De acuerdo a lo concordado en la instancia de diputados
y senadores, se estableció un
plazo de 45 días para que el delegado a cargo de la pena
sustitutiva de libertad vigilada
o libertad intensiva presente a consideración del tribunal
un plan de intervención para
el condenado.
Cámara de Diputados de Chile
Por 98 votos, la Cámara aprobó el informe de Comisión Mixta del proyecto (boletín 5838) que modifica el actual régimen de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad con el propósito de favorecer la reinserción social de los condenados; controlar con mayor efectividad el cumplimiento de las penas; brindar protección a las víctimas y propender a un uso más racional de la privación de libertad y de los recintos penitenciarios.
Cuatro fueron los artículos en los que hubo divergencia entre la Cámara y el Senado. El primero de ellos dice relación con el plazo que tendría el delegado para informar el plan de intervención que correspondería cumplir a la persona si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad, el que quedó en 45 días.
También se aprobó la propuesta del artículo que establece que la información obtenida del sistema de monitoreo telemático podrá ser usada por un fiscal del Ministerio Público que conduzca una investigación en que el condenado sometido a este monitoreo aparezca como imputado. Para ello, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía.
Un último cambio concordado establece que en casos excepcionales, el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución de una pena sustitutiva podrá declararse incompetente, a fin de que conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha pena, cuando exista una distancia considerable entre el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria y el de su ejecución.
Penas sustitutivas
El resto del proyecto, que ahora debe ser ratificado por el Senado, mantiene como penas sustitutivas la remisión condicional y la libertad vigilada e incorpora como nuevas la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva y la expulsión en el caso de extranjero. Además, se agrega como pena sustitutiva el trabajo comunitario.
Precisa también que en ciertos delitos graves, como la violación con homicidio y el tráfico de drogas, resulta improcedente la aplicación de estas penas sustitutivas.
La prestación de servicio en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. Esta pena procederá por una sola vez y sólo si los antecedentes del condenado hicieren improcedente la aplicación de las demás penas sustitutivas.
Por otra parte, el proyecto regula el monitoreo telemático (GPS), entendiendo por ello toda supervisión, mediante la utilización de dispositivos tecnológicos, de aquellos condenados a los cuales se les ha aplicado penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.
Reacciones
Tras la votación, los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Constitución, Alberto Cardemil y Cristián Mónckeberg, “esta es una muy buena noticia para los chilenos”.
Cuatro fueron los artículos en los que hubo divergencia entre la Cámara y el Senado. El primero de ellos dice relación con el plazo que tendría el delegado para informar el plan de intervención que correspondería cumplir a la persona si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad, el que quedó en 45 días.
También se aprobó la propuesta del artículo que establece que la información obtenida del sistema de monitoreo telemático podrá ser usada por un fiscal del Ministerio Público que conduzca una investigación en que el condenado sometido a este monitoreo aparezca como imputado. Para ello, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía.
Un último cambio concordado establece que en casos excepcionales, el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución de una pena sustitutiva podrá declararse incompetente, a fin de que conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha pena, cuando exista una distancia considerable entre el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria y el de su ejecución.
Penas sustitutivas
El resto del proyecto, que ahora debe ser ratificado por el Senado, mantiene como penas sustitutivas la remisión condicional y la libertad vigilada e incorpora como nuevas la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva y la expulsión en el caso de extranjero. Además, se agrega como pena sustitutiva el trabajo comunitario.
Precisa también que en ciertos delitos graves, como la violación con homicidio y el tráfico de drogas, resulta improcedente la aplicación de estas penas sustitutivas.
La prestación de servicio en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. Esta pena procederá por una sola vez y sólo si los antecedentes del condenado hicieren improcedente la aplicación de las demás penas sustitutivas.
Por otra parte, el proyecto regula el monitoreo telemático (GPS), entendiendo por ello toda supervisión, mediante la utilización de dispositivos tecnológicos, de aquellos condenados a los cuales se les ha aplicado penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.
Reacciones
Tras la votación, los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Constitución, Alberto Cardemil y Cristián Mónckeberg, “esta es una muy buena noticia para los chilenos”.
“Yo me alegro que sea éste, mi Gobierno, el que concrete esta buena idea. Es un proyecto importante que la ciudadanía está esperando”, sentenció el diputado Cardemil antes de agregar que “no en vano, hoy en día de las aproximadamente 100 mil personas que están en calidad de condenados, 54 mil están en prisión y el resto cumplen su codena en el medio libre. Es una realidad que debemos asumir con eficiencia y eficacia”, argumentó.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara,Cristián Monckeberg aclaró que “ciertos delitos graves, como la violación con homicidio y el tráfico de drogas, no son aplicables para este beneficio que estamos apoyando”.
Tras esto, el diputado Monckeberg agregó que “debemos ser capaces de compatibilizar las posibilidades de rehabilitación para los condenados, con una pena alternativa a la de prisión en el medio libre; y por otro lado, comenzar a gatillar una solución al hacinamiento monstruoso en que viven miles de reclusos al interior de los recintos penitenciarios.”
Finalmente, los parlamentarios señalaron que “ésta iniciativa, está marcando el camino correcto por donde tiene que transitar el país en términos de políticas públicas en esta materia”.
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