No a las nuevas formas de impunidad

Nuevas formas de impunidad se están imponiendo en Chile. La “política de los consensos” de ayer facilitó durante dos décadas el ocultamiento de ex agentes de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas, mientras “la nueva forma de gobernar” les ha abierto paso a ocupar cargos de distinta relevancia en la estructura del Estado. 

Así quedó en evidencia con los recién despedidos asesores del Ministerio de Defensa que fueron parte de la DINA-CNI y de uno de los autores directos del crimen de Carmelo Soria. Particular indignación produce que el general Guillermo Castro Núñez, ex agente de la CNI entre 1979 y 1982, ocupe hoy el cargo de jefe del Estado Mayor de Ejército y que desde ese puesto esté encargado de informar a los tribunales chilenos acerca de los procesos por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde su cargo, el general Castro valida la información que llega a los jueces que investigan los crímenes. 

Los argumentos en defensa del general Castro esgrimidos por las actuales autoridades y por ex ministros de la Concertación, en el sentido de que el alto oficial no está procesado en ninguna causa, son insostenibles. El general Castro durante cuatro años perteneció una asociación ilícita –según ha sido calificada por fallos judiciales- a través de la cual la dictadura militar aplicó el terrorismo de Estado. 

Según el Informe Rettig, durante su existencia, la CNI “cometió sistemáticamente acciones ilícitas en el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas” y 160 personas fueron asesinadas en ese periodo, la mayoría atribuibles a ese organismo. La CNI instauró el método de exterminio a través de los “falsos enfrentamientos”. Según el mismo Informe Rettig, 
“durante este período constantemente se entregó como explicación oficial de la muerte de militantes de colectividades de izquierda el que habían caído en enfrentamientos armados con organismos de seguridad, fundamentalmente la CNI, sin embargo esta Comisión ha podido determinar que en un elevado número esos enfrentamientos jamás existieron, siendo las versiones de la Autoridad para eludir la responsabilidad del Estado en los hechos”. 


Entre 1979 y 1982, cuando el general Castro integró sus filas, la CNI secuestró, torturó y asesinó tal como lo hizo la DINA en los años anteriores. Cuando Castro perteneció a la CNI fueron asesinados Tucapel Jiménez, el estudiante Eduardo Jara, el dirigente sindical Juan Olivares y el profesor Francisco Álvarez Santibañez, entre muchos otros. En ese mismo periodo, la CNI ejecutó sumariamente a una decena de jóvenes que organizaban la resistencia a la dictadura desde las montañas de Neltume. 

“ Ningún responsable de violaciones a los derechos humanos será parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno”, dijo el presidente Sebastián Piñera. Si esa es la definición del gobierno, entonces debe remover del Ejército al general Guillermo Castro Núñez, ya que éste perteneció una asociación ilícita y ilegítima que con recursos del Estado cometió crímenes de lesa humanidad. Igual suerte deberían correr todos los oficiales de las Fuerzas Armadas en cuyo historial estén registrados vínculos con los aparatos represivos de la dictadura. 


Es preocupante que el gobierno avale que un alto oficial castrense involucrado en acciones ilícitas y represivas ocupe un cargo como el que tiene, cuando al mismo tiempo despliega una política que criminaliza las luchas y protestas sociales. 

La democracia chilena, pese a todas sus limitaciones, ha sido conquistada con la lucha y sacrificio de todo el pueblo, por lo que no resulta aceptable la convivencia con estas nuevas formas de impunidad. 

Publicado por : Rodolfo Varela
Santiago de Chile, febrero 2011.
Firman
Londres 38, espacio de memorias
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Casa Memoria José Domingo Cañas

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.