"Todos contra los mapuche" es el slogan de esta agenda que pretende resguardar la instalación de las inversiones forestales, industriales y energéticas nacionales y transnacionales.
Con la muerte en un incendio del matrimonio Luchsinger Mckay, el pasado viernes en la región de la Araucanía, en un incidente en el cual no existe una investigación judicial seria y que se ha tipificado por los medios como un atentado incendiario y de terrorismo; se ha producido eso que en las películas de vaqueros gringas se conocía como leva para linchamiento. Esas escenas hablan por sí solas, la ley encarnada por el comisario o sheriff y los civiles salían en búsqueda de chivos expiatorios frente a un asesinato o hecho confuso, que siempre escondía oscuros intereses.
Podemos decir que la actual administración del Estado esta implementado una estrategia política, comunicacional y militar que pretende deslegitimizar la lucha social mapuche por sus derechos ancestrales y de paso, asegurar las inversiones capitalistas en el territorio que comprende las regiones del Bìo Bìo, la Araucanía y de Los Ríos.
Un gobierno de derechas en apuros
Contextualicemos un poco, un gobierno de derecha, con un nivel de aprobación de un 31% y en el cual se ha desarrollado una seria crisis de legitimidad de la institucionalidad estatal y democrática, en la cual el modelo capitalista de acumulación está siendo seriamente cuestionado desde diversos sectores sociales ligados a la educación, la salud, la previsión social, el medio ambiente y el pueblo mapuche por vulnerar derechos humanos esenciales. Todo esto en función de la generación de lucro para una casta privilegiada empresarial que emergió durante la dictadura y que está directamente ligada con la actual administración de la Alianza, conformada por RN y UDI.
No debemos olvidar que el actual presidente Sebastián Piñera, es un digno representante de esa generación de yuppies neoliberales seguidores del economista ultra liberal Milton Friedman, el mismo de la doctrina del shock. El mismo que asesoró a la dictadura civil y militar para construir el “paraíso en la tierra” para los capitalistas y transnacionales en Chile.
Entonces, tenemos este gobierno de derechas, que siguiendo su tradición de violencia fascista, decide invocar la ley Antiterrorista y que unido a la reforma procesal penal promulgada durante el gobierno de la Concertación, constituye un dispositivo político judicial que en manos de fiscales que “se toman muy en serio su labor” se desarrolla un proceso de linchamiento público y político conforme a derecho.
No olvidemos que durante los últimos meses existía una escalada de noticias en los medios de comunicación y que en base a una estrategia comunicacional y política de la actual administración había creado un clima de conflicto permanente en el sur.
“Zona Roja de conflicto Mapuche” dicen y repiten los medios de comunicación que tienen relación directa a través del avisaje publicitario con los sectores forestales y agrícolas de la zona en cuestión. Claro que existen zonas rojas, pero son aquellas zonas donde las inversiones capitalistas nacionales y transnacionales pretenden instalar sus megaproyectos y por consiguiente necesitan “seguridad” para sus inversiones.
De ahí que una estrategia comunicacional, política y militar- policial que busca deslegitimizar y criminalizar la lucha social mapuche. El objetivo es minar el fuerte respaldo nacional e internacional que se ha visibilizado producto de las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y por la lucha por sus tierras durante los últimos 20 años, lo que es una respuesta natural de la casta privilegiada que controla los recursos naturales y bienes comunes en las regiones del Bío Bío, Araucanía y de Los Ríos. Porque claro está que la lucha del pueblo mapuche por sus derechos ha desnudado la estructura y el funcionamiento del capital nacional y transnacional que se ha apoderado de las tierras y de otros bienes comunes como el agua para generar energía para mantener la maquinaria capitalista en el sur de Chile.
