un plazo de 18 meses, contados desde la publicación de la ley, para que los estadios puedan adaptarse a las nuevas exigencias.

domingo, 24 de febrero de 2013

Se revelan nuevos documentos sobre el ex Dictador Pinochet

Documentos estadounidenses dados a conocer recientemente indican que el ex dictador chileno Augusto Pinochet planeaba hacer uso de la violencia para anular el plebiscito de octubre de 1988, que marcó el final de su brutal régimen. El plan fue rechazado por sus generales, según los documentos.

ex dictador Augusto Pinochet


El momento previo a dicho referéndum en la historia chilena es el que retrata la cinta "NO", nominada a mejor película en lengua extranjera en la entrega de los Premios Oscar que se celebra este domingo.

Dichos documentos, que eran secretos y fueron publicados el viernes por el Archivo Independiente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también muestran que funcionarios estadounidenses advirtieron a los líderes chilenos que evitaran la violencia en caso que Pinochet recurriera a ésta para permanecer en el poder.

Pinochet "planeaba hacer lo que fuera necesario para permanecer en el poder", apenas un día antes del referéndum del 5 de octubre de 1988, según un documento de la Agencia de Inteligencia Militar, basado en información de un oficial de la Fuerza Aérea chilena.

"Supuestamente, Pinochet les dijo a sus asesores, 'no me iré, sin importar lo que ocurra''', decía el documento.

Los archivos también mostraban que los funcionarios y las agencias estadounidenses apoyaban la campaña en contra de Pinochet, a pesar de que Washington trabajó para socavar el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973, mediante un golpe. Inicialmente, Estados Unidos apoyó al gobierno de Pinochet.

Según la información, Pinochet estaba furioso después de los resultados de la votación.

En un último intento de retener el poder, el dictador, que alguna vez se comparó a sí mismo con los más grandes emperadores romanos, pidió a los miembros de la junta militar que se reunieran en su oficina en el palacio presidencial a la 1 de la mañana, según un reporte del Departamento de Defensa llamado: "Chile: plebiscito avanza y Pinochet al parecer pierde".

Una fuente de la CIA en la reunión describe a Pinochet como "casi apopléjico" por los resultados.

"Pinochet estaba preparado la noche del 5 de octubre para desestimar los resultados del referéndum", dijo un informante en un reporte del Departamento de Estado titulado "La junta chilena se reúne la noche del plebiscito".

Pinochet tenía un documento preparado para que otros generales firmaran y "habló de usar los poderes extraordinarios para que las fuerzas armadas tomaran la capital", decía uno de los reportes del Departamento de Defensa.

Pero incluso sus más cercanos colaboradores dijeron que no. El comandante de la Fuerza Aérea, general Fernando Matthei, "le dijo a Pinochet que no estaba de acuerdo con eso bajo ninguna circunstancia... Pinochet volteó hacia los otros e hizo la misma petición y fue rechazado".

Al perder todo el apoyo para desestimar el referéndum, Pinochet aceptó su derrota.

La película chilena "No" se basa, precisamente, en la campaña de publicidad que ayudó a quitar el poder a Pinochet y que devolvió la democracia al país.

El general detentó el poder de 1973 a 1990. Murió bajo arresto domiciliario, sin siquiera haber sido juzgado, a pesar de los cargos de enriquecimiento ilícito y violaciones a derechos humanos.

"Negociamos con él porque nunca pudimos juzgarlo y Pinochet murió como un hombre libre y acaudalado", dijo Pablo Larraín, director de la cinta "NO" en una entrevista el mes pasado con The Associated Press.

En julio, el estreno de la cinta en Santiago agitó a buena parte del público debido a que Chile continúa profundamente dividido por el régimen de Pinochet.

Pinochet cerró el Congreso, persiguió a partidos políticos y envió a miles de disidentes al exilio, mientras que su policía torturaba robaba y mataba a miles de personas.

Sin embargo, sus simpatizantes lo consideran una figura paterna que llevó a Chile al crecimiento y la prosperidad económica, y evitó que se convirtiera en un fallido estado socialista.

"Dada la naturaleza arraigada y violenta de la dictadura de Pinochet, la victoria de la campaña por el No es aún más dramática", dijo Peter Kornbluh, autor de "El archivo Pinochet: un dossier revelado sobre la atrocidad y la rendición de cuentas".

Cuarenta años después del golpe de estado, Kornbluh dijo que "no sólo es importante recordar cómo asumió el poder, sino que fue obligado a renunciar".

jueves, 21 de febrero de 2013

Chile: Ex jefe del Ejército convertido en jefe del Servicio Electoral

Es la consagración de la llegada de ex jefes militares y de carabineros (en tiempos recientes) a la vida política nacional y a cargos de corte político. Casi en un cien por ciento de los casos, asociados con los partidos derechistas Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).


Es posible que afecte la sanidad de la institucionalidad chilena. En la penúltima semana de febrero (2013), un ex jefe del Ejército se convirtió en jefe del Servicio Electoral (SERVEL) del país.

Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército, que hizo su carrera bajo el mando de Augusto Pinochet, que emitió duras críticas contra la ex presidenta Michelle Bachelet, señalado en causas de derechos humanos, a cargo de la rama militar cuando murieron varios jóvenes conscriptos por el desatino de mando en Antuco, cuyos escritos y entrevistas muestran su perfil conservador e inclinado a las posturas de la derecha política, es ahora Director del SERVEL que, entre otras cosas, debe garantizar neutralidad, equidad y transparencia técnica y política a toda la población y todos los sectores políticos.


Prueba de su ubicación doctrinaria es que los integrantes conservadores del Consejo del SERVEL votaron por él, pero hubo dos votos en contra de parte de miembros de perfil progresista.

Es la consagración de la llegada de ex jefes militares y de carabineros (en tiempos recientes) a la vida política nacional y a cargos de corte político. Casi en un cien por ciento de los casos, asociados con los partidos derechistas Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El mejor y más reciente ejemplo: el subsecretario de Defensa nombrado por el derechista presidente Sebastián Piñera, Oscar Izurieta, fue Comandante en Jefe del Ejército y recibió, precisamente de manos de Cheyre, el bastón de mando. Una decena de ex jefes del Ejército, la Armada y Carabineros fueron senadores designados o parlamentarios electos, representando a RN, la UDI o como derechistas sin partido.

