Chile : Piden informar sobre fiscalización de condiciones de trabajo en alturas extremas

Senadora Isabel Allende requirió informe sobre fiscalizaciones a empresas que emplean a trabajadores que podrían estar en riesgo de hipobaria intermitente crónica.

Senadora Isabel Allende

A través de un oficio, la senadora Isabel Allende solicitó conocer detalles sobre las medidas que la Superintendente de Seguridad Social ha establecido para fiscalizar, que las empresas mineras y los organismos administradores pertinentes apliquen en materia de prevención y protección de la salud de los trabajadores que a través de sus faenas están expuestos al riesgo de hipobaria intermitente crónica.

Al respecto, la Superintendenta de Seguridad Social, María José Záldivar, por medio de un informe, indicó que el Ministerio de Salud dictó la Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud.

Este documento técnico, contiene diversas materias asociadas a la autorización sanitaria asociada a los lugares de trabajo a gran altura, así como otras materias que se señalan en el decreto supremo N° 28 de 2012, tales como las acciones de prevención, vigilancia y diagnóstico precoz de los efectos en la salud provocados por la exposición a Hipobaria Intermitente Crónica.


Sin embargo, según consta en el escrito, la Superintendencia tiene facultades de supervisión y control en relación con los organismos administradores del Seguro de la Ley N° 16.744, y no respecto de las empresas mineras por lo cual estimó pertinente enviar la solicitud al Subsecretario de Salud Pública y a la Directora del Trabajo para que pudieran informar lo solicitado directamente al Senado, considerando las facultades que tienen las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en esta materia.


Por otra parte, desde la Superintendencia se indicó que en la Guía Técnica publicada por el MINSAL, se establece la obligación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud para hacer obligatoria la difusión de todas las entidades que deberán cumplirla, especialmente a aquellas empresas que cumplen faenas en gran altura y a las mutualidades de empleados de la ley 16.744, que se encuentren emplazados en el territorio.

Asimismo la Superintendencia, en razón de sus competencias, programará acciones de control de las actividades que deben realizar los organismos administradores, de acuerdo a lo establecido en la guía.


¿QUÉ ES LA HIPOBARIA INTERMITENTE CRÓNICA? (HIC)


Es una condición laboral para los trabajadores que se desempeñan en gran altura geográfica (entre los 3.000 y los 5.500 msnm), donde sufren cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos reversibles, por disminución de la presión barométrica.


¿QUÉ CRITERIOS DEFINEN LA EXPOSICIÓN?


Los trabajadores expuestos a HIC, son aquellos que se desempeñan laboralmente en gran altura geográfica, de forma discontinua, pero con una permanencia bajo esta condición mayor a 6 meses, cumpliendo el 30% de ese tiempo en sistemas de turnos rotativos, con descanso a baja altitud.


¿CUÁL ES EL IMPACTO DE ESTA EXPOSICIÓN?


A medida que se asciende en altitud se evidencia un paulatino descenso del aporte de oxígeno al respirar. Esto, asociado a otros factores (mayor sequedad del aire y las grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche), generan una condición ambiental que expone al trabajador a un mayor riesgo de presentar patologías reversibles a corto o largo plazo (hematológicas, neurológicas y cardiopulmonares).

Chile : Llega al Senado proyecto que institucionaliza el Consejo de Estabilidad Financiera

La Comisión de Hacienda será la encargada de analizar el mensaje que indaga en la solidificación del organismo.

Tras completar su primer trámite en la Cámara de Diputados, llegó al Senado el proyecto de ley que busca institucionalizar, consolidar y fortalecer el Consejo de Estabilidad Financiera, instancia que hasta la fecha funciona sólo de forma administrativa.

La iniciativa legal, que será analizada en la Comisión de Hacienda, establece que dicho Consejo de Estabilidad Financiera, es un organismo consultivo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya función consistirá en facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información entre sus participantes, en materias relativas a la prevención y el manejo de situaciones que puedan importar riesgo para el sistema financiero.


EL PROYECTO


El perfeccionamiento de la iniciativa busca establecer la obligación para cada Superintendencia de procurar una coordinación efectiva con los demás órganos regulatorios financieros, profundizando así en las obligaciones administrativas de eficacia, eficiencia y coordinación en el ejercicio de las funciones públicas.



