El servicio entregó un informe técnico a la Comisión de Defensa, donde valora la iniciativa pero advierte que requiere modificaciones para cumplir con los estándares internacionales en la materia.
“Estamos de acuerdo que se legisle, ya que es un gran paso en la reparación a las víctimas con discapacidad y planteamos que como servicio técnico estamos ahí para ayudar y aportar para que la reparación sea lo más integral posible”.
Rivas afirmó que como servicio trabajan con los más de dos millones de personas que tienen alguna discapacidad en el país, pero que este proyecto apunta a un grupo muy acotado de alrededor de 140 personas, lo que permite “trabajar en buscar aquellas particularidades” para reforzar algunas medidas.
Durante su exposición ante la comisión, la personera sostuvo, sin embargo, que el proyecto no cumpliría con todos los estándares internacionales sobre la materia.
Al respecto el diputado Jorge Ulloa (UDI) indicó que efectivamente el servicio envió a la comisión un informe técnico que hace hincapié en dos o tres problemas y que “claramente hay que revisarlo para cumplir con los estándares que establece Senadis”, para lo cual invitarán a una nueva sesión al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Presupuestos.
El legislador rescató que esta iniciativa aborda las necesidades de las víctimas, “que nunca el Estado de Chile ha cubierto y nos parece razonable porque estamos hablando de personas que incluso en su calidad de niños tomaron estos objetos, que estaban abandonados en la calle y explosaron, con los daños de vida y salud permanente que han quedado muchos de ellos”.
Por su parte, el diputado Roberto León (DC) recalcó que el avance no es el proyecto sino que “el país se ponga al nivel de cumplir con los acuerdos internacionales y tenga una política reparatoria a las víctimas tanto civiles como militares”.
“Es un proyecto que siendo muy buena la idea, tiene varias situaciones bajo los estándares de los convenios que Chile tiene firmados”, puntualizó el parlamentario, quien respaldó que se invite a las autoridades del Ejecutivo para que clarifiquen estos alcances antes de votar la iniciativa.
A la comisión también concurrió Luis Chinga, representante de víctimas de minas antipersonales y proyectiles militares abandonados, quien valoró este primer paso y que exista una discusión sobre el tema.
El representante sostuvo que falta ahora revisar la forma en cómo reparar ese daño, ya que el proyecto plantea un bono compensatorio de acuerdo a cierto grado de discapacidad, medida con la que no están de acuerdo, porque “nosotros somos todos víctimas”. Además, tampoco se contempla una pensión vitalicia, como la que reciben las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
“No es una cuestión de dinero, sino que nuestra vida se va deteriorando. Hay secuelas y una cantidad equis no repara todo. Yo tuve mi accidente a los 13 años. Han pasado 40 años y nunca he recibido ningún apoyo del Estado o reconocimiento”.
Sobre el particular, el diputado Pedro Araya (Ind) coincidió que el proyecto no deja plasmado lo que habían planteado las víctimas que buscan que sea una “reparación efectiva, que no solo sea un monto compensatorio sino la posibilidad de una pensión y políticas claras en rehabilitación, reinserción social y el tema educacional”, enfatizó.
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