Esa situación no dejó nunca de molestar a un sector de la sociedad que vio la situación como algo insano para el sistema democrático, sobre todo porque una inmensa mayoría de esos antiguos uniformados fueron parte de la dictadura y leales a Pinochet.

Cheyre, al poco tiempo de dejar su sensible y alto cargo, fundó en la Universidad Católica (los reportes informativos indican que de ahí salen los cuadros gubernamentales de la derecha) el Centro de Estudios Internacionales, puesto en el cual pudo hacer ostentación y utilización de conocimientos e información obtenida en el cargo de Comandante en Jefe del Ejército.

Desde esa posición y recordándose que fue el máximo jerarca de los militares, Juan Emilio Cheyre se convirtió en analista político e internacional a través de artículos y largas entrevistas en diversidad de medios de prensa.

Es un caso elocuente de un ex jefe del Ejército haciendo carrera política y comunicacional.

Es cierto que en el origen de este episodio se encuentra un factor no menor. El Senado elige a los miembros del Consejo del SERVEL y, como en el caso de otras instancias del Estado, designa de acuerdo a un criterio de cuoteo político/ideológico, sin dejar de considerar elementos académicos y profesionales de los designados. Pero el cuoteo político se produce de hecho, como en el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia.

La elección al interior de ese Consejo del ex jefe del Ejército no pasó desapercibida para sectores significativos de la sociedad.

Una nota de Gabriel Angulo publicada en el Portal El Mostrador, dio cuenta de algunas reacciones contingentes en Twitter que se enmarcan en estas consideraciones. El periodista Mauricio Weibel indicó que la “designación del general Cheyre, acusado de torturas, como presidente del Servel es una ofensa a nuestras víctimas. Una falta de sentido ético”. El ex oficial, siendo Capitán del Ejército, fue denunciado como participante de la “Caravana de la Muerte”, aunque judicialmente todo quedó descartado. El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, escribió: “No sean malos con Cheyre. Como un amigo me dijo, tiene experiencia en elecciones: escogió a su sucesor en el Ejército”. La directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández advirtió que un “ex militar sin competencias probadas en organización y comportamiento electoral presida Consejo del Servel es ¡preocupante y para reflexionar!” y añadió: “¡que alguien me diga si organismos similares a consejo Servel en países OCDE están integrados por ex militares!”.

Luis Casado publicó un artículo en elclarín.cl donde señaló: “Para remplazarle (al ex Director del SERVEL) se ha designado, sin los bombos y platillos que acompañan los desfiles militares, al general (R) Juan Emilio Cheyre. No es injuriar al Señor general el señalar que a lo largo de su carrera no debe haber practicado mucho la democracia. En la formación de los oficiales hay dos valores esenciales: la obediencia y el don de mando. En este caso… ¿Cuál es peor? De Cheyre se dice que es un hombre inteligente y yo estoy dispuesto a creerlo, a pesar de que Henri Jeanson aseguraba que si los generales son idiotas es porque los reclutan entre los coroneles. Pero me viene una duda… ¿Qué vino a hacer un hombre inteligente en esa galera? Cuando toda la ciudadanía cobra consciencia de vivir en un simulacro de democracia, ¿Qué puede aportar un hombre que viene de las antípodas de la práctica democrática? ¿Cheyre desea obedecer o mandar? ¿Tiene agenda propia? ¿A quién le da garantías en el marco de una institucionalidad ilegítima y perversa? ¿A qué juegan quienes le nombraron?”.

En tanto, la periodista Paula Correa, en Radio Universidad de Chile, emitió una nota sobre el tema donde Cristián Cruz, abogado defensor víctimas de violaciones a los derechos humanos indicó que “el señor Cheyre ha declarado como inculpado en la causa por la Caravana de la Muerte, es absolutamente impresentable que un individuo de esas características esté supervisando nuestra democracia. Como ciudadano y abogado de DD.HH. me parece repudiable y reprochable”. El jurista añadió que Cheyre “todavía tiene un par de procesos abiertos” y que si bien “la investigación tiene que seguir avanzando, el Tribunal le ha tomado declaración en calidad de inculpado en más de una ocasión”. Afirmó que está absolutamente claro el rol de los militares en una administración de derecha: “Lamentablemente aún nuestros organismos castrenses están comprometidos ideológicamente con una visión que no respeta del todo a los DD.HH.”, afirmó.

En la información de Radio Universidad de Chile se añadió que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que “él fue parte del Ejército que violó sistemáticamente los DD.HH. en Chile y tiene la responsabilidad política en la muerte de los 45 conscriptos que murieron de frío en Antuco, por no haberlo previsto como correspondía. Eso demuestra su calidad moral, porque ética y políticamente él debió renunciar ante la tragedia que significó y cínicamente rindió homenajes, pero hasta aquí nunca se preocuparon de sus familiares”.

Paula Correa señaló en su despacho que “de esta manera, Cheyre genera fuertes desconfianzas a cargo de la institución supervisora de los procesos democráticos, no sólo en los actores ciudadanos, sino también entre especialistas electorales”.

Se agregó la declaración de la cientista política y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández, quien expresó: “Me parece que esto revela un cúmulo de desaciertos por parte del Gobierno, pero también del Senado, que ratificó esto a fines de enero. En un contexto de calidad de la democracia donde hay tantas sospechas instaladas, donde las principales instituciones son objeto de tanto descrédito ciudadano, no podemos ponerle más pelos a la sopa. Hay que ser un poco más cuidadoso en cómo se van instalando estas nuevas instituciones y quiénes van conformando sus entes decisores”. La especialista añadió que la nominación del Consejo se realizó  “entre gallos y medianoche” y que, además de la figura de Cheyre, hay otros elementos preocupantes, como que sus miembros sean todos hombres, marcando un elemento de disparidad de género. Además, consideró que los integrantes de la instancia no cuentan con conocimientos específicos en temas electorales, lo que es sumamente complejo cuando estamos a las puertas de un año “hiperelectoral”, marcado por primarias y elecciones presidenciales.