Claramente la economía no ha sido neutra, ni social ni ambientalmente; y cuando las políticas sociales (Programa Orígenes, Plan Araucanía) no sirven para paliar los daños colaterales de un modelo extractivista que destruye los ecosistemas sociales y ambientales: la única respuesta posible por parte del Estado y la actual administración es la violencia fascista, controlar y castigar, colocando un nuevo manto de impunidad racista en una historia de atropellos e injusticia hacia el pueblo mapuche.
Faltaba la excusa moral para el despliegue de la violencia gubernamental y esta fue la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay. Creemos que un hecho como este no puede ser utilizado ni política ni ideológicamente para desatar una caza indiscriminada, ni para continuar con la lógica fascista que a través del uso de la fuerza, la implementación del terror y del miedo en la población pueda ejercer su poder para mantener un statu quo que favorece a los mismos de siempre. Utilizando la excusa del Enemigo Interno y desempolvando la Doctrina de Seguridad Nacional, en la actual crisis institucional y de representatividad que tiene el Estado, es como si la clase política civil y militar estuviera en un naufragio y se colocara como flotador una piedra al cuello.
Un Estado sin memoria y un gobierno que toma partido por la represión
Pero fiel a su tradición fascista y racista, la actual administración rasga vestiduras frente a este hecho de “violencia” que unido a la muerte de un campesino hace un par de semanas en la Araucanía y en el cual tampoco se ha realizado una investigación judicial profesional atizaba el clima enrarecido. El intendente de la región de la Araucanía, Andrés Molina indicaba el viernes pasado que era necesario “agradecer” al fallecido Werner Luchsinger “porque quiero decirle que probablemente gracias a él estamos hoy día en un momento más cercano de encontrar a estos salvajes que han hecho tanto daño a la región”.
Cabe preguntar entonces por qué no se cazó a los salvajes responsables civiles y militares de la guerra de invasión denominada Pacificación de la Araucanía y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército chileno al mando del General Cornelio Saavedra durante el siglo XIX.
Por qué no se cazó y persiguió las responsabilidades de los salvajes inmigrantes y chilenos que usurparon tierras a costa de asesinatos, violencia y engaños no conformes con la liquidación a puertas cerradas que significó el remate de fajas y fundos tras la apropiación de las tierras mapuche. Las páginas de la historiografía social no mienten cuando aparecían -como cuenta Bengoa, Pinto, Meza y Correa- comuneros mapuche linchados y sacrificados en los cercos de alambre, con sus orejas cortadas y su cuerpo totalmente vejado. O las rucas quemadas con las familias adentro como una forma de apropiarse de sus tierras, o las estafas, engaños y ardides leguleyas que quedaron registradas en los conservadores de tierras de las principales ciudades del sur.
Por qué no cazar y castigar ejemplificadoramente a los violadores de derechos humanos, civiles y militares, que tras el golpe militar se ensañaron torturando y asesinando a comuneros y comuneras mapuche que durante el proceso de Reforma Agraria recuperaron parte de sus tierras ancestrales las cuales les habían sido despojadas como lo destaca el Informe Rettig.
Por qué no se ha investigado y desarrollado procesos judiciales con medidas efectivas contra efectivos policiales ante el asesinato de al menos 8 comuneros mapuche que luchaban por hacer respetar sus derechos ancestrales y entre los cuales existe un detenido desaparecido.
Por qué no se ha parado la constante militarización y represión policial en los territorios de la Araucanía. El ejercicio y monopolio de la violencia por parte del Estado en la zona más que solucionar el problema histórico y político de la usurpación de las tierras ancestrales, ha venido a profundizarlo y acentuarlo.
La impunidad durante estos 120 años de ocupación del Estado Chileno en las tierras del pueblo mapuche se ha normalizado, naturalizado e institucionalizado como una práctica legítima y legal. Desconocerlo y utilizar la muerte del matrimonio Luchsinger McKay para desplegar una agenda represiva gubernamental es una infamia más.