De esta manera, se propone que la coordinación se efectúe a través del Consejo de Estabilidad Financiera, comprometiendo la participación de las Superintendencias en las reuniones y análisis del Consejo y sus grupos de trabajo, así como el deber de comunicar a éste sus iniciativas regulatorias, de manera de poder analizar coordinadamente su posible impacto sistémico.



También otorga a las Superintendencias facultades para solicitar a las entidades fiscalizadas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas.

Esto, con el objeto de evaluar los riesgos derivados de la situación financiera de las entidades sujetas a la fiscalización de las Superintendencias, lo cual resulta coherente con el enfoque de una supervisión basada en riesgos, el cual ha venido incorporándose por las entidades reguladoras durante los últimos años. De forma complementaria, estas facultades permitirían avanzar hacia un adecuado monitoreo de los riesgos a la estabilidad del sistema financiero provenientes de los conglomerados financieros.



Un perfeccionamiento adicional consiste en otorgar facultades legales expresas para compartir información en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera, incluyendo a los integrantes de sus grupos de trabajo y a la Secretaría Técnica.



El cambio legal permitirá adecuar el ámbito de personas que pueden compartir información en el marco de éste, extendiendo al personal relevante la autorización de compartir información entre sí. Para garantizar el buen uso de esta información, la autorización afectará solamente a quienes desempeñen funciones en el Consejo de Estabilidad Financiera y, en caso de tratarse de información sujeta a reserva, quienes la reciban o tengan acceso a ella, deberán conservarla en el mismo carácter.



Además, otorga temporalmente el carácter de reservado a todas las deliberaciones e informes del CEF, así como a los análisis y estudios que se reciban o generen en éste, sus grupos de trabajo o la Secretaría Técnica.


¿QUE ES EL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA?


El Consejo de Estabilidad Financiera fue creado por decreto el año 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero, proveyendo los mecanismos de coordinación e intercambio de información necesarios para efectuar un manejo preventivo del riesgo sistémico y para la resolución de situaciones críticas que involucren el ejercicio de las funciones y atribuciones de las Superintendencias del Área Económica.



Los principales objetivos del Consejo son permitir que se analice en forma consolidada la información disponible respecto de las actividades sujetas a supervisión y regulación, con miras al adecuado manejo del riesgo sistémico, contar con la debida coordinación entre los entes supervisores y reguladores para el ejercicio de la supervisión integrada de los conglomerados financieros y para la implementación de políticas públicas en este sentido, y efectuar las recomendaciones pertinentes sobre el diseño legislativo y regulatorio.

Chile : Cuestionan oportunidad de iniciativa para institucionalizar la discusión del salario mínimo

Ante el anuncio del Ejecutivo del envío a tramitación de un proyecto de ley que crea una comisión para este fin, el senador Andrés Zaldívar indicó que el mensaje es enviado a “destiempo” y recordó que en la última discusión de la materia presentó indicaciones para generar un mecanismo cuatrianual.

El presidente de la Comisión de Hacienda, senador Andrés Zaldívar calificó como “a destiempo” el anuncio del Ministro de Hacienda, de un proyecto de ley para crear una comisión de expertos que fije el reajuste anual del salario mínimo para evitar que se alargue su discusión.

PROPUESTA CUATRIANUAL

Al respecto, el legislador recordó que en la última discusión del tema “yo mismo presenté una indicación, que la firmó Camilo Escalona y Ricardo Lagos, para crear un mecanismo de reajuste de salario mínimo cuatrianual, que pudiera cumplir el objetivo durante todo el período del gobierno”.



“He incluso –agregó- propusimos poder recuperar el salario mínimo y llevarlo a 250 mil pesos, en términos reales, en 4 años, pero el Ejecutivo no tomó iniciativa en este sentido”, por lo que, a juicio del senador, la actual propuesta “es para hacer una declaración de principios de un gobierno que se va”.

“A DESTIEMPO”





Para el senador Zaldívar este anuncio “se ha hecho a destiempo, debería haber sido planteado con anticipación” y precisó que es una materia que el secretario de Estado “planteó en dos o tres oportunidades en el Senado, cuando se discutía el salario mínimo en los años anteriores, pero nunca llegó con una propuesta concreta”.