En las redes sociales circularon notas de varios medios y periodistas en relación a la trayectoria de este militar, que incluyen hechos que muestran su cercanía y aprecio a Augusto Pinochet y el proceso en torno a la “Caravana de la Muerte” donde él apareció involucrado.

En la situación actual, cuando menos se abre la posibilidad de la reflexión y la duda ante la confiabilidad institucional que pueda o deba existir respecto del recién designado Director de SERVEL, dada su orientación ideológica, su desempeño contingente y su pasado militar.

Cabe la consideración y la interrogante en cuanto a que si en el país no existen las o los profesionales, académicos y/o expertos con capacidades de alta calificación y especialización para optar a esas funciones del Estado y se tenga que recurrir a antiguos altos mandos militares.

Más allá de eso, esta nueva situación podría llamar, de nueva cuenta, a instalar el debate respecto al futuro de los ex jefes de las Fuerzas Armadas dado el carácter sensible, de confidencialidad estatal, de acceso a información, y relevante y estratégico de sus funciones.

Todo apunta a que lo conveniente es que saliendo de sus puestos, los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las FF.AA. y de la direcciones generales de las policías (Carabineros e Investigaciones), estén sujetos a un periodo prudente en el cual no puedan ocupar cargos públicos ni privados para salvaguardar intereses del Estado y no colocarlos en ventajas inadecuadas.

Al mismo tiempo, podría legislarse respecto a que los altos mandos militares estén impedidos también de ocupar cargos de índole política y pública civil, diplomática y de carácter político/electoral durante un periodo considerable, para evitar sospechas y dudas respecto a sus desempeños y decisiones.

Habida la consideración de que reciben una adecuada pensión y respaldo institucional en ámbitos de salud, etc.

Hay un hecho de la causa. Actualmente, todos quienes llegan a las jefaturas máximas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, provienen de generaciones formadas y mandatadas por los mandos castrenses de la dictadura e instruidos por las doctrinas establecidas en el periodo que esas instituciones adoptaron líneas ideológicas anticomunistas, contrainsurgentes, chovinistas y de control represivo interno. Están formateados en el encuadre de la Guerra Fría.

En razón de las funciones que cumplen y la información que manejan, de su tarea estratégica en el área de la Defensa, del rol cumplido como empleados del Estado (no de un gobierno), no se podría esgrimir que un ex jefe de la Armada, la FACH o el Ejército una vez retirado puede acceder a la vida civil como cualquier otro ciudadano. Es, si se quiere, uno de los sacrificios o responsabilidades de quienes eligen la carrera militar.

Es como si mañana -algo totalmente análogo- las comandancias en Jefe o altos cargos en las FF.AA. las asuman profesionales de la esfera civil ya retirados, o si el Consejo del SERVEL designa como su Director a un ex presidente de partido, a un ex Ministro de un gobierno determinado o a un ex parlamentario.

Hay que decir, por lo demás, que Juan Emilio Cheyre, según consta en investigaciones periodísticas e históricas, proviene de una institución que prohibió los partidos políticos, cerró el Congreso, esfumó el registro electoral y organizó un par de consultas electorales sin padrón electoral, sin oposición, sin una ley electoral, en lo que se consideró un fraude total.

En la consideración de mejorar la calidad de la democracia, parece no encajar que un antiguo jefe del Ejército esté a cargo del sistema electoral chileno.

Parece anómalo para la vida institucional de Chile y para el fluido desenvolvimiento de los procesos políticos y electorales.

Hay que prever, entonces, que esta sombra rondará cada vez que exista un conflicto, un problema, una duda, una polémica, una revisión, respecto a las funciones y tareas del Servicio Electoral.

miércoles, 20 de febrero de 2013

Análisis de coyuntura de la Organización Comunista Libertaria de Chile

El lento proceso de rearme del campo popular inaugurado el 2006 tuvo como hito las movilizaciones estudiantiles el año 2011; proceso de movilización que logró generar un amplio arco de solidaridad por parte de la población que, por primera vez desde la dictadura, se articuló masivamente en torno a una demanda que esta vez apuntaba a aspectos estructurales del modelo de acumulación neoliberal (...)


(...) agudizando con ello la crisis de representatividad reflejada desde hace años en las encuestas de los diversos centros de estudios adscritos al bloque dominante.

Un hecho a constatar es que en el marco de dicha coyuntura, el movimiento estudiantil tuvo el mérito de sobreponerse a los intentos de la Concertación y el Partido Comunista de encauzarlo institucionalmente en función de su propia recomposición orgánica en un contexto de crisis. Hoy, cierta fracción de esa masa crítica estudiantil, muchas veces no capitalizada políticamente por aparato alguno, ha sabido responder (en parte) a los intentos de encauzamiento institucionales del reformismo. Es así que de alguna manera, el movimiento estudiantil ha ido adquiriendo consciencia histórica de sus reales aliados y de sus propias trampas del pasado, actuando con una acentuada autonomía respecto de las expresiones políticas adscritas al bloque en el poder, cuestión que se expresa con mayor visibilidad en los estudiantes secundarios que los universitarios.

Nuestra apuesta si bien ha tendido a fortalecer la independencia del movimiento como expresión de una acumulación de fuerzas que ponga en relieve el protagonismo de lucha de masas, ha reafirmado asimismo la necesidad de dotarnos como clase de procesos de desarrollo programáticos que signifiquen un salto cualitativo en la construcción de una fuerza social revolucionaria. De esta forma en el ámbito educativo hemos apoyado desde nuestra inserción estudiantil, sindical, poblacional y campesina junto a organizaciones sociales y políticas sociales, iniciativas programáticas inéditas como el Congreso Social por un Proyecto Educativo; esfuerzo que se suma al aporte de nuestros compañeros en el desarrollo programático al interior del CONFECH y de la ACES.

Estos esfuerzos que tributan al caudal de fuerzas transformadoras, han contenido, hasta cierto punto, el reflujo de la movilización; asimismo han contribuido a evitar una victoria aparente en el plano táctico, que implicara una derrota estratégica para el campo popular que hipotecara las posibilidades de rearme orgánico de las clases populares en un escenario de crisis de legitimidad de la clase política y de emergencia de un cuestionamiento estructural al modelo neoliberal.

