La presidenta Michelle Bachelet recodó este viernes el golpe de Estado que 42 años atrás "desgarró" el alma del país y de los chilenos instaurando la dictadura del traidor de la patria Augusto Pinochet.
El discurso de Bachelet cerró sin hacer anuncios respecto a una cárcel especial para represores, como esperaban grupos de derechos humanos y sectores de la coalición gobernante. "Aún faltan seres queridos cuyos paradero debemos saber, aún falta verdad por conocer y justicia por aplicar", dijo Bachelet.
El homenaje institucional, al que han asistido más de 500 líderes políticos y sociales, coincide este año con la tramitación parlamentaria de un proyecto para crear la Subsecretaría de Derechos Humanos, como parte del giro del Estado chileno frente al "silencio" administrativo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Una iniciativa que el gobierno de Bachelet, con la popularidad por los suelos por la ola de corrupción, deseaba haber aprobado antes de las conmemoraciones de hoy. Pero el proyecto de ley se ha visto frenado por la oposición conservadora y su aprobación todavía deberá esperar unas semanas.
"Lo más probable es que podamos aprobar la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos durante este mes de septiembre", ha explicado la ministra de Justicia, Javiera Blanco, impulsora de la iniciativa.
El homenaje al socialista Salvador Allende se realizó en La Moneda, la sede del gobierno que en 1973 fue bombardeada por las Fuerzas Armadas.
Bachelet hizo un llamado a "derribar los muros de silencio que nos impiden avanzar, aún hay privilegios que el Chile de hoy día no tolera, la consciencia de Chile nos exige superarlos".
"Me encargaré de que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente", agregó la mandataria, que vivió en carne propia la represión militar, en lo que podría ser un guiño a las voces que piden cerrar la cárcel especial.
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, demandó el cierre del Penal de Punta Peuco, que actualmente alberga a un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por secuestro, la tortura así como por el asesinato de algunos de las más de 3,200 víctimas mortales que dejó la dictadura de Pinochet (1973-1990).
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