Según testimoniaron hoy ambas instituciones, a la fecha no hay antecedentes que comprueben la participación de funcionarios públicos en eventuales irregularidades en la entrega de beneficios de los programas de exonerados políticos.
La Comisión, presidida por el diputado Gustavo Hasbún (UDI), tomó el acuerdo tras escuchar el testimonio de los representantes del Ministerio Público y del presidente del CDE, Sergio Urrejola, quienes indicaron que, a la fecha, no se han obtenido pruebas que vinculen a funcionarios con algún ilícito en esta materia.
La Fiscalía informó que existen dos investigaciones en curso derivadas de denuncias hechas por el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Aclaró que la primera, que afecta a un particular (acusado de estafa por cobro de gestiones inexistentes), se encuentra actualmente en etapa de formalización; en tanto que la segunda, que apunta a diversas situaciones (presentación de documentos falsos para el reconocimiento de la calidad exonerados; extensión de algunas autoridades públicas que parecen dudosas; empresas que no corresponden ser calificadas como públicas) está aún en fase de indagatoria.
Los legisladores dieron cuenta que, para la definición de las conclusiones, no hay datos claros y definitorios que despejen la duda sobre la participación de funcionarios. En este sentido, estimaron conveniente oficiar a ambos organismos con el objeto que les indiquen plazos tentativos en los cuales podrán tener mayor claridad sobre el punto y así proceder a avanzar en el informe.
Pese a lo anterior, adelantaron entre sus observaciones que la calificación efectuada a algunos postulantes a beneficios como exonerados políticos fue poco prolija. “Hubo errores y faltas administrativas que hicieron que se comprometieran recursos públicos”, enfatizó Hasbún ante la instancia, hecho que fue ratificado por los diputados presentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario