Gobierno chileno considera probable asesinato de Pablo Neruda

El Gobierno chileno considera “altamente probable” la actuación de terceros en la muerte del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, de acuerdo a un documento oficial difundido hoy.

En una carta al juez que investiga su deceso, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indica que, si bien Neruda sufría de cáncer prostático, no se efectuaron procedimientos médicos y forenses de rigor para establecer claramente la causa de su fallecimiento.



“De los hechos acreditados en el expediente, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de don Pablo Neruda”, se lee en el informe.

Neruda, entonces miembro del Comité Central del Partido Comunista y la personalidad más relevante de la intelectualidad chilena de la época, murió el 23 de septiembre de 1973, dos semanas después del golpe militar que llevó al poder a Pinochet.

La tesis de la entidad es que, según antecedentes acreditados en la investigación, una inyección de sustancias no determinadas en el abdomen del poeta habría provocado su muerte y no el cáncer que le habían detectado poco antes.

Neruda había recibido un ofrecimiento de México para trasladarse a vivir a dicho país, desde donde lideraría la oposición a Pinochet, asegura el documento.

Un avión esperaba en la loza del Aeropuerto de Santiago para el viaje previsto originalmente el 22 de septiembre de 1973, el que luego fue postergado por el poeta para el día 24.

Las casas de Neruda habían sido allanadas por fuerzas militares, mientras que otros dirigentes del Partido Comunista fueron presos y luego muertos por el régimen que derrocó al presidente socialista Salvador Allende.

Manuel Araya, chofer del poeta, ha asegurado en reiteradas ocasiones que Neruda recibió una inyección mortífera por parte de agentes de la dictadura que se infiltraron en la clínica. Sin embargo, investigaciones anteriores no pudieron establecer el presunto envenenamiento del afamado escritor.

Bachelet asiste al lanzamiento de Observatorio Anticorrupción y anuncia que promulgará ley que sanciona infracciones a las normas de financiamiento

En su discurso, la máxima autoridad nacional valoró las propuestas elaboradas por el Consejo Asesor Presidencial que lideró Eduardo Engel, y afirmó que “este proceso no podía seguir esperando, porque era vital para nuestra democracia, nuestros mercados y nuestra convivencia”.

Esta mañana, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en el lanzamiento del Observatorio Anticorrupción, y destacó, en la ceremonia que se realizó en el Centro Cultural Alameda, que “las más de 200 propuestas elaboradas por el Consejo que lideró Eduardo Engel, no hacen más que ratificar la magnitud del proceso transformador que Chile requiere para recuperar las confianzas en las instituciones”.

En este contexto añadió que “este proceso no podía seguir esperando, porque era vital para nuestra democracia, nuestros mercados y nuestra convivencia. La ciudadanía lo ha entendido y demandado. Debíamos ponernos en movimiento para dejar atrás toda forma de corrupción, los conflictos de interés y malas prácticas empresariales, que no son sino distintas expresiones de lo mismo: el abuso que nace de la desigualdad”.

La Jefa de Estado explicó que “a partir de las propuestas del Consejo, de nuestros intercambios con Centros de Estudio, con partidos políticos, con representantes de la sociedad civil, presentamos una agenda con un conjunto de medidas urgentes y viables. De ellas, ya se ha dado curso al total de las 14 medidas administrativas comprometidas en la Agenda. Esto significa que todas las medidas que dependían únicamente de la acción del Poder Ejecutivo ya están operando”.

Asimismo, detalló que “las iniciativas legislativas, de un total de 21, diecisiete ya están en curso, promulgadas o en manos del Congreso. Y las cuatro restantes dependen de la aprobación de reformas previas o se encuentran en estudio para su presentación”.

En esta línea, resaltó que “la voluntad de avanzar del Poder Ejecutivo está a la vista. De los proyectos presentados, 6 se encuentran con suma urgencia y avanzan a paso firme en el Congreso. Además, ya hay 8 proyectos en etapa avanzada o terminal de tramitación. Y hay otros aprobados, a la espera del control preventivo del Tribunal Constitucional. Así, y habiendo múltiples procesos legislativos en curso, ya hemos aprobado la autonomía constitucional del Servicio Electoral, lo que fortalecerá el control sobre las elecciones”.

