Chile Nuevo Consejo Forestal debería evaluar impactos en sequía y pobreza de las comunidades

Según el senador Alfonso De Urresti, dicha entidad debe incorporar una mirada amplia al desarrollo del sector.

Como un avance “integrador en la formulación de políticas públicas forestales para las próximas dos décadas” calificó el senador Alfonso De Urresti el nuevo Consejo Forestal y dijo que espera que dicha instancia sea capaz de incorporar una mirada amplia ”al desarrollo de un sector que no se reduce a un par de empresas, el decreto ley 701 y el incremento de las plantaciones, y que debe incluir la mirada de las comunidades, especialmente rurales e indígenas, para que su expansión no se haga a costa de otras vocaciones productivas”.

El parlamentario dijo compartir lo señalado por el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, en el sentido de que no es posible seguir pensando al sector forestal como un enclave que prescinde de su entorno.



“Esto es especialmente importante para territorios regionales que no pueden, como en el pasado, estar sujetos a una sola actividad productiva, especialmente porque lo que hoy tenemos a la vista es que en esta materia, las llamadas comunas forestales son justamente aquellas que presentan menor desarrollo, mayor pobreza y menor índice de desarrollo humano”, señaló el legislador.

Asimismo, fue enfático en relevar el rol que le cabe a esta nueva instancia público-privada en el futuro de la actividad forestal, pero también en la sustentabilidad del entorno en que se inserta.



“Además de analizar las políticas públicas y sus variables económicas, es necesario, por ejemplo, que este Consejo genere las propuestas para que el Estado evalúe permanentemente los efectos o impactos que la actividad forestal produce en el medio ambiente, particularmente en materia de la creciente escasez hídrica”, planteó.

Chile Deber estatal en pensiones: moción propone que al momento de nacer o de ingreso laboral se cuente con un financiamiento tripartito

Con la clara intención de asegurar "jubilaciones dignas", los senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán y Eugenio Tuma presentaron este proyecto para garantizar un régimen previsional de capitalización solidario.

A través de una reforma constitucional, los senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán y Eugenio Tuma proponen que se establezca como deber del Estado el garantizar un régimen previsional de capitalización, solidario y tripartito, con una aportación inicial del Estado que deberá materializarse al momento del nacimiento de la persona o de su ingreso a la actividad laboral.


PILAR SOLIDARIO


La moción, que ahora deberá ser estudiada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social señala que "es necesario establecer una serie de lineamientos bases, sobre las cuales reconstruir el sistema (previsional). En ese escenario, consideramos que uno de los principios que ha de regir nuestro ordenamiento -en este ámbito- es el pilar de la solidaridad. Requerimos que esto sea un trabajo y logro de todos pues afecta y beneficia a cada integrante de la comunidad social".



Los legisladores explicaron que la propuesta propicia "como un deber estatal en la garantía de una pensión. Esta pensión a su vez debe configurarse con el esfuerzo personal y el trabajo propio de los trabajadores pero que debe ser complementado por el Estado, por la propia responsabilidad que le cabe frente a sus trabajadores y por los propios empleadores".


EQUIPARAR ESFERAS


"Este deber que proponemos -agregaron- tiene además del componente tripartito y la solidaridad ya mencionada, un carácter público. Lo anterior, implica la posibilidad de introducir un nuevo actor en el tema de la administración de las pensiones. Una institución estatal fuerte, que sea una alternativa competitiva frente a las demás opciones de administración, que se haga cargo de este ámbito, en paralelo a las opciones que existen en la esfera de Salud o Educación".

"Estamos convencidos que en materia de cobertura de pensiones el tratamiento no puede ser tan distinto y nuestro actual artículo 19 número 18 requiere ser fortalecido haciendo al Estado participe de esta área social fundamental", resaltaron.



Asimismo, del documento se desprende que no descartan que los actores institucionales que lleven adelante estos fines sociales sean instituciones ya existentes como el IPS, "cuya estructura hoy definida podría ampliarse en sus facultades y más allá de configurarse y definirse como un redistribuidor de ingresos se transforme en una capitalizador público y solidario".


AHORRO


"Queremos generar un sistema de aporte estatal a una cuenta de ahorro voluntaria con fines previsionales, a esta base construida desde el Estado, se sumarán los aportes que cada persona haga una vez que comience su vida laboral. Se trata de un nuevo derecho social y como tal viene a concretizar la igualdad pero, sin desconocer el esfuerzo y trabajo personal e individual cuyos frutos se sumarán a este comienzo garantizado", recalcaron.



En la moción se plantea, en paralelo, un proyecto para la dictación de una ley que fije el aporte estatal a una suma equivalente en pesos a UF 41,04, al nacer. "La cuenta sería administrada por el sistema propuesto o por aquellos organismos competentes".



"Una opción es entregarla al IPS, e invertirlo en proyectos que supongan un desarrollo para el país y, al mismo tiempo, si hay que pagar alguna comisión, ésta aproveche a las arcas nacionales. Al cumplir la mayoría de edad, los fondos del aporte estatal más su rentabilidad pasarán a incrementar los fondos de la cuenta de capitalización, para efectos del cálculo de la pensión de vejez", detallaron.



