A solicitud del diputado Roberto León, la instancia acordó remitir al general Humberto Oviedo una serie de preguntas relacionadas con la muerte del ex Mandatario, que previamente habrían sido enviadas por su familia sin obtener respuesta de la institución armada.
Eduardo Frei Montalva
Por ello, el diputado Roberto León (DC) solicitó a la instancia legislativa hacer llegar un oficio, que fue aprobado por ocho votos a favor, además de una abstención y un voto en contra.
El oficio pide “que se informen las acciones que ha realizado el Ejército de Chile, con el propósito de poner a disposición del Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, la siguiente documentación:
- Las Actas de Incineración de los documentos de Inteligencia y Contrainteligencia de las actividades de la DINE, correspondiente a los años 1980, 1981 y 1982, a las que hace referencia el artículo 169 del Reglamento de Inteligencia “Seguridad Militar”;
- Las Directivas CJE para la Ejecución de Actividades Anuales en Materia de Inteligencia, de los años 1980, 1981 y 1982; y,
- La carpeta operativa sobre las acciones realizadas hacia el ex Presidente D. Eduardo Frei Montalva.
Expresidente Eduardo Frei Montalva
Señala, además, que “se informen las acciones que ha realizado el Ejército para investigar por qué no existen en sus archivos las Actas de Incineración de los documentos de Inteligencia y Contrainteligencia de las actividades de la DINE, correspondientes a los años 1980, 1981 y 1982, y las Directivas CJE para la Ejecución de Actividades Anuales en Materia de Inteligencia, de los años 1980, 1981 y 1982”.
“Se informe si es que existen en poder del Ejército de Chile, archivos de documentación que se encuentre reducida en el formato de microfilm. En caso de que exista, solicitamos se entreguen detalles respecto del periodo de tiempo al que corresponde la documentación en cuestión y una individualización del material existente, con una descripción de la información contenida”.
Se agrega, también, que “se comuniquen las acciones que ha realizado el Ejército de Chile para dar con el paradero del “Archivo General de la Central Nacional de Información”, que fue traspasado a la Dirección de Inteligencia del Ejército”.
“Se comuniquen las razones por las cuales el Ejército de Chile no ha entregado a los Tribunales de Justicia, los archivos microfilmados asociados a los organismos de seguridad y, particularmente, a la CNI, que permanecieron en poder del Ejército de Chile, hasta al menos el año 2005”.
“Se informe cual ha sido la evolución de la política institucional del Ejército de Chile, en relación con la conservación, custodia y archivo de la documentación desde el año 1989, hasta la actualidad. Al respecto solicitamos se detalle qué repartición era la responsable de la conservación, custodia y archivo de la documentación; el funcionario a cargo de la mencionada repartición; la cantidad y entidad de la documentación incinerada por cada año”.
Eliminación de archivos
Sobre el envío de este oficio, el Jefe de la bancada DC, diputado Ricardo Rincón, explicó que “en el último tiempo, el gobierno y la sociedad entera, ha vuelto a reiterarle al Ejército que entregue la documentación que mantiene bajo custodia sobre los crímenes cometidos en dictadura".
Agregó que a la luz de las revelaciones que emergen de la investigación caratulada como homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, "una nueva negativa del Ejército sería un nuevo acto de obstrucción a la justicia; por eso, esperamos que responsa estas preguntas”.
El parlamentario aseguró que “diversos testimonios confirman que el Ejército mantuvo en bóvedas subterráneas de la Dirección de Inteligencia del Ejército, archivos con cientos de miles de documentos microfilmados con información de operaciones secretas en dictadura. Los documentos existían mientras el Ejército de Chile los negaba. Esto, aun considerando que existen reveladores testimonios de integrantes de los servicios secretos de la dictadura que dan cuenta de la existencia de esos archivos. Por otra parte, hay antecedentes que señalan que muchos documentos y archivos habrían sido eliminados, al margen de lo establecido en las disposiciones reglamentarias institucionales, relativas a la incineración de documentación reservada o secreta”.
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