"Esta protesta es porque el gobierno estrangula hasta la asfixia a los productores" al no acceder a bajar los gravámenes a las exportaciones de granos, dijo Buzzi a radio Mitre.
La huelga de comercialización de granos y ganado representa el recrudecimiento de un largo conflicto entre las partes.
El paro no afectaría a la población ya que en los almacenes y frigoríficos habría granos y carne de sobra. Además, sus impulsores dijeron que no afectará la provisión de leche y otros alimentos perecederos como frutas y verduras.
Se trata del segundo paro en lo que va del año y el séptimo desde que Fernández asumiera la presidencia el 10 de diciembre de 2007.
La protesta tenía su cara más visible en el bloqueo parcial de varias ruta del país, lo cual cansaba trastornos en el tránsito, como ocurría en las cercanías de la ciudad de Gualeguaychú, a unos 220 kilómetros al norte.
Productores autoconvocados cortan rutas con camiones o tractores por un par de horas y luego las liberan, después que se forma una larga fila de conductores resignados o enojados.
Los bloqueos de rutas comenzaron el jueves luego de que los diputados del oficialismo se negaran a debatir en el Congreso un proyecto de ley impulsado por las organizaciones rurales con la adhesión de la oposición para reducir las gravámenes a la exportación de granos.
El tema se agravó poco después, cuando Fernández anunció la creación de un fondo especial para obras de infraestructura con ingresos obtenidos de las exportaciones de soja, según el cual el estado se quedará con el 70% del nuevo fondo y las provincias recibirán el 30%.
Agregó que a precios corrientes el fondo alcanza los 1.776 millones de dólares anuales, aunque la cifra podría variar de acuerdo con los volúmenes de producción.
El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, cuestionó el sábado "el empecinamiento y la tozudez" del gobierno frente a los reclamos del campo.
Biolcati, en declaraciones a radio "10", les advirtió a gobernadores y legisladores que la "situación de sus provincias no va a ser calma si se dejan tentar por algún reparto de dinero" desde la administración central.
Aunque la medida del gobierno no le agregaría mayores costos al sector rural, el malestar obedece a que el gobierno dejó en claro que no habrá ninguna reducción en los derechos a la exportación, tal como reclaman con insistencia los productores para compensar los efectos de la caída del precio de las materias primas por la crisis global y la peor sequía en décadas.
El gobierno y el sector agropecuario están enfrentados con dureza desde que en marzo del año pasado se intentó imponer sin éxito un esquema tributario que ataba los gravámenes al precio internacional de los granos.
Esa decisión desembocó en huelgas y bloqueos de rutas que durante cuatro meses que paralizaron el país, afectaron el abastecimiento de alimentos y mantuvo en vilo a la población.
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