Un gobierno de derechas que suelta las amarras a los mastines
Durante los últimos días se han desarrollado allanamientos en la comunidad de Temucuicui con la detención y golpiza por parte de efectivos policiales al comunero Pablo Millanao y que han sido denunciados a la opinión pública. Carabineros y su unidad de comunicaciones ha desmentido el hecho explicando que “dar golpes de bastón, no es una golpiza”. Al menos eso fue lo que transmitió la periodista de ADN en la mañana del lunes 7de enero, Beatriz Sánchez.
Se ha detenido a Celestino Córdova y aduciendo que tiene un disparo de bala en el pecho se le ha detenido en la cárcel de Temuco sin que se conozca su versión de los hechos y no respetando el derecho a una legítima defensa, se la ha sindicado como partícipe del atentado incendiario y se le ha enjuiciado mediáticamente.
El gobierno invoca la Ley Antiterrorista y descarta por ahora aplicar Estado de sitio y Estado de emergencia como en los tiempos de la dictadura pinochetista, tras una reunión con los presidentes de los partidos políticos de todo el espectro, quizás buscando la legitimidad o respaldo para aplicar estados de excepción que significan la suspensión de libertades como el derecho a reunión o la detención arbitraria de personas.
En la mañana de este lunes 7 se han reunido el director de la ANI, Gonzalo Yussef con los encargados de inteligencia de las diferentes ramas castrenses para analizar y compartir “información residual”. Información residual es aquella información que se genera y recolecta colateralmente producto de otras investigaciones policiales o de inteligencia, como lo explicaba un periodista en radio ADN.
La administración de Piñera y su Ministro de Interior, Andrés Chadwick, en su depliegue de la leva para el linchamiento, ha nombrado una especie de zar anti violencia mapuche, el general inspector Carlos Carrasco para que esté a cargo de la seguridad en la región del Bio Bio, Araucanía y de Los Ríos, y al mismo tiempo que aumenta en más de 400 efectivos policiales. El general inspector Carrasco, tercero en la línea de mando de Carabineros, indicó que se estaba reuniendo con los jefes de la zona policial para interiorizarse de la “situación delincuencial” de la zona. Pareciera ser que en el farwest chileno el sheriff ha llegado a implementar el orden y la paz.
Por otro lado, trasportistas y camioneros, repitiendo su rol histórico patronal hacen cortes de ruta en Freire, en la ruta 5 sur, insistiendo en una política represiva y de mano dura. En esa misma lógica han sido las amenazas de los latifundistas y agricultores que pretenden legitimar la autodefensa como una forma soterrada de instalar instancias paramilitares en el territorio. Es más el ministro del interior Andrés Chadwick consultado por la nula acción de carabineros ante cortes de ruta en varios puntos del país, indicaba que el gobierno expresaba su simpatía por acciones por la paz y contra la violencia. Claramente en esta manifestación no existió la habitual represión policial de FFEE de carabineros con lacrimógenas y guanaco, que se utiliza para cortes de ruta que realizan otros sectores sociales movilizados, acá lo que existió fue un notable abandono de deberes del Ministro del Interior, que hizo vista gorda.
Como vemos el escenario político, comunicacional y psicológico ha sido dibujado para implementar la agenda gubernamental represiva que se parece más a una leva de lichamiento publica contra las justas reivindicaciones del pueblo mapuche, que al rol que le compete una administración gubernamental de mantener la paz social y la seguridad pública. Todos contra los mapuche es el slogan de esta agenda que pretende resguardar la instalación de las inversiones forestales, industriales y energéticas nacionales y transnacionales que generan conflictos socio ambientales y en las cuales la comunidades mapuche del sur de Chile son actores principales, por su cosmovisión ancestral y porque directamente son afectados sus territorios.
No olvidemos que el Estado y su actual administración fueron parte de la dictadura y no trepidarán en implementar su modelo extractivista mediante la estrategia del shock en la actualidad; utilizando la represión y el terrorismo de Estado por parte de funcionarios civiles, policiales y militares para instalar su agenda política, social y económica en el sur de Chile, pasando por encima de derechos humanos fundamentales.