Asimismo, sentenció que “no es lógico que un gobierno que está saliendo, haga un planteamiento sin consultar al gobierno que va a ingresar, que es el que tendrá que diseñar las políticas de los temas laborales y del salario mínimo”. En la misma línea señaló que debería considerarse la participación de los trabajadores en este tipo de propuestas.



El parlamentario explicó que “el proyecto sería presentado a fines de febrero, pero no conocemos su contenido exactamente, y solo tendría una sesión del Senado, el día martes 4 de marzo, donde se daría cuenta del mensaje, por lo que no tiene ninguna posibilidad de ser tramitado”; más aún, indicó “porque la Comisión de Hacienda se reunirá hasta después que asuma el nuevo parlamento, luego del día 11 de marzo”.

Chile : Los aportes del parlamento a siete años del Transantiago

Proyectos como el que establece multas a quienes evadan el pago del servicio de transportes, o los recursos aprobados para su correcto funcionamiento, han sido respaldados por la Cámara Alta y aquí recordamos algunos de éstos.

Desde que el 10 de febrero de 2007 se completara la transición hacia el nuevos sistema de trasportes y comenzara a regir, oficialmente, el Transantiago, varios han sido los proyectos de ley que se tramitaron en el Congreso Nacional para propiciar el marco legal para el correcto funcionamiento del sistema de transportes metropolitano, incluyendo los recursos para su financiamiento, a través de la ley de presupuestos que anualmente es debatida.


Y si bien los textos legales, por su contenido, han sido de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, desde el Senado se ha aportado con el respaldo e indicaciones que han enriquecido los mensajes y ha permitido, además, sumar a las regiones en esta modernización del transporte que busca mayor calidad del servicio, disminuir los tiempos de desplazamientos, bajar el número de trasbordos, entre otros.

Cabe precisar que en la actualidad se ha aumentado en 11% la cantidad de buses que posee el sistema, pasando de 5.875 en 2007 a 6.493 en la actualidad y se espera que durante el presente año se termine completamente con los buses mejorados, para dar paso, ciento por ciento, a las nuevas flotas.

Asimismo, si en los primeros años el servicio recibió fuertes críticas, en la actualidad existe consenso en que el Transantiago avanza en la entrega de un buen servicio.


A continuación recordaremos solo algunas de las leyes que fueron tramitadas, en distintas fechas, por el parlamento.

RÉGIMEN JURÍDICO TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO



La ley 20.504, que modificó el régimen jurídico del transporte público concesionado, que comenzó su tramitación en julio de 2010 y que fue publicada en el Diario Oficial en marzo de 2011, tuvo entre sus objetivos el asegurar un servicio de transporte con un adecuado estándar de calidad que permita una mejora efectiva que favorezca a todos los ciudadanos y usuarios de dicho sistema.




Entre los contenidos de la ley están:



- Regular en forma integral la utilización de los mecanismos que aseguran la continuidad del servicio de transporte concesionado, facultando al Ministerio de Transportes para designar un administrador provisional en todos aquellos casos en que se ponga término a la concesión.




- Incorporar, como causales que conducen al término de la concesión: el cumplimiento del plazo previsto en el contrato; el mutuo acuerdo de las partes; la caducidad; la quiebra del concesionario; el incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con los trabajadores, sin perjuicio de aquellas que se establezcan en las leyes o Bases de Licitación.




- Autorizar al Ministerio de Transportes para designar un administrador provisional respecto de aquella concesionaria que haya paralizado el servicio de transportes, por dos o más días consecutivos, siempre que se haya iniciado el procedimiento de caducidad y que el nombramiento cuente con la aprobación judicial previa.

- Permitir modificar los contratos, para lo cual se estableció en las Bases de Licitación, causales que autoricen al Ministerio para modificarlos unilateralmente, cuando no existan garantías que el servicio que se está prestando cumpla con las características que deben garantizarlo.

- Facultar al Ministerio de Transportes para requerir informes a las concesionarias e inspeccionar las instalaciones y vehículos y, en general, adoptó las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.




- La ley estableció distintas normas tendientes a proteger los derechos de los trabajadores, como la incorporación en las bases de licitación de exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acordes con las funciones que desempeñen; la consideración especial de aquéllos postulantes que ofrezcan mejores condiciones de empleo y remuneraciones para sus empleados; la obligación del concesionario de constituir garantías específicas que serán ejecutadas en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores; el resguardo de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en caso de causal de término o de caducidad de la concesión.