La máxima autoridad nacional adelantó que “el próximo lunes vamos a promulgar la ley que sanciona las infracciones a las normas de financiamiento, con la pérdida del escaño. Y este es un mensaje directo a quienes pudieran no respetar la confianza de sus compatriotas en actividades tan importantes como representarlos en el Parlamento, en los Consejos Regionales, en el municipio; y espero, en las próximas elecciones, que también haya elección directa de intendentes”.

La Mandataria aseveró que quienes sean sancionados quedarán imposibilitados de ejercer funciones públicas, sean o no de elección popular, por un plazo de dos años. “Esta es una de las señales más claras para la ciudadanía, es una ‘verdadera tarjeta roja’ para indicar que ya no se van a aceptar trampas que tanto daño le hacen a la democracia y sus instituciones”, afirmó al concluir su discurso.

Chile:Bachelet Promulga Leyes Sobre Administración De Justicia

Dos importantes leyes relativas a la administración de justicia fueron promulgadas hoy, martes 3 de noviembre, en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el pleno de la Corte Suprema, encabezado por el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz.

Michelle Bachelet y el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

A la ceremonia de promulgación también asistieron el presidente del Senado, Patricio Walker; la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados; además de jueces y funcionarios judiciales.

La Presidenta Bachelet promulgó la Ley 20.876, que crea juzgados en las localidades de Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams, con una dotación de 3, 2 y 1 juez, respectivamente. En Alto Hospicio, por ejemplo, el nuevo tribunal beneficiará a una comuna con una población que supera los 110.000 habitantes, quienes, hasta ahora, deben concurrir a tribunales en Iquique.

Según el presidente Sergio Muñoz, los nuevos tribunales permitirán aportar a la igualdad, tolerancia e inclusión social y al fortalecimiento de la paz y de la democracia.

"La justicia debe estar de la mano de la igualdad, de la integración, de la tolerancia y la inclusión. Como lo ha expresado esta Corte Suprema, la función del Poder Judicial es solucionar los asuntos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento de la democracia", sostuvo.

El ministro Muñoz agregó que "esta es la justicia que estamos contribuyendo que impere en nuestro país. Es por ello que nos complace que el Supremo Gobierno, por medio de la cartera de Justicia, atendiera nuestras necesidades, que son las necesidades de los chilenos, e impulsara los proyectos de ley que se han promulgado el día de hoy. De la misma forma, agradecemos a los honorables parlamentarios, senadores y diputados, que con su trabajo permitieron que las iniciativas fueran aprobadas por el Congreso en un corto lapso".

Asimismo, destacó que "hemos sido testigos hoy que las autoridades estatales han podido reunir sus voluntades en aras del fortalecimiento y modernización de la justicia".

En el mismo cuerpo legal se establece, además, la redistribución a lo largo del país de 71 cargos de juez que, originalmente, estaban considerados para completar las dotaciones de tribunales penales de la Región Metropolitana. Modificación que contribuirá a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, utilizando los cargos disponibles para cubrir la demanda que presentan varios tribunales del país.

El proyecto impactará positivamente en 53 juzgados, los que recibirán uno o más jueces, para enfrentar la sobrecarga que actualmente presentan y mejorar la gestión en materia Penal, Familia, Laboral y Cobranza.

La redistribución de magistrados mejorará sustancialmente la calidad del servicio judicial que entregan los juzgados que serán reforzados, los que presentaban sobrecarga de trabajo, agilizando la tramitación, reduciendo el stock de causas acumuladas y resolviendo en menor plazo los nuevos ingresos.

Esta nueva norma permitirá reducir en un 41% la brecha que existe en la dotación de jueces que demanda el país. Dando respuesta a la demanda de justicia que se deriva de la explosión demográfica y a la lejanía física y dificultad de sectores poblacionales que demanda servicios judiciales.

Eliminación de turnos

La segunda ley promulgada hoy es la 20.875, que suprime los turnos en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria en juzgados que no son asiento de Corte de Apelaciones. Ley iniciada por moción parlamentaria en octubre de 2014, que corrige el actual sistema que produce evidentes desequilibrios en los volúmenes de ingreso de causas por tribunal.

