Chile continuó en 2014 los juicios contra responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura, según el último informe de Amnistía Internacional, que recoge también las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por la policía durante manifestaciones y en casos de custodia.
En este sentido, señala que en marzo había 1.022 causas en curso, de las que 72 eran denuncias de tortura, según el presidente de la Corte Suprema.
Hasta octubre, 279 personas habían sido condenadas en relación con esos delitos, en condenas no recurribles, y al concluir el año, 75 personas cumplían penas de prisión, según datos oficiales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El Gobierno chileno anunció en septiembre su intención de “asignar suma urgencia al debate sobre un proyecto de ley de 2006 para derogar la Ley de Amnistía de 1978″. Al finalizar el año, el Congreso debatía la Ley de Amnistía.
El documento indica que tribunales militares siguieron juzgando los casos de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad, aunque subraya que “respetando y defendiendo el derecho al debido proceso y las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional trasladaron algunas causas a los tribunales ordinarios”.
Respecto a la violencia policial, AI denuncia en su informe el caso de Iván Vásquez Vásquez, que murió bajo custodia. Los abogados de la familia afirmaron que había muerto a golpes y que había habido más de un agente de policía implicado en el homicidio.
Un agente fue acusado por un tribunal militar de violencia innecesaria con resultado de muerte, pero los cargos se retiraron después de que una segunda autopsia solicitada por la defensa afirmara que la causa de la muerte había sido el suicidio.
AI subraya su preocupación sobre la imparcialidad de dicha autopsia y destaca que, al concluir el año, estaban pendientes de conocerse los resultados completos de la misma.
La organización defensora de los derechos humanos denuncia también el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades indígenas mapuche, especialmente los abusos contra menores en el contexto del conflicto.
Por otra parte, el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias. Al concluir el año, el Congreso chileno tramitaba un proyecto de ley para despenalizar el aborto en los supuestos de violación, incesto, peligro para la vida de la mujer y malformación fetal.
El Senado aprobó legislación sobre el acuerdo de vida en pareja, incluidas las parejas del mismo sexo, y tramitaba un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género.
Al tomar posesión de su cargo el pasado marzo, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, prometió despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. También se comprometió a adecuar la Ley Antiterrorista y el sistema de justicia militar a la normativa internacional.
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