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El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, declaró a la prensa que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet está cumpliendo así la agenda de derechos humanos.
Ese Instituto "va a velar para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, para el futuro, que nunca más haya ni tortura, ni asesinatos políticos, ni ejecuciones, ni destierros", dijo Viera Gallo.
El Instituto será una corporación autónoma de derecho público que tendrá la misión de elaborar un informe anual sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer recomendaciones para su respeto.
También propondrá medidas para la protección y la promoción de los derechos humanos, y promoverá que leyes, reglamentos y prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales ratificados por este país.
El Instituto promoverá acciones para determinar el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura y los restos de los muertos que aún no hayan sido ubicados.
El nuevo organismo estará dirigido por un consejo de nueve miembros. Dos de ellos serán designados por la Presidencia de la República, dos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los decanos de las Facultades de Derecho y dos por instituciones no gubernamentales de derechos humanos.
"Podemos decir que la agenda de derechos humanos está prácticamente cumplida durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Chile hoy día forma parte de todos los mecanismos de respeto y resguardo de los derechos humanos a nivel internacional", agregó Viera Gallo.
Organizaciones de la sociedad civil saludaron este paso, pero advirtieron sobre ciertas disposiciones en la conformación del cuerpo que no resguardan su necesaria autonomía.
Hernán Vergara, abogado y presidente de Amnistía Internacional Chile, dijo a IPS que es necesario otorgar al Instituto funciones y atribuciones que garanticen su imparcialidad y transparencia.
El Poder Ejecutivo realizará un veto aditivo al proyecto ya aprobado, que consiste en una serie de modificaciones en cuatro materias, entre ellas la reafirmación de la facultad del Instituto de presentar querellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, y por delitos investigados y sancionados en virtud de tratados internacionales.
"Valoramos la creación del Instituto, sin perjuicio de que estamos a la espera y a la expectativa de lo que resulte con respecto al veto aditivo en lo que dice relación con una mayor autonomía respecto de lo que se planteó originalmente en su composición", dijo.
Según observó Vergara, la composición del directorio del ente estará determinada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que pone en cuestionamiento una evidente calidad de juez y parte, alojada en quienes ejerzan el poder de turno.
"Entonces, ¿qué garantía te va a dar a la hora de dar informes sobre eventuales o presuntas violaciones de derechos humanos o incumplimientos al interior del Estado?", se preguntó.
Según el ministro Viera Gallo, tras el veto aditivo que formule el Ejecutivo al proyecto, y que debe ser nuevamente revisado por el parlamento, el gobierno espera promulgar la ley en noviembre, dando paso a la materialización del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Vergara destacó un aspecto contemplado en esta iniciativa, que es la reapertura de las independientes Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que actuaron con plazos determinados para conocer y calificar, respectivamente, casos de desapariciones forzadas y de tormentos y detenciones políticas durante el régimen militar.
Sus hallazgos se materializaron en sendos informes con los que el Estado reconoció y cuantificó los crímenes cometidos por agentes estatales de la dictadura.
Sumando ambos informes, el Estado reconoce más de 30.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), quien falleció sin condena en diciembre de 2006.
Pero entidades de familiares de las víctimas y de derechos humanos sostienen que estas cifras no estarían mostrando la real magnitud de la persecución y las violaciones a los derechos fundamentales perpetrados por las instituciones armadas.
"Siempre hemos creído que existe la posibilidad de que personas, por diversas razones personales, familiares, no hayan concurrido a estas comisiones. Entonces, creemos que todavía existen personas que no se han sentido reparadas en cuanto a violaciones cometidas por agentes del Estado", sostuvo Vergara.
Cuando culmine el proceso legal y se instale el nuevo Instituto, las dos comisiones reabrirán sus actuaciones durante seis meses para recibir nuevas denuncias.
El viernes, el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende (1970-1973) fue recordado con flores y lienzos con la leyenda "Allende Vive", fotografías de víctimas y gritos pidiendo justicia.
Representantes de decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos y de partidos políticos llegaron por la mañana a la sede del gobierno a rendir un homenaje a Allende, quien resistió el golpe militar desde ese mismo Palacio de la Moneda donde poco después se quitó la vida.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, recordó la lucha incansable de los familiares que aún esperan verdad y justicia, según indicó.
"Estamos aquí con el rostro de todos los que cayeron después de ti, esos luchadores comprometidos con las causas más nobles y justas, esas luchadoras que con amor y entrega combatieron la dictadura, que ellos y ellas aún no tienen justicia. Compañero presidente, aún no los encontramos", dijo Pizarro frente a la puerta lateral de la casa de gobierno, en la calle Morandé número 80, por donde aquel día soldados y bomberos sacaron los restos mortales de Allende.
Antiguos colaboradores del ex presidente depositaron ofrendas florales.
Dentro del palacio de gobierno, Bachelet encabezó una ceremonia con la presencia de las hijas de Allende, Isabel y Carmen Paz, destacándolo como un ejemplo de consecuencia que traspasó las fronteras de este país sudamericano.
"Como presidenta de la República les digo a ustedes, hombres y mujeres de tanto valor que están aquí, familiares de aquellos mártires de la democracia: que la historia les guardará un espacio muy especial en sus páginas, porque es el espacio de la consecuencia, el espacio del compromiso, el espacio de la lucha inclaudicable por la justicia social y por la libertad", enfatizó Bachelet.
La mandataria, socialista como Allende, también recordó a su viuda, Hortensia Bussi quien falleció en junio a la edad de 94 años. Y finalizó con la frase con la que el ex presidente terminó su último discurso: "¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!".
Al caer la tarde, las velas comenzaron a encenderse fuera del Estadio Nacional, que fue el mayor centro de detención y tortura de la dictadura, acompañando música, poesía y fotografías de los caídos colgadas en las rejas del campo deportivo.
Los actos conmemorativos continuarán este domingo, cuando miles de personas se reúnan para la tradicional marcha que recorre el centro de Santiago hacia el Cementerio General, donde está la tumba de Allende y el Memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, que cada septiembre acoge un multitudinario acto por la memoria, la verdad y la justicia. (FIN/2009)
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