Sin embargo, la capacidad de contención resulta insuficiente. El movimiento se ha demostrado carente de herramientas para contraponer una alternativa a la alianza con los partidos políticos propuesta por el reformismo, lo que expresa en un segundo nivel de análisis que el movimiento no es capaz de ir más allá de una cierta inercia social que bloquea los procesos creativos populares, y, por el contrario, se queda con lo viejo. Hablamos de una cultura de masas que se cimenta en un saber histórico amarrado a los referentes tradicionales, situación que la izquierda de intención revolucionaria no logra revertir. Reacciona a la propuesta de alianzas con la clase política con manotazos de ahogado, interpelando a eventuales aliados, “al conjunto del pueblo”, a la “unidad con otros sectores” a “los trabajadores y pobladores”, postura que si bien manifiesta una intencionalidad política correcta y útil en determinados momentos como política de contención, refiere a una lectura de la realidad muy limitada que no contempla la situación concreta, orgánica e ideológica de la clase trabajadora y el conjunto del campo popular, que aun no se sobrepone de la profunda derrota derivada de la Dictadura Militar.

Los “otros sectores” interpelados, no sólo se encuentran des constituidos, sino que además sus expresiones embrionarias difícilmente escapan de la sectorialidad en sus demandas, lo que nos debe llevar a interrogarnos sobre la situación de la clase trabajadora y sus perspectivas. Para ello esbozaremos un rápido vistazo a su situación.

Por ejemplo a nivel sindical, el desarrollo de una franja de trabajadores clasista es precario. Basta con fijarse en que el aumento sostenido de la cantidad de huelgas en el último tiempo, no es reflejo de un avance significativo en la composición de un nuevo movimiento sindical, que supere la burocracia y las limitaciones propias de la legislación actual. No obstante existe el esfuerzo de un pequeño puñado de organizaciones que ha trascendido la esfera sectorial y está haciendo apuestas programáticas. Estas organizaciones de base han sostenidoesfuerzos por converger en aspectos reivindicativos básicos, y aun cuando persista la carencia de propuesta política y de referencialidad orgánica puede dar pasos importantes a partir de iniciativas nacionales de articulación sindical y programática como el Congreso por un Nuevo Sindicalismo.

En el plano territorial, las movilizaciones de Calama, Freirina, y Aysén, si bien han permitido canalizar las demandas sociales en función de una lógica que pone en el centro el protagonismo de la comunidad organizada, se encuentran en gran medida mediatizadas por la intervención política que a nivel municipal y parlamentario desarrolla la Concertación y el PC en función de sus intereses corporativos. A nivel de las organizaciones territoriales y funcionales, la situación no es distinta, la lógica clientelar instalada desde los 90 “naturalmente” las encauza al escenario electoral y por tanto a la función de base de sustentación de los diversos referentes que disputan la institucionalidad a nivel comunal, es más, la única organización sectorial de alcance nacional del campo poblacional -FENAPO- se encuentra tensionada y absorbida por la coyuntura electoral dada la presencia de referentes que colocan este aspecto como centralidad del debate político.

No obstante el análisis de la realidad concreta de esta franja de pueblo clasista, es menester ocuparse de comprender las fuentes en el mundo popular (aquel descompuesto e inorgánico) que alimentan la politización de los mismos. No se trata de acomodarse en constataciones vacías de la politización de la cotidianeidad, pero sí de comprender que algo existe y algo cambia en lo más profundo del mundo popular que permite o que alimenta en alguna proporción la constitución de sectores acotados pero de alta fortaleza política y moral. En este sentido, la tarea compleja consiste en comprender y alinear dichos procesos con el propiamente político-orgánico de las organizaciones de la izquierda revolucionaria, cuestión que tiene que ver precisamente con aportar sustantivamente a la proyección de la clase trabajadora como fuerza motriz de las transformaciones en nuestro país.

II

La imposibilidad del movimiento estudiantil de encontrar aliados en el mundo social y el reflujo propio del carácter cíclico de la movilización permitió al gobierno sacar el debate de la calle y encajarlo en el parlamento con el despacho de siete proyectos de ley. Esta situación, que fue leída por muchos como una derrota parcial, ha implicado asimismo una recomposición interna, demostrando en términos concretos que el movimiento estudiantil constituye el único segmento y dimensión (en cuanto nodo de diversos cruces y articulaciones sociales, como pueden ser las de índole familiar, laboral, etc.) del campo popular que es capaz de reinstalar una y otra vez, y con ascendente radicalidad en las propuestas y en la acción, la necesidad de transformar a fondo las estructuras económicas, políticas y sociales en Chile.

El contexto actual refiere a un movimiento que con todo sigue manteniendo un gran respaldo de la población, por sobre todas las instituciones del ámbito político; sin embargo, dicho capital se encuentra en riesgo si no logra generar una ruptura con la ritualidad instalada logrando avanzar en aspectos básicos. Para ello requiere dotarse de una hoja de ruta que articule las demandas de corto con la de largo plazo, pero además mostrar una salida a la actual situación institucional y para ello deberá identificar el carácter que la lucha de clases asume en la actualidad, lo que reenvía necesariamente a la imposibilidad de implementación de las reformas estructurales dada la institucionalidad política y la formación económica heredada de la dictadura.

La inexistencia de respuestas a estas interrogantes refleja que a pesar de que las demandas del movimiento sean profundamente políticas, éste carece de capacidad para actuar políticamente, dicho de otra forma, tiene claro los objetivos pero no logra avanzar tácticamente, y ello sencillamente porque a nuestro juicio no logra esclarecer una estrategia de ruptura (por su propia composición de clase, su incipiente rearme orgánico, entre otras razones). Así la apoliticidad del movimiento, que ayer aparecía como una gran virtud ante la debacle y desprestigio de la clase política, puede resultar altamente nociva, si la entendemos como una despreocupación por el tema del poder, lo que nos obliga precisamente a resituar lo político en el debate e identificar los puntos de fuga a esta situación general del movimiento.

III

El cuadro general del campo social a que hacíamos referencia, nos plantea la tarea de reinstalar la centralidad política en el debate de las organizaciones populares, para lo cual resulta imprescindible dotar a nuestra fuerza social y al conjunto del campo social de una organicidad y direccionalidad que permita referenciar en el conjunto del campo popular una orientación estratégica para superar la actual etapa de la lucha de clases en Chile, que constituya una alternativa a la orientación del reformismo.

