El documento propone las reformas necesarias para enfrentar la segregación urbana de los sectores más vulnerables dentro de las ciudades; la desigualdad en la calidad de vida urbana entre comunas y barrios generada por las diferencias de ingresos; y la especulación del mercado del suelo, que crea distorsiones en los precios del suelo, escases de terrenos y presiones sobre el sistema público.
En una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió esta mañana el informe “Política de suelo para la integración social”, elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU).
La comisión, presidida por el arquitecto de la Universidad Católica Eduardo Bresciani, comenzó a trabajar el 8 de abril de 2014 como una instancia permanente en materia de política urbana. Su misión es estudiar políticas sectoriales de desarrollo urbano, revisar la legislación nacional vigente aplicable y proponer las reformas y perfeccionamientos pertinentes, entre otras. En su discurso del 21 de mayo pasado, la Mandataria le solicitó al CNDU una propuesta de reforma en materia de suelo, que permita implementar una política que garantice integración social y que se prioricen los fines sociales sobre los particulares.
Al hacer uso de la palabra, la Jefa de Estado destacó la importancia de este informe, pues “sabemos que la configuración de nuestras ciudades y barrios, la distribución de los servicios públicos, el funcionamiento y la planificación de los medios de transporte, el uso de los terrenos disponibles para la construcción de viviendas, son fundamentales para hacer de la equidad y la justicia una realidad tangible para las personas”.
Asimismo, añadió que “necesitamos que el desarrollo de nuestro país se refleje en la eliminación de la discriminación y la marginación en las ciudades; en viviendas y barrios dignos para todos y todas; integrados a centros urbanos, con mejores servicios públicos, con áreas verdes, donde los niños puedan jugar; con sistema de transporte eficiente; con mayor seguridad para los vecinos y vecinas”.
El documento elaborado por el CNDU aborda integralmente las reformas prioritarias para atacar tres demandas ciudadanas y urbanas no resueltas en Chile: la segregación urbana de los sectores más vulnerables dentro de las ciudades y su efecto en la exclusión social, violencia y estigmatización; la desigualdad en la calidad de vida urbana entre comunas y barrios, por la diferencia en la distribución de bienes públicos que experimentan distintas localidades de nuestro territorio; y la especulación del mercado del suelo, que no solo se traduce problemas de equidad urbana y transparencia, sino que crea distorsiones en los precios del suelo, escases de terrenos y presiones sobre el sistema público.
Respecto a este último punto, la Mandataria señaló que “necesitamos con urgencia tener reglas claras y transparentes en nuestro país para el uso del suelo urbano. Sabemos que las modificaciones en el uso del suelo, de acuerdo con las regulaciones de cada comuna, muchas veces, producen especulaciones, cambios de precios y ganancias para unos pocos, que no se corresponden con su aporte a la sociedad, y que la gran mayoría de los chilenos consideramos éticamente reprobable”.
En esta misma línea, anunció que realizará una propuesta específica contra espacios que posibilitan especulación inmobiliaria, en línea con lo sugerido por el Consejo Asesor Presidencial presidido por Eduardo Engel y asumiendo las propuestas de este consejo al respecto. “No queremos que esas inversiones, en lugar de beneficiar al conjunto de habitantes que utilizan esos territorios, se conviertan en recursos para eventual especulación o lucro de algunas pocas personas. Debemos generar, por lo tanto, urgentemente las medidas que corrijan esta distorsión y una institucionalidad apropiada para velar por su cumplimiento y actualización permanente”, subrayó.
El informe del Consejo, también propone la creación descentralizada de Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU) con amplias capacidades de desarrollo de proyectos públicos y planes de inversión, gestión del suelo y asociación público-privada; y el aumento de la inversión pública en Planes y Proyectos Urbanos de Remodelación y Regeneración Urbana, dando prioridad a los proyectos emblemáticos de infraestructura y espacios públicos con fines de equidad urbana e integración social.
Además, aborda el rol de la sociedad civil y reglamenta la participación ciudadana en todas las escalas del desarrollo de la ciudad y el territorio, financiando la capacitación de líderes sociales y apoyo técnico a las organizaciones sociales y la participación de organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, cooperativas de vivienda, copropiedades de viviendas sociales y comunidades de barrios en el desarrollo de proyectos y planes de viviendas y barrios, entre otras materias.
Al finalizar su discurso, la Presidenta Bachelet indicó que “estudiaré, cuidadosamente este informe que contiene medidas muy coincidentes con lo que hemos venido planteando desde el comienzo del Gobierno, y que espero podamos anunciar a más tardar, muchas de ellas, el 21 de mayo”.
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