- Respecto de los contratos vigentes, se facultó al Ministerio de Transportes para ponerles término en forma unilateral, dentro del plazo de 2 años, contados desde la fecha de publicación de este proyecto como ley, y estableció el pago de una indemnización.

CONTRA LA EVASIÓN DEL PAGO DE TARIFA




La ley 20.484 que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva, entró a tramitación en mayo de 2010 y fue promulgada como ley en enero de 2011.

El texto legal, iniciado en mensaje, tuvo por objeto incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, elevando las multas para los evasores y entre sus principales temas están:


- Reemplazar la actual calificación de la falta por el no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva, pasando de falta leve a falta grave.



- La falta grave es sancionada con una multa cercana a $ 56.000, en circunstancias que una leve considera una multa de $ 18.000



- Crear, en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas, un Sub Registro de Pasajeros Infractores por no pago de la tarifa de transporte público remunerado, cuya información se comunica al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su anotación.



- El infractor que comparezca al tribunal y pague la multa, no figurará en el Sub Registro. Si es anotado en el Sub Registro y paga la multa con posterioridad, se eliminará su anotación y, transcurridos tres años, aún cuando no hubiere pagado la multa, los datos se borrarán de dicho registro por el solo ministerio de la ley.

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO



Otra de las leyes que se aprobó, fue la 20.696 que creó un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementó los recursos del subsidio y creó el fondo de apoyo regional (FAR).



El mensaje -que ingresó a tramitación en mayo de 2012 y fue publicada en el Diario Oficial en septiembre de 2013- contempla que desde su publicación, el gasto total anual por aplicación el mecanismo de subsidio no podrá exceder de $380.000.000 miles.

- Adicionalmente, entrega un aporte especial para el transporte, conectividad y desarrollo regional, entre los años 2012 y 2022.




- A partir de 2014 y cada dos años, un Panel de Expertos deberá convocar a entidades especializadas a realizar un estudio de evaluación del Transantiago, con el objeto de evaluar el funcionamiento del sistema, su eficiencia, sus costos y la pertinencia y montos de los subsidios y aportes, en base a lo cual podrá proponer un ajuste a los montos de subsidio, para su consideración en la discusión del correspondiente proyecto de Ley de Presupuestos, estudio que tendrá carácter público.




- Creó el Fondo de Apoyo Regional (FAR) para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, que permita llevar a cabo proyectos cuya duración exceda a un año.




- Los gastos e inversiones que se podrán realizar con cargo al Fondo deberán tomar en cuenta su impacto o rentabilidad social y podrán recaer en grandes proyectos de desarrollo, de infraestructura general, transporte público, modernización, y otros; los que podrán involucrar más de una región y más de un período presupuestario. Entre estos proyectos podrán incluirse programas de renovación de flota, de infraestructura para el transporte público y de transporte de pasajeros mediante ferrocarriles.




- Diferencia entre transporte público mayor y menor, definiendo el mayor como aquél que se efectúa mediante buses, minibuses, trolebuses y taxibuses, o a través de otros modos terrestres, ferroviarios, marítimos o aéreos. El transporte público menor es aquel que considera a los taxis colectivos.

- Permite destinar recursos del subsidio, sobre la base de criterios de impacto o rentabilidad social, al Programa de Apoyo al Transporte Regional, el que contemplará subsidios al transporte público remunerado en zonas aisladas; al transporte escolar; un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país; y otros programas que favorezcan el transporte público y la seguridad y educación vial.

Chile : Senadores continuarán con el análisis del fallo de la Haya

Para la primera semana del mes de marzo las Comisiones de Relaciones Exteriores y la de Zonas Extremas tienen agendado retomar el análisis de las implicancias de la resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Tras analizar en sesión especial, el pasado 28 de enero, el fallo que entregó la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), respecto al diferendo limítrofe marítimo entre Chile y Perú, las comisiones especializadas del Senado continuarán estudiando las implicancias de la medida.



Por ello, la Comisión de Relaciones Exteriores puso en tabla el analizar el fallo, para la sesión citada para el martes 4 de marzo, a partir de las 12 horas en la Sala 1, Gabriel Valdés, de la Cámara Alta.

