(1'40'' / 394 Kb) - “Queremos divulgar esta acción para encabezar el debate sobre lo que es la realidad del aborto clandestino en Brasil y lo qué significa, en nuestra sociedad, que la mujer no tenga el derecho de decidir sobre su vida y maternidad.”

“Muchas veces las instituciones religiosas sacan partido de la situación e imponen sus valores y principios. En el caso de la salud femenina, nosotras queremos que todas las mujeres puedan tener libre acceso a todos los métodos anticonceptivos. A menudo las mujeres con perjudicadas porque esos sectores no concuerdan con el uso del condón y tampoco con la contracepción de emergencia. Así, se reduce el derecho de la mujer de utilizar los servicios del SUS.”
En mayo de este año, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley (PL) que homologa el auxilio a las mujeres víctimas de asedio sexual que optaron por no realizar el aborto.
Empresas no respetan leyes de protección
indígena
El desconocimiento de la legislación brasileña y de los demás tratados internacionales es la principal motivación de la violación de los derechos indígenas en cuyas regiones las empresas transnacionales desarrollan sus actividades. Los impactos negativos afectan la vida social, económica, cultural y espiritual de las comunidades, conforme un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
En un período de un año fueron detallados 34 casos de daños sufridos por pueblos de veintitrés distintos países. En gran parte de los casos, las empresas ni siquiera sufren algún tipo de punición, debido a la dependencia económica que se ha creado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos se volvieron rehenes de las inversiones que están al frente de la infraestructura que depende de la explotación de los recursos naturales.
Además de los daños ambientales, el crecimiento del número de conflictos es una de las consecuencias inmediatas presentes en las regiones explotadas. Buscando una convivencia menos conflictiva, la ONU recomienda que las empresas realicen un levantamiento de las comunidades existentes antes de instalarse en alguna región.
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