La orientación estratégica del reformismo básicamente pone acento en la alteración de las correlaciones de fuerza en el ámbito de la representación política dentro del marco de la institucionalidad de Pinochet, lo que la lleva a desarrollar la tesis del gobierno de nuevo tipo y con ello una política de alianza con la Concertación que permita generar las reformas necesarias para abrir un nuevo ciclo político. El PC apela a construir un bloque político representativo de las clases progresistas o antineoliberales para generar un proceso de apertura democrática, sin embargo dicha lectura es absolutamente errónea. La burguesía nacional progresista no existe, toda vez que ha realizado de forma absoluta sus intereses de clase en el actual patrón de acumulación neoliberal, al igual que amplios sectores de la pequeña y mediana burguesía productiva y de servicios, que si bien pueden no aparecer objetivamente interesada en la mantención del proyecto neoliberal, se imbrican como clases subordinadas a la fracción más internacionalizada de la burguesía nacional y el capital monopólico transnacional, en el marco del actual bloque en el poder.

Desde ese punto de vista, la orientación estratégica del PC únicamente podría lograr un aggiornamiento o maquillaje del modelo, dado que resulta altamente improbable que las clases que resultan beneficiadas en el modelo alteren voluntariamente -sin conflicto- las garantías políticas y económicas en virtud de las que se reproducen como clase. Por otra parte, la crisis de legitimidad de la clase política arrastra a su conjunto y asimismo al PC, aunque en menor medida, pues si bien se ha visto afectado en su capacidad de articular en el campo social cuenta con margen de maniobra dada la debilidad congénita de la izquierda a que hacíamos referencia.

Nuestra orientación estratégica, en cambio, reconoce que la actual etapa de lucha de clases se encuentra enmarcada en la búsqueda de alternativas transformadoras que despuntan en la concreción de propuestas que enfrentan decididamente el paradigma neoliberal, constituyendo esbozos fragmentados de programa. Contextualmente dichas propuestas programáticas se expresan en el ámbito de reformas de carácter democráticas y económicas que colisionan con los marcos y dispositivos institucionales instaurados en dictadura, quedado establecida a la luz de los hechos la imposibilidad de avanzar en reformas estructurales.

En una serie de análisis anteriores hemos concluido que el modelo económicamente funciona en sus límites estructurales, y como reflejo de ello la institucionalidad aparece como la única salvaguarda a su desborde, lo que explica precisamente la imposibilidad de reformas políticas que permitirían el desmantelamiento del modelo, como por ejemplo el establecimiento de un sistema electoral proporcional y una reforma profunda al sistema de partidos.

Por lo anterior, consideramos que el modelo neoliberal es estructuralmente irreformable en el marco de las reglas institucionales instauradas en la dictadura y perfeccionadas en los autodenominados gobiernos democráticos, por tanto, las alternativas de su superación por la vía de la institucionalidad pinochetista se encuentran absolutamente cerradas. En términos generales y más allá de posiciones esencialistas, los procesos electorales únicamente resultan útiles en el plano nacional como tribuna pública desde donde referenciar la orientación estratégica y aspectos programáticos (nivel parlamentario y presidencial), o en el plano local además coadyuvar al desarrollo de procesos de acumulación de fuerzas en términos territoriales (Gobiernos Comunales y Consejos Regionales), opciones que como hemos señalado se ven tremendamente limitadas para el avance de sectores populares, debido a las limitaciones propias del sistema político y electoral.

Sostenemos, que no obstante las posibilidades de construcción referencial en el plano hegemónico que ofrecen los estrechos márgenes institucionales, la única posibilidad de generar un nuevo escenario que implique la superación de la actual etapa de la lucha de clases en Chile, radica en la capacidad del campo popular de comprometer los intereses del capital monopólico transnacional y del imperialismo lo que solo es posible generando un alto grado de ingobernabilidad política y económica. Es por ello que resulta determinante en la definición del cuadro político, la movilización y la acción directa de masas articuladas socialmente en función de un programa de reformas estructurales que contenga tanto las demandas sociales sectoriales como las de reforma al sistema político con un clara orientación socialista de forma de generar las condiciones para que las conquistas parciales sean capitalizadas como expresión de una conquista política del campo popular en avance histórico.

Dicho proceso de masas podría generar un marco de apertura democrática que incorpore reformas institucionales de fondo que permitan acabar con los blindajes dictatoriales y así abrir las puertas para el desmantelamiento del modelo, lo que sin dudas generaría condiciones sociales y escenarios políticos distintos desde donde sectores del campo popular puedan profundizar la disputa del proyecto socialista en todos los ámbitos, asumiendo la posibilidad de abarcar en términos más profundos la disputa institucional.

Lo anterior no permite descartar otras hipótesis como la apertura focalizada a reformas sociales sin alterar el marco institucional y que podría derivar en la asimilación de amplios sectores de la población en el marco de una agresiva política asistencial, provocando un aislamiento de los sectores de vanguardia; o, derechamente un escenario de sistemático bloqueo de la lucha popular y la resistencia a las transformaciones por parte del bloque en el poder que podría generar una ascendente y radical lucha social y la petrificación del régimen político derivando incluso en una dictadura civil.

No podemos profundizar más en el análisis, toda vez que hay muchos factores que entran en juego como la situación política, económica y correlaciones de fuerza a nivel nacional, continental y a escala mundial.

IV

Dicho lo anterior, resulta necesario atender a las posibilidades que presenta el actual escenario político, inaugurado con las elecciones municipales.

El debut de la reforma electoral de voto voluntario e inscripción automática, no logró convocar a las urnas ni al nuevo ni al viejo electorado; es así que el resultado de la pasada elección estalló en la cara del binomio político que, en un contexto de inestabilidad social esperaba dotar de una mayor base de adhesión al proyecto triunfante junto con propinar una derrota al campo social resituando “lo político” a los cauces institucionales.

Lo anterior permite evidenciar los límites de lo electoral, ya sea en cuanto rito reafirmación simbólica de las clases dominantes o en cuanto a táctica para un planteo de ruptura desde la participación institucional, limitado a este escenario.

