Chilenos sin voto

A la luz de fenómenos tan evidentes como el aumento de nacionales que emigran en busca de mejores oportunidades laborales o perfeccionamiento profesional, sumado a la ya conocida situación de los exiliados, es que resulta de toda justicia avanzar en el voto de los chilenos en el exterior. La cifra es significativa: hoy más de 850 mil chilenos viven fuera del país.

Durante los últimos años este debate ha formado parte de diversos programas e iniciativas pro-mayor participación ciudadana y reforma política. La piedra de tope más relevante: la exigencia o no de un vínculo a este grupo de chilenos beneficiados por la iniciativa y si era necesaria o no una reforma constitucional, más allá de la reforma legal. Habiéndose acordado la necesidad de una reforma constitucional respecto de lo primero, afortunadamente, también existen bases fundamentales para un acuerdo respecto de lo segundo.
En efecto, en los últimos meses, primero en su discurso del 21 de mayo y más recientemente en diversas declaraciones, el Presidente Piñera ha cambiado la posición del gobierno en materia de “vínculo”. Así, se ha pasado desde una propuesta inicial en que, por regla general, podían emitir sufragio los ciudadanos que se encuentren o estén residiendo fuera del país y que dentro de los últimos ocho años hubieran permanecido dentro de Chile por un periodo continuo de, al menos, cinco meses; hacia una fórmula en que solamente se pide que los chilenos que quieran sufragar se acerquen a una embajada o consulado para manifestar su intención de hacerlo con cierta anticipación. Si bien esta última cuestión se ha planteado como un “vínculo”, cabe precisar que, en realidad, no se trata de tal, sino de una mera cuestión administrativa para favorecer la logística de estas votaciones.

Se trata, sin duda alguna, de un paso importante para la aprobación de la iniciativa y al que hoy se encuentra abocado el Senado a su estudio, con ánimo de aprobación. Es también un paso importante del Presidente en un sentido político. Porque digámoslo con franqueza; hay algunos sectores en la centroderecha, que miran con poca simpatía la implementación del voto de los chilenos en el exterior, más sobre la base del prejuicio que consideraciones de justicia.

Sin embargo, se debe ser cuidadoso. Hay otras decisiones que tomar –que son muy relevantes desde la perspectiva de la logística y de la fe pública del proceso– y que hacen correr el riesgo de entrampar la iniciativa.

Primero, por ejemplo, desde qué elección comenzaría a implementarse la nueva fórmula. Para ser honestos, difícilmente podrá aprobarse para ser implementada en las elecciones presidenciales de noviembre. Asimismo, y en cuanto a los tipos de elecciones que son susceptibles de ser votadas por nacionales en el exterior, se estaría alcanzado un consenso importante en torno a limitarlo a las elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales, pero dicho consenso es puesto en duda de vez en cuando en el debate público por posiciones maximalistas.
También hay cuestiones vinculadas a la autoridad encargada del proceso. En fin, una serie de decisiones relevantes.

Posiciones maximalistas y rígidas en estos temas pueden precisamente lograr una consecuencia no deseada: entrampar la aprobación rápida de una fórmula general que satisface a diversos sectores reformistas.

En la actualidad son 111 los países y territorios que cuentan con disposiciones que permiten el voto desde el extranjero. Chile posee 86 embajadas en el exterior, y una red de 125 consulados en los 5 continentes, lo que posibilita la fórmula mencionada. Se trata, en suma, de no mucho más que ponernos a la altura de las democracias más avanzadas.