Una segunda alternativa, prosigue el texto, "y como forma de hacer extensivo a más personas este derecho, se plantea la posibilidad de otorgar este aporte también a quienes se incorporen al mercado laboral formal por primera vez, como forma de incentivar el ingreso".

La Corte Suprema tumba parcialmente la ley contra la exaltación de la dictadura de Pinochet.

La Corte Suprema de Chile ha tumbado parcialmente la ley que "prohíbe la exaltación de la dictadura cívico-militar" liderada por el Dictador Augusto Pinochet (1973-1990) al considerar que tres de sus artículos "se apartan" del principio de legalidad".

Michelle Bachelet

El alto tribunal ha desechado los artículos 11, 12 y 13 que indican cómo hacer efectiva la responsabilidad civil y penal de quienes hagan apología del régimen castrense, según ha informado el diario chileno 'La Tercera'.

La Corte Suprema argumenta que estos preceptos "se apartan del principio de legalidad que consagra el artículo 19 de la Constitución, en el sentido de que la ley no puede establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresamente descrita".

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputado el pasado 25 de noviembre por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, pero el presidente de la sede legislativa, Aldo Cornejo, decidió enviarlo al Supremo el 3 de enero.

Karol Cariola

Aunque el próximo 11 de marzo hará 25 años que los chilenos pusieron fin a la dictadura 'pinochetista' con un histórico referéndum, aún hay muchas reminiscencias que el segundo Gobierno de Michelle Bachelet está intentando eliminar.

Detienen en Chile a implicados en crímenes de Caravana de la Muerte

El general chileno en retiro del Ejército Santiago Sinclair, fue detenido por el asesinato de 12 agricultores durante el paso de la Caravana de la Muerte por Valdivia (sur) en 1973, informó hoy la prensa local.

General (r) Santiago Sinclair

Sinclair fue arrestado junto a Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos exmilitares del Ejército en los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, indicó la prensa local.

Según la nota, la muerte de las 12 personas fue coordinada por el líder de la Caravana, Sergio Arellano Stark, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido excomandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo, y el general Sinclair.

Cooperativa añadió que los miembros del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior deberán informar los propósitos del Estado en calidad de querellante.

La justicia tarda pero llega, expresó el vocero alterno del Gobierno, José Antonio Gómez.

El portavoz añadió que los tribunales determinarán cual es la responsabilidad de cada uno de los implicados.

La Caravana de la Muerte, fue una misión encomendada por Pinochet en 1973 al entonces general Starck, la cual ejecutó a cerca de un centenar de "presos políticos" a lo largo del país.

Derecha chilena se debate entre crisis corrupción y su unidad como oposición

La derecha chilena se debate estos días entre la necesidad de restablecer la unidad de las fuerzas opositoras y la de afrontar la división política derivada de los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada y que han llevado a una caída histórica de sus niveles de aprobación.

La coalición opositora -integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI)- registró en enero su peor evaluación ciudadana en la historia de la encuesta de la consultora Adimark, con un 11 % de aprobación y un 78 % de rechazo.

El exministro y referente histórico de la UDI, Andrés Chadwick, dijo hoy al diario El Mercurio que la creación de una “federación de partidos” es una “tarea urgente para la centroderecha” chilena.

Esta posibilidad, según Chadwick, no implicaría la disolución de los partidos de oposición y representaría un cambio sustancial del escenario político actual.

Aparte de esta fórmula, Chadwick hizo un llamado a la “unidad con un referente político” y a la definición de un “rol opositor claro”, además de cuidar los liderazgos, enfatizar las propuestas y prepararse para las elecciones municipales de este año.

En el otro lado se encuentra Renovación Nacional, cuyos miembros sienten estar pagando las consecuencias del llamado caso Penta, una investigación sobre delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero en la que están implicados políticos de la UDI.

“Esta es una tormenta y es un tsunami y si la UDI no asume su responsabilidad institucional esto va a terminar muy mal”, apuntó el pasado martes el senador de RN Manuel José Ossandón, tras conocer los históricos niveles de desaprobación de la coalición.

El senador consideró que la situación de la oposición “es muy grave”, por lo que solicitó a la UDI “agilizar su reacción institucional”, pues de lo contrario “va a seguir perjudicando” a la coalición.

En la misma línea se pronunció el presidente de RN, Cristián Monckeberg, quien confirmó que el caso Penta “está pegando a todos, a pesar que RN no tienen nada que ver”, motivo por el que pidió a la UDI resolver “definiciones internas fuertes” más allá de la justicia.

Unas declaraciones a las que se sumó el senador Alberto Espina, quien solicitó a su socio de coalición “dar señales claras de que no hay influencia de los grupos económicos en la acción política de la centroderecha”.

“De otra forma, esto afecta la unidad del sector y la probidad, uno de los principales patrimonios de la centroderecha”, añadió.