Si bien el binomio sufrió una derrota parcial con los resultados de la pasada elección, expresiones políticas que aparecían como independientes o desgajadas del binomio no lograron eclipsar la tendencia a la concentración de la votación en los sectores más conservadores de la sociedad chilena, la Alianza y el pacto DC-PS. El desgaste del ritual electoral como dimensión política de la reafirmación del modelo parece ser profundo, arrastrando de pasada con apuestas como la de Igualdad y otras que orientan su participación desde el margen político institucional pero que carecen de resonancia en amplios sectores del campo popular movilizado no obstante expresar discursivamente sus demandas.

El panorama se complejiza si entendemos esta coyuntura como un juego de dos tiempos, en que solo los resultados de la próxima elección presidencial referirán, por su trascendencia, si efectivamente lo ocurrido en octubre es una tendencia o definitivamente tiene su explicación en la baja relevancia política de la disputa municipal.

Ahora bien, la derrota parcial del binomio que significó la alta abstención no significa una victoria de los sectores movilizados ni implica necesariamente la posibilidad de capitalización política de dicho fenómeno, pero ¿puede transformarse en ello?

En el mes de agosto los estudiantes secundarios amenazaron con boicotear las elecciones municipales del 28 de octubre si no se daba respuesta satisfactoria a su petitorio. Más allá de las posibilidades de la implementación de tal amenaza, este mensaje tuvo el merito de instalar en el debate político del campo popular la necesidad de actuar en el escenario contingente y tensar posiciones en sectores políticos con incidencia social y que tenían comprometidos sus intereses en el actual escenario electoral (desde la derecha hasta Igualdad); sin embargo el presente contexto nos plantea la necesidad de desarrollar una propuesta de mayor proyección que el llamado a no prestar el voto, lo que significa dar un salto cualitativo en la generación de la propuesta política libertaria.

El eje central, en este sentido, radica en la necesidad de que los procesos de desarrollo programáticos sean masificados y fortalecidos, pero como expresión de una orientación estratégica de ruptura. Y aquí debemos ser claros. La disociación entre el programa y la orientación estratégica únicamente será funcional al mantenimiento de la inercia política propia del basismo, y en el peor de los casos, que las propuestas programáticas sean fagocitadas por las expresiones políticas adscritas al modelo o por las que apelan a su reforma haciendo abstracción de las condiciones estructurales del marco institucional.

La tarea consiste entonces en determinar un piso programático que aglutine al campo social movilizado en función de una orientación estratégica de ruptura democrática, ello nos permitirá abordar desde el campo popular movilizado una propuesta para la acción política frente al escenario electoral de 2013 que permita referenciar tanto los contenidos de nuestra apuesta como asimismo un camino para acabar con el modelo y abrir una nueva etapa en la lucha de clases en Chile.

Lo anterior coloca en la agenda la necesidad de explorar las alternativas tácticas en su amplitud, determinar los límites en la implementación de cada una de ellas, así como evaluar los distintos posicionamientos políticos existentes en el seno del campo popular, lo que permitirá asimismo establecer una correcta política de alianzas.

Estas tareas nos obligan como proyecto político a profundizar nuestra vocación de mayoría, en sustentarnos en una correcta orientación estratégica en el actual escenario de la lucha de clases, en los avances programáticos de nuestro pueblo y en el despliegue nacional de fuerzas en orden a orientar y gravitar decisivamente en el proceso político. Ello permitirá que la Izquierda Libertaria emerja como una alternativa real y fuerza articuladora para aportar sustancialmente en la construcción de una alternativa socialista para nuestro pueblo. En ello confiamos y por eso luchamos.

Arriba los y las que luchan
Venceremos

Fuente:Organización Comunista Libertaria de Chile

La expresidenta Bachelet: De cara al pudrición

Aquí ahora en medio de un país corrupto y podrido en lo medular. Un país conformado por patrones y esclavos, por poseedores y desposeídos, por lobos y corderos.

Ex presidenta Bachelet

Michelle Bachelet ha anunciado que hablará sobre su futuro político en fecha cercana, lo que la coloca en la perspectiva de reincorporarse eventualmente a la contaminada vida política del país. Su mutismo de años sobre su probable candidatura a la presidencia, habla claramente en favor de su aceptación de ésta, pues ya no es justificable una negativa de última hora.

Las encuestas han mostrado de modo contínuo que muchos compatriotas quisieran tener a Michelle Bachelet cómo presidenta de Chile una vez más y no hay duda de que una gran masa ciudadana sigue mirando hacia ella con esperanzas de salvación y reivindicación. Incluso aquellos que no creen en ella, aceptan aún entre dientes, aspectos positivos en su eventual candidatura. Sin embargo, en unos y otros, está siempre presente la Gran Preocupación, la Ansiedad Congénita de los ciudadanos marginados de todo poder y soberanía: ¿será un nuevo gobierno de Bachelet, un renovado “más de lo mismo”? La presencia de la Concertación junto a ella ofrece pocas y muchas  dudas al respecto.

Durante la ausencia de Bachelet, el gobierno de Sebatián Piñera ha consolidado la condición del país como basurero deliberado de conceptos como democracia, justicia social, derechos ciudadanos, igualdad de oportunidades, desarrollo humano, bienestar común. Como primer gobierno derechista de carácter “democrático” después de la dictadura, ha corroborado por enésima vez que aquel golpe civil-militar de 1973, planificado y orquestado bajo el eufemismo de “salvar a Chile del comunismo”, tenía como único y auténtico objetivo asegurar el control y la propiedad del capital y de los frutos de la producción nacional para la clase política que históricamente la había administrado. Como en las novelas policíacas hay que pensar en quién iba a ser el beneficiario inmediato del crimen; y por cierto, el móvil del golpe nunca fue la libertad ni la democracia supuestamente amenazadas, sino el logro del poder total y de la hegemonía política que aseguraran el libre y exclusivo acceso de la derecha chilena a la riqueza nacional. Pues, detrás de cualquier falso ideario o presunta filosofía derechista, lo que prevalece finalmente es una codicia sin límites y un grotesco afán por el dinero. He aquí el núcleo fundacional y motriz de la ideología y praxis política derechistas y la causa de la opresión social que le es propia. Tanto el degüello de un opositor civil durante la dictadura como la negativa contumaz a escuchar el clamor estudiantil por una educación pública de calidad en “democracia”, tienen como base el mismo patrón ideológico. Y el objetivo es exactamente el mismo: no admitir otra clase política y social en el control y usufructo de la riqueza nacional.