Lo propio realizará -el miércoles 5 de marzo- la Comisión Especial de Zonas Extremas, quienes a contar de las 09:30 horas en la Sala 3 del Senado, tienen contemplado tratar las causas, razones e implicancias del fallo de la CIJ en la Región de Arica y Parinacota.



Cabe recordar que en sesión especial del 28 de enero, la Sala del Senado respaldó por mayoría un proyecto de acuerdo, que fue remitido al Ejecutivo con el fin de fijar la posición de la Corporación.



El mencionado acuerdo señala que, “luego de este fallo, no hay temas limítrofes pendientes entre Chile y Perú, por lo que esta consideración deberá ser parte necesaria de la implementación del fallo”

Chile : Llaman a rechazar públicamente la violencia en la Araucanía

El senador José García Ruminot reiteró la necesidad de que las autoridades manifiesten sus posturas frente a los atentados registrados en la Región, los que calificó como “delitos terroristas”.

Insistiendo en la necesidad de terminar con los actos de violencia ocurridos en la Región de la Araucanía, el senado José García Ruminot, se refirió a estos atentados como “delitos terroristas” y enfatizó en que para comenzar a solucionar los problemas de la zona, todas las autoridades deberían rechazar públicamente la violencia.

 Asimismo el legislador negó que se le atribuyan los últimos hechos de violencia al pueblo mapuche, pues no se tiene la certeza de quienes son los responsables e insistió en la necesidad de sacar adelante la Ley Araucanía, para garantizar un piso mínimo siguiendo el Plan Araucanía de inversión pública.

Cabe recordar que a comienzos del presente año el congresista, en conjunto con el senador Alberto Espina se reunieron con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a fin de solicitarle al Ejecutivo la suma urgencia a una serie de iniciativas legales que permitirían mejorar la labor que desarrollan policías, fiscales y jueces.



Entre éstas se encuentran la “Reforma de la Reforma” (boletín 8810-07), el proyecto de Control Preventivo de Identidad (boletín 9036-07), el Proyecto que modifica el Código Procesal Penal para Evitar la Dilación Injustificada de las Audiencias en el Juicio Penal (boletín 9152-07) y el proyecto de ley que Sustituye el Tipo Penal del Delito de Extorsión establecido en el artículo 438 del Código Penal (boletín 8944-07).

Chile : Proyectos mineros por más de US$ 3.200 millones ingresaron al SEIA en 2013 en la Región de Coquimbo

Análisis realizado por el Consejo Regional Minero de Coquimbo A.G., contabilizó 12 iniciativas que en total, consideran una mano de obra estimada de 17.752 personas en los próximos años.

Una cifra superior a los US$ 3.200 millones contabilizó CORMINCO A.G. en proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ubicados en el territorio de la Región de Coquimbo, durante el año 2013.

El análisis realizado por esta Asociación Gremial corresponde a aquellas inversiones que se encuentran ya aprobadas por la autoridad ambiental, o bien se encuentran en proceso de calificación en el sistema.

Juan Carlos Sáez

Para el presidente de CORMINCO A.G., Juan Carlos Sáez, alcanzar este volumen de inversión “es relevante y comprueba que la minería es la actividad más importante de nuestra región. Hay que destacar además que todas estas inversiones, si llegan efectivamente a concretarse en los próximos años, van a generar una enorme cantidad de impactos positivos, por ejemplo a través de encadenamientos productivos que beneficiarán a las personas”.

“De ahí que sea tan inquietante el no conocer aún el alcance de la posible Reforma Tributaria, ya que hoy se grava del orden de 40% a los emprendimientos mineros”, agregó Sáez.

En total, las 12 iniciativas que ingresaron correctamente en 2013 al SEIA – de las cuales, tres ya están aprobadas – suman 17.752 personas en mano de obra, considerando las etapas de construcción, operación y cierre. En este aspecto, sobresale el proyecto Dominga, de Andes Iron SpA, que requerirá 12.000 personas para su implementación.

Dominga también es la inversión minera más alta ingresada al SEIA el año pasado: considera una inversión de US$ 2.500 millones. Luego, sigue la inversión de Pucobre, El Espino, de US$ 624 millones; y las modificaciones menores al proyecto Puquios, de Cuprum Resources, de US$ 85 millones.