La oposición chilena acusó hoy al Gobierno de montar una "grosera" operación política tras conocerse un informe en el que se detalla que unos 3.000 exonerados políticos, -personas que perdieron su trabajo por razones políticas- durante la dictadura, han recibido pensiones y beneficios.
Los senadores Ximena Rincón y Fulvio Rossi, de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, respectivamente, calificaron como operación política "grosera" y "vergonzosa" las acusaciones del Gobierno en el caso de los "falsos" exonerados políticos.
Asimismo, expresaron su preocupación de que con ellas se provoque la "revictimización" de las personas a las cuales les violaron sus derechos humanos en dictadura.
Ximena Rincón aseveró que la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei "ha hecho imputaciones gravísimas. Llamo al presidente Sebastián Piñera a decir si está de acuerdo o no con ella y si no está de acuerdo debe pedirle la renuncia", sentenció.
En tanto, Fluvio Rossi hizo un llamado al Gobierno "a que ponga fin a esta operación política vergonzosa. Hace mucho tiempo que no veíamos como ministros de Estado se transforman en barra brava y montan esta operación para dañar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet"
"Se ha dicho que hay una maquinaria para defraudar al fisco que los exonerados tienen que devolver la plata, pero lo que se olvida la derecha es quienes son los responsables de que haya exonerados políticos, y que son producto de la dictadura", indicó.
El legislador recalcó que en este tema "hay una operación política grosera, tenemos ministros que se transforman en barra brava, donde se atribuyen funciones que son propias de otro poder del Estado", añadió Rossi.
Este lunes, la ministra Matthei aseguró a los periodistas que en los últimos dos Gobiernos de la opositora Concertación, se hizo un programa "para defraudar" y con él, entregar beneficios y pensiones a unas 3.000 personas que supuestamente perdieron su trabajo por razones políticas durante el régimen militar (1973-1990).
"Este programa fue hecho para defraudar, fue diseñado para dar beneficios a personas que no lo merecían y si algún funcionario lo criticaba, era echado y ponían a alguien que sí siguiera las órdenes del Gobierno", señaló la titular del Trabajo.
La senadora Rincón dijo que "la ministra Matthei debe hacerse cargo de sus declaraciones que a nuestro juicio son de extrema gravedad. Ella ha juzgado la existencia de una suerte de asociación para defraudar al estado de Chile por parte del Gobierno y los parlamentarios oficialistas de la época", apostilló.
"Estas aseveraciones tendrán que ser demostradas. Ella ha hecho una imputación gravísima que atenta contra la institucionalidad y honorabilidad de quienes han dirigido el país en los Gobiernos anteriores", sostuvo Rincón.
La pasada semana se conoció un informe de la Contraloría que pone en duda la acreditación de 3.000 personas que perdieron su trabajo durante la dictadura y el pago de unos 60 millones de dólares a ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.
La Contraloría dejó abierta la posibilidad de que algunas de esas personas realmente sean exonerados políticos, pero cuestionó la falta de rigurosidad en las Administraciones de Ricardo Lagos (2000-2006), Bachelet (2006-2010) y del actual presidente, Sebastián Piñera, para seguir pagando pensiones vitalicias entre 2005 y 2011.
Sin embargo, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla ha dicho a los periodistas que los beneficios otorgados durante la Administración de Piñera fueron "bien entregados".
Aseguró que el Ejecutivo se encontró con 100.000 carpetas con pensiones pendientes de revisión.
"De esas 100.000 hemos certificado más de 15.000 exoneraciones y hemos entregado beneficios. Es decir, gente que tenía el derecho, pero no tenía el 'pituto' (contacto) político para ser beneficiado por la comisión", indicó.
Además, los partidos de la alianza oficialista han señalado que en el informe de Contraloría se detectó que el beneficio lo recibieron también 81 personas que eran menores de 14 años.
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