Las últimas declaraciones ponen en evidencia un giro en la estrategia de RN, que por primera vez critica a los altos dirigentes de la UDI por el manejo del caso de financiación ilegal que salpicó a la formación.

Pese a todo, la UDI quiere evitar que la tensión con su socio aumente y pidió el restablecimiento de la unidad de las fuerzas de oposición.

“Agradezco la solidaridad que ellos (RN) han tenido con nuestro partido en estos últimos meses, que no han sido fáciles para nosotros”, afirmó el secretario general de la UDI, Javier Macaya.

El político aseguró que en estos últimos días se ha definido una “articulación política que era muy necesaria en el sector”, con el objetivo de fortalecer la unidad y el trabajo en equipo con RN y formaciones como Evópoli, formada por exmilitantes de derecha, y el Partido Regionalista Independiente (PRI).

Unas afirmaciones que entroncan con las declaraciones del diputado de la UDI Patricio Melero, quien negó que la división sea un buen camino y declaró: “La invitación es a trabajar en conjunto si compartimos que hay un diagnóstico que nos afecta a todos”.

Evo Morales insiste en que quiere diálogo con Chile por mar

El presidente boliviano, Evo Morales, insistió hoy desde la ciudad amazónica de Riberalta en la disposición de su país al diálogo con Chile para resolver la disputa entre ambas naciones por el mar.

Evo Morales, presidente de Bolivia.

"Queremos diálogo. Somos de la cultura del diálogo, incluido el gobierno de Estados Unidos, si quieren que manden sus embajadores. Nosotros enviamos el nuestro", recordó el mandatario.

Agregó que "con la presidenta de Chile -Michelle Bachelet- iniciamos una reunión rápida, pero sus colaboradores se oponen porque saben que van a perder. No es el pueblo, son autoridades, porque mucha gente quiere que haya diálogo".

Aunque no mencionó su nombre, Morales se refirió al canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien insistió en los últimos días en que su país no se sentará a negociar con Bolivia sobre el tema mar, a pesar de que los presidentes de ambas naciones acordaron abrir la llamada Agenda del Bicentenario.

Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para obligarlo a negociar una salida soberana al océano Pacífico, 140 años después de que una invasión chilena le arrebatara 400 kilómetros lineales de costas y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales.

Canciller chileno, Heraldo Muñoz

El jefe de Estado disertó también sobre la estabilidad política que disfruta Bolivia desde 2006, cuando llegó al poder, luego de cinco años en los cuales se sucedieron los mandatarios, uno cada 12 meses, en el Palacio de Gobierno.

Morales presidió los actos por el 121 aniversario de la ciudad y aprovechó para inaugurar un moderno coliseo cerrado, con capacidad para más de seis mil personas, que servirá para la práctica de varias disciplinas deportivas.

En su mensaje a los riberalteños pidió elaborar un plan quinquenal, para trabajar con la vista puesta en cinco años y no tratar de imponer programas ni proyectos, sobre todo en servicios básicos.

Por último, exhortó a los dirigentes del lugar a traer empresas expertas en asfaltado de calle y en embellecimiento de la ciudad para que cambie la imagen de Riberalta.

Pueblos originarios chilenos aprueban creación de Ministerio Indígena

Después de un proceso de consultas que se prolongó por cinco meses, nueve pueblos originarios de Chile aprobaron la creación de un Ministerio y de Consejos de los Pueblos Indígenas, informaron hoy fuentes oficiales.

La consulta se extendió a los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar, preciso la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, acompañada de otras autoridades de esa repartición.

La Jornada nacional de Consulta, explico Villegas, reunió desde el pasado septiembre a delegados que representaban, las expresiones territoriales de los nueve pueblos indígenas mencionados.

En el proceso, se definió la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas cuya función será definir una política nacional indígena, y también la creación de nueve consejos, uno por cada pueblo, y un Consejo Nacional.

"Han sido días intensos de debate y esto es el fruto del trabajo de las comunidades y también de demandas históricas de los pueblos", aseguró Villegas.

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez, remarcó que la creación del Ministerio y los consejos de pueblos, "nos va a permitir como Estado y como sociedad, poner en primer lugar los problemas y las inquietudes de nuestras comunidades".

Ambas autoridades subrayaron además que el espíritu del Gobierno en el proceso fue promover la participación de todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, el respeto por sus tradiciones y prácticas culturales indígenas, la información oportuna, el escrutinio público".

También "la transparencia en la entrega de información, y sobre todo, la buena fe como la base esencial sobre la que se desarrolló el proceso de consulta".

Las comunidades plantearon también que la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), sea incorporada al Ministerio como un servicio ejecutor de las políticas públicas, con presupuesto y patrimonio propio.

Desde septiembre pasado se celebraron encuentros entre los representantes y consultas regionales, en las que participaron más de 6 mil dirigentes y autoridades ancestrales de todo el país

La ministra Villegas dijo que los proyectos de ley para hacer realidad el Ministerio y los Consejos serán enviados al Legislativo durante el primer semestre de este año, con la posibilidad de que pueda hacerse en marzo.