En una sociedad donde la posibilidad de lucro y de ganancia no existieran, las fuerzas políticas de derecha desaparecerían automáticamente. Del mismo modo las clases sociales, pues la existencia de éstas es consubstancial a una forma antidemocrática de distribución de la riqueza. Por otra parte, el ejercicio hegemónico del poder y la búsqueda desenfrenada del lucro no son sólo ejemplos de corrupción por sí mismos, sino extienden su influencia corruptora hacia toda la sociedad. La corrupción se hace parte del tejido social en todos los niveles y cada vez se hace más difícil para los individuos sustraerse a sus efectos, a tal punto que puede llegar a ser aceptada como factor natural de la realidad. Hoy día, pareciera no sorprender a nadie, la irrupción continuada de escándalos de corrupción y de fraude -agudizada durante el gobierno de Sebastián Piñera- articulados todos ellos en torno al robo puro y simple o al afán desmesurado de lucro por parte de personas y organizaciones vinculadas al poder político y económico.

Esta es una realidad social inspirada, construída y sostenida por la ideología política en el poder durante cuarenta años. La Concertación de Partidos por la Democracia, surgida de la voluntad mayoritaria de la nación y a quien se le asignó la tarea de purificar la vida social y liberarla de cadenas, de crímenes y de corrupción, traicionó sin rubor y sin esfuerzo los propósitos y los intereses libertarios y democráticos de la ciudadanía. Al contrario se hizo parte del negocio del poder, pues para la actual clase política, el ejercicio del poder ha devenido sólo eso: un negocio corporativo que no debe ser modificado.

Henos aquí ahora en medio de un país corrupto y podrido en lo medular. Un país conformado por patrones y esclavos, por poseedores y desposeídos, por lobos y corderos. Como hemos dicho en otras oportunidades: “… vivimos en un modelo económico y político movido por una codicia empresarial y personal sin parangón y totalmente alejado de todo principio ético y de justicia social. Un modelo que expolia a todos los desposeídos por igual sin consideración de sus preferencias políticas, un modelo delineado y estructurado para construir la riqueza extrema de 4459 familias priviliegiadas y de 114 grupos económicos, riqueza que proviene del trabajo, del despojo y de la servidumbre económica de los millones de familias restantes del país. Un modelo de economía de mercado, salvaje e irresponsable, que ha hecho invisible al ciudadano para convertirlo en cambio en mano de obra barata, en cliente, en deudor…”. (En “Por el sentido común, por lo humano, contra la antidemocracia”)
Muchos quieren ser presidente de este podrido país. Y muchos ya se han autoproclamado como candidatos o precandidatos. Ninguno de ellos supone la más mínima posibilidad de modificar las leyes escritas y no escritas que avalan la existencia de tanta corrupción, de tanto peculado y de tanta antidemocracia, pero todos ellos confían en que la rigidez del sistema y la ya tradicional inercia intelectual y política del electorado, ha de favorecer sus posibilidades de ser el gran mandante y beneficiario de la invariable y sostenida putrefacción social y moral del país.

Pero, el movimiento estudiantil y las movilizaciones regionales han puesto en evidencia el surgir de una nueva conciencia politica. Y está claro que : “ … a esta nueva conciencia ya no le basta con políticas elaboradas para evadir toda modificación de las estructuras políticas y sociales del país, ni con iniciativas de protección social que sólo aseguran la perpetuación de la injusticia y la marginación social. Ya no le basta con discursos sibilinos y falaces que no comprometen a nada o que anuncian realizaciones que no serán cumplidas. La nueva conciencia ya no puede seguir aceptando el perpetuo destierro de la justicia y de la ética de la praxis política. El candidato que represente a esta gran masa ciudadana debe expresar de modo claro e inequívoco cómo piensa acometer la transformación social, política y económica del país. Debe aclarar cómo piensa deben restituirse a la ciudadanía sus derechos soberanos… cómo piensa que debe llevarse a cabo la transformación estructural del país y del Estado… cómo piensa que debe ponerse fin a la dictadura constituciónal impuesta a sangre y duelo por la derecha armada. (En “Una candidatura presidencial… ¿para qué?”)

Consecuentemente, el país marginado -que es por cierto, la gran masa ciudadana nacional – necesita en estos momentos de un programa de acción auténticamente democrático y revolucionario y de un líderazgo político que de modo valiente y sin ambages encabece un movimiento social, nacional y políticamente transversal, orientado a lograr la purificación moral y social del país. Para ello no basta por cierto, con alcanzar la presidencia de la República. Es necesario –entre otras cosas- salir a la calle a discutir y elaborar junto a la ciudadanía, los principios políticos y éticos que deben ser el fundamento de la re-organización de la Nación y del Estado y que luego deben ser plasmados en un programa de acción ciudadana, orientados a implantar en Chile el imperio de la RAZÓN, de la ÉTICA y de la JUSTICIA SOCIAL en la gran política nacional. Por tanto, se trata de movilizar al país para reemplazar paulatinamente la fracasada democracia representativa por una democracia crecientemente participativa. Todo esto va mucho más allá de una persona y de un período presidencial, aunque éste podría contribuir seguramente a crear condiciones propicias para dicho objetivo. ¿Puede ser Bachelet quien asuma un desafío semejante?

Es necesario recordar aquí que la identificación de Bachelet con la Concertación es el más grande factor en su contra. La Concertación y el propio gobierno anterior de Bachelet son co-creadores de la descomposición política y moral que se pretende erradicar y sustraer a Bachelet de tal responsabilidad es prácticamente imposible. Es por este mismo motivo, que una importante parte del electorado nacional se abstuvo de participar en la última elección nacional y principalmente los sectores jóvenes del electorado se resisten desde ya a apoyar su postulación presidencial. A pesar de ello, si hemos de creer a las encuestas, Bachelet sigue perfilándose como una figura política capaz de concitar tras de sí un gran y significativo apoyo popular. Y ello no hace más que acrecentar su compromiso con la ciudadanía que durante todos estos años de ausencia ha continuado creyendo en ella.