La nueva normativa estandarizará la regla de distribución de asuntos en todos los tribunales del país, aplicando la que rige en los tribunales que son asiento de Corte de Apelaciones. Para ello, se dispondrá de un sistema computacional que asegura objetividad, precisión y igualdad en la distribución de causas en todos los tribunales del país, dotando de mayor transparencia al proceso de asignación, al existir un algoritmo de distribución imparcial. Promoviendo, además, la igualdad en el acceso a la justicia de los usuarios del sistema, tanto externos como internos, impactando positivamente en 37 juzgados a lo largo país, beneficiando a 2.399.174 habitantes de las jurisdicciones que estos atienden.

Tras la promulgación de los nuevos cuerpos de ley, la Presidenta Bachelet destacó el trabajo asociativo de los tres poderes del Estado que intervinieron en su tramitación con el fin de responder a las exigencias crecientes de la ciudadanía y otorgar un mejor acceso a la justicia y, especialmente, disminuir las brechas de desigualdad, "lo que no pasa solo por mecanismos sociales, sino de acceso y real descentralización", dijo.

Chile:Bachelet firma Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública

“Estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión”, señaló la Jefa de Estado.

La máxima autoridad del país aseguró que la implementación del nuevo sistema será gradual en un plazo de seis años.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Educación, Adriana Delpiano; del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos; de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública.



“La firma de hoy nos llena de alegría y de satisfacción, porque le estamos cumpliendo a Chile, estamos completando la construcción institucional de un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad, porque es lo que nuestros niños y niñas requieren y merecen”, aseguró la Mandataria.

Durante la ceremonia que se efectuó en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, la Jefa de Estado explicó que esta iniciativa establece que la calidad de la educación pública no siga dependiendo de los recursos que dispongan las comunas. La Nueva Educación Pública será asegurada por una provisión permanente y directa del Estado, destinada especialmente a la gestión y administración de los establecimientos a su cargo.

“Estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión. La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerán de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país. Así, vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta educativa de calidad”, agregó.

La Mandataria explicó que la implementación del sistema será en un plazo de seis años, buscando asegurar un adecuado cierre del ciclo de administración municipal y un exitoso traspaso a la nueva institucionalidad.

“Le he pedido a la ministra y a los responsables del Ministerio de Educación que expliquen con toda claridad a las familias y a los agentes de la educación cómo se llevará adelante este proceso, que se va a extender por un plazo de 6 años”, subrayó la Jefa de Estado.

El proyecto contempla una Dirección Nacional de Educación Pública, dependiente del ministerio del ramo, que será el ente coordinador y que supervisará la Red Estatal de Educación.

Habrá 67 Servicios Locales de Educación Descentralizados, que serán los gestores territoriales, que contarán con capacidades efectivas para apoyar y administrar los establecimientos; liberando a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión administrativa y así centrarse en su tarea primordial, los procesos educativos.

Estos servicios velarán porque en cada establecimiento educacional existan las condiciones y los recursos que garanticen la seguridad de todos los niños y niñas y la calidad de la educación que reciben, lo que implica entre otras cosas, un apoyo técnico-pedagógico permanente y acorde a las necesidades de cada plantel.

Por último, habrá el mismo número de Consejos Locales de Educación, uno por cada Servicio, que estarán representados los distintos actores territoriales de la comunidad educativa. Ahí, estará expresada orgánicamente la voz de alcaldes, apoderados, estudiantes, entre otros.

“Esta nueva institucionalidad busca mejorar el uso de los recursos por medio de economías de escala, reemplazar la competencia por la cooperación entre establecimientos y permitir que todos los servicios locales, escuelas y liceos, posean similares capacidades que les permitan cumplir de buena forma con sus respectivas labores”, sostuvo la Mandataria.

Finalmente, señaló que el financiamiento “de este nuevo Sistema de Educación Pública provendrá directamente del Presupuesto Nacional y la asignación de recursos considerará criterios compensatorios; es decir, se destinarán más recursos donde existan más necesidades”.