Creemos que este mismo hecho, acentúa su responsabilidad política ante el país y le concede perspectivas de las que nadie más que ella dispone en este momento. Tan cierto como que la Concertación necesita de Bachelet para su subsistencia, es que Bachelet no necesitaría para nada a la Concertación para agrupar mayoritariamente al país tras de ella. Tan cierto como que la Concertación no representa a nadie, es que Bachelet podría representar a la inmensa mayoría segregada del país. En suma, Bachelet podría asumir posiciones de auténtico liderazgo político si tuviera el coraje de desembarazarse de todo amarre con la corrompida casta concertacionista, de un modo categórico, real y efectivo, lo que significaría la ocasión para la creación de una nueva realidad política en el país. No es posible pensar en una nueva Bachelet, rodeada de desprestigiados escuderos políticos como el senador Escalona (por ejemplo), autodeclarado enemigo público de toda expresión de soberanía ciudadana y popular.

Bachelet podría iniciar una nueva etapa de su vida política, construyendo una confianza renovada en ella por parte de la ciudadanía, a través de un compromiso público, escrito y solemne ante el país, referido a la limpieza y a la purificación política, social y moral que la nación necesita. Un compromiso que junto con separarla de la clase política reinante, otorgue un rol protagónico y relevante a las generaciones jóvenes de estudiantes, de intelectuales, de trabajadores de toda índole, hombres y mujeres; a los organismos regionales, sindicales, étnicos, de jubilados, de profesionales, etc. en la conducción y realización de las tareas renovadores. Se trataría de encabezar una gran movilización ciudadana de carácter nacional ajena a la interferencia de los partidos políticos, cuya gestión podría iniciarse o no con una postulación presidencial, pero cuyo proyecto ético y transformador debe ser acordado con plena participación de la ciudadanía, sin esquivar plebiscitos, asambleas constituyentes u otras formas de expresión ciudadana de carácter soberano. Por tanto, debería asumir su propio ritmo de organización, de gestión y realización.

La mayoría ciudadana vive agobiada por el peso de un egoísmo de clase, planificado, cruel y perverso y por la servidumbre intolerable establecida por la Constitución Política de la dictadura . Frente a esta realidad, la población adolece de un liderazgo político que la represente, que sea capaz de golpear la mesa nacional, de instalar en la discusión pública ideas de renovación ética y social y de señalar caminos para su auténtica liberación. Bachelet podría seguramente asumir dicho liderazgo si así lo quisiera. ¿Puede un político encontrarse por una vez en su vida con una alternativa más trascendente que ésta?

Ignoramos qué piensa Bachelet acerca de la realidad que hemos descrito y cuál es su posición personal frente a ella. Por ahora, sólo cabe esperar de acuerdo a lo anunciado, que ella informe al país si se contentará con aspirar a ser una vez más administradora del pudridero nacional y a insuflarle nueva vida a la irredimible Concertación o aspirará en cambio a asumir el rol histórico de encabezar la lucha por restituir en Chile la soberanía ciudadana, la ética política y social y la creación de una auténtica democracia.

Frente a tales alternativas, es sólo Michelle Bachelet quien tiene la última palabra. Pero la vida no es inmutable y ninguna realidad social depende de las decisiones de una sola persona. El movimiento iniciado por los “pinguinos” en 2006 y refrendado por las movilizaciones del 2011, puede ser paralizado momentáneamente, pero la conciencia de cambio allí levantada no ha sido destruída y sin duda sólo acumula fuerzas en la aparente pasividad. Si no fuere Michelle Bachelet quien enarbole las banderas de la reivindicación ética y social del país, lo serán otros más tarde o más temprano. Pero la defección podría llevar su nombre.

martes, 19 de febrero de 2013

Exjefes de la Colonia Dignidad se entregan a la Justicia chilena para cumplir penas



Exjefes de la Colonia Dignidad se entregan a la Justicia chilena para cumplir penas
Cuatro de los antiguos jerarcas de la Colonia Dignidad se entregaron hoy a la Justicia chilena para cumplir en prisión las condenas por su complicidad en las violaciones y abusos sexuales de menores cometidos por Paul Schaefer, el fallecido fundador del enclave alemán.

Según informaron fuentes judiciales, cuatro de los seis condenados a penas efectivas de cárcel en el fallo de la Corte Suprema chilena del pasado 28 de enero se presentaron en el Juzgado de Letras de Parral (343 kilómetros al sur de Santiago) hoy, día en que el juez a cargo del caso ordenó la ejecución de la sentencia.

Se trata de los alemanes Gerard Mücke y Gunter Schaffrick; condenados a once años de prisión; el chileno Danny Alvear, sentenciado a ocho años y 180 días; y el ciudadano holandés Kurt Herbert Schnellenkamp Nelaimisckies, condenado a cinco años y un día.

Las autoridades judiciales esperan que Gerd Seewald, de nacionalidad alemana y condenado a ocho años y 180 días de cárcel, se entregue a lo largo de esta jornada.

Harmut Hopp, el sexto exlíder de Colonia Dignidad sentenciado a prisión, se encuentra prófugo en Alemania desde mayo de 2011, cuando escapó de Chile y cuya extradición fue negada por el país europeo.

Estos seis condenados eran considerados, según los antecedentes del juicio, el "círculo de hierro" de Paul Schaefer y en 1997 le ayudaron a escapar hacia Argentina, donde fue encontrado por la policía en 2005, cuando fue expulsado por el Gobierno de ese país y ahora se le pudo procesar y condenar.

La Colonia Dignidad, llamada Villa Baviera por sus moradores y situada a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fue fundada en 1961 por el exsuboficial nazi Paul Schaefer y durante cuatro décadas funcionó de forma hermética y al margen de las leyes chilenas.

Los antiguos miembros de la cúpula del enclave alemán serán trasladados a la cárcel de Cauquenes, unos 350 kilómetros al sur de la capital chilena en la región del Maule, donde cumplirán sus condenas.

La Justicia chilena condenó a otros diez responsables de la Colonia Dignidad, aunque se les dio el beneficio